Feliz Día del Ejército Argentino

Estimados Camaradas y Amigos Con motivo de celebrarse en el día de la fecha el 207mo. Aniversario de la creación del Ejército Argentino, hacemos llegar un nuevo y muy cordial saludo; en primer lugar a todos los integrantes de la citada Fuerza, principalmente a los Camaradas Presos Políticos que han revistado en sus filas. Recordamos también a todos quienes ya no están físicamente entre nosotros, pero que siempre permanecen espiritualmente presentes en el día a día. Vaya una vez más, nuestro especial evocación a la memoria de tantos mártires y héroes, de ayer, de hoy y de siempre, que con su vida, contribuyeron a la defensa y engrandecimiento de nuestra Patria. Un fuerte abrazo!

Feliz Día para la Unión de Promociones

Estimados camaradas y amigos Hoy, cumple su 12do. Aniversario de la creación, 12do años de vida, trabajando en forma constante por el apoyo de todos nuestros Presos Políticos -de las distintas Fuerzas y Civiles- y el de sus abnegadas familias, luchando por la recuperación de la verdadera memoria completa, en el marco de la justicia y del irrestricto cumplimiento de la Constitución Nacional. Por ello expresamos un también necesario reconocimiento y agradecimiento a todos los Camaradas de todas las Fuerzas, amigos y compatriotas, especialmente a aquellos que integrados en equipo a nuestra Mesa de Trabajo, continúan colaborando en forma permanente, en pos del cumplimiento de los Objetivos y Finalidad autoimpuestos. Un fuerte abrazo!

Contundente petitorio al Ministro de Justicia de la Nación por los militares presos por la Guerra Antisubversiva

Buenos Aires, 24 de mayo de 2017. Señor Ministro de Justicia Dr. Germán Carlos Garavano P r e s e n t e De nuestra consideración: Partiendo de la base de que tanto por formación académica como por investidura institucional usted conoce – o debiera conocer – el Derecho, pareciera innecesario recordarle que los miles de procesos judiciales iniciados a instancias del régimen kirchnerista contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles de edad avanzada, se han llevado a cabo en gravísima violación a los principios más básicos del orden jurídico y a las más elementales garantías del debido proceso. Con seguridad también sabe – o debiera saber – que lo anterior no se trata de una mera opinión, sino de un juicio pronunciado por personalidades relevantes del país y del extranjero. Hasta un reputado jurista alemán, citado profusamente por los jueces prevaricadores de la Argentina, ha tenido que aclarar que sus tesis no son compatibles con los agravios sistemáticos que aquellos han cometido contra los principios de cosa juzgada, irretroactividad de la ley penal, ne bis in idem, nulla poena sine lege, juez natural, igualdad ante la ley y aplicación de la ley penal más benigna. Es penoso que los juicios no sólo violen irresponsablemente los principios más antiguos y universales del derecho penal y del proceso regular. Malo también que a esas graves violaciones se agreguen otras que descalifican dos veces los juicios considerados. Los jueces sólo quieren condenar, no juzgar; manipulan la prueba disponible, reducen a una parcialidad las fuentes de búsqueda, prescinden incluso de la prueba específica y de las circunstancias particulares que informan cada caso, distorsionan el derecho común aplicado con inteligencia y sabiduría durante más de un siglo por los jueces argentinos, prolongan y multiplican perversamente las causas para mortificar a los presos que llevan 15 años sometidos a juicios que, basados en testimonios visiblemente parciales y enconados, restauran el conflicto de los ’70 con relatos descarados de falsa memoria Algunos – tal vez usted mismo, señor Ministro – quizás suponen, encastillados en una falsa prudencia, que estas cosas son meramente contingentes, que ya pasarán, sin dejar huella en la Argentina. Creen que algunos miles de personas, azuzadas por medios de comunicación y oportunistas dirigentes políticos y sociales de todas las extracciones, tienen derecho a exigir en la plaza y con amenazas el cambio de un fallo legalmente impecable de la Corte Suprema. No se inmutan cuando el jefe de la mayoría del Senado de la Nación – quien, para peor, es abogado – descalifica a los jueces de dicho Tribunal que votaron de acuerdo a derecho, afirmando que les faltó calle. Sepan que están equivocados, señor Ministro. La debilidad institucional de la Argentina, sumada a la inseguridad jurídica generalizada, la anomia y corrupción reinantes y la delincuencia que campea en las calles – todo tan evidente, salvo para ciegos que guían a otros ciegos -, son la lógica consecuencia del abandono que se ha hecho del Derecho y de su objeto: la Justicia. Pero lo peor, lo más grave, posiblemente sea que el motor principal de esta empresa criminal haya sido el odio. Si – como vulgarmente se dice – la unión hace la fuerza, en la Argentina cierta unión está forjada en el odio; y de ese odio militante e implacable nace la fuerza ante la cual retroceden atemorizados, cobardes, los que deberían restaurar la justicia, recuperar la concordia y refundar la república. Va de suyo que la criminalización unidireccional y sectorial que prepotentemente se impulsó desde el año 2003, riñe por completo con “la verdad, la memoria y la justicia”, mantra de cabecera de las organizaciones que impulsan esos juicios con el guiño estatal. Pero lo más grave no es que los jueces se encuentren amedrentados o directamente controlados por estos desacreditados sectores de reconocida filiación, sino que se haya sumado a ello la coalición que gobierna, ignorando la responsabilidad que tiene de velar por el cumplimiento de las leyes y preservar la estructura republicana de nuestro destartalado país. En efecto, la parte sana de nuestro país ha visto con estupor que, luego del fallo inobjetable de la Corte rápida y malamente bautizado como el ‘caso 2×1’ y después también de un primer y raro hermetismo oficial justificado por un declamado respeto por ‘la independencia del poder judicial’, de repente Ministros, Diputados y Senadores del espectro oficialista y hasta el mismo Presidente de la Nación, corridos por los titulares del pequeño diario Página 12, se lanzaron impúdicamente a rivalizar con aquellos grupos fundamentalistas, sumándose a los condicionamientos, críticas y hasta amenazas dirigidas contra los jueces que habían fallado… con independencia. Para colmo, en 24 horas el gobierno impulsó y logró la sanción de una ley que será tenida como modelo de verdadero mamarracho jurídico. ¿De qué otro modo calificar a un Congreso que reforma por unanimidad una ley derogada? ¿Cómo consentir que a veinte años vista se consagre una interpretación ‘auténtica’ de una ley largamente interpretada por los jueces que son los únicos encargados de hacerlo? ¿Cómo disimular el pertinaz olvido de la ley penal más benigna? ¿Formará esa regla en el derecho de gentes? ¿Hay que tomar en serio a Zaffaroni y a la jueza Garrigós de Rébori? ¿Será posible, como se ha empezado difundir en ciertos medios, que hasta la propia Corte se autodestruya dando marcha atrás respecto de un fallo que precisamente impide semejante cosa? Mientras tanto, los personeros de los organismos de derechos humanos vienen a la Argentina a visitar a Milagro Sala, al general Milani y a Báez, permitiéndose decirnos cómo debemos aplicar, no ya nuestras leyes, sino las directivas que ellos mismos cocinan al fuego de su ideología. Y los que más fuerte aplauden son los que alguna vez clamaban por una patria justa, libre y soberana. Habiendo llegado a este punto de nuestra interminable decadencia, estando comprobado que a pesar del cambio de gobierno todo sigue igual y que las esperanzas de los presos políticos argentinos son enterradas por la repelente hipocresía de quienes han establecido para ellos una pena de muerte encubierta, cabe preguntarse: ¿tienen valor los preciosismos y justezas técnicas en un país de jueces mediocres o corruptos, leyes variables y gobernantes incorregibles? ¿Cómo interpelar seriamente a un presidente que todos los días suma esfuerzos y datos para parecerse a todo lo anterior? Pareciera que ya no tiene caso entrar en alambiques jurídicos cuando todos saben de qué hablan y disimulan, cuando todos saben cual es la verdad pero sostienen a rajatabla la mentira, cuando funcionarios y dirigentes sociales y políticos nos dicen cosas y nos hacen promesas en privado, para luego decir y hacer lo contrario en público. Tampoco sirve pontificar que hay que ser político y que todo es parte de la política, porque la política no es – no debería ser – pura hipocresía y fallutería. El verdadero problema de hoy es intrínsecamente moral; y en ese campo la honestidad es lo que más pesa. Por eso va siendo hora de salir a rescatar, por encima de lo jurídico, la moral. Porque en la más completa inmoralidad en que vivimos se está ninguneando el Derecho y justificando cualquier cosa con falsas moralinas y falsas invocaciones a la justicia. Por todo lo expuesto sostenemos y solicitamos al Señor Ministro: Que el gobierno que usted integra corre el serio riesgo de perder la adhesión de los argentinos que aspiramos al restablecimiento de las instituciones de la República. Que es inadmisible que una turbamulta o mezquinos cálculos electorales, marquen el rumbo del gobierno o condicionen la función de la Corte Suprema de Justicia. Que ejercer presión desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la Corte Suprema para que se desdiga, apelando a un engendro con apariencia de ley para impedir que se haga justicia con más de 2.000 presos políticos y se les aplique la pena de muerte en forma encubierta, constituye una iniquidad y una vergüenza que pasarán a la historia, sumadas a los gigantescos prevaricatos cometidos durante el kirchnerismo. Que a juicio de las Academias Nacionales de Derecho y de Ciencias Morales y Políticas, los más destacados juristas y gente con sentido común, la ley sancionada y promulgada ha sido calificada como absurda y anticonstitucional. Que es preferible, para bien de la República, que el gobierno sea coherente con su por ahora nada más declamado respeto por la independencia del Poder Judicial, asumiendo el costo político de su necesaria retractación. Que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los organismos que dependen directa o indirectamente de la autoridad del Presidente de la Nación – incluida la inefable Secretaría de Derechos Humanos -, cese de inmediato su sobreactuación ante los Tribunales como parte querellante en los juicios llamados de ‘lesa humanidad’. Que el gobierno nacional emplee todos sus recursos para reparar de manera integral el olvido y abandono en que deliberadamente ha sumido a las víctimas del terrorismo en la Argentina. Que el gobierno nacional cese de inmediato en su política o simple actividad de recompensar con cargos públicos, honores y dinero de los argentinos a quienes desde el terrorismo atacaron a nuestras instituciones, nuestra libertad, nuestra cultura y nuestra economía. Que el gobierno nacional, por todos los medios a su alcance, que no son pocos ni mucho menos débiles, haga cesar de inmediato toda clase de presión o intromisión sobre y en la función de la Corte Suprema de Justicia, disponiendo con urgencia las medidas necesarias para que el Poder Judicial recupere el principal sentido de su misión, cual es garantizar la plena vigencia del Derecho en beneficio de todos los habitantes de la República Argentina. Saludamos a usted atentamente. Por Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia - Alberto Solanet – Presidente Por Unión de Promociones - Guillermo César Viola – Presidente Por Foro de Almirantes Retirados - Enrique Molina Pico – Presidente Por Foro de Generales Retirados - Juan Miguel Giuliano – Presidente Por Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo - Silvia Ibarzábal – Vicepresidente Por Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina - Cecilia Pando – Presidente Por Hijos y Nietos de Presos Políticos - Gustavo Tafarel Pacificación Nacional Definitiva - Horacio Palma Por Prensa Republicana - Nicolás Márquez

U.P.M.A.C. - Circular 82 – Participación en audiencia ante la CIDH

En el marco del 162 Período de Sesiones de la CIDH, realizado este año en Buenos Aires entre el 22 y el 26 de Mayo, UPMAC se hizo eco de una invitación a toda la sociedad civil para participar de la audiencia del día 24 de Mayo, en el Hotel Sheraton, siendo representada por el Dr. Santiago Mario Sinópoli, quien debió preparar una exposición pautada en torno a los 3 minutos de duración, dada la amplia cantidad de participantes sobre variados temas en el ámbito internacional. Representaban a la CIDH los Comisionados: Francisco José Eguiguren Praeli, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vanuchi y James L. Cavallaro. También estaban presentes Paulo Abrao (Secretario Ejecutivo CIDH) y Elizabeth Abi-Mershed (Secretaria Ejecutiva Adjunta CIDH). Una vez iniciada la Audiencia por parte del Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli, el Secretario Ejecutivo de la CIDH le pidió al Dr. Sinópoli que diera inicio a la ronda de oradores. El representante de la UPMAC, que fue así el primer disertante, además de entregar por escrito la ponencia, se refirió en el tiempo concedido, a la violación de los derechos humanos en perjuicio de Militares, integrantes de Fuerzas de Seguridad, Policiales y Civiles –a las cuales denominó en lo sucesivo como: LAS VICTIMAS-, que se encuentran imputados por los llamados delitos de lesa humanidad, perpetrados en la Argentina de 1970 a 1980, con motivo de lo que judicialmente fue catalogado como una “guerra revolucionaria”. El Dr. Sinopoli denunció que la justicia federal es selectiva en su forma de actuar. Que es la misma justicia que todavía no ha podido imputar y juzgar a los responsables de los actos terroristas que causaron en relación a la Embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992: 22 muertos y 242 heridos; respecto a la AMIA, el 18 de julio de 1994: 85 muertos y mas de 300 heridos; la misma justicia que aún no ha esclarecido la muerte violenta del Fiscal Federal Natalio Alberto Nissman -que llevaba adelante las investigaciones del caso AMIA- sucedida el 19 de Enero del 2015, y que por el contrario ha logrado imputar con una sorprendente facilidad, por hechos sucedidos hace más de cuarenta años, a 2.771 personas Agentes del Estado, de las cuales fueron condenadas 733. La mayoría no tiene condena firme, y 806 se encuentran en prisión preventiva y 462 murieron, mientras eran sometidas a tratos denigrantes. También la UPMAC, a través de su representante, ha pedido la pronta intervención de la CIDH, porque en relación a LAS VICTIMAS: 1. Aún cuando la libertad durante el proceso es la regla y siendo la prisión preventiva la excepción, el Estado mantiene en prisión a LAS VÍCTIMAS por plazos superiores a los establecidos por la propia legislación y convenciones internacionales y bajo condiciones ultrajantes por su edad y estado de salud. Actualmente son más de 700 los casos en que hay exceso de prisión preventiva. 2. La prisión arbitraria produce en LAS VICTIMAS que las padecen, sufrimientos psíquicos y físicos que afectan no solo a la víctima, sino también al grupo familiar. Esto es una forma de tortura por parte del Estado Argentino. 3. En enero de 2009 hubo un intento de reparar la situación generada por excesos de prisión preventiva. Entonces los jueces de Casación Luis García, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi, Guillermo Tragant y Ángela Ledesma, dispusieron la libertad de un grupo de militares que habían excedido los términos legales establecidos por la ley 25.430 sobre prisión preventiva. La entonces presidente de la Nación al conocer la resolución de la Casación dijo públicamente en esa oportunidad: “Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial”, más adelante, acerca de los jueces que resolvieron en el caso agregó “avergüenzan a los argentinos y a la humanidad”, consecuentemente la Secretaría de Derechos Humanos denunció ante el Consejo de la Magistratura a la mitad de la Cámara de Casación. 4. Esta política de “populismo penal” llevada a su máxima ferocidad en el Gobierno de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner (2007-2016), en donde se montó una justicia “retaliativa” y no “resocializadora” o “readaptativa”, aun persiste, y prueba de ello es el ataque a Jueces de Corte Suprema por el reciente fallo, que aplica a LAS VICTIMAS el principio de ley penal mas benigna y considera que es un derecho en los llamados juicios de lesa humanidad, contar a los fines del cómputo de la pena cada día de prisión preventiva excedida en el termino legal, como si fueran dos días de la prisión. 5. Los delitos que se imputan a LAS VÍCTIMAS no estaban tipificados como tales al momento de cometerse los hechos que se les imputan. La justicia argentina jugando con “pestilentes ficciones legales” ha tirado por la borda el principio de “irretroactividad de la ley penal” amparado por el derecho Convencional y la Constitución Nacional. 6. Una justicia que actúa en forma parcial, con ánimo persecutorio, como una manera de “tapar” los excesos de prisión preventiva subdividen la responsabilidad de los inculpados en varios juicios. Así LAS VÍCTIMAS se encuentran en procesos que nunca terminan, y por la modalidad no pueden acceder al derecho a no ser sometidos a la prisión preventiva prevista en la legislación interna. LAS VICTIMAS están en una eterna prisión preventiva. Las presentaciones fueron de lo más variadas. Se trató desde los temas de minería en Perú y Bolivia, hasta otros relacionados con los derechos de la mujer. La problemática expuesta por el orador de UPMAC, por ser el iniciador de la ronda, sorprendió al auditorio. Los miembros de la CIDH solo escucharon y aclararon que no iban a emitir opinión sobre temas de Argentina mientras estuvieran aquí. onemos de manifiesto el notable y sostenido esfuerzo que viene realizando nuestro Letrado Patrocinante, el Dr. Santiago Sinópoli y su equipo de colaboradores, en distintas demandas hechas ante organismos internacionales, desde hace ya varios meses, siendo esta representación presencial ante la CIDH, al igual que la efectuada días pasados ante un organismo de la ONU, de singular importancia para que nuestra voz llegue en términos firmes y precisos a quienes tienen por mandato la obligación de hacer cumplir los pactos internacionales como corresponde. Quiera Dios que así sea!

Martha Pelloni: “Si yo fuera Cristina estaría muda"

La religiosa fue muy crítica respecto a la reaparición en TV de la ex presidente. "¿Cómo puede ser que estén postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios del gabinete robaran?", se preguntó, y dijo que le dio “vergüenza” escuchar a Cristina Fernández en televisión. Martha Pelloni, coordinadora de la Red Infancia Robada, cuestionó el relanzamiento político de Cristina Fernández y criticó “que estén postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios del gabinete robaran”. La monja -quien se hizo conocida por su lucha por la verdad en el caso de la muerte de la adolescente catamarqueña María Soledad Morales- hizo alusión a los dirigentes políticos que aprovecharon el 25 de mayo para hacer su lanzamiento político y lamentó que se “hayan vaciado de contenido”. “¿Cómo puede ser que estemos postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios de gabinete robaran? No voy a juzgar, pero nos han engañado y nos quiere seguir engañando”, y aseguró: “Los políticos siguen siendo mezquinos, hay mucha ideología fundamentada e n los intereses, y lamentablemente uno descree… Pero la sociedad tiene culpa también porque no registramos el presente y en el futuro nos olvidamos, y eso es gravísimo”. En una entrevista con Radio La Red, la religiosa dijo que le dio “vergüenza” escuchar a la ex mandataria en televisión. “Si yo fuera Cristina estaría muda, eso es no reconocer lo que has hecho. ¿Cómo puede ser que estemos postulando a una persona que dejó que todos sus funcionarios de gabinete robaran? No voy a juzgar, pero nos han engañado y nos quiere seguir engañando”. Al mismo tiempo, coincidió con el reclamo del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en referencia a la exclusión y a las promesas incumplidas de campaña. "Es la condena que hacemos a cualquier gobierno. Yo lo voté a (Mauricio) Macri porque dijo que iba a perseguir al narcotráfico y la corrupción, no por su ideología empresarial que no comparto". "Mientras no corrijamos este gusano que pudre todo en la Argentina no vamos a poder sembrar y producir buena cosecha. Tenemos funcionario deshonesto pero no pasa nada con nuestra justicia. Quiero ver a toda esa gente que robó la plata del país cumpliendo una pena", reclamó la religiosa.

Monseñor Aguer criticó una ley que establece que son 30 mil los desaparecidos

Sin pelos en la lengua, este jueves 25/05 después del Tedeum, Monseñor Aguer defendió el beneficio del 2x1 a los genocidas, criticó al gobierno nacional por las críticas al fallo de la Corte Suprema de Justicia y también a la reciente ley promulgada por el gobierno de María Eugenia Vidal que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como "cívico militar" a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil. El arzobispo de La Plata Monseñor Héctor Aguer, hizo declaraciones en relación con el fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2x1 a un represor civil condenado por delitos de lesa humanidad. Sus dichos se dieron tras el Tedeum que se hizo en la Catedral, del que participó la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, su gabinete y el intendente local, Julio Garro, entre otras autoridades. Aguer sostuvo que el hecho de que el jefe de gabinete Marcos Peña "haya salido a cuestionar el fallo de la Corte demuestra que nuestra República no está muy sana", y lo consideró una invasión a otro poder. El arzobispo estimó también que no corresponde que el Congreso haya sancionado "una ley retroactiva" contra la decisión del Máximo Tribunal. El prelado se mostró contra la reciente ley provincial que establece que las publicaciones oficiales deben consignar como "cívico militar" a la última dictadura y fija el número de desaparecidos en 30 mil. "Se impuso por Ley un número mágico que hay que sostener acerca de las víctimas de la crueldad de la última dictadura. Me parece que no corresponde a la Legislatura imponer por ley algo que es muy discutido", expresó. Además, agregó: "No me corresponde a mí poner un número, pero digo: '¿Por qué la ley va a prohibir que alguien diga que fueron 29.999 o que diga que fueron 30.001?'. No corresponde una ley para eso". En sus encendidas declaraciones, Aguer cuestionó las cifras de la pobreza en el país y dijo que la lucha para revertirla debe ser una prioridad. "Se sale de la pobreza con creación de trabajo genuino. Los párrocos de la periferia de La Plata me dicen que las personas que antes iban a Cáritas a pedir zapatillas o ropa, hoy van a pedir comida. Esa es una señal alarmante", afirmó. En la homilía, pidió que se voten leyes que defiendan a la familia y el derecho a la vida. En ese sentido, evaluó que "sería muy peligroso que se avanzara sobre la legalización del aborto".

Manchalá - el combate que aún continúa

Estimados Camaradas, Amigos y Compatriotas En el año 2015, el Concejal Martín Ávila, del frente peronista denominado Memoria y Movilización, de la capital salteña, fue el autor del Proyecto aprobado en el Concejo Deliberante local, mediante el cual se le solicitó al gobierno nacional la remoción del monumento que recordaba al Combate de Manchalá y homenajeaba a sus héroes, los Soldados Conscriptos salteños, que el 28 de Mayo de 1975, durante el gobierno de Isabel Perón, se enfrentaron con fuerzas del autodenominado ejército revolucionario del pueblo (ERP). Este hecho de armas, nos recuerda aquel combate donde 13 Soldados Conscriptos y 1 Suboficial -todos del EA- combatieron valerosamente en defensa de un gobierno democrático -elegido por el pueblo argentino con el 62 % de los votos- contra una columna del autodenominado ERP (ejército revolucionario del pueblo), organización de terroristas subversivos que había sido declarada ilegal, por Decreto Nacional Nº 1454/73, emitido por un Gobierno Constitucional. Ese puñado de hombres se encontraban reparando una escuela rural en el paraje Manchalá, cuando una columna de la citada organización, compuesta por 117 combatientes uniformados -todos terroristas subversivos- pasó por el lugar. En Diciembre del año 2016, el Concejal Macrista Andrés SURIANI presentó un Proyecto para reconstruir y emplazar el nuevo monumento. Así fue como el mismo Cuerpo Legislativo salteño, derogó la Ordenanza que dispuso la remoción del viejo monumento. Consecuentemente el próximo Domingo 28 de Mayo; el Ejército Argentino desarrollará una ceremonia en las instalaciones del B Ing M 5, en la Ciudad de Salta, durante la cual y en un acto de justicia, se efectuará un nuevo homenaje a los Soldados Conscriptos que combatieron aquel 28 de Mayo de 1975 en la aludida gesta histórica, por la libertad de la Patria y se inaugurará un nuevo monumento, que ocupará el lugar del que fue demolido en el año 2012. Un muy especial reconocimiento y agradecimiento a quienes sobreviviendo y enfrentando la histórica y cruenta circunstancia, hoy continúan estando junto a nosotros, dando testimonio de aquella realidad, nuestros heroicos Soldados Manchaleros. Por Unión de Promociones

25 de Mayo 1810 - 2017

FELIZ DIA DE LA PATRIA!! Con motivo de celebrarse el 207º Aniversario del Día de la Patria, la Unión de Promociones desea hacer llegar un nuevo y fraternal abrazo a todos los Presos Políticos -de las distintas Fuerzas y Civiles- que se encuentran ilegítima e inconstitucionalmente privados de su libertad, a sus abnegadas familias, a los Camaradas de las distintas Fuerzas, Instituciones y ONG vinculadas, a los amigos, allegados y compatriotas en general; especialmente a aquellos que colaboran en forma tenaz y constante, en pos del cumplimiento de los Objetivos y Finalidad autoimpuestos, renovando una vez más el deseo de poder alcanzar el día en que veamos consolidado el sueño de aquel País sano, pujante, vigoroso e identificado con la grandeza moral, espiritual y material que nuestros antepasados supieron acuñar desde su nacimiento. Es ésta, una nueva oportunidad para recordar a tantos argentinos que lucharon y dieron su vida por la Patria, a fin de que con su recuerdo, nos guíen a recuperar los verdaderos valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras Instituciones fundacionales, en el marco del irrestricto respeto por nuestra Constitución Nacional, la verdad histórica completa, la justicia imparcial e independiente y en pos de nuestra identidad Nacional. ¡Un muy afectuoso abrazo!.¡¡¡ Viva la Patria !!!.

Solicitud de asilo político

El teniente coronel (R) Emilio Guillermo Nani pidió este martes asilo diplomático en la Nunciatura Apostólica a través de una carta en la que dijo que lo están por detener en el marco de dos causas por delitos de lesa humanidad y alegó que en Argentina hay una "ausencia casi absoluta" de "garantías constitucionales y procesales". "Acabo de pedir asilo diplomático en la Nunciatura Apostólica. No me permitieron el acceso aduciendo que el Nuncio no se encontraba presente, no pudiéndome dar respuesta en ese momento a mi pedido. La Nunciatura quedó en contestarme en cuanto (el nuncio monseñor Emil) Scherring pueda hacerlo sin fijar oportunidad, lo que equivale a negarme la entrada a la Sede Apostólica", denunció. En la carta a la que Infobae tuvo acceso, señaló: "Tengo el honor de dirigirme a Ud. con la finalidad de poner en su conocimiento que he tomado la decisión de solicitar asilo diplomático ante la Sede del Estado Vaticano, en su doble condición de Estado soberano y Sede de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, debido a la ausencia casi absoluta, en mi país, de garantías constitucionales y procesales para quienes tuvimos la responsabilidad de participar en la guerra contraterrorista, ordenada por gobiernos democráticos, para liberar a la Nación Argentina del flagelo del terrorismo, impidiendo que se instalara en ella un régimen de tinte totalitario comunista". "Esta decisión se debe a que he tomado conocimiento que el Juez Federal Penal Nro. 1 y 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti habría resuelto ordenar mi captura para procesarme por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad", agregó. A la hora de argumentar esa falta de garantías, enumeró una serie de cuestiones, como la existencia de Justicia Legítima en el seno del Poder Judicial, el rol del Estado como querellante en las causas de lesa humanidad, la emisión de una estampilla con la cara de Ernesto "Che" Guevara y la presencia de guerrilleros en el Estado. El Tcnl Nani fue condecorado por su participación en la Guerra de Malvinas y en la represión al fallido intento del copamiento al cuartel de La Tablada, en 1989 y en ambas situaciones fue herido, incluso en el caso de La Tablada recibió un disparo en un ojo, por lo que usa un parche desde ese día.

La decisión de implementar el 2x1 alcanzaría a 750 presos políticos

"Más allá de todo tecnicismo procesal, el impacto principal es político, porque el fallo de la Corte muestra una apertura que podría cambiar la tendencia que predominó en la Justicia durante los doce años del gobierno kirchnerista", declaró a LA NACION una fuente cercana a las entidades que acompañan el reclamo de los militares detenidos. "Al igual que con el reciente fallo que autorizó la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años, los tribunales inferiores comenzarán a aplicar los nuevos criterios", pronosticó la fuente. En otro escenario hubiera sido impensada la prisión domiciliaria otorgada hace una semana al ex comisario Miguel Etchecolatz, quien sin embargo sigue detenido por otras causas. Los propios observadores castrenses hicieron notar que tanto el criterio del 2x1 como el de la detención domiciliaria constituyen principios enarbolados históricamente por la doctrina garantista, pese a que las organizaciones de derechos humanos pusieron en tela de juicio su aplicación en causas de lesa humanidad. De acuerdo a La Nación, los 750 casos que aún no tienen condena firme ven con expectativas favorables la aplicación del beneficio del 2x1, que les reduciría la pena y los podría dejar en libertad. Eso se daría, principalmente, en los militares que recibieron penas menores a 25 años, por el tiempo que pasaron en prisión sin condena firme. Hay, incluso, más de 120 militares que siguen en prisión preventiva desde hace más de diez años. Los condenados a reclusión perpetua cumplen en general 25 años en prisión, porque esa era la pena máxima efectiva en el momento en que se cometieron los delitos (actualmente se extiende a 35 años), pero podrían alcanzar la libertad condicional a los 20 años. En los propios foros que acompañan las posiciones de militares condenados por delitos de lesa humanidad razonan que, dado que el beneficio del 2x1 se aplica a partir del tercer año de prisión preventiva, muchos estarían en condiciones de acceder a la libertad al cumplir 12 años de cárcel. En las Fuerzas Armadas el tema es seguido con interés, pero las conducciones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea evitan pronunciarse públicamente sobre el tema. "Es más un problema político que militar", argumentaban ayer a LA NACION fuentes de la jefatura del Ejército. El espíritu de cuerpo predomina en varias unidades y se han dado casos de militares retirados que declinaron invitaciones para asistir a actos de la fuerza, agradeciendo el convite, pero aclarando que no concurrirían porque "varios compañeros de promoción" todavía permanecen presos.

La Corte Suprema, en fallo dividido y con la oposición de Lorenzetti, aprobó la aplicación del 2 x 1 a un condenado por causas de la guerra antisubversiva

La Corte Suprema, por mayoría, y la oposición de presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para la prisión en un caso de delitos de lesa humanidad. La decisión de la mayoría, constituida por los ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión, porque se trata de la ley más benigna, informó el diario judicial. En disidencia, además de Lorenzetti votó el juez Maqueda, ambos señalan que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”). Su texto es el siguiente: Mayoría integrada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti Voto de los jueces Highton y Rosenkrantz En un voto conjunto los jueces Rosenkrantz y Highton consideraron que la resolución de la Cámara se había apartado de las normas convencionales (artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ) y constitucionales (artículo 18 de la Constitución Nacional), que resultaban conducentes para la debida solución del caso. Sostuvieron asimismo que el artículo 2 del Código Penal establece que el beneficio de la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción alguna (pusieron de relieve que dicho artículo utiliza el adverbio “siempre” para determinar las circunstancias en las que el derecho a la aplicación de la ley penal más benigna debe concederse) y concluyeron que los tribunales no podían negar a algunos lo que debe otorgarse a todos. Asimismo destacaron su apego al precedente “Arce” (Fallos 331:472) donde se decidió que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso. Resolvieron además que la decisión de Casación debía revocarse, en tanto el artículo 2 del Código Penal, contrariamente a lo que dicho tribunal sostuvo, no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración social sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas leyes de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido, lo que entre nosotros sucedió con la sanción de la ley 24.390 que, justamente, concedía este beneficio. A todo evento, los Jueces Highton y Rosenkrantz sostuvieron que aun si hubiera alguna duda sobre la aplicabilidad del artículo 2 del Código Penal a delitos como los cometidos por Muiña, debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad, y que las conclusiones que en derecho corresponde aplicar en el caso no pueden ser conmovidas por el hecho de que el nombrado hubiera sido condenado por la comisión de delitos de lesa humanidad, pues en el texto de la ley 24.390 no se hace excepción respecto de tales delitos. En su voto conjunto recordaron que la solución que propugnaban era, además, aquella internacionalmente aceptada, incluso para el caso de los delitos de lesa humanidad. Mencionaron al respecto que el Estatuto de Roma -instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, tribunal permanente establecido para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuya implementación se aprobó en nuestro país a través de la ley 26.200-, incorpora el principio de ley penal más benigna en su artículo 24.2 y que tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encargados de juzgar violaciones a los derechos humanos han reconocido el carácter imperativo de la aplicación de dicho principio. Finalmente afirmaron también que la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho lo que en el caso exigía hacer lugar a la pretensión de Muiña. Voto del juez Rosatti En su voto, que conforma con sus fundamentos la mayoría, el juez Rosatti expuso el dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, para concluir que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes. Afirmó que si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez, pues de otro modo éste se convertiría en aquel, violentándose el principio constitucional de división de poderes. Agregó el magistrado que tal conclusión no supone desconocer que los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana, y tampoco conlleva ignorar que el régimen durante el cual se perpetraron los ilícitos probados en la causa descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos en nuestro país desde la sanción de la Constitución Nacional, tal como lo describiera en sus votos en las casos “Villamil” y “Alespeiti”, de marzo y abril pasados. Pero un Estado de Derecho, agregó el juez Rosatti, no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado. Disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda Los jueces Lorenzetti y Maqueda, en disidencia con la mayoría y con votos concurrentes, sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no sólo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial. Más aún, puede decirse, como se lo ha señalado en diversos pronunciamientos institucionales de esta Corte como cabeza del Poder Judicial, que se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos. Que es por esta razón que es necesario calificar este caso, en primer lugar, como un aspecto de los delitos de lesa humanidad, tipificados por esta Corte (Fallos 328:2056). Respeto de esta categoría este Tribunal ha señalado que no hay posibilidad de amnistía ((Fallos 328:2056), ni de indulto (Fallos: 330:3248), ni se aplica a ellos el instituto de la prescripción (Arancibia Clavel), y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional (Fallos: 330: 3248). Por lo tanto, la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto normativo antes descripto, y una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la finalidad persecutoria en este campo. Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso. Que, por otro lado, el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible. En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que derogó la mentada disposición de la ley 24.390. Esta regla es la aceptada también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que “por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo… la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en vigor del tipo penal respectivo” (“Gelman vs. Uruguay”, sentencia del 24 de febrero de 2011, apartado 236). Hechos de la causa y su calificación legal En la presente causa se atribuyó a Luis Muiña ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, agravado por el uso de violencia o amenazas, en concurso ideal con el delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones de cautiverio impuestas, en concurso real con el delito de imposición de tormentos por un funcionario público al preso que guarde, reiterado en cinco (5) oportunidades en perjuicio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff (arts. 144 bis inciso primero y último párrafo en función del art. 142 inciso 1º -texto según ley 14.616- del Código Penal). Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas de Haedo, provincia de Buenos Aires, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por Reynaldo Bignone ocupó dicho establecimiento sanitario y detuvo a personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet” que funcionó allí, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados. Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29/12/2011 Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de esta ciudad a la pena de trece (13). El fallo quedó firme el 21/8/2013 cuanto la Corte declaró inadmisible –por aplicación del art. 280 del CPCCN– el recurso extraordinario articulado por la defensa del nombrado. A partir del carácter firme de la condena, con fecha 9/9/2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 efectuó el cómputo de detención y de pena de Muiña, teniendo en consideración las previsiones del art. 7 de la ley 24.390, determinando que su pena vencerá el 11 de noviembre de 2016. Dicho cómputo fue observado y luego recurrido en casación por el Ministerio Público Fiscal, siendo finalmente anulado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el 28/3/2014, que dispuso realizar un nuevo cómputo con prescindencia del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390, en razón considerarlo inaplicable al caso. Este último pronunciamiento es el que fue apelado ante la Corte por la defensa oficial del condenado en la queja por recurso extraordinario denegado CSJ 1574/2014.

Desazón y bronca!!

La muerte del Preso Político Nro 400, señor Coronel (R) D Hugo Delmé, asesinado en el marco del Plan Sistemático y Criminal de Exterminio de un sector de la población, diseñado por la corporación política (de la que también forma parte la alianza Cambiemos) y ejecutado por la judicial, me dejado una mezcla de desazón y bronca y la necesidad de escribir estas líneas. A esta altura de los hechos, sinceramente harta la ingratitud y la hipocresía de la masa de los integrantes de la sociedad argentina. A diario escuchamos palabras y expresiones que, hasta el 25 de Mayo de 2003, no existían en el vocabulario de la gran mayoría de aquéllos que tienen acceso a los medios de comunicación: “genocidas”, “represores”, “delitos de lesa humanidad”, etc. El oportunismo de muchos causa escalofríos. A diario escuchamos o leemos relatos que hacen referencia a la “teoría de los dos demonios” y, ante ello, no son pocos los que se rasgan las vestiduras con expresiones rimbombantes y políticamente correctas y, haciendo gala de un inaceptable reduccionismo, descargan las responsabilidades de la tragedia argentina de los ’70, exclusivamente, en aquéllos que quisieron imponer en nuestro país un régimen totalitario de signo comunista, sea castro-guevarista, colombiano, venezolano, socialista, vietnamita, chinoista, soviético, camboyano o como quieran denominarlo, o en quienes, ante el clamor popular, tuvimos la responsabilidad de impedirlo. Los otros demonios (políticos, jueces, sindicalistas, docentes, periodistas y medios de comunicación, intelectuales, empresarios, religiosos de todos los credos y el resto de una sociedad anestesiada, adormecida e indiferente) que apoyaron, tanto a terroristas, como a quienes los combatimos –sea por convicción, oportunismo o cobardía– hoy, sin ningún tipo de pudor, reivindican a quienes atacaron a la Nación y condenan a los que, con sus aciertos y errores, nos dieron la libertad que hoy gozamos, evitándonos,  entre otras cosas, los padecimientos de los pueblos citados en el párrafo anterior. Triste país aquel que aplaude a quienes lo atacaron y encarcela a sus libertadores.- Más triste aún es cuando los derrotados de ayer y sus apologistas, masivamente ocupan espacios en los medios de comunicación desde los cuales se encargan de tergiversar u ocultar escandalosamente la verdad, cacareando su supuesta lucha por encontrarla. Según Luis Alberto Romero, en su excelente artículo titulado “El discurso intolerante de los organismos de derechos humanos”, publicado en La Nación del 20 de Abril de 2017, plantea que “el 24 de Marzo de 2001, el reclamo de justicia que se escuchó en la Plaza de Mayo ya sonaba a revancha y a venganza”. Si ésto era así, habrá que preguntarles a periodistas e intelectuales por qué no escatimaron los baldazos de nafta que lanzaron sobre un incendio que ya comenzaba a descontrolarse y por qué lo siguen haciendo hasta nuestros días. ¿O acaso continuarán con su política del “yo no fui “?. Desde la recuperación del sistema democrático (muy poco republicano, para nada representativo y escasamente federal) el 10 de diciembre de 1983, lo único que hizo bien la corporación política fue alentar la venganza y el odio contra sus FFAA, de Seguridad y Policiales, que habían evitado que nuestro país cayera en manos del comunismo. Hoy escuchamos y leemos a diario que se responsabiliza al kirchnerismo de la reivindicación del odio y de la “grieta”. ¿Y los gobiernos anteriores qué? ¿O acaso Alfonsin dudó algún instante en alentar la destrucción del Estado de Derecho para consumar la venganza largamente anhelada desde la derrota militar de las organizaciones terroristas, impulsando el llamado “Juicio a las Juntas”, del que se enorgullecen, a pesar de haber arrasado, entre muchas otras normas jurídicas, con el Art. 18 de nuestra vapuleada Constitución Nacional? ¿O acaso Menem titubeó a la hora de pactar un indulto con los terroristas (balanceándolo al incluir también a quienes habían sido condenados en el Juicio mencionado anteriormente) o de indemnizarlos, dejando fuera de toda compensación a sus víctimas?. ¿O acaso de la Rúa, tuvo algún prurito en dejar en libertad a los terroristas del MTP que atacaron el cuartel de La Tablada, mientras sentaba en el banquillo de los acusados a las FFAA, en los cínicamente llamados “Juicios de la Verdad”?. ¿Y de quiénes viven fogoneando el odio y la revancha, qué? ¿O acaso no leemos y escuchamos diariamente cómo se los alientan desde distintos medios y tribunas? Insisto con el periodismo. Romero, en su artículo precitado, expresa que “los organismos de derechos humanos ejercen una verdadera dictadura verbal. Nada más tentador para un grupo humano que administrar esa dictadura de la palabra”. Mejor definición no puede existir para el “grupo humano” denominado periodismo. La venganza y el odio no han sido, ni son patrimonio del kirchnerismo.- Algún día, los otros demonios, entre ellos, los medios de comunicación y los periodistas y los intelectuales, deberán hacerse cargo de sus responsabilidades respecto de la difusión del “relato” que ha mantenido abiertas nuestras heridas del pasado. El 24 de Marzo del corriente, durante los actos que se llevaron a cabo en la Plaza de Mayo, se leyó un documento que reivindicó el accionar de las organizaciones terroristas contra la Nación y el pueblo argentinos, el que contó con la aprobación de reconocidas personalidades de organismos que dicen defender los derechos humanos.- Entre ellos Estela Carlotto y Taty Almeyda (quién aplaudió vehemente cada palabra reivindicatoria).- En esos actos también se incitó al derrocamiento del actual gobierno para ser reemplazado por quienes fueron derrotados en las elecciones de 2015. Ante semejante apología de la violencia e incitación a la sedición, la cobarde sociedad argentina, desesperadamente convocó a una concentración para el 1ro. de Abril próximo pasado para defender a este gobierno y ahora está alentando otra para Mayo. Obviamente que no quisiera que, en democracia, se ejecute el tercer golpe de Estado civil (para quienes no lo recuerden, los dos primeros fueron contra Alfonsín y a De la Rúa), pero no creo que debamos participar de esas convocatorias.- Que marchen los que buscan algún beneficio o conveniencia o, simplemente, los que comulguen con todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Relacionado con esto voy a hacer unas reflexiones: 1. El apoyo al gobierno se lo dimos con nuestros votos. 2. Un gobierno que tiene miedo de hacer lo que debe, no creo que merezca ser apoyado por nadie, dado que:: 3. Ha permitido que la inseguridad y el narcotráfico sigan su curso y los delincuentes y los piqueteros sigan siendo los dueños de la calle 4. Alienta y financia a organizaciones revolucionarias disfrazadas de “sociales”, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista Combativa conducidas por reconocidos terroristas como Emilio Pérsico, Carlos Aznares, Juan Grabois, Roberto Cirilo Perdía y Eduardo Soares, quienes deberían estar en la cárcel por sus crímenes y, sin embargo, gozan de la veneración de los políticos.- A estas organizaciones el gobierno les va a entregar la nada despreciable suma de $ 30.000.000.000 (treinta mil millones de pesos) — que no van a ir a salud, educación y seguridad– para que puedan invertirlos en agitación y violencia. 5. No ha evidenciado preocupación alguna por encontrar soluciones de fondo a la pobreza y la indigencia, al hambre y la desnutrición y al desempleo, demostrando gran insensibilidad social y mucho populismo paquete. 6. Ha dado continuidad a los procesos de destrucción de la educación, desmantelamiento del Sistema de Defensa y de desmalvinización.. La mejor prueba de esto último está dada por la financiación del viaje de quienes profanaron las tumbas de nuestros 237 héroes sepultados en el Cementerio de Darwin, Isla Soledad, Islas Malvinas: Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Eduardo Alonso y otros de similar catadura, agraviando de esta forma, no sólo a la Gesta, sino también a la inmensa mayoría de los familiares de los caídos y a los propios Veteranos de Guerra. 7. No ha cumplido su promesa de poner fin al “curro” de los derechos humanos, manteniendo la persecución a los miembros de las FFAA, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles por su participación en la guerra contrarrevolucionaria que ha permitido que, hasta hoy, los argentinos pudiéramos vivir en libertad. Tenemos más de 2000 hombres presos políticos por combatir por la Patria y 400 ya fueron asesinados (casi 60 de ellos lo fueron durante este gobierno) y su política de “cambio” no cambió nada y, a estos políticos, poco les ha importado, o bien han acompañado, el proceso de persecución. Simultáneamente con ello arroja flores al Río de la Plata como tributo a los terroristas que ensangrentaron nuestra Patria; es querellante en los denominados “juicios de lesa humanidad” (verdaderos juicios populares en que los que se viola cuanta norma jurídica exista, con tal de consumar la venganza ); conmemora con una estampilla, los 50 años de la muerte de uno de los mayores carniceros latinoamericanos, el Che Guevara; le rinde homenaje, y nada menos que en la Biblioteca Nacional, al terrorista montonero Rodolfo Walsh, responsable entre otras fechorías, del atentado perpetrado contra la Superintendencia de Seguridad Federal (que dejó un saldo de 22 muertos y 64 mutilados) y exonera a un grupo de maestras y la directora de la Escuela N° 8 Carlos Della Penna, de La Boca, por exhibir en el acto por el Día de la Memoria (sesgada) un video que muestra la otra parte de la verdad de los ’70, mientras guarda ominoso silencio ante las parodias de fusilamientos escenificados por niños de escuela primaria en La Cumbre, lo que nos pone ante una realidad que debería preocuparnos mucho más. EL ODIO, LA MENTIRA Y LA VENGANZA han calado hondo en nuestro pueblo, dejando de ser, como ya dijera, sólo responsabilidad del kirchnerismo. Todo muy triste y alarmante, al mismo tiempo. El Cnl Hugo José Delme, hubiera cumplido por estos días 81 años.- Fue una víctima más del perverso sistema político-judicial y penitenciario, por cuanto una persona de esta edad no debía estar privado de su libertad en un penal, impedido de toda posibilidad de acceso rápido a un sistema de salud que lo hubiera contenido. Lo más triste aún es que “los otros demonios” se sigan haciendo los distraídos ante estas perversidades.- Ya han sido asesinados 400 presos políticos en el marco del Plan Sistemático y Criminal de Exterminio de un sector de la población, crímenes que constituyen verdaderos delitos de lesa humanidad, por cuanto el “Estatuto de Roma” (que a los uniformados se les aplica en forma retroactiva), para los jueces, fiscales y el resto de los integrantes de los tribunales prevaricadores (hoy convertidos en peligrosas asociaciones ilícitas) y demás responsables de estos delitos, está absolutamente vigente. ¡¡Qué triste, e ingrato al mismo tiempo, que estemos presos por haberle evitado a nuestro país los padecimientos de los pueblos que han sufrido y sufren regímenes totalitarios comunistas!! ¿Qué creen, los políticos, jueces, sindicalistas, docentes, periodistas, intelectuales, empresarios, religiosos de todos los credos y el resto de la sociedad, que hubiera sucedido con ellos si el proyecto socialista del ERP/MTP o Montoneros hubieran tenido éxito? Yo les respondo: Seguramente algunos habrían sido miembros de Comité Central del régimen totalitario instalado; Muchos otros hubiéramos sido fusilados; Otros eternamente hubieran sido privados de su libertad en cárceles horrorosas (de los cuales, con el correr de los días, algunos también hubiesen sido fusilados); Otros habrían terminado en granjas colectivas (¡¡¡qué colegio Newman, ni diarios La Nación, Perfil o Clarín; ni Bridas, ni Arcor, ni SOCMA; ni PRO, ni PJ, ni UCR, ni Coalición Cívica; qué Comisión Episcopal, ni obispados, ni arzobispados, ni sinagogas o mezquitas, ni ocho cuartos!!!) y sus hijas prostituidas para poder sobrevivir; TODOS estarían haciendo largas colas en los depósitos para recibir las migajas del régimen, para poder alimentarse; Y ABSOLUTAMENTE TODOS, HABRÍAN PERDIDO SU LIBERTAD, la libertad que quienes están presos, les aseguraron hasta estos días, libertad que se les ha conculcado a los libertadores. Si éstos no hubieran impedido que las organizaciones terroristas se hicieran del poder, ¿alguien puede creer que Bergoglio sería Papa o Poli arzobispo o Arancedo presidente de la CEA; o Bulgheroni, Roggio, Macri, Pérez Companc, Born, Pagani o Balquier, hubieran sido exitosos empresarios; o Mitre, Magnetto o Fontevecchia, tendrían los medios de comunicación que hoy utilizan para perseguirlos y para fomentar los odios; o muchos de los que integran o integraron las corporaciones política y judicial, la docencia, etc., hubieran llegado a lo que llegaron?.- La lista sería larguísima y no quiero aburrirlos, pero lo del Coronel Delmé me ha agotado la paciencia. Ahora nos consternamos con los atentados que sufren los pueblos de Europa.- Se vierten litros de tinta y horas de emisión, donde periodistas, políticos e intelectuales se solidarizan ante los estragos que producen los terroristas islámicos.- Ahora pregunto, ¿tan desmemoriados están que no recuerdan lo que sucedió en la Argentina durante los años ’60, ’70 y ’80?. Sólo por mencionar unos pocos crímenes de la locura del terrorismo en Argentina, ¿no se acuerdan de los asesinatos del General Aramburu, del Capitán Viola y su hijita de 5 años, del empresario Oberdan Sallustro, de Paula Lambruchini, de 15 años de edad, del hijo de Clotildo Barrios, de sólo 3; de los Coroneles Larrabure, Ibarzábal y Gay y su señora, del Capitán Cativa Tolosa, y de tantos otros, que con su sangre derramada, nos aseguraron esta Argentina libre?.- ¿No se acuerdan del atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal y de los ataques a los cuarteles de Monte Chingolo, Formosa y La Tablada, con sus saldos de muerte y destrucción?. Pasaron los años y toda esa tragedia deliberadamente desapareció de los medios de comunicación para dejar paso a los dos “únicos” atentados terroristas perpetrados contra la sociedad argentina: los de la Embajada de Israel y la AMIA?. Si los periodistas pretenden hacer un “periodismo de calidad”, como José Crettaz expresa en su artículo titulado “El periodismo argentino y la urgencia por dejar de hacer lo mismo de siempre”, publicado en La Nación del 15 de Abril de 2017, lo primero que deberán hacer es dejar de mentir, por cuanto ocultar o tergiversar la verdad, es la forma más repugnante y cobarde de hacerlo, cosa que, por lo reiterada, ya se constituye en una metodología aceptada para engañar a la opinión pública. Ejemplo de esto lo evidencia Reymundo Roberts, en su artículo “Maldita sea, otra vez los carapintadas”, publicado en La Nación, también el 15 de Abril del corriente, en el que miente al decir que el alzamiento de Rico de Semana Santa le “arrancó” a Alfonsin “un par de leyes”, cuando todo el mundo sabe (y el periodista también) que la ley conocida como de “punto final” fue anterior al asonada militar, siendo promulgada por el entonces presidente –habiendo contado, para ello, con el apoyo de la mayoría de los legisladores nacionales– debido a que había tomado conciencia del desastre cometido al impulsar los juicios a los militares por haber liberado al país y a su pueblo del flagelo del terrorismo, que dieron comienzo a la destrucción del Estado de Derecho en nuestro país. A diario se publican artículos que hacen referencia a hechos protagonizados por militares, mientras sistemáticamente se silencian otros de similar o mayor importancia, como por ejemplo el atentado del 15 de abril de 1953, en el acto de Plaza de Mayo de la C.G.T. (en el que fueron asesinadas 6 personas y otras 90 sufrieron gravísimas mutilaciones) o el ataque a los cuarteles de La Tablada, perpetrado por el Movimiento Todos por la Patria (MTP), en el que murieron 9 miembros del Ejército Argentino (entre ellos 4 Soldados Conscriptos), dos integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 29 terroristas. Lo sugestivo es que, como en los hechos criminales mencionados precedentemente, las pocas veces que los periodistas “recuerdan” la otra parte de la historia de los ’70, solamente se refieran a los que tuvieron como protagonistas a los Montoneros, por sus vínculos con el peronismo, haciendo “desaparecer” de los medios de comunicación las acciones criminales perpetradas por el ERP/MTP, con claros lazos con la Unión Cívica Radical, lo que también es parte de la metodología desinformadora adoptada por el periodismo. ¡¡¡Por Dios, cuánto cinismo e hipocresía!!!. Por todo lo expresado, he llegado a la triste conclusión que, por su indiferencia e ingratitud, esta sociedad no se merece una sola gota de la sangre derramada para conquistar la libertad que hoy disfrutamos; no se merece una sola lágrima de los familiares y amigos de aquellos que dieron su vida en su defensa; no se merece un solo segundo de la angustia de aquellos que hoy padecen ilegal, ilegítima e injusta privación de libertad y, mucho menos, de las de sus seres queridos. Que Dios y la Virgen nos iluminen y protejan!!. Por Tcnl (R) Emilio Nani

Carta ¡¡Nos entregaron al enemigo!!

Introducción:generalmente, respecto de la cuestión “Juicios de Lesa Humanidad”, suelen oírse reproches hacia el presidente de la Nación, hacia los políticos en general y hacia los diversos organismos de Derechos Humanos, todos ellos cómplices (tanto por acción u omisión) del actual orden de cosas. Pero prácticamente nunca se ha generado un cuestionamiento al curioso silencio nada menos que de los actuales generales de las distintas armas del Ejército Nacional. Por este motivo cobra especial relevancia la carta que a ellos dirige el Suboficial Mayor (R) Juan Armando Giovarruscio. Sabrá el lector digerir e interpretar las duras expresiones que siguen a continuación y que, aunque pocas veces han sido pronunciadas, seguramente reflejarán el sentir de miles de familias argentinas. Señores Generales de la Nación Argentina De mi mayor consideración: En mi calidad de Suboficial Mayor Retirado del Arma de Infantería, prisionero del estado argentino, detenido ilegítimamente, procesado, con ya casi cuatro años de prisión preventiva, me nace la inquietud de hacerles llegar estas líneas. Me dirijo a todos los Generales en actividad tras haberlo hecho en su momento y en particular con los señores Jefes de Estado Mayor Grl César Milani y Luis Cúndom, sin haber obtenido ninguna respuesta. ¿Porqué será así? Particularmente, a mí se me acusa de haber violado, siendo suboficial – sargento – los derechos humanos hace 38 años. Todo esto… sin absolutamente ninguna prueba. Al requerir por mi parte quién me acusa y qué pruebas existen en mi contra, el “juez subrogante” (NO JUEZ NATURAL) Eduardo Ariel Puigdéngolas, me manifestó: “A usted no lo acusa ninguna persona, pero usted estuvo en San Rafael” (?), lo cual deja en evidencia tanto la completa falta de imparcialidad como el hecho de que ya tenía una decisión tomada y que era inútil la etapa de instrucción. Es decir, las “pruebas contundentes” que pesan sobre mí y que me convierten en delincuente son: Haber pertenecido al Ejército y estar destinado entre los años 1976/1980 en la Sección 144 “San Rafael”. Poseer la Aptitud Especial de Inteligencia y Comando. Poseer la Aptitud Especial de Comando. En virtud de tamañas arbitrariedades, hoy insisto en dirigirme a ustedes dado que me resisto a creer, o mejor dicho no puedo entender, cómo es posible que a 39 años de haber librado un combate contra fuerzas irregulares (entrenadas en el exterior), que tenían como objetivo eliminar un millón de argentinos para instalar el marxismo en el país, hoy seamos prisioneros de aquel enemigo (más de dos mil detenidos y casi 400 muertos en cautiverio); ¿cómo es posible que a esta altura de los acontecimientos y a casi diez años de reiniciarse un plan de venganza denominado “política de Estado”, la conducción de las FF.AA. aún continúen comprando el relato de que cometimos un genocidio y violamos los DD.HH.? Sí… sí… hubo hechos de exceso. Pero ello fue la excepción. La misión sublime de salvar a la sociedad argentina de las garras del totalitarismo se cumplió tal cual lo ordenaron. Me sorprende la falta de dignidad ante los muertos, heridos y prisioneros que se encuentran abandonados en el ocaso de sus vidas. Hace casi cuarenta años yo era Sargento, por lo tanto, ustedes bien saben que los suboficiales no tuvimos la mínima posibilidad de planificar, decidir y menos aún ejecutar ninguna acción que no estuviera debidamente ordenada de acuerdo a las leyes y reglamentos militares. Hoy, luego de varios años de injusto e ilegal presidio, puedo afirmar: El Ejército me entregó para redimir “su culpa”. Para ello facilitó mi legajo a las organizaciones de DD.HH. y al CELS, que preside Horacio Verbitsky. Se viola la Constitución Nacional, principalmente los artículos 18, 27, 75 inc. 22. Se invierte la carga de la prueba. Para lograr detenerme se ha realizado un montaje judicial que pretende hacer creer que somos peligrosos para la sociedad y que por ello el Estado “hace justicia” al apresarnos. Se ha destruido el sistema de derecho al incorporar teorías extrañas al mismo, cargadas de odio, y sólo nos juzgan a nosotros, mientras a los terroristas los distinguen con cargos públicos. Se violan, mediante una interpretación sesgada, los Tratados Internacionales como el Tratado de Roma, el Pacto de San José de Costa Rica, etc. Se juzga con una justicia de doble estándar (por ejemplo, “yo, preso; Milani libre”). No se juzga con el Código de Justicia Militar. Nos cambiaron todas las reglas de juego. Jueces que no son los naturales, tribunales especiales, construcción de la memoria respecto de hechos falsos… No puedo creer que las FF.AA. continúen indiferentes ante tamaña injusticia, haciendo pagar a los cuadros subalternos una fiesta en la cual no tuvimos la más mínima posibilidad de decidir. No puedo entender cómo la conducción de las FF.AA. permanece impasible ante las violaciones de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. (Es lo que percibo desde el cautiverio). No estoy sugiriendo ningún hecho de violencia, tal como se hacía en otras épocas. Me sorprende la falta de dignidad ante los muertos, heridos y prisioneros que se encuentran abandonados en el campo de batalla, más cuando esos muertos, heridos y prisioneros… están en el ocaso de sus vidas. No observo un solo gesto de contención, comprensión o solidaridad, ya no con los presos, pero al menos con los familiares, dado que son quienes más sufren. Por otra parte, aún está la sangre pegada en las paredes y los restos esparcidos por las calles solitarias, los barrios y los cuarteles, allí mismo donde cayeron nuestros camaradas bajo las balas asesinas y traicioneras del terrorismo. No me voy a detener en describir todas las violaciones e ilegitimidades a las cuales estamos sometidos, dado que ya es público y notorio y está al alcance de todo aquel que se interese. “Ni siquiera se acercaron a nuestras familias para ver si necesitaban algo” Quiero expresarles, además, porque es probable que aún no lo hayan percibido, que los más de 2000 prisioneros (sin olvidar los casi 400 muertos) permanecemos moralmente enteros. El Estado “enemigo” argentino no ha podido quebrar nuestra voluntad y, tal cual nos entregamos en el pasado, hoy estamos dispuestos a morir de pie. Es probable que cada muerte nuestra signifique en el futuro cientos de luchadores que pelearán en todos los frentes para revertir la injusticia que hoy se comete con nosotros. Señores Generales, es preciso que comprendan que hoy lo que está en peligro no es MI libertad sino LA LIBERTAD DE TODA LA SOCIEDAD ARGENTINA. Mañana irán por otros oponentes que “el modelo” creará. Esta indiferencia por parte de ustedes, los Generales, se recibe y percibe no de otro modo que como TRAICIÓN Y DESPRECIO. Hemos sido entregados al enemigo, dejados dispersos en el campo de batalla, heridos, viejos, enfermos, indefensos y desprotegidos, despojados de todos nuestros derechos (hasta de ser atendidos en un hospital militar). Somos la carne de cañón ofrecida por la institución para redimir un pasado del cual no tuvimos la mínima o nula posibilidad de decisión. Esta indiferencia por parte de ustedes, los Generales, se recibe y percibe no de otro modo que como TRAICIÓN Y DESPRECIO Hoy somos discriminados, ignorados y estigmatizados hasta por nuestros pares. No existe un solo gesto de humanidad ni para con nuestros seres queridos, que son los que más sufren. De parte de ustedes, los Generales, nuestras familias no han recibido el más mínimo gesto, ni siquiera una sola visita a sus domicilios para ver cómo están, qué necesitan, o para llevarles alguna palabra de aliento a esas personas que ayudaron a sus hijos o a sus nietos a recorrer la vida militar durante más de treinta años. Si hoy me tocara partir de este mundo, lo haría mirando al Cielo, de pie y bien firme, para que se vea la bayoneta traicionera del EJÉRCITO ARGENTINO clavada en mi espalda, que traspasa hasta el pecho y atraviesa mi corazón. Le entregué lo mejor de mí al EJÉRCITO Y A LA PATRIA. Treinta y tres años de vida. Yo, hoy, no necesito probar mi inocencia; SOY inocente. Sin otro particular, y con el mayor de los respetos y consideración, saludo a los señores Generales del Ejército Argentino. Escribe: Juan Armando Giovarruscio (*) (*) Preso Político Argentino – Penal de San Felipe, Mendoza.

Reconciliación

La Iglesia inicia un diálogo por la "reconciliación" con familiares de desaparecidos y de militares Los obispos apuntan a suturar las heridas que dejó la última dictadura. Comenzarán la tarea en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, en Pilar. mediante un programa tendiente a buscar una "reconciliación" sobre lo ocurrido durante la última dictadura, para lo cual recibirá testimonios directos de grupos de familiares de desaparecidos y de militares. La tarea será desplegada por la cúpula de la Iglesia, encabezada por el arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, en el marco de la asamblea plenaria que sesionará en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera de la localidad bonaerense de Pilar, según informó la oficina de prensa del Episcopado. Durante la asamblea plenaria, "se comenzará con un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro", y los obispos "continuarán abordando esta cuestión durante varias asambleas como una oportunidad para reflexionar acerca del modo de comunión dentro de la Iglesia y como un servicio al encuentro fraterno de los argentinos", según se informó en un comunicado de prensa. En una primera etapa de la reflexión, los obispos escucharán a partir de mañana los testimonios de parte de un reducido grupo de personas vinculadas a los trágicos hechos ocurridos durante los años la dictadura; entre ellos familiares de desaparecidos y de militares, y un periodista. "Hay miradas diferentes entre los obispos, que tienen diferentes edades, y se busca tener una mirada más unificada, no uniforme, de ese período histórico. Nos debemos conversar sobre ese momento histórico con una mirada que apunte a la reconciliación", explicaron a la agencia oficial Télam fuentes episcopales, según las cuales el trabajo que comenzarán el martes se extenderá hasta el año próximo. En el marco de la asamblea, la Iglesia anunciará también la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura militar puedan consultar los archivos que posee sobre esa etapa, tal como ya había sido anunciado en octubre del año pasado. En esa oportunidad, por una decisión impulsada en forma conjunta por el papa Francisco, el Vaticano y la Conferencia Episcopal habían anunciado la finalización del "proceso de organización y digitalización" de sus archivos de la dictadura, y, ahora, con la aprobación del procedimiento, los interesados podrán comenzar a realizar las consultas correspondientes. Se trata de unas 3.000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces. "No les tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad", expresó en esa oportunidad el arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Mario Poli. Las deliberaciones de los obispos comenzarán por la tarde con el habitual intercambio pastoral, donde presentan libremente sus inquietudes y reflexiones sobre diversos temas, en tanto que, a las 19.30, monseñor Arancedo presidirá la misa de apertura del cónclave. Según anticiparon las fuentes, en principio no está prevista la difusión de algún documento o declaración durante la semana, pero eso dependerá de lo que los prelados definan durante el intercambio inicial. Por otra parte, el miércoles, la Comisión Episcopal de Ministerios presentará también una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, que se realizó con el aporte de especialistas en distintas disciplinas y experiencias tomadas de Chile. Desde el 2015, el Episcopado argentino ya tiene en vigencia una guía de actuación en el caso de denuncias de abusos sexuales en las que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas menores de edad. Además, los obispos recibirán el viernes la visita del canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, quien los informará sobre las "actividades que lleva adelante por requerimiento del papa Francisco", como la fundación pontificia Scholas Ocurrentes, una red mundial de escuelas, y problemáticas como la trata de personas, entre otras cuestiones. Como es habitual, los obispos enviarán durante la semana una carta dirigida al papa Francisco, en la que reiterarán la invitación para que venga al país, una visita que se demora -a cuatro años del inicio de su pontificado- y que aún no tiene fecha programada. De hecho, el propio Francisco puso en duda que tenga en agenda viajar en 2018, como se había comentado. En ese sentido, la Conferencia Episcopal nombró recientemente al obispo auxiliar de Buenos Aires, Enrique Eguía Seguí -colaborador de Jorge Bergoglio en Buenos Aires- como coordinador de un grupo de trabajo que comience a analizar los detalles de organización que implicaría una eventual venida de Francisco a la Argentina.