Gómez Centurión sólo dijo la verdad!

Las organizaciones que se arrogan la exclusividad de velar por los derechos humanos han tenido la sórdida habilidad de imponer no una discutible visión de la historia sino un dogma de Fe, el cual nadie puede cuestionar y todo aquel que lo contradiga cae preso de un linchamiento mediático, judicial o político. Una vez más retomamos a la polémica sobre “los 30 mil desaparecidos”, y el protagonista de la misma fue el director de la Aduana Juan José Gómez Centurión, cuyas recientes declaraciones relativas al último gobierno militar que más enfadaron a los grupos que detentan el monopolio del bien fueron tres afirmaciones siguientes: 1) “No fueron 30 mil los desaparecidos”. 2) “No hubo un genocidio”. 3) “Lo ocurrido en los años 70 fue una guerra”. Desconocemos el motivo de tanta ira por parte de sus detractores y lamentamos la pusilanimidad del gobierno actual, quien obligó a Gómez Centurión a pedir disculpas por el sólo hecho de opinar ajustándose a la verdad. Vamos por partes: 1) Del último listado gubernamental y oficial de desaparecidos actualizado por la Secretaría de Derechos Humanos en marzo del 2006 (presidencia de Néstor Kirchner) se confirmó que la cifra real de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fue la siguiente: 6.809 (datos luego detallados en la edición del libro Nunca Más publicada ese mismo año por Eudeba); 2) La Convención de Ginebra suscripta el 9 de diciembre de 1.948 tipifica el término “genocidio” en su Art.2° y allí se define que es: “la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, en consonancia, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1.998 define el “genocidio” en su Art.6º y allí se nos dice lo siguiente: “se entenderá por ´genocidio´ cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Las circunstancias definidas, obviamente no se dieron durante el conflicto militar contra el terrorismo en nuestro país, puesto que desde ninguna óptica se intentó efectuar ninguna destrucción a grupos étnicos, raciales, ni religiosos, sino a bandas terroristas (fundamentalmente a Montoneros y al ERP –Ejército Revolucionario del Pueblo) que operaban en el país desde mucho antes de la existencia del último gobierno militar, en el afán de asaltar el poder del Estado. En efecto, durante el trágico desencuentro de los años 70 las Fuerzas Armadas combatieron a los integrantes de dichas organizaciones no por lo que eran, sino por lo que hacían. Que esa guerra iniciada mucho antes del 24 de marzo de 1976 haya contado con irregularidades muy graves por parte de las Fuerzas Armadas no desnaturaliza en absoluto el carácter contrainsurgente de la misma y la condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente. Podría argumentarse que muchos de los desaparecidos no eran guerrilleros sino simples ciudadanos pacíficos que portaban ideas solidarias, pero los hechos históricos parecieran desmentir esta romántica versión del pasado: basta con saber que Montoneros tuvo al menos 5500 bajas y el ERP 1500, a las que cabe sumar las padecidas por bandas terroristas de menor envergadura como FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), FAR (Fuerzas Armadas revolucionarias) u OCPO (Organización Comunista Poder Obrero). Va de suyo que no descartamos la existencia de muertos inocentes y ajenos a estas organizaciones en tan trágico período, pero lo que sí resulta evidente es que estas desdichadas situaciones constituyeron la excepción y no la norma, excepciones que por otra parte se registran toda vez que se produce una guerra civil de carácter irregular. Y aquí viene la tercera afirmación de Gómez Centurión que enardeció a los mismos sectores que en esta materia detentan el acaparamiento de la ética pero que semanas atrás despidieron al dictador crónico Fidel Castro como si éste hubiese sido un baluarte de la paz y los derechos humanos: ¿lo vivido en los años setenta fue una guerra? 3) “Coincido con Videla, fue una guerra” declaró el máximo jerarca Montonero Mario Firmenich en reportaje concedido a Javier Vigo Leguizamón, afirmación que no sólo se haya fundada por el sinfín de hechos objetivos que registra nuestra historia reciente, sino en lo establecido por la sentencia de la Cámara Federal que en 1.985 juzgó a la Junta Militar en la famosa Causa 13. El fallo, entre otras cosas, determinó: “En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”. Que lo dicho por Gómez Centurión se ajuste a sobrados argumentos históricos, jurídicos o políticos no implica necesariamente que el dicente y funcionario de la Aduana sea portador de la verdad revelada, pero sí implica que no dijo nada irresponsable, sus afirmaciones se hallan respaldadas por documentos oficiales y de fácil acceso, y que por otra parte, es hora de que terminemos con la hipocresía de vivir bajo el yugo de una falsa libertad de expresión, en la cual toda opinión que se insubordine al arbitrario catecismo progresista deba ser sancionado, aunque lo dicho sea comprobadamente cierto, como en el caso que nos ocupa. Nicolás Márquez

Lopérfido: el precio de decir la verdad!

Darío Lopérfido, hombre de la noche, la procacidad y el rock and roll, poco o nada tiene que ver ideológicamente con el que suscribe. Fue Secretario de Cultura del gobierno radical de Fernando de la Rúa (sin siquiera haber terminado el polimodal) y ahora, no sabemos bien tampoco por qué mérito ni con qué pergamino, fue nombrado por el nuevo gobierno como Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ejerció durante este año y hasta su reciente renuncia. Aclarada la desconfianza que nos despierta el personaje, ahora no tenemos menos que solidarizarnos profusamente con él, no sólo tuvo la valentía de decir la verdad (hábito infrecuente en una clase dirigente signada por la cobardía y el correctivismo político) sino que por no mentir, fue obligado por el endemoniado lobbie progresista (tanto el que opera desde la oposición como desde el seno mismo del oficialismo) a renunciar al cargo con que el poco confiable Rodríguez Larreta lo había designado. ¿Pero qué cuernos dijo Lopérfido como para merecer tamaña presión “destituyente”?. Pues sólo dijo algo oficialmente documentado del derecho y del revés: que los terroristas desaparecidos durante el último gobierno “de facto” no fueron 30 mil y que esa cifra confirmadamente mentirosa “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”. Los números le dan la razón a Lopérfido: los primeros datos oficiales que produjo el Estado Argentino fueron los resultados de la CONADEP alfonsinista, la cual en libro Nunca Más publicado en los años 80´ contabilizó 8.961 desaparecidos, cifra artificialmente inflada que luego hubo que morigerar, en efecto, andando los años y ante los evidentes errores obrantes en el listado primigenio, durante la el régimen kirchnerista la nómina fue “revisada” y “depurada” por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la sazón manejada por Eduardo Luís Duhalde y Rodolfo Mattarollo, ambos ex integrantes en los años 70´ de la organización infanticida ERP (Ejército revolucionario del Pueblo) y miembros a fines de los 80´ del Movimiento Todos por la Patria, banda de asesinos liderada por el homicida Enrique Gorriarán Merlo que atentara contra el cuartel de La Tablada en 1989. Prontuarios al margen, lo cierto es que el nuevo listado que se pulió en el año 2006 contabilizó un total de 7.158 desaparecidos (los correspondientes al gobierno militar son 6.447 y el resto pertenece al período anterior gobernado por el Partido Justicialista). Empero, numerosas irregularidades continuaban abultando los guarismos; a modo de ejemplo, hay 873 casos en los que tan sólo figura un nombre, sin indicar siquiera el correspondiente número de documento de identidad y muchas decenas más se corresponden con guerrilleros no desaparecidos sino muertos en combate o asesinados por las propias organizaciones terroristas mediante “juicios revolucionarios”: la casuística de errores voluntarios e involuntarios es tan extensa que no podemos detallarla aquí, pero que tanto en el libro La Mentira Oficial como en otras publicaciones posteriores se supieron desenmascarar categóricamente. Vale consignar que no sólo la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación han ejecutado informes al efecto, sino que otras entidades (todas de extrema izquierda y por ende insospechadas de simpatizar con los militares) también efectuaron sus propios listados y de los mismos nos encontramos con un denominador común: ninguno de los listados publicados se acerca siquiera al 30% del fetiche numérico de los 30.000. En los años `80 la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía datos sobre 6000 desaparecidos. Amnistía Internacional por su parte sostenía que la cantidad no superaba los 4000. La OEA no reconocía más que 5000 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó recoger la cifra de 5.580. A estos datos deberíamos adicionar los revelados recientemente por la ex miembro de la CONADEP y madre de un terrorista desaparecido Graciela Fernández Meijide, quien tras confirmar que los desaparecidos fueron la quinta parte de lo que dice la propaganda hegemónica esta se preguntó: “¿Con qué derecho [se habla de 30.000 desaparecidos] ¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política. Debe decir la verdad”. Una fuente no menor para continuar probando la falsedad del mito de los 30.000 la constituye el REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley 24.411). Allí se manejó no sólo el listado de desaparecidos sino además la nómina de los terroristas abatidos en combate por las fuerzas legales, cuyos familiares de los delincuentes accedieron a la desvergonzada indemnización estatal: hasta abril de 2010, el premio de marras fue otorgado a los herederos de 7.500 desaparecidos y guerrilleros muertos en combate. Empero, la cifra de 7.500 tampoco sería del todo acertada, ya que engloba tanto a desaparecidos como a muertos en combate, que claramente no son lo mismo. ¿Una discusión necesaria o improductiva? La discusión sobre si los desaparecidos fueron 30 mil o 6000 lejos de ser una polémica estéril nos parece esencial: afirmar la cifra primero supone que los militares salieron a “matar a cualquiera”. En cambio sostener lo segundo (que se acerca a la cifra verdadera) nos confirmaría que, salvo excepciones muy aisladas, durante la guerra antisubversiva los militares sólo se limitaron a matar a los integrantes de las estructuras terroristas, algo que además fue no pocas veces confesado por los propios integrantes de las organizaciones terroristas y sus aliados colaterales: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros . Yo sé como vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte” confirmó ante el periodista español Jesús Quinteros Mario Firmennich, cabeza de Montoneros (reportaje publicado el 17 de marzo de 1.991 en el diario Página/12). En cuanto al margen de error que eventualmente pudo haber existido (propio e inherente a toda guerra), advertimos que si bien es imposible suponer que en diez años de guerra civil no haya existido tal cosa, queda claro que los mismos fueron sumamente exiguos, meramente aislados y muy inferiores a los guarismos normalmente existentes en guerras tanto civiles como tradicionales. ¿Qué el método empleado fue “cruel”?. Esa es una discusión aparte, en la cual los buenistas van a decir que se debió proceder de otro modo y en cambio los realistas, dirán que no había otras alternativas al respecto. Pero polémicas colaterales al margen, lo objetivamente cierto es que Darío Lopérfido sólo dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y justamente por aferrarse a ella fue amonestado de un cargo que, haya sido ejercido con idoneidad o no, fue expulsado por no sumarse a la mentira impuesta por el establishment derechohumanista ¿No es hora de que el nuevo gobierno deje de temerle al catecismo fabricado por los amigos de los guerrilleros y empiece a defender a sus funcionarios toda vez que éstos osen contradecir la farsa historietística del pasado?. ¿No se había prometido acabar con el “curro de los derechos humanos”?. Interesa la pregunta por qué el mentado “curro” no sólo consiste en robar (tal como Hebe de Bonafano nos puede dar testimonio) sino también en mentir, y no sumarse a la mentira no puede ser motivo alguno para expulsar a un funcionario de su cargo sino todo lo contrario: habría que expulsar a todo aquel que mienta, o sea que en el tema que nos ocupa habría que destituir a todo aquel que afirme que hubo 30 mil desaparecidos. Finalmente, incurriríamos en un acto de injusticia si más allá de las diferencias aclaradas “ut supra” respecto de Lopérfido, no culmináramos estas líneas manifestando no sólo nuestra solidaridad para con él (dada la injusta situación que acaba de padecer), sino nuestro reconocimiento por no haberse sometido a la comodidad de repetir acríticamente el relato de la corporación de progresistas mentirosos que no sólo nos quiere imponer un pasado ficcionario sino que encima pretende condicionar el presente. Nicolás Márquez

¿En los 70 hubo una guerra?

Vuelve el debate sobre los 70, en realidad, nunca se fue: sencillamente, el cambio de gobierno ahora anima a nuevas voces a discrepar respecto de la “historia oficial” que construyó el kirchnerismo como parte de su relato político. Algunos son —o fueron— miembros del partido gobernante, Lopérfido primero, Gómez Centurión después. Muy bien no les fue: cuestionar dogmas jamás ha sido cosa simple. Y mucho menos si el cuestionamiento proviene de hombres del Estado: he aquí la novedad del caso. Al margen del trasfondo político y la suerte de los detractores del historietismo setentista, la sociedad parece estar interesada en rediscutir algunas cuestiones sobre los años 70 que empiezan a plasmarse con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, una de ellas es: ¿vivimos los argentinos una guerra en la década del 70? Se discutió tal tópico precisamente en la pantalla del programa Intratables, el Dr. Ricardo Gil Lavedra contestaba la pregunta con una determinante negativa, alegando que “no hubo guerra porque no se cumplieron las normas de la guerra”. Llama la atención la debilidad del argumento: de estar la guerra definida por la contemplación del derecho previsto para los conflictos armados, entonces no podríamos calificar como “guerra” ningún episodio de la historia humana. ¿En qué guerra se han respetado a rajatabla tales normativas? Pero llama también la atención el cinismo del caso, en la medida en que Gil Lavedra integró el tribunal del histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, en cuya sentencia se concluyó que en la Argentina de los ’70 “el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria (…) no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra” y que “debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”. Negarse a enmarcar el drama de los ’70 como una guerra tiene un propósito político evidente: ocultar responsabilidades históricas, en efecto, asumir la existencia de una guerra implica reparar en múltiples partes y, por lo tanto, en diversas responsabilidades. Nos obliga a preguntarnos también por los otros muertos y, naturalmente, por sus victimarios, esto colisiona con el hegemónico relato de “jóvenes idealistas” vs “genocidas”, que bien podríamos llamar “teoría del demonio único”: más reduccionista que su dual predecesora. La historia no se juzga con los parámetros del presente, y, es por ello que interesa determinar cómo vivió la sociedad de ese momento lo que estaba ocurriendo, nos concentremos en cuatro partes: la sociedad política, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y las organizaciones terroristas. Respecto de los primeros, en 1964 aparece por primera vez en el gobierno una referencia a la guerra: “Hay una guerra revolucionaria declarada” decía el canciller Zavala Ortiz. En 1973, el diputado Antonio Trócoli se refería al asesinato de Rucci como “parte de una guerra sorda, de una guerra subterránea”. El 26 de septiembre de 1974, el senador Leopoldo Bravo solicitaba desde su bancada “detener esto que constituye ya realmente una guerra civil”. El senador Culasso Mattei respaldaba: “la Argentina no soporta más esta guerra no declarada”. La visión del propio Perón había sido idéntica, cuando tiempo antes, desde Madrid, les escribiera a Montoneros que “han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito”. Los medios de comunicación lo interpretaban de idéntica manera, nada menos que el Buenos Aires Herald, el 12 de febrero de 1975, tras iniciarse el Operativo Independencia en Tucumán, informaba: “Este nuevo giro contra la guerrilla tiene apariencia inicial de una guerra abierta, algo que si dura llegar como un alivio”. Ese mismo año, la revista Cuestionario —dirigida a la sazón por Rodolfo Terragno— titulaba su tapa de diciembre “La guerra en el país”, mientras que el número del 25 de julio de ese año de la revista Gente publicaba un extenso editorial titulado “Para ganar esta guerra”. En el número del 16 de octubre se decía “Ahora todos saben que están metidos en esta guerra”. Tras el atentado montonero contra un regimiento formoseño el 5 de octubre de 1975, el diario La Opinión de Jacobo Timerman (padre del ex canciller K) lanzaba una editorial que concluía: “Si algo faltaba para corroborarlo, el ataque de Formosa lo ha demostrado: el país está en guerra; todo el país, a lo largo y a lo ancho de su territorio”. Vamos más adelante: Clarín del 16 de agosto de 1979 opinaba “que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social, son hechos unánimemente reconocidos”, mientras La Nación del 19 de septiembre de 1979 decía “la Argentina está en orden. Pero ese orden se ha pagado el alto, altísimo precio de una guerra”. Respecto de las Fuerzas Armadas, sus miembros reconocieron plenamente el estado de guerra fundamentalmente a través de los decretos de aniquilamiento, el primero de ellos firmado el 5 de febrero de 1975 por el gobierno constitucional de Isabel Perón: Decreto Secreto 261, ordenaba a las Fuerzas Armadas “aniquilar” a las organizaciones terroristas que actuaban en Tucumán. El segundo, del 8 de octubre del mismo año, Decreto 2.772, ordenaba el “aniquilamiento en todo el país”, es lógico que tales órdenes hayan sido interpretadas por los militares argentinos como virtuales declaraciones de guerra: aniquilar, después de todo, es sencillamente “reducir a la nada”, y adquiere un sentido bien concreto cuando se aplica como comando a las Fuerzas Armadas. Finalmente, para las organizaciones terroristas como Montoneros y ERP tampoco cabía duda que lo que estaban llevando adelante era una verdadera guerra, en el V Congreso del PRT-ERP por ejemplo, en 1970, se concluía que “en el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro partido ha comenzado a combatir con el objeto de desorganizar a las Fuerzas Armadas del régimen”. En el número de abril de 1971 de la revista Estrella Roja, del ERP, se leía: “El Ejército Revolucionario del Pueblo está combatiendo en forma organizada, asumiendo la responsabilidad militar en el proceso de guerra revolucionaria que ha comenzado a vivir nuestro pueblo”. En febrero de 1975, desde la revista El Combatiente, de la misma organización, el líder “erpiano” Santucho llamaba a la “generalización de una guerra civil (…) extendiendo la guerra a todo el país”. Montoneros, por su parte, en carta a Perón tras el asesinato de Aramburu, anotaban: “El único camino posible para que el pueblo tome el poder para instaurar el socialismo nacional es la guerra revolucionaria total”. Desde su revista Militancia, en el primer número de 1973, afirmaban: “Nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral”. En su otra revista, Evita Montonera, número correspondiente a septiembre de 1975, decían: “Esta guerra, como toda guerra, se rige por un principio básico y elemental: proteger las propias fuerzas y eliminar las del enemigo”. Los reportajes de la revista española Cambio 16 al Jefe del Ejército Montonero, Horacio Mendizabal, son llamativos: en 1977 esgrimía que “se realizaron más de 600 operaciones militares”; a mediados de 1978 declaraba que “la Junta Militar no ha ganado la guerra. Ha comenzado a perderla”, contaba que su “ejército” contaba por entonces con “4.000 granadas de mano, 1.500 granadas de fusil, elaboró 1.500 kilogramos de explosivos de potencia media y 850 de plástico C-2 de gran potencia. Además inventó un modelo de fusil lanzagranadas del que fabricó 250 ejemplares y posee, asimismo, un considerable arsenal de armas ligeras”. Finalmente concluía que “en sus próximas etapas de lucha y ya ahora, nuestro Ejército tiende a ir abandonando el uso de explosivos y a extender un tipo de guerra de infantería con armas ligeras, fusiles lanzagranadas y bazookas”. Estaba alardeando, en concreto, de los atentados con bazookas RPG-7 contra la Casa Rosada que hacía pocos días se habían perpetrado. ¿Hubo entonces una guerra en los años 70? Sus protagonistas, mientras los hechos transcurrían, así lo vivieron y así lo informaron. Los hechos, por su parte, lo confirmaron: se trató de una “guerra asimétrica” o “irregular”, caracterizada precisamente por la existencia de una parte débil que busca compensar su debilidad con arreglo a la irregularidad militar: terrorismo urbano y guerra de guerrillas, fundamentalmente. Y aceptar la realidad de la guerra, como dijimos, implica dejar atrás el relato de los “jóvenes idealistas” que el kirchnerismo impuso para ocultar la verdad sobre el terrorismo subversivo en la Argentina. Agustín Laje.

Mensaje de la Mesa de Convergencia Republicana

Buenos Aires 7 de Octubre de 2016. Señor Presidente de la República Argentina Ingeniero Mauricio Macri. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos Doctor Germán Garavano. Camaradas, amigos: Hace 10 meses asumieron las autoridades de un nuevo gobierno y tuvimos esperanzas de que una justicia sin presiones ni cargas ideológicas atendiera los abusos cometidos contra los militares, policías, miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, acusados por supuestos delitos de lesa humanidad. Que se respetaran sus derechos humanos y procesales. Que cesaran las prisiones preventivas sin límites. Que se concediera la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años y a los aquejados por graves enfermedades. Que terminara el ensañamiento con los jóvenes oficiales y suboficiales que carecían de poder de decisión en las fechas en que se los acusa. Que no se hiciera lugar al absurdo de juzgar a militares que combatieron durante gobiernos constitucionales y por orden de gobiernos constitucionales. Que se revisaran las indemnizaciones a parientes de terroristas que nunca desparecieron o que murieron atacando dependencias militares o que fueron asesinados por sus propios cómplices. Que cesaran los juicios discriminatorios e ilegales promovidos contra todos los que de algún modo se opusieron a la agresión de las bandas de terroristas subversivos de entonces. Que se buscara, en fin, cerrar heridas que se profundizan hasta que el concepto de venganza termina oscureciendo a la noción de justicia. Hoy contemplamos con frustración que nuestras esperanzas fueron vanas. La política de persecución sigue inalterable. Desde la asunción del nuevo gobierno hemos sumado ya 41 muertos, algunos de ellos cuando fueron llevados a juicio en condiciones infrahumanas ante tribunales que tuvieron que ser recusados por su evidente parcialidad. El Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se ha permitido reiterar que el falso número de 30.000 desaparecidos es simbólico y emblemático. Ha pedido la revocatoria de una prisión domiciliaria a un detenido de 86 años, gravemente enfermo y se ha jactado de ser querellante en más de 200 causas en las que su Secretaría debería ser la custodia de los derechos humanos de los detenidos y no un organismo punitorio, entre otros muchos actos y expresiones demostrativos de una evidente parcialidad. La Secretaría de Derechos Humanos debería estar ocupada en defender los derechos humanos actuales de todos los argentinos, especialmente de aquellos que son privados todos los días de su salud o de su vida por obra del delito, de la pobreza, la violencia y la droga. Ello, en lugar de continuar invirtiendo recursos en escandalosos procesos por hechos ocurridos hace 40 años, mientras ejerce sus funciones rodeada de organizaciones ideologizadas que actúan como agentes de la discriminación y el odio, y que son financiadas por el esfuerzo de todo nuestro pueblo. Confiamos cuando el candidato Mauricio Macri dijo que iba a terminar con “el curro de los derechos humanos”. Lo apoyamos con nuestro voto. Nos dolería pensar que nos equivocamos. Reclamamos como valor mínimo la renuncia del actual Secretario de Derechos Humanos y su reemplazo por un jurista imparcial, que se preocupe por los derechos humanos de todos los argentinos y sectores, y que no sea uno más de los perseguidores cargados de odio y parcialidad. Un hombre que sea capaz de mostrar con transparencia lo que ha cedido y concedido su Secretaria en término de indemnizaciones y que deje de ser un apologista de las bandas subversivas que asolaron el país. Señor Presidente, señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el “curro de los derechos humanos” sigue y ahora es vuestro gobierno el que lo lleva adelante. Es tiempo de cambiar de verdad. Si ustedes se equivocan a la hora de gobernar con justicia, nosotros no nos volveremos a equivocar a la hora de votar.

HASTA CUANDO!!!

UNA CARTA QUE REFUERZA LAS CADENAS DE LOS SECUESTRADOS QUE DICE DEFENDER "Camino de concordia", por Luz García Hamilton en "La Nación" seguida de una carta abierta mía a la autora. Vergüenza, rabia, impotencia, es lo que siento frente a la noticia de que, con diferencia de cinco horas, han muerto en Santiago del Estero dos imputados en la Megacausa III, causa suspendida el viernes último, debido a las múltiples denuncias y quejas de defensores que son de público conocimiento, ya que el tribunal estaba integrado por dos ex miembros del ERP y un juez que fue querellante en causas de la APDH. Antes del inicio del juicio y desde que comenzó, esto fue advertido por los medios de prensa de todo el país, a los cuales, parece, se hicieron oídos sordos y lecturas ciegas. El coronel Cayetano Fiorini, con 87 años, estaba ciego, con graves problemas renales y cardíacos y su informe médico era lapidario. Su abogado, Facundo Maggio, advirtió una y otra vez públicamente "que su defendido se moría, rogando sea separado del juicio". El ex juez federal Arturo Horacio Liendo Roca, de 80 años, estaba con muy serios problemas de corazón y en ambos casos los médicos dijeron que no soportarían las presiones de un juicio, ni siquiera asistiendo por videoconferencia. No hubo piedad ni derechos humanos para ellos. En el país del cambio, ésta sigue siendo una deuda pendiente y alguien tendrá que hacerse cargo de los ancianos que están muriendo presos (en los últimos diez días han fallecido diez presos políticos, según informa UP), y de las más de 2000 familias que hoy todavía tienen a sus padres, maridos, abuelos, privados de su libertad por haber defendido a la patria. Esto genera que miles de nietos no conozcan a sus abuelos y que mujeres valientes cumplan roles de papá, abuelos, etc. Y que se siga dividiendo a los argentinos. Al presidente Macri, al Poder Judicial, a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a la prensa, a los ciudadanos todos, nos cabe la enorme responsabilidad de encontrar el camino de la concordia y la paz porque nuestros hijos y nietos así lo merecen. No podemos permitir más atropellos a la dignidad humana, como estos dos fallecimientos en Santiago del Estero, que nos deben llenar de vergüenza. El año de la Misericordia está por terminar... demos el gran paso. Argentinos, unámonos para hacer de ésta la gran nación que supo ser. Luz García Hamilton Cartas de los lectores. 30/9/2016 …………...... CARTA ABIERTA A LUZ GARCÍA HAMILTON (30/9/2016) Querida Luz: Te felicito por lo que dice tu carta de lectores de hoy en “La Nación”. La publico en “La botella al mar” para conocimiento de los lectores que no la hayan visto en el diario. Pero no te felicito porque lo que NO DICES. Y no ha sido por omisión involuntaria porque ya te he escrito sobre esa omisión reiterada, que es misteriosamente unánime por parte de todos los que defienden a los secuestrados políticos. Esa omisión se tornó patente por el silencio que todos Uds. guardaron cuando yo propuse en varios artículos de “La botella al mar”, empezando por los nros 1370/1373, de Enero y Febrero de este año, que Macri cumpliera su promesa de “acabar con el *curro* de los derechos humanos” decretando el indulto de todos los secuestrados políticos. No porque sean judiciables por algún delito, sino porque son víctimas de sentencias y resoluciones inicuas, en violación de la Constitución, los Tratados de los que el país es parte, elevados ahora a rango constitucional, de la ley penal y de las leyes procesales y los jueces prevaricadores que son culpables de esas atrocidades siguen en sus cargos, sin que Macri haya siquiera amagado removerlos. Macri tiene la facultad que le otorga el art. 99 inciso 5to. de la Constitución (versión 1994) de decretar ese indulto y ponerlos en libertad mediante una orden adicional en su carácter de Jefe Estado, y por tanto, con plena facultad para mandar abrir las cárceles sin demoras. Es la única manera de que esos desdichados sean liberados inmediatamente. Han pasado ocho meses desde que lo propuse en medio del silencio de casi todos Uds. (algunos en cambio me respondieron con insultos soeces) y Macri ha tenido la desvergüenza de no sólo no liberarlos sino además, de nombrar al marxista Avruj, de hacerse querellante en la Megacuasa II que tú mencionas y de apelar las resoluciones que conceden la prisión domiciliaria a unos pocos de los que tienen derecho, pero siguen presos y muriendo en la cárcel. Ya han muerto 380 y 40 desde que asumió Macri, por lo cual, y dada su evidente facultad de liberarlos por medio de un decreto de indulto que no dicta porque no quiere, esos cuarenta pueden ser considerados como homicidios por abandono de persona, cuya pena máxima es de 10 años. Además, fue a aplaudir, junto a Raúl Castro, la amnistía traidora otorgada por Santos a las FARC de Colombia, mientras él mantiene encerrados a quienes debió liberar hace rato, porque sabe que ese encierro es monstruosamente ilícito y prometió hacerlo en su campaña. Y no me vengan a decir que el indultar es una facultad libre del Presidente porque en este caso, es una OBLIGACIÓN, ya que de acuerdo al artículo 99, inciso 1 y 2 de la Constitución, Macri tiene que hacer cumplir la ley que ha sido violada gravísimamente mediante sentencias nulas de nulidad absoluta y el carcelero de los secuestrados políticos es ahora él en primer lugar. En los “considerandos” del decreto de indulto el debería enumerar las violaciones cometidas por los jueces, incluyendo la Corte Suprema, e invocar su deber de reparar la Justicia con lo cual el indulto quedaría más que justificado, moral, política y legalmente. Es casi seguro que la izquierda blasfemará con todas sus fuerzas contra ese acto de Justicia y tratará de alterar el orden. Pero para eso Macri es Presidente y tiene a su disposición la fuerza pública para mantener la paz. Además, no le será difícil averiguar y descubrir, que la mayoría de los argentinos, DEBIDAMENTE INFORMADOS, cosa que ahora no ocurre por culpa de la prensa, están de parte de esa liberación urgente y necesaria. Macri no puede invocar miedo a esa minoría asesina. Si lo hace, es un cobarde indigno de ejercer la presidencia y, de hecho, con los 40 homicidios por abandono de persona cometidos desde el 10/12/1015, ya están dadas las condiciones para su remoción por juicio político, “por delito en el ejercicio de sus funciones” (art. 53 de la CN). Te repito, querida Luz, que no entiendo el silencio hostil de todos Uds. a mi pedido de indulto. ¿No se dan cuenta que con eso refuerzan las cadenas de los secuestrados y le dan una silenciosa excusa a Macri para no cumplir con su deber? La invocación final de tu carta es un “flatus vocis”, al no proponer el indulto. ¿Cuál es la utilidad de dirigirse: “Al presidente Macri, al Poder Judicial, a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, a la prensa, a los ciudadanos todos”, si, excepto Macri mediante el indulto, los demás no tienen la facultad legal de liberar a los presos? Es distractivo y capcioso decir que a todos “nos cabe la enorme responsabilidad de encontrar el camino de la concordia y la paz porque nuestros hijos y nietos así lo merecen”. El Poder Judicial está en manos de los mismos prevaricadores que condenaron sin derecho y JAMÁS revocarán sus propias sentencias. Las FFAA podrían exigirlo pero está visto que sus Jefes, indignos sucesores de los héroes e la Patria, no lo han hecho ni lo harán. La Iglesia, en manos de una Jerarquía complaciente y evasiva, tampoco. Y el resto de los ciudadanos somos “convidados de piedra” en este festín infame. Y la concordia, ofrecida a los enemigos llenos de odio y en el poder, equivale a una entrega de las víctimas y de nosotros mismos a sus proyectos implacables de tiranía. Un pueblo que no sabe defender la libertad legítima, no merece ser considerado un pueblo, al menos en el sentido en que lo define Pio XII en su discurso de la Navidad de 1944. No tengo muchas esperanzas de que prestes atención a esta carta, porque no la prestaste a las anteriores sobre el mismo tema. Pero te la mando como carta abierta, por un imperativo de conciencia. Con todo respeto Cosme Beccar Varela

Carta al Presidente de la Nación

Al Sr Presidente de la Nación Argentina Ing Mauricio Macri De mi consideración: Me dirijo a Ud. en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas a los efectos de poner en su conocimiento y consideración una grave situación de injusticia y de discriminación que afecta al Teniente Coronel R Ernesto Hugo Kishimoto quien se encuentra cumpliendo condena desde el año 2013 en la Unidad Nro 31 de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal por supuestos delitos de lesa humanidad con sentencia de primera instancia de fecha 13 de noviembre de 2013 emanada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Formosa en la causa Expte Nro 3119. Al respecto expongo los hechos relacionados con la causa mencionada. 1. El causante fue detenido en el mes de Julio del año 2008 por el Juez Federal de Formosa por su presunta participación en delitos de lesa humanidad, dictándose su procesamiento por dos privaciones ilegales de la libertad sin prisión preventiva. Mantuvo esta situación hasta el 12 de junio de 2013 por presentación espontánea del procesado ante el TOF de Formosa en vísperas del inicio del juicio oral quedando detenido a disposición del mismo. 2. Al término del juicio oral fue condenado a 7 años de prisión efectiva por el delito mencionado en el punto anterior, pero agregándose en el transcurso del juicio oral el cargo de Asociación Ilícita, delito por el cual no había sido acusado en ningún momento durante la etapa de instrucción. Resulta claro por lo tanto que el acusado no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la legítima defensa en juicio por este delito, lo cual constituye una grave irregularidad procesal a todas vistas. 3. Cabe destacar que durante la sustanciación del expediente como durante el desarrollo del juicio oral se pudo observar los múltiples hechos fuera de toda legalidad. Entre otros a saber, testigos que no vieron lo que dicen testificar; testigos que manifiestan no haber visto pero haber escuchado el rumor; testigos que dicen haber escuchado de una tercera persona pero sin identificarla; testigos que se contradicen entre sí ,y así mismo dando versiones diferentes de los hechos en las distintas etapas del proceso; testigos que no pueden identificar ni reconocer directamente al acusado o difieren diametralmente en su descripción física; la misma querella que no acusa en forma directa al acusado; cargos que se incorporan al expediente en la etapa de juicio oral no habiendo estado en el proceso instructivo de la causa negando toda posibilidad de defensa del inculpado sobre dichos cargos; etc. Todo lo cual no es más que una repetición de lo visto en muchos de los juicios de los denominados de lesa humanidad pero que invariablemente terminan con la condena del acusado. Afirmando una vez más que estas anomalías constituyen una verdadera matriz o patrón a través de los cuales se arriba a una condena forzada contraria a derecho. 4. Apelada que fuera la sentencia en un todo de acuerdo al procedimiento procesal establecido, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal , en la Causa FRE 96000200/2006/TO1/2/1/CFC1 resolvió por unanimidad con fecha 30 de Noviembre de 2015 hacer lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Oficial de Kishimoto, ANULANDO parcialmente los puntos dispositivos 10 y 11 del fallo impugnado, en cuanto se deja sin efecto la calificación legal atribuida a Ernesto Hugo Kishimoto respecto del delito de Asociación Ilícita y al monto de la pena impuesta al nombrado y en consecuencia dispone reenviar las actuaciones al tribunal de origen para su sustanciación. A sus efectos transcribo copia parcial de la parte dispositiva:“En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de Faustino Blanco Cabrera y Ernesto Hugo Kishimoto, ANULAR parcialmente los puntos dispositivos 10 y 11 del fallo impugnado, en cuanto se deja sin efecto la calificación legal atribuida a Blanco Cabrera y Kishimoto, respecto del delito de asociación ilícita art. 210 del C. P. , y al monto de la pena impuesta a los nombrados, y en consecuencia REENVIAR las actuaciones al tribunal de origen para su sustanciación” Esta sentencia del 30/11/2015 se encuentra firme pues con fecha 02/03/2016 se rechazó el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reenviándose al TOF 1 de Formosa para el dictado de nueva sentencia inmediata. 5. El 17 de diciembre de 2015, la defensa de Kishimoto solicitó la excarcelación ante la posibilidad cierta de una reducción de la condena, por anulación del delito más gravoso, asociación ilícita, dispuesto por la Cámara pero tal pretensión fue rechazado por el Tribunal de origen. También rechazó el recurso de casación que finalmente fue concedido haciéndose lugar a la queja presentada por Kishimoto in paumeris. 6. Desde la fecha de resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, ha desoído la Resolución mencionada negando hasta el presente el dictado de la nueva pena ordenada en función de la anulación del delito de Asociación Ilícita. Pena esta que sin duda será considerablemente menor a la fijada en la sentencia de primera instancia como resultante de haberse anulado el delito más gravoso por el cual fuera condenado. Lo cual significaría la libertad inmediata de Kishimoto atento a que lleva hasta el momento 3 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo. 7. Cabe mencionar que el Teniente Coronel Ernesto Hugo Kishimoto se ha mantenido siempre a derecho presentándose voluntariamente, y en tiempo y forma en cada oportunidad que fuera requerida su presencia, evidenciando con su actitud la disposición para no entorpecer ni eludir la acción de la justicia. Esto descarta cualquier intención de fuga, siendo palmariamente demostrado en virtud de que el tiempo de condena que lleva cumplido y la posibilidad cierta de una pena mucho menor por anulación del cargo más gravoso por el que fuera condenado, hace que la inminencia de su libertad sería el mayor beneficio que por derecho propio le correspondería haciendo caer por tierra cualquier posibilidad de intento de fuga, lo cual carece de toda razonabilidad ante la resolución de la Sala III de la CFCP. Recurro a Ud. en esta instancia como integrante del Ejército Argentino y en mi carácter de Albacea del Tcnl R Ernesto Hugo Kishimoto. En el Colegio Militar de la Nación he aprendido que nunca se abandona a un camarada, ni en el combate ni en la vida, dado que ambos nos encontramos en su ámbito y órdenes, respetuosamente le solicito que por donde corresponda, ya que se encuentran afectados derechos humanos y comprometidos derechos del personal militar regidos por la ley 19.101, tome el requerimiento e interceda para que se logren las respuestas judiciales urgentes que se requieren para evitar también eventuales responsabilidades del Estado Nacional por la detención que entiendo indebida. Finalmente como Ud. lo afirmara “El curro de los Derechos Humanos se deberá terminar”. Saludo a Ud. Atte. Cnl R Ruben Alcides Vago DNI: 10.884.995

El concenso de la defensa nacional

Finalidad de las Fuerzas Armadas Las fuerzas armadas iniciaron el siglo XX con prestigio y reconocimiento obtenido en los campos de batalla durante el siglo XIX, reconvirtiéndose con el General Riccheri, y plenamente integradas a la sociedad. Sin embargo, una incipiente dificultad se originó: encuadrar el rol de las fuerzas armadas y el de la defensa nacional en el estado, particularmente a partir de la solución de los conflictos limítrofes. La dificultad para diseñar el empleo operacional de las fuerzas armadas y la miopía de la clase dirigente para trascender la coyuntura condujo a la política de Defensa Nacional (PDN) a un proceso de desnaturalización, con su cadena de políticas, marcos jurídicos / normativos y desarrollo de organizaciones confusas, incoherentes e inconducentes. A través de la historia de la Nación, las fuerzas armadas han participado con mayor o menor protagonismo en procesos fundamentales, entre los que se destacan: – Incorporación de los inmigrantes a la sociedad. – Alfabetización de la población. – Desarrollo de la industria siderúrgica, petroquímica, aeronáutica, de la energía nuclear, etc. – Asistencia en catástrofes naturales y sanitarias, epidemias y pestes. – Apoyo a la política internacional de la República, con la participación en misiones de paz, auxilio ante desastres naturales en países vecinos, etc. Lo cierto es que luego de un periodo crítico del país, el empleo de las fuerzas armadas se ha desnaturalizado. No existe país en el mundo que organice fuerzas armadas (hombres, fusiles, tanques, aviones de guerra, submarinos, portaaviones, etc.) solamente con las finalidades mencionadas. La finalidad de las fuerzas armadas está relacionada esencialmente con la defensa armada, con la guerra (cualquiera sea su naturaleza), para evitarla o, en caso necesario, ganarla. Tensión errónea Es un error crear una tensión entre las misiones de las fuerzas armadas, ya que deben surgir inequívocamente de una decisión política del gobierno constitucional. Entonces, las necesidades de la defensa nacional deben ser analizadas profesionalmente para cumplir con los objetivos fijados por el poder político. Todas las misiones deben ser cumplidas. La conducción política del estado fija las prioridades, pero debe tener siempre presente que las necesidades urgentes no deben ocasionar el descuido de las necesidades permanentes y esenciales de la defensa nacional. En las últimas décadas la política de defensa pasó de mano en mano entre gobiernos absorbidos por la gestión cotidiana o la impronta ideológica. Sin un proyecto sugestivo de vida en común, al decir de Ortega y Gasset, cada gobierno hizo lo que le convenía a sí mismo, no lo que convenía a la nación. No hubo una política de estado, como corresponde a una tarea tan trascendente. Antecedentes Para empezar a discutir un bosquejo de solución es necesario entender el proceso vivido. Desde el advenimiento de la democracia, la dirigencia política les fue asignando a las fuerzas armadas funciones y roles de distinta naturaleza, pero sin ocuparse de lo central de la defensa que orientase su desarrollo y evolución. Luego del periodo de reformulación de la ley de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia, además de la Ley de Reestructuración de las fuerzas armadas -normativa jurídica alcanzada a partir de un consenso político y trabajosa labor parlamentaria- que aseguraron el encuadramiento de las fuerzas armadas en democracia, hemos observado al país deambular entre proyectos diferentes pero discontinuos, sin bases fuertes que le dieran sustentabilidad en el tiempo. En esta contradicción, las fuerzas armadas que alguna vez fueron actores principales de la vida política interna Argentina, muchas veces más allá de los límites de la democracia y el sistema republicano, fueron castigadas, denostadas y desarticuladas. No se pudo configurar un sistema armado íntegro al servicio de la Nación. Los pocos interesados en la defensa se ocuparon de manifestar lo que no querían de las fuerzas armadas, sin esbozar qué esperaban de ellas. La saludable reforma elaborada con el regreso a la democracia no sobrevivió mucho tiempo. A pesar de que los tiempos llevaron a la concreción del objetivo de evitar los golpes de estado y alejar a los militares de la política, las decisiones políticas guiaron al país a desentenderse de la defensa. En los últimos gobiernos prevaleció la venganza, el escarmiento y el sometimiento, basado en el oportunismo político. Detrás de estas políticas puede reconocerse el rencor ideológico, el miedo y la falta de autocrítica de muchos responsables de la tragedia argentina. Incluso aquellos que deseaban la integración de las fuerzas armadas al estado democrático se vieron silenciados. La Argentina tenía antes de Malvinas un Ejército con doce brigadas. En la guerra perdió tres, pero luego, en democracia, las otras nueve se fueron debilitando progresivamente, perdiendo sus capacidades para operar como sistemas armados eficientes. La Armada preservó su flota de mar durante el conflicto, pero los buques fueron de a poco abandonados y se hundieron en puerto. La Fuerza Aérea, cubierta de gloria en la guerra, está seriamente comprometida. La peor consecuencia, sin embargo, no fue la pulverización material de las fuerzas sino la indiferencia hacia la defensa nacional y las fuerzas armadas. La dirigencia política se desentendió del problema y la sociedad lo quitó de sus preocupaciones. La defensa salió de la agenda. La Defensa Nacional de la Argentina está en una situación terminal, cuya solución surgirá de un esfuerzo intelectual y político correspondiente a una visión de Estado, de Nación. Una nueva oportunidad Con el cambio de gobierno ha nacido una nueva esperanza. El Presidente de la Nación, después de muchos años, dio una orientación a las fuerzas armadas despojada de atavismos y condicionamientos ideológicos, señalando lo siguiente: -Reconocimiento de que las fuerzas armadas fueron ignoradas y abandonadas. -Inicio de una nueva etapa, en un mundo que presenta desafíos y oportunidades. -Definición de roles para satisfacer las demandas y requerimientos: . Apoyo a las relaciones exteriores, mediante Fuerzas de Paz. . Respuesta a los desastres naturales. . Lucha contra el terrorismo. Es un momento histórico, la máxima autoridad ha manifestado coraje para abordar el tema de la defensa nacional y las fuerzas armadas. Estos primeros pasos, aunque imprescindibles, resultan sin embargo insuficientes. Hacia adelante es preciso reflexionar sobre los siguientes problemas: El desinterés por las fuerzas armadas ha llevado a equivocar el diagnóstico y dispersar los esfuerzos. Ellas no son el núcleo del problema; lo es el sistema de defensa nacional en el cual se insertan. La defensa nacional trasciende a un gobierno y a los espacios políticos. Aún en cuestiones que afecten a la gobernabilidad, el sistema de defensa es una cuestión de estado. La condición favorable creada por el nuevo gobierno obliga a los especialistas en la materia a estar a la altura de las circunstancias. Los momentos de mayor fortaleza deben utilizarse para tender puentes, para lograr consensos y acuerdos en estos temas que trascienden la coyuntura. Preguntas y respuestas En esta nueva oportunidad histórica los argentinos de bien se deben preguntar si realmente desean dar vuelta la página y construir una Nación que incluya a todos, en un camino virtuoso que facilite el desarrollo de las instituciones de la República. Luego, deben interrogarse sobre la disposición a defender ese camino de desarrollo. Recién allí deben preguntarse sobre la política de defensa nacional. La Defensa Nacional con mayúsculas requiere de líderes comprometidos, que desde el presente conciban la Nación y consecuentemente diseñen y orienten el sistema de defensa donde están insertas las fuerzas armadas. Es auspicioso que los principales líderes de la actualidad (gobierno y oposición) se han expresado positivamente al respecto. Debemos preguntarnos, también, cómo diseñar esta política de estado. Es condición esencial replantear y reformular una política de Estado realista, analizada desde una perspectiva interdisciplinaria, que sea sustentable y perdure en el tiempo. Es necesario concebir y acordar el plexo legal que sustente el sistema de defensa. En las respuestas a estos interrogantes se debe evitar la búsqueda de éxitos inmediatos, las decisiones apresuradas sobre aspectos cruciales como la doctrina militar, la organización, el despliegue, y el equipamiento que tienen un alto costo en dinero y eficiencia. Estos temas deben ser consensuados para que mantengan vigencia en el tiempo y trasciendan a los cambios de gobierno. Los estados organizados y serios así lo hacen. Lo que hemos hecho es propio de republiquetas. Si se pretende ser una nación desarrollada, es impostergable conocer, definir, estar convencido, consensuar y recién allí actuar: El Presidente de la Nación debe impulsar estos trabajos, que deben ser elaborados en la órbita del Congreso de la Nación, con el aporte integral de los espacios políticos e intelectuales. Estos estudios deben contar con la asistencia y asesoramiento de diplomáticos, economistas y estrategas. El asesoramiento profesional militar no puede ser soslayado. La crisis de la Defensa no deja margen para soluciones individuales o sectoriales. Una dinámica posible para estos trabajos puede incluir: -Configurar los escenarios proporcionando las metas, propósitos y objetivos de Argentina, su interrelación en el plano internacional y su dinámica en el tiempo. -Señalar los actores (estatales y no estatales), los riesgos, amenazas, conflictos y las previsiones para evitarlos, reducirlos, neutralizarlos, acotarlos o enfrentarlos. Señalar también las oportunidades y fortalezas que pueden ser aprovechadas. -Definir los conceptos de defensa nacional y seguridad interior, que deben ser integrados como en todos los países normales, integrando y adaptando sus fronteras, a la luz de la realidad y naturaleza de los conflictos actuales. La única forma de dar respuestas exitosas, aceptables y sustentables en el tiempo parte de entender la realidad cabalmente. Es insostenible mantener fuerzas para defender la Nación de amenazas que no existen y no prepararlas para las amenazas reales que tiene el país. Las fuerzas de seguridad y policiales tienen en la delincuencia un vasto espacio para actuar, que incluye la temática de la droga y la trata de personas. El plexo legal actual sólo contempla el empleo restringido de las fuerzas armadas y taxativamente les impide actuar en seguridad interior. Sin embargo, habilita al Poder Ejecutivo, por medio de decretos a utilizarlas cuando crea conveniente. ¿Qué ocurriría si se producen casos de terrorismo, de narcotráfico, o si el ISIS hace su aparición súbita? El estado no puede atarse de manos frente a estas amenazas, adoptando las previsiones sobre doctrina militar, instrucción y equipamiento, para este fin. Un camino seguro al fracaso es utilizar las fuerzas armadas para lo que no se prepararon. Analizar los conflictos como internos o externos tuvo sentido cuando el propósito era encuadrar las fuerzas armadas en el sistema democrático. Hoy es una falacia de la ideología. La naturaleza de los conflictos muta y se debe actuar en consecuencia. En el mundo de hoy, los conflictos en desarrollo son mayoritariamente de origen no estatales. Es un grave error sostener que las fuerzas armadas están solo para enfrentar agresiones externas de origen estatal, para luego afirmar que la nación no prevé este tipo de amenazas. Basta recordar que Su Santidad el Papa Francisco sostuvo recientemente que el mundo no tiene un problema de seguridad, sino que el mundo está en guerra. Con respecto a las fuerzas armadas, la reflexión debe incluir el establecimiento de un perfil, la magnitud y despliegue de las mismas, de acuerdo al escenario configurado, a los actores intervinientes y a las características y evolución prevista de los riesgos y amenazas. Nicolás Maquiavelo menciona en el "Arte de la Guerra" que los Ejércitos tienen un cuerpo que las define y vélites que lo rodean y acompañan. El cuerpo podrá ser preponderantemente pesado o ligero. En la paz debe ser replegado y comprimido, pero nunca más de lo necesario, manteniendo la capacidad de expansión y movilización, a fin de disponerlo exitosamente en el momento oportuno. Ese cuerpo debe ser definido desde la política. En síntesis, los estudios, análisis y construcciones geopolíticas y estratégicas deben dar las bases para definir la naturaleza, el despliegue y la magnitud de las fuerzas activas y las reservas y las previsiones de movilización. Los errores en este trabajo no tienen consecuencias inmediatas, pero son incorregibles en el momento de los conflictos y colocan en riesgo la supervivencia del estado. Además, se traducen en muertes innecesarias. Una defensa de consenso Sería un error creer que la solución del tema que nos ocupa discurre en reivindicaciones de tipo gremial, como el mejoramiento de condiciones laborales (que los pilotos tengan aviones, el Ejército disponga de soldados, etc.). Tampoco sirve la adquisición aislada de material, aumento de sueldos o reconsideración del trato desde el Estado. Todo esto es imprescindible, pero no la solución. En este sentido, hasta que se defina la defensa en el marco del estado, con humildad aconsejaría invertir solamente los recursos necesarios para el equipamiento de aeronaves de la Fuerza Aérea, con el fin de mantener el adiestramiento de los pilotos. No es momento de despilfarrar, no hay atajos para abordar con seriedad el tema y debemos evitar la tentación de los éxitos pasajeros, que irremediablemente serán efímeros. La respuesta a los requerimientos de la política de Defensa, como toda cuestión de estado, surgirá de un trabajo consensuado y esforzado que trasciende a un gobierno, poder o sector. Un país decidido a ser Nación debe asumir lo expresado por el cardenal Mario Poli, en su homilía del tedeum del 25 de mayo de 2016: "Danos coraje para crear espacios y mesas donde podamos compartir la sabiduría del diálogo, donde las ideas superen las ideologías. Que nadie se levante hasta encontrar acuerdos duraderos". Muchas cosas nos duelen a los argentinos, la corrupción, la pobreza, el avance de la droga sobre los jóvenes, la inseguridad, la falta de energía, etc., la mayoría de ellas consecuencias de nuestros propios errores. ¿No será hora de preguntarnos qué queremos ser; que educación necesitamos para lograrlo; cómo nos integramos entre nosotros y con el mundo? Y finalmente, ¿qué cosas estamos dispuestos a defender? Grl Br (R) José Luis Figueroa