La aboliciòn del sentido comùn.

(Por Juan Manuel de Prada)- Uno de los rasgos más estremecedores de nuestra época es la abolición del sentido común. Aquella fábula del rey desnudo, en la que un niño intrépido se atrevía a decir lo que todos callaban, ha alcanzado hoy su paroxismo; sólo que el desenlace de esa fábula sería hoy trágico, pues el rey de inmediato privaría de la patria potestad a los padres de ese niño, que entregaría a una parejita chunga (en broma y/o burla), para que lo “reeducase”. El desprestigio del sentido común no es un fenómeno reciente. Todos los sistemas filosóficos prometeicos que han querido negar la naturaleza de las cosas se han preocupado de anatemizar el sentido común. Así, por ejemplo, Hegel (el antiaristóteles por excelencia) arremete en el prólogo de su Fenomenología del espíritu contra «el sentido común y la inmediata revelación de la divinidad, que no se preocupan de cultivarse con la filosofía» y que son «la grosería sin forma ni gusto». Resulta, en verdad, muy revelador que Hegel vitupere en la misma frase la Revelación divina y el sentido común humano; prueba inequívoca de que sabe misteriosamente –como sólo saben quienes creen y tiemblan– que ambos se amamantan de la misma luz. Y es que, en efecto, el sentido común no es un amontonamiento informe de opiniones cazurras o tópicas sobre esto, eso y aquello. El sentido común es el juicio sano que permite el conocimiento de la verdad de las cosas; y es un sentido que tiene toda persona, con independencia de que sea creyente o incrédula, si no ha sido ofuscada por visiones culturales o ideológicas deformantes. Toda la historia de la filosofía moderna ha sido un combate –a veces soterrado, a veces furioso– contra el sentido común y contra los filósofos que lo sostuvieron, empezando por Aristóteles. Y en nuestra época ese combate se ha trasladado a la política, que nos impone construcciones abstractas y utopías mórbidas con escaso o nulo anclaje en el orden real de las cosas. Las ideologías modernas han logrado instaurar de este modo una nueva barbarie (como siempre ocurre cuando se pierde contacto con la realidad), sólo que esta vez se trata de una barbarie más incitante y golosa, porque nos hace creer que somos soberanos. No pensemos bobaliconamente que esta abolición del sentido común propone a cambio diversas “versiones relativistas” de la realidad. Por el contrario, aunque ofrezcan aderezos variados, lo cierto es que las ideologías en liza ofrecen las mismas definiciones dogmáticas que, por supuesto, niegan el sentido común y postulan la subversión del orden real de las cosas. Sus premisas no pueden ser discutidas; y quienes se atreven a hacerlo son de inmediato señalados, desprestigiados, estigmatizados, incluso civilmente eliminados. Y, entretanto, las definiciones dogmáticas contrarias al orden real de las cosas son proclamadas por “iluminados” de izquierdas y derechas con todos los medios propagandísticos puestos a su servicio, hasta la abolición completa del sentido común, hasta la conversión de los hombres en bestias esclavizadas que, además, se creen grotescamente soberanas. En estos momentos asistimos a la última ofensiva contra el sentido común, con la imposición de leyes que atentan contra la misma naturaleza humana, que la rectifican hasta convertirla en una parodia (no en vano los clásicos llamaban al demonio “el simio de Dios”) y que consagran la muerte civil de quienes osen rechistar. Sin embargo, más acongojante aún que estas leyes que van a imponernos es el remoloneo vacìo e inùtil de la única institución que, por ser depositaria de la Revelación divina, podría reavivar el sentido común entre los hombres esclavizados. Ese remoloneo inùtil hiela la sangre en las venas.

Horacio Verbitsky y el mito del paìs genocida.

(Por Ariel Corbat)- Tan mal sigue de valores la República Argentina que para atacar a Horacio Verbitsky buscan ligarlo con el Proceso de Reorganización Nacional. Pareciera ser que no alcanza con saberlo un traidor a la Patria, por terrorista de Montoneros y secuaz de Rodolfo Walsh al servicio de la dictadura castrista. Y nada indica que haya dejado de serlo, al fin de cuentas la tiranía sigue firme y extendida a Venezuela (“Revolucion” llama el progre promedio a esa dictadura rancia que se pretende eterna) Verbitsky ha tenido la habilidad, por estupidez ajena, de posicionarse como si fuera una suerte de “fiscal de la República”; sin tener ninguna autoridad moral para ello. Así preside el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una entidad al servicio de todo intento terrorista que desde la izquierda brota contra la Argentina. Ya sea junto a Montoneros y el ERP en los años de plomo, el MTP durante el gobierno de Alfonsín o la RAM en la actualidad, el CELS siempre se posiciona del mismo lado de la historia. En contra de la Nación Argentina reivindica (discurso en Plaza de Mayo el 24Mar17), participa (ataque del MTP al Regimiento de La Tablada donde cae abatido el miembro del CELS Jorge Baños), apoya y/o brinda asistencia legal a los agresores. La sociedad argentina ha perdido buena parte de su identidad y convicciones, pero conserva algo que ni siquiera el proceso de desmemoria colectiva y adoctrinamiento totalitario del kirchnerismo pudo quitarle: instinto de Libertad, aunque más no sea por cantar el Himno de Vicente López. Verbitsky sabe eso, pero también que esta sociedad infectada de imbecilidad progresista gradualmente se deja encerrar en la corrección política que marca la izquierda. Funcionó durante años que la letra gruesa de Página/12 se convertía en la entrelínea de Clarin, el gran diario del progresismo argentino, y también de La Nación. Falsear la historia repitiendo la mentira de los 30.000 desaparecidos sirvió para saquear el Estado y cargar sobre la conciencia cívica una falsa culpa por la existencia misma de la Nación Argentina. Han creado el mito del país genocida, formado por intereses criminales y la sangre de inocentes. Y en esa nueva mitología donde no caben dos demonios el pensamiento plano equipara a Videla con Macri, pero el demonio mismo es Julio Argentino Roca. El Presidente Roca cual exponente de su generación no se limitó a declamar patriotismo, lo puso en práctica y engrandeció a la Nación Argentina. Eso es lo que duele a los que no tienen Patria ni decencia, sólo el odio de una ideología comunista que no da ni para frasco de formol. La degradación institucional, cultural e intelectual de la Argentina ha sido deliberadamente plantificada. No es casual que nuestras Fuerzas Armadas hayan sido llevadas a una situación de incapacidad manifiesta, al punto de no ser consideradas una amenaza para la usurpación inglesa de las Islas Malvinas. ¿Quiénes podrían tener interés en una Argentina indefensa? Haga la lista, pero no se olvide de la izquierda que reivindica la lucha armada y entenderá que es el turno de las Fuerzas de Seguridad. Ningún país alcanza el deterioro que exhibe la Argentina con mayoría de jueces probos y eficientes. Nuestra Justicia dejó de serlo hace muchos años, cuando convalidó la prioridad de una ideología extraña por sobre la Constitución Nacional. La venda de la Justicia deja ver al Estado Argentino detrás de los militares que vencieron al terrorismo castrista, pero no al Estado Cubano detrás de los terroristas del ERP y Montoneros. Desde que unos crímenes se consideran de lesa humanidad y otros no, porque no se quieren juzgar, los jueces que condenan no son más que una banda de prevaricadores. De allí que haya militares presos por testimonios viciados de falsedad, porque “no podían no saber” y otras ignominias judiciales por el estilo. Pisando sobre ese fango, lo que Verbitsky con el CELS, la izquierda toda y los mercaderes de los derechos humanos buscan ahora es ahondar la injusticia encarcelando gendarmes por presunciones similares. No les interesa la verdad sino la oportunidad. El interés en considerar “desaparición forzada” la ausencia de Santiago Maldonado, sin que importen las pruebas, es claramente dejar en profunda debilidad jurídica a las fuerzas de seguridad, para que limitadas en su accionar no puedan garantizar la paz que requiere la administración sensata. Y nadie se engañe, van primero contra el Gobierno y siguen contra la República para desguazar el país e imponer el mismo proyecto totalitario que no pudieron imponer por las armas en los ’70, ni por los votos hace menos de dos años. Restarle importancia a la RAM, suponer que son inofensivos porque se muestran como un puñado de zaparrastrosos, victimizarlos en definitiva, cosa en la que se empeña Verbitsky, es procurar ganar tiempo de inacción estatal para que el problema siga creciendo. Esos zaparrastrosos con referentes inmediatos que no pueden hilvanar dos frases coherentes, sirven a intereses más allá de su entendimiento, pero que Verbitsky entiende perfectamente. Han servido para tener al país en vilo desde que el irresoluto juez federal Guido Otranto perdió tiempo operativo dando la absurda consideración de “territorio sagrado” a un terreno usurpado. Falencias como esas dan muestra de un país con severo daño institucional. Se sabe que lo que no se advierte temprano te despierta tarde y confundido. El terrorismo comienza desde el simbolismo. Niegan la soberanía argentina, queman la bandera, profanan la memoria de los caídos en Malvinas, atemorizan a los lugareños, incendian, usurpan propiedades, atacan vehículos y sirven de excusa a la violencia de otros grupos que quieren poner fin a la democracia. Importa poco si arrojan piedras o empuñan fusiles, simbolizan lo que operadores como Verbitsky necesitan para sacar al país del rumbo que elegimos en las urnas. Horacio Verbitsky chorrea sangre de argentinos en todo sentido y, entienda bien, conviene tenerlo presente.

Sobre los pueblos originarios.

(Por Alberto Benegas Linch (h))- Lo primero es consignar que nadie en ninguna parte es originario excepto del continente africano que es de donde provenimos los humanos tal como, entre muchos otros, lo explica en detalle Spencer Wells en su tratado que lleva el título de The Journey of Man. A Genetic Odyssey. En todo caso se puede decir que unos arribaron antes que otros a distintos lugares pero sostener lo de los “pueblos originarios” fuera de África constituye una impostura. En aquella línea argumental no se comprende como en Estados Unidos a los negros se les dice “afroamericanos” como si fueran un distintivo y como si los distinguiera de los blancos que, como queda dicho, también provienen de África. En este sentido, también el que ahora esto escribe es afroargentino y así sucesivamente con el resto de los habitantes del planeta Tierra. También debe puntualizarse respecto a América que en rigor no cabe denominar a sus primeros habitantes “indios” puesto que esa calificación procede de un error geográfico de los que arribaron a esas tierras provenientes de Europa quienes consideraron que habían llegado a la India. También es menester destacar que en algunos casos quienes se dicen los primeros habitantes no lo son como es el caso de los mapuches en territorio argentino ya que fueron los tehuelches los primeros. En este sentido es de interés puntualizar que contemporáneamente, debido a la influencia marxista, algunos grupos interpretan que los que adhieren a concepciones de esa tradición de pensamiento son de facto pertenecientes a esa agrupación ancestral. Esta conclusión la vinculamos a una entrevista reciente de Jorge Lanata a un miembro de uno de esos grupos en la que queda al descubierto la llamativa contradicción del entrevistado al pretender tierra cuando, al mismo tiempo, su filosofía descree de la institución de la propiedad. Sin duda hubieron explotaciones miserables por parte de muchos de los llamados conquistadores respecto a pueblos que se encontraban en el lugar, de allí es que surgieron los Fray Bartolomé de las Casas en diversas partes que operaban en defensa de los derechos de los locales lo cual incluye a descendientes de los mayas, incas y aztecas (y no digo “derechos humanos” porque constituye una logomaquía ya que no hay derechos de vegetales, minerales o animales, son siempre de los humanos). Pero el problema de la eventual reparación por daños no parece que pueda resolverse de otro modo como no sea a través de las pruebas fehacientes en cuanto a signos válidos o títulos de propiedad para que se diriman los posibles conflictos en los estrados judiciales, tema debatido, entre otros, por Lysander Spooner, Robert LeFebre, Karen Da Costa y Carl Wanter. El asunto es que en gran medida los primeros habitantes no parecían tener el concepto de propiedad privada y más bien de modo implícito usaban y disponían de todo el territorio al que tenían acceso, aunque debe distinguirse el cultivo permanente de la caza nómade. De todos modos por lo que se sabe, la idea de descubrimiento y consecuente posesión no resultaba clara. Si no hay pruebas fehacientes no puede procederse a reivindicaciones que quedan como piezas retóricas. Salvando las distancias, el que estas líneas escribe puede eventualmente intuir que le pertenecen varias propiedades y parte del castillo de los Lynch en la ciudad irlandesa de Galloway (que hoy pertenece a un banco), pero no hay pruebas, lo mismo va para la rama de la familia del autor de la presente nota en Andalucía y luego Castilla, por ejemplo respecto a los honorarios considerados insuficientes por coetáneos cuando una integrante de la familia era dama de compañía de la reina Isabel la Católica (calcúlese a interés compuesto el monto de la deuda desde el siglo xv descontada la inflación). Días pasados en un programa televisivo, el periodista Claudio Savoia manifestó que no le faltaban ganas de explorar si le pertenecían propiedades de la italiana Casa de Saboya, y así con infinidad de casos imposibles de probar y los más de dudosa verosimilitud. El tema de la explotación siguió su curso tal como explica Juan Bautista Alberdi referido a la Argentina en el sentido de que con la llamada independencia la metrópoli dejó de explotar las colonias pero henos aquí que los habitantes se convirtieron en colonos de sus gobiernos “patrios”. Estas explotaciones principalmente fiscales fueron aun mayores que los Virreinatos del Perú, de Nueva España y del Río de la Plata. Esto fue muy distinto en América del Norte donde en lugar de conquistadores españoles y portugueses los colonos se asentaron en esa zona escapados de la intolerancia religiosa y las restricciones a las libertades para instaurar una sociedad abierta. En cambio, la cruz y la espada hicieron estragos en América latina y en Brasil atando política y religión, mientras que en el Norte los Padres Fundadores establecieron “la doctrina de la muralla”, esto es, la separación tajante entre el poder político y las denominaciones religiosas. En el Norte había tribus que través de la historia se han destacado por conductas ejemplares, lo cual, por ejemplo, han descripto maravillosamente autores como Charles A. Eastman en su Indian Boyhood(también autor de The Soul of the Indian) donde muestra tribus estadounidenses que consideraban un crimen el tener esclavos y no podían entender como los tenían los blancos. También, entre otras cosas, algunos renunciaron a toda ayuda gubernamental y a vivir en reservas estatales todo lo cual estimaban “una degradación física y moral”, Eastman subraya el aprecio y especial cuidado en esas tribus por los mayores y las tradiciones de respeto recíproco. Thomas Jefferson en carta a James Madison fechada en Paris el 30 de enero de 1787 escribe que “La gente concluye apresuradamente que debe vivirse bajo un gobierno, lo cual no está fundado en la verdad ni en la experiencia. Las sociedades viven bajo tres formas 1) sin gobierno como entre los indios […] No tengo claro en mi mente si la primera forma no es la mejor”. Es en este sentido de interés explorar la forma de operar de algunas sociedades de “indios”, lo cual es mencionado en la obra de David Lavender Let Me Be Free donde el autor centra su análisis en la tribu Net Perce de Oregon en Estados Unidos, donde sus descripciones de la caballerosidad de estas personas y las traiciones e incumplimiento de la palabra empeñada por parte de los blancos. Algo parecido ocurrió con algunas tribus en América latina descriptas por el antes mencionado Fray Bartolomé de las Casas en cuanto a corrección y costumbres respetuosas de sus integrantes y también en cuanto a sistemas de solidaridad entre ellos para la educación y el cuidado de huérfanos y desvalidos. Los abusos de los conquistadores fueron apoyados y estimulados por no pocos sacerdotes y órdenes religiosas por ello es el pedido de perdón de Juan Pablo II en nombre de la Iglesia. De allí es que surgió el anticlericalismo, es decir, la opinión que los representantes de la Iglesia no debían intervenir en asuntos políticos (movimiento en el que también tuvieron lugar abusos como expropiaciones de propiedades de la Iglesia) ni tampoco en cuanto a políticas educativas más allá de la esfera parroquial ya que en muchos ámbitos latinoamericanos se había enfrascado en enseñanzas nacionalistas en combinación con cierto espíritu militar. Cuando la Iglesia le limitó a la educación parroquial en competencia con otras instituciones laicas y otras denominaciones religiosas los resultados fueron sumamente fértiles, igual que cuando las misiones evangelizadoras fueron voluntarias. En cambio, cuando se pretendió el monopolio del catolicismo o cuando se “evangelizó” con el uso de la fuerza el atropello a los derechos fue inexorable y, por ende, los resultados fueron naturalmente nefastos. Esta intervención de la Iglesia en política fue en gran media el resultado del Real Patronato por medio del cual el Papa otorgaba a los reyes católicos españoles y sucesores facultades propias de la Iglesia (incluso la posibilidad de nombrar obispos). Por supuesto que también había tribus agresivas e irrespetuosas del prójimo sea con sus colegas o con los blancos. En este sentido es del caso hacer alguna referencia a la ilustrativa expedición militar en territorio argentino. Fue principalmente dirigida por el general Julio A. Roca (ministro del presidente Avellaneda) y votada en el Congreso de la Nación en defensa propia contra las invasiones de tribus araucanas provenientes de Chile y con carácter reivindicatorio. Las acciones violentas de diaguitas, abipones y los antes referidos mapuches fueron reiteradas respecto de asentamientos de criollos. Los malones en forma constante atacaban posiciones de los blancos, arrasando con instalaciones, robando caballos, ganado vacuno y fusiles, al tiempo que secuestraban mujeres (a las que se les hacía un tajo en la planta del pie para que no pudieran escapar). Acompañaban a los soldados en esa reconquista en cantidades considerables -en calidad de testigos- sacerdotes de prestigio (como Monseñor Antonio Espinosa), reconocidos periodistas (como Remigo Lupo) y científicos de renombre (como Adolfo Doering y Pablo Lorenz). Colaboró decididamente en la defensa de Buenos Aires Adolfo Alsina con su célebre zanja de 400 kilómetros. El caso latinoamericano de la explotación de la metrópoli comenzó a debilitarse a raíz de las guerras napoleónicas, especialmente debido a la abdicación de Carlos iv en Fernando vii quien fuera reemplazado por José Bonaparte. Esto condujo a las Juntas de Cádiz, al Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal de 1812 (en esa asamblea la palabra liberal dejó de ser un adjetivo –generoso- para convertirse en un sustantivo: como opuesto a servil). Es de gran importancia enfatizar que a las Cortes de Cádiz las Américas españolas tenían derecho a hacerse representar como diputados también por “indios” ya que, por definición, el liberalismo considera a todos los seres humanos como iguales en derechos (el espíritu liberal de los diputados españoles provenía de la segunda tanda de la Escuela de Salamanca). En Portugal el sistema colonial tuvo mayor duración como consecuencia de que la Corte se mudó a Brasil y, como se ha dicho, en Estados Unidos el dominio de Jorge III se interrumpió con la revolución estadounidense que constituyó un ejemplo a seguir para la independencia de los pueblos latinoamericanos, aunque, como se ha expresado más arriba, no con sus correspondientes libertades las cuales se recuperaron en algunos países como la Argentina desde su Constitución liberal de 1853 (que tomó principalmente como base la Constitución estadounidense y la de Cádiz) hasta el golpe del 30 muy acentuado a partir del peronismo y sus imitadores. En todo caso, en esta nota apuntamos a dejar sentado de manera breve el sentido de los denominados pueblos originarios y la importancia de respetar a todas las personas sin importar su origen, sus costumbres y sus religiones ya que desde la perspectiva liberal solo es lícito recurrir al uso de la fuerza allí donde hay lesiones de derechos.

A Maldonado lo mataron los indios.

(Por Antonio Caponnetto)- Eran los tiempos de Don Juan Manuel de Rosas, se conquistaba el Desierto para rescatar cautivos, para pacificar e integrar a los indios al territorio patrio, para tratarlos como paisanos y sellar con ellos pactos de amistad y de concordia, para consolidar las fronteras interiores e incluso para incrementar los conocimientos científicos. Sucedió que el 30 de marzo de 1833, en plena Expedición, el legendario Fraile Aldao avanzó sobre el campamento de Yanquetruz con cuatrocientos soldados, enviando al día siguiente al Coronel Velazco a ocupar el paso e isla de Limay Mahuida. Se logró rescatar a setenta cautivos, hombres y mujeres que vivían esclavizados por los caciques tribales, de costumbres poco compatibles con la mansedumbre. También logró recuperarse un importante patrimonio de ganado vacuno y caballar que nos había sido robado. En mayo el Ejército acampó en una isla en el Paso de la Balsa, desde donde partieron varios destacamentos. Las pequeñas embarcaciones con la que se pasaba uno de los brazos del río estaban custodiadas por una compañía de fusileros cuando en la madrugada del 14 de mayo fue sorprendida por cincuenta ranqueles. Excepto un soldado que escapó a nado, los otros cuarenta fueron pasados a cuchillo, entre ellos el Capitán Mosqueira, el Teniente MALDONADO y el Ayudante Guevara. Sì!! a Maldonado lo mataron los indios. Su muerte heroica, en cumplimiento del deber cristiano y argentino de custodiar la tierra y sus habitantes, ha desaparecido forzosamente. Porque forzosamente, y con una fuerza digna de mejor causa, no se enseña en las escuelas, no se recuerda en el congreso, no se menciona en la justicia, no se tiene de él noticia alguna. Ignoran su paradero a sabiendas. Ocultan su memoria, su vocación, su destino, su drama épico. Total era un milico. Y sus homicidas originarios. ¿Originarios de dónde? Porque en el Origen estamos todos, en tanto “creaturas” de Dios. No somos estratificaciones geológicas. Somos hijos de un Padre común y de una Madre: España. El bautismo nos da el origen, no las invasiones asiáticas a un territorio sin nombre, clausurado y mudo. Maldonado ha muerto y aún se espera un toque de diana a su memoria. El Señor perdone a sus homicidas y premie la gallardía del olvidado Teniente Maldonado con un cielo de escuadrones federales, de tacuaras izadas hasta el tope, de banderas al viento, portando los colores de la Virgen Santísima.

En el 2011 se decìa esto…

En la ciudad de La Plata el Dr Alberto Solanet dictò una clase magistral sobre la Guerra Revolucionaria en la Argentina y la situación de los prisioneros de guerra - Amigos: Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases más humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado […] El impulso y presiones del poder político kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc… De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo que dictó las leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal. Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de mil miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticos entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, ciento cuarenta y cinco muertos en cautiverio. Digo hasta ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos […] La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles. Están presos por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. […] Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo […]. Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta […] Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje publicado en el suplemento “Enfoques” de “La Nación” del 15 de agosto de 2010, al Dr. Strassera: “este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos”. A su vez, el Dr. Ledesma: “Nosotros en 1985 no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes”, y agrega: “yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión” y finaliza afirmando que “creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros más importantes de la civilización”. El Dr. Torlasco por su parte dijo: “Aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución. Se está juzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad”. Finalmente, el Dr. Moreno Ocampo opinó: “Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción”. Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, “los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados”. Desde el poder, con un cinismo insoportable, se exaltan los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, que hoy, para un sector importante de los argentinos, sustituye a la legalidad, y para otros sirve de marco de impunidad para cometer cualquier clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de “lesa humanidad”. Los agresores de la sociedad civil, ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en el Gobierno. A los causahabientes de quienes se alzaron en armas contra el Estado se les pagaron abultadas indemnizaciones. Los “derechos humanos”, han sido utilizados por el kirchnerismo como herramienta política, para conseguir el poder que no tenían, además, como ya dije, y está a la vista, al servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de una acción de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeña punta del iceberg. En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabo por uno de nuestros abogados, el Dr. Oscar Vigliani, se pudo acreditar que sesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos causahabientes cobraron, por ese motivo, más de doscientos mil dólares por cada uno, en realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en los ataques al Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa; los cuarteles de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo. Todo ello con anterioridad al 24 de marzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo que el propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su contra. Como dije, ésta es solo la punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos funcionarios, que le ha costado millones de dólares al Estado, millones de dólares a los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700 millones de dólares, que han ido a parar sin control alguno vaya uno a saber a cuantos obscuros intermediarios y funcionarios que han medrado, nada menos que a través de la muerte de otros, que, si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que estos depredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo, sino que se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz. Puedo adelantarles que el Ministerio de Justicia ha reconocido que efectivamente, los familiares de treinta de los denunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizaciones previstas para los desaparecidos. Como se ve, es la punta del iceberg. Me imagino que los llamados “jóvenes idealistas”, que en ese entonces se alzaron en armas contra el Estado argentino, poniendo en juego sus vidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este descomunal negociado. Resulta que ahora los derechos humanos son fuente de negocios. Derechos Humanos S.A., como los llamamos […] Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedad guarda silencio, en general por ignorancia y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio sí es doloso. Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales, leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismo alto Tribunal. Luego, la Corte Suprema a través de distintos fallos, dócil a las órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional. La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos? Señores, nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado Proceso. Sin embargo somos concientes que en los años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entre terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados. Somos consientes de que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente conscientes de que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y venganza, que, además demolió las Fuerzas Armadas y de Seguridad, dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo. Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe. Hoy podemos afirmar, con inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difuso denominado “política de derechos humanos”. En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado de varios ministros y políticos, absolvió posiciones ante las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y frente al prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él. En esa oportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de la República, declaró que “no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos”, y agregó que el avance de estas causas no sólo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del poder judicial. Continuó manifestando que “el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado”, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión interpoderes para llevar adelante esa “política de Derechos Humanos” como una política de Estado. Para colmo, acaba de editar un libro: “Derechos humanos: justicia y reparación”, en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y será presentado, con bombos y platillos el 27 de este mes en la Facultad de Derecho del UBA. El marco, será el de siempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentes políticos se sumaran a la demostración. En un anticipo publicado en la revista “Noticias”, el Dr. Lorenzetti manifestó que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie puede ya impedir”. Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Se acabó la República por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que se ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa “política de derechos humanos” y, al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los argentinos. El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo. Creo que hay mérito suficiente para pedirle el juicio político […] Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex-presidente de la Asociación de Magistrados, “el desapego a la ley en defensa de intereses facciosos, ha tocado fondo en la argentina” […] La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma de nuestros ciudadanos desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa, salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos, nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechos apuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y los valores. No se sabe de que moral y que valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimonio homosexual, o le hicieron “una verónica” como expresó con un cinismo insoportable una de las candidatas a la presidencia […] Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitada gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y especialmente a la institución de la familia, con leyes como la del matrimonio homosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y el aborto, estas últimas a las puertas de ser sancionadas. Ello se suma a la destrucción de las Fuerzas Armadas, a la persecución que padece la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa. La cizaña ha crecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos, todavía queda trigo bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega. Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como, desde la Presidencia de la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a Jueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de “lesa humanidad”. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites. La paz social, la verdadera paz, definida por San Agustín como “la tranquilidad en el orden” es una condición indispensable para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro. La confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todos los argentinos. Por ello, se hace necesaria la pacificación y reconciliación. Que Dios nos ayude!.

Mapuches – un chiste electoral

(Por Josè Benegas)- En la alocada conversación entre Jorge Lanata y un supuesto cacique machupe -Facundo Jones Huala- se perdieron varios detalles, porque en la Argentina las noticias son espectáculo y el espectáculo requiere un avance de la línea dramática, sin distracciones. En este caso, el cuento de que enfrentamos una lucha armada de reconquista por parte de los mapuches, perdidos en la historia, pero no en la historieta. Los detalles son los siguientes: 1) El personaje llamado Jones Wallace (nombre arquetípico de las tribus escocesas) aclaró que no está reclamando territorio alguno, sino que quiere tierras para cultivo, pero solamente las de los “ricos”. 2) Su programa marxista no tiene nada que ver con pueblos primitivos autóctonos. 3) Su programa nacionalista –la expulsión del señor Benetton− tampoco tiene que ver con la historia de esos pueblos autóctonos. 4) El grupo político mayor que dice representar a pueblos primitivos, recibe dinero del Banco Mundial. A esto último sumemos la reforma constitucional del 94 y la legislación consecuente, así podremos comprender que es todo un invento “occidental”, jugando con la historia para seguir configurando un estado asistencialista y victimizante, a costa de los derechos de todos. A este cacique tan básico le preocupan nada más que las tierras que pertenecen a los “capitalistas”, los “latifundios” y la presencia de empresas petroleras. La mejor pregunta de Lanata quedó como perdida, fue cuando el personaje hablaba de obtener energía de los cocos. Sí, de los cocos en la Patagonia. Ahí Lanata le preguntó con qué capital producirían, dado que esa es una restricción común para mapuches, escoceses parientes del entrevistado, japoneses y jíbaros por igual. El capital se forma cuando se respeta la propiedad, siendo la principal preocupación de este grupo, abolirla. Quién haya inventado sacar este tema en este momento ha obtenido un éxito rotundo, porque dadas las ideas políticas que prevalecen y el lugar que la victimización marxista y nacionalista tiene en todos los debates, nadie parece tener los elementos para ponerse frente a gente que ataca a “los ricos”, invoca haber sido oprimida, se llama a sí misma “comunidad” y se disfraza convenientemente cuando es necesario. Les mencionan al señor Benetton, que es “extranjero” y “exitoso” y eso equivale al mal en estado puro para todos los que consumen medios de comunicación, a pesar de que el mencionado señor ingresó sus millones para que le dieran esos campos y no se los robó a nadie. En esa sopa surge una “identidad” que genera derechos. Algo que, si les interesara, encontrarían resuelto por la tradición constitucional del país, sobre todo en la Asamblea del año XIII al abolir los fueros personales y la Constitución de 1853, que consagra derechos individuales, no solo para los nacidos en el país, sino para cualquier persona del mundo que quiera habitar el suelo argentino, inclusive mapuches por supuesto. En ese contexto, cualquiera puede formar una “comunidad”, adquiriendo tierras de modo pacífico, para instalar incluso un parque de diversiones identificándose con lo que tengan ganas. Tampoco interesa, como muchos argumentos, si los mapuches eran “chilenos”, lo que parece ser un anacronismo parecido al que estos grupos quieren usar en su favor. Los chilenos también gozan de derechos de propiedad, si la adquieren de la misma manera que todos los demás. El cuento es que esta gente tiene derechos “ancestrales”. Aquí es donde el marxismo ingresa falsificándolo todo con fines de agitación. Los ancestros no transmiten derechos históricamente, sino a través de procesos sucesorios. Todos recibimos de nuestros antepasados los bienes que tenían al momento de su fallecimiento. De manera que los miembros de cualquier club como éste también pueden acudir a los tribunales, demostrando la correcta concatenación de títulos, igual que cualquier hijo de vecino, para ingresar determinados derechos a su patrimonio. Estos movimientos políticos en cambio quieren llevar su argumentación a una posición irrefutable, por eso discuten que el razonamiento que acabo de hacer es “occidental” (tanto como el marxismo, por supuesto), cuando ellos pretenden un reconocimiento que también es occidental ¿Cuál es la alternativa a un reconocimiento “occidental” de derechos pacíficamente adquiridos a través de una sucesión de títulos? Pues la guerra, algo que han perdido. No ellos, unos antepasados que nadie comprueba que sean reales. Aquellos verdaderos protagonistas de la historia no están acá para reclamar nada. No hay siquiera un esfuerzo para demostrar cuál era el modo “mapuche” de adquirir tierras, por eso recurren al subterfugio de “indigenizar” al marxismo, mediante la abolición de la propiedad privada. Si las tierras no les pertenecen en forma privada, querría decir que les pertenecerían de forma pública, lo que los llevaría a reemplazar al Estado, es decir ejercer una “soberanía”. Lo que estarían reclamando no es “tierra” sino soberanía, derecho a gobernar. Para eso tendrían que someter a la población actual y constituirse en un linaje, como bien le indicó Lanata. La soberanía no es derecho de propiedad, es un completo facto político que se dirime mediante ejércitos, pero aun venciendo, nada les daría derecho a violar los derechos sí adquiridos pacíficamente por sus actuales titulares, aunque les suene a ellos muy occidental. En primer lugar, estos grupos deberían explicitar cuál es el modo pacífico de transmitir bienes según su “nación”. Si el único medio es la violencia, ya han perdido y si lo vuelven a intentar se les debe responder. El estado argentino tampoco tiene derecho a expropiar tierras a su dueño para dárselas a los supuestos “pueblos originarios”, en tanto el derecho de propiedad antecede al Estado, que se limita a reconocerlo, y el mecanismo de expropiación está limitado a causas de “utilidad pública”. La conveniencia de un grupo racial no entra en ese concepto. ¿Qué derecho tiene alguien por tener antepasados mapuches? Ninguno!! Pueden adquirir y perder tierras individualmente o como grupo, de la misma forma que todos, pagando por ellas. Como entidad política los mapuches no existen más. La genética no da derechos, la transmisión de títulos sí, pero hasta eso tiene un límite que es el de la prescripción adquisitiva o usucapión. Si a mi bisabuelo le hubieran usurpado unas tierras veinte años atrás y yo no hubiera hecho ningún reclamo, perdería todo derecho ¿Qué es lo que hace que unas personas que dicen descender de habitantes del territorio que fueron despojados siglos atrás, cuyo parentesco ni siquiera demuestran a través de los respectivas actas de nacimiento y demás, invocando nada más que un color de piel, tengan mejor derecho que yo por hechos acontecidos veinte años atrás, con todos los documentos a mi favor? Pues la capacidad manipulatoria de la política y los incentivos que da el estado izquierdista que tiene como clientes a todas las víctimas, reales o ficticias, que le sirvan para expandirse. Distinto es el caso de grupos que han mantenido de un modo continuo una identificación con aquella historia y que aún habitan determinadas zonas. Parece un buen gesto que el estado les reconozca su situación y básicamente que no los moleste, dado que no están en conflicto con derechos ajenos, pero estos mapuches marxistas que reclaman propiedades, no tienen derecho alguno como tales y menos con ese marco conceptual. El marxismo no provee derechos de propiedad, sino que los conculca(*). (*) significado: Infringir u obrar en contra de una ley, una obligación o un principio