(Carta de lectores La Nación / 11/10/2022)
La patria indefensa
En una excelente nota publicada el sábado pasado, Héctor Guyot concluye que “sin autoridad, sin ley, el país se desliza hacia un virtual estado de anarquía”.
Asistimos a un penoso espectáculo de violencia, colegios secundarios tomados, acampes en la vía pública, empresas bloqueadas al borde del cierre.
En el sur, el terrorismo secesionista disfrazado de “mapuche”, con apoyo y presencia de jerarcas montoneros, ataca a las fuerzas de seguridad, que tienen orden de no responder.
Detrás de todos esos fenómenos se encuentra la izquierda revolucionaria, a quienes se les entregó en 2004 el diseño y manejo de una política de derechos humanos que mantiene desde entonces a la Justicia Federal abocada al juzgamiento de las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de seguridad por hechos ocurridos hace 50 años, mientras sufre la sociedad el flagelo de la corrupción y el narcotráfico.
El descalabro económico, la pobreza, la indigencia, la demolición de la familia, la gigantesca corrupción y la inacción tanto de la Justicia como de las fuerzas federales son fruto de esa alianza que le ofreció el kirchnerismo, y que los encuentra unidos en busca del caos, funcional al plan de impunidad de Cristina Kirchner.
Desde esta asociación hemos venido denunciando desde hace más de una década que la distorsión de los principios del derecho con el fin de reabrir los juicios de los 70 llevaría a la claudicación y sometimiento de la Justicia Federal, como parte del plan de saqueo del Estado y demolición de los principios republicanos.
Estamos padeciendo sus efectos, un Estado fallido y una patria indefensa. Urge acabar con el populismo y restablecer la Justicia para alcanzar la concordia política.
Alberto Solanet - Presidente
Carlos Bosch - Secretario
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¡¡como ejemplo!!Pese al decreto vigente el gobierno no indemnizará a víctimas de montoneros, así lo indicó el ministro de Defensa ante la consulta de legisladores durante su exposición en el tratamiento del Presupuesto 2023
Tiempo atrás, Agustín Rossi reconocía en público que evaluaba cómo promulgar el decreto que firmó el macrismo para indemnizar a las víctimas, o sus herederos, del ataque contra el Regimiento de Infantería 29 (Formosa) en 1975, por montoneros y en plena democracia. Ese hubiese sido un paso importante para respetar, también, la memoria de quienes cayeron en cumplimiento de su deber durante gobiernos constitucionales. Actualmente su sucesor, Jorge Taiana, lanzó por la borda toda probabilidad de que eso se efectúe. Fue como respuesta al diputado nacional Fernando Carbajal que le preguntó, en la Comisión de Presupuesto, por qué no está previsto cubrir los costos de esa medida en el proyecto de Presupuesto 2023.
"Respecto de la reparación a las víctimas del cuartel en Formosa: eso no se ha pagado porque todas las reparaciones de Malvinas, crímenes de la dictadura y las del ARA San Juan están establecidas por ley", indicó Taiana en su respuesta alusiva a la cuestión mencionada. Buscó dejar en evidencia (al igual que intentaba hacerlo el jefe de bancada oficialista, Germán Martínez, gritando desde su lugar) que la medida de resarcimiento fue dispuesta por un DNU al cierre de la gestión de Mauricio Macri como presidente. Ante esto, los opositores reclamaron que el decreto está vigente con la misma fuerza que una ley. Sin embargo, esto no conformó al ministro que sentenció: "Trátenla en el Congreso, apruébenla y sin dudas la cumpliremos" al tiempo que les exigió: "Si quieren esa ley, apóyenla políticamente" para ser cerrada la cuestión por el presidente de la Comisión, Carlos Heller.
El 5 de octubre se cumplió un nuevo aniversario del ataque de ese grupo terrorista en Formosa.
No es menor recordar que las víctimas del atentado eran mayoritariamente soldados muy jóvenes que descansaban ese domingo en el Regimiento porque no tenían recursos para volver a sus hogares y fueron sorprendidos por el ataque terrorista cuyos autores aterrizaron en campos en el límite entre Rafaela y Angélica (Santa Fe), tras secuestrar un avión para escapar. Actualmente las condiciones económicas de los ex conscriptos son muy parecidas a la de aquella época y denuncian que sus victimarios ya recibieron algún apoyo desde el Estado por su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas.
Fuente: Bryan J. Mayer – ellitoral.com)
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