Salarios V

Los militares argentinos son los peores pagos de la región!!
Toda la familia militar espera ilusionada que el ministro de Defensa Jorge Taiana cumpla la promesa que hizo hace más de dos meses de equiparar los salarios militares con los de las Fuerzas de Seguridad, porque los ingresos castrenses argentinos respecto de los países que limitan con Argentina son los más bajos de la región.

Comparar lo que cobra un Segundo Teniente del Ejército de EEUU sería injusto; ese gobierno es uno de los que destina mayor PBI a su instrumento militar (alrededor de 4 puntos) en el mundo; contra el nuestro que destina diez veces menos, por debajo de un punto del PBI argentino. Las realidades económicas financieras y del día a día también son demasiado abismales, por eso se elige acotar el muestreo a la situación en los Estados vecinos que, si bien tampoco atraviesan por la misma crisis que nosotros, son los más semejantes, de esta manera, logramos evitar el mal momento de comentar que el primer rango de oficial estadounidense percibe U$D 3.500 mensuales de haber básico.

La mayoría de los países tienen un solo tipo de cambio y no padecen la realidad de tener que cotizar en infinidad de tipos de cambio, como ocurre aquí donde hablamos hasta del “dólar Netflix”, por esto, es necesario aclarar que el cálculo de cada caso se hará en base al valor de cambio al que tiene acceso cada militar relevado. Como parámetro, se considerará siempre el primer grado de oficiales de las Fuerzas Armadas y su conversión a dólares

"Ranking salarial"
- En la situación de los argentinos, a $330 por cada dólar (que es el valor al momento de redactar); el haber básico de un Subteniente, Alférez o Guardiamarina argentino (según el aumento de julio y que cobrarán en agosto de 2022): es de U$S 272 dólares, “es el más bajo entre todos los uniformados extranjeros consultados (y quedaría en el mismo puesto si el cálculo fuera considerando el valor oficial del dólar)”

- El primer lugar, de haberes básicos lo encabeza Brasil, donde un Segundo Teniente percibe 7.000 reales, los que significan U$S 1272 dólares (relación: 5.5/1)

- El segundo lugar, Chile, donde en el mismo grado reciben U$S 1250 dólares (1.250.000 de pesos chilenos)

- El tercer lugar, Uruguay, un Alférez del cuerpo comando cobra U$D 1.116 (47.947 pesos uruguayos con un dólar a 42,95)

- El cuarto lugar, Bolivia, con un haber básico de U$S 880, es decir 6.093 pesos bolivianos.

- El quinto lugar, Paraguay, con un recibo mensual de U$S 780 que es lo que valen los 5.300.000 de guaraníes paraguayos que perciben por sus servicios

Según las cifras expuestas (y los diversos comentarios oficiales, embajadores y agregados de defensa de los países citados), no solamente se concluye que los efectivos de la Armada Argentina, del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea están en la peor situación salarial de la región, sino que incluso están 2.8 veces por debajo del promedio y U$S 1000 en detrimento que un Segundo Teniente brasileño, el mejor pago en el mismo espectro consultado.

A la hora de hablar del pago salarial a militares es importante destacar que no se trata de un factor más en el gasto público, “es en realidad una inversión volcada a hombres y mujeres que, por esa profesión elegida, son de los pocos a los que se les exige dedicación exclusiva a esa labor y pueden ser requeridos en cualquier momento del año y por tiempo indeterminado si una amenaza regular externa o situación de catástrofe natural lo requiere, sin ningún resarcimiento extra que amerite un análisis aparte”.
En esto último puede verse como pequeño ejemplo la labor de las Fuerzas Armadas argentinas desde la hora cero de la “pandemia de coronavirus”, cuando aún no se sabía el impacto en el organismo de ese virus, ni mucho menos se veía una cura.

En la misma línea que el párrafo precedente, no es menor poner en foco el malestar existente entre los uniformados hacia las autoridades militares y políticas que dejaron rezagada la discusión de haberes a promesas aún inconclusas (“¿Llegará el milagro de equiparación en la cena de camaradería?”, se preguntan), mientras la inflación acelerada licua el falso aumento del 60% (prorrateado hasta marzo 2023) y ven abrir una nueva unidad militar (en Catamarca), mientras el resto de la estructura está ya esquelética y sin los recursos suficientes para un funcionamiento normal y cotidiano de alistamiento y adiestramiento acorde a los desafíos del Siglo XXI.

Hoy, pese a la activa participación cotidiana, la mayoría de quienes juran ofrendar sus vidas por sus compatriotas si fuese necesario, están por debajo de la línea de pobreza en Argentina.

Fuente: Bryan J. Mayer - ellitoral.com – tiempomilitar.com.ar

Salarios IV

Los militares cobran un 68% menos que las fuerzas de seguridad y se aleja la promesa de la equiparación salarial. Hay inquietud en las Fuerzas Armadas por las medidas anunciadas por la ministra Silvina Batakis; se posterga el compromiso que había fijado el titular de Defensa, Jorge Taiana

En las Fuerzas Armadas interpretan como una señal negativa las medidas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. Pronostican que ello alejará el cumplimiento de la promesa del ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien se había comprometido a reducir la brecha y equiparar los haberes del personal militar con los sueldos de los agentes de las fuerzas de seguridad federales.

Hoy la brecha salarial llega al 68% entre militares y efectivos de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), a partir de los últimos aumentos anunciados para toda la administración pública nacional. Esa mejora, aprobada mediante la Resolución Conjunta Nº5 entre las carteras de Defensa y de Economía, antes de la renuncia del ministro Martín Guzmán, orilló el 60%, en cuatro tramos sucesivos, a partir de julio, octubre, enero y marzo próximos. Una vez completada la actualización en las cuatro fases, la diferencia será del 63 por ciento.
Ante versiones de que las medidas contra el déficit fiscal fijadas por Batakis podrían alterar ese cronograma e, incluso, dar marcha atrás con la medida, en el Ministerio de Defensa negaron esa posibilidad e indicaron a LA NACION que se mantienen “las conversaciones sobre la modalidad de implementación”.

Por el momento, no está confirmada una fecha para la comida de camaradería entre el Presidente y las Fuerzas Armadas, que tradicionalmente se celebra cerca de la fecha patria del 9 de Julio. Fuentes castrenses deslizaron que inicialmente estaba fijada entre el 20 y el 21 de julio, pero “por cuestiones de agenda del primer mandatario está demorada”.
Entre los militares preocupan las distorsiones salariales con las fuerzas de seguridad que se mantienen con los últimos aumentos. Mientras un coronel en actividad percibe desde este mes $218.805, el sueldo del comandante mayor de la Gendarmería (el grado equivalente) llega a $371.708, un 70% más. Los incrementos programados en cuatro tramos llevarán esos montos a $273.506 y $449.828, respectivamente, en marzo de 2023. Así lo refleja un informe dado a conocer por la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC, que recoge la inquietud de los oficiales y suboficiales en actividad y retirados.

La diferencia trepa hoy al 81% entre los haberes de un capitán del Ejército ($124.128) y un segundo comandante en las fuerzas de seguridad ($224.914). En marzo del año próximo cobrarán $155.160 y $272.623, respectivamente.
El sueldo de un subteniente, la jerarquía más baja entre los militares, asciende hoy a $90.145 ($112.681 en marzo de 2023), mientras que un alférez en las fuerzas de seguridad percibe $153.255 ($185.764 dentro de ocho meses).

Taiana había anunciado en mayo pasado, al encabezar la celebración del Día de la Armada en la Base Naval de Puerto Belgrano, que se harían esfuerzos para reducir la brecha salarial con las otras fuerzas. “Nuestras Fuerzas Armadas requieren de una recomposición salarial amplia y gradual que las ubique en el nivel que se merecen, es un esfuerzo grande al que se ha comprometido el Presidente de la Nación. Vamos a presentar un plan realizable para que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas tengan una retribución adecuada a sus capacidades y demuestre que el país las necesita”, señaló.
En las últimas horas, Taiana ratificó la decisión de avanzar en el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, al encabezar la colocación de la piedra fundamental del primer cuartel del Ejército que tendrá asiento, después de 25 años, en San Fernando del Valle de Catamarca, junto al gobernador Raúl Jalil y el jefe y subjefe del Ejército, generales Guillermo Olegario Pereda y Diego López Blanco.

Reunión con el Presidente
El lunes pasado, Alberto Fernández recibió a Taiana en la Casa Rosada para analizar los resultados de la reciente gira del ministro de Defensa por Francia y Alemania, donde realizó visitas y gestiones para mejorar las capacidades de la Armada con la posible adquisición de uno o más submarinos. La Argentina no cuenta con estas unidades después del hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017, con la lamentable pérdida de sus 44 tripulantes.
Además, el funcionario detalló las acciones tomadas “para erradicar las prácticas violentas que se suscitan dentro de los regimientos militares", a raíz del fallecimiento del subteniente Matías Ezequiel Chirino y de las graves lesiones sufridas por el cabo Michael Natahel Verón, en un regimiento de Apóstoles, en Misiones. “Venimos intensificando las campañas de concientización dentro del Ejército y hemos tomado una serie de medidas más rigurosas”, aseguró el ministro Taiana, al ratificar la política de “tolerancia cero” frente a los excesos de desobediencia y abuso de autoridad.
Fuente: Mariano De Vedia – lanacion.com.ar

Salarios III

Carta del presidente de la UPMAC al jefe de Estado por la crítica situación salarial

Señor Presidente

En primer lugar le informo que resulta una repetición mendaz la expresión “adecuada jerarquización”, utilizada en todas las resoluciones ministeriales, mientras no se restablezcan los coeficientes históricos de jerarquización, como mínimo la relación 5,35 a 1, entre el Teniente General y el Voluntario de 2ª y grados equivalentes de la Armada y de la Fuerza Aérea.

En segundo lugar, la Resolución Conjunta Nº5/2022, que fija la escala salarial en etapas, desde julio del corriente hasta marzo del 2023, no remedia el muy prolongado atraso de las remuneraciones de las FFAA sino que agrava el mismo, estableciendo un mínimo aumento, no acumulativo y en cuotas, que no llega a compensar los incrementos del IPC, en ninguna de sus versiones oficiales publicadas por el INDEC.

En tercer lugar, ingresamos al segundo semestre del año 2022 sin que medie una disposición en relación a la equiparación de haberes de las Fuerzas Armadas respecto de los de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, anunciada por Ud. señor Presidente, y por el Ministro de Defensa, públicamente y en reiteradas oportunidades y medios. Esta brecha se ha profundizado con el nuevo aumento otorgado a estas últimas, por Resolución Ministerial 420/2022, y hoy supera ampliamente la anterior del 60% entre grados equivalentes. Cabe aclarar que dicho aumento es un merecido reconocimiento a las FFSS por su digno accionar en sus funciones específicas, y resulta doblemente loable que reciban esta remuneración, aunque no dispongan de un Comandante en Jefe responsable de su conducción.

Señor Presidente, la dolorosa e indigna situación expuesta ha generado en el sector de nuestros representados, descontento, rechazo, desconfianza y un grave malestar colectivo por las erróneas medidas dictadas y por el incumplimiento, por parte del Poder que Usted encabeza, de la palabra empeñada en lo referente a los haberes del personal militar y sus familias. Todo ello afecta y desalienta seriamente el presente y el futuro profesional de los hombres y mujeres de las FFAA, al negarles un salario digno y correspondiente a su preparación para la Defensa de la Patria y a la colaboración irrestricta que prestan al servicio de los habitantes de la Nación.

Por todo lo expuesto, solicitamos nuevamente al señor Comandante en Jefe:
1. Se aplique, como mínimo, la escala de coeficientes de jerarquización histórica, como única herramienta idónea para una “adecuada jerarquización”.
2. Se implemente un mecanismo de Ajuste al concepto “Sueldo” que neutralice los efectos de la inflación, respetando, como mínimo, los índices del INDEC.
3. Se proceda de inmediato a la Equiparación de los Haberes de las FFAA con el de las FFSS., cerrando la brecha acumulada y su proyección futura.
4. Se instruya al Ministerio de Defensa para que, a la brevedad, establezca una “Política Salarial”, a disposición en nuestra Entidad, que permita revertir en el corto plazo la grave situación salarial actual y neutralice a mediano y largo plazo, y de manera automática, todo tipo de alteraciones, contradicciones e intromisiones que pudieren invocarse o provocarse, las que afectan severamente uno de los pilares básicos de la profesión militar, como lo es la disciplina basada en la confianza recíproca entre superiores y subalternos.

Por último, requerimos al señor Presidente de la Nación y CJFFAA, la adopción de las medidas solicitadas anteriormente con carácter Urgente.
Atentamente
CR (R) Francisco Ricardo Verna

Salarios II

Descontento por el grave desequilibrio entre los haberes castrenses con los de las fuerzas policiales federales. Como el aspecto salarial excede las facultades de los Jefes de Estado Mayor de cada Fuerza, corresponde encaminar la queja ante el máximo responsable de la conducción de esas instituciones del Estado. Además, lo hacen en nombre de sus familias, destinatarios directos de sus ingresos y de los pensionados militares, colectivo que no tiene voz ni vía jerárquica.

En mayo el Poder Ejecutivo había dictado la Resolución Conjunta N°3/22 que motivó el aludido reclamo. Desde hace años en Decretos, y ahora en las llamadas Resoluciones Conjuntas (que son resoluciones ministeriales de Economía y Defensa en las que se formalizan los ajustes de sueldos) se vienen repitiendo los mismos textos. La pereza administrativa y/o el des-concepto en la redacción de este tipo de resolución parece ser la norma porque, una vez más, en la recientemente dictada Resolución Conjunta N°5/2022, se repite textualmente la misma falsedad relativa a una supuesta “adecuada jerarquización”

En realidad, no hay tal jerarquización, solo se apela a un “recorte y pegue” de considerandos, mera reiteración mendaz de documentos anteriores, que no guarda relación con la parte dispositiva del documento. Ello demuestra la pertinaz determinación de no corregir el problema de fondo sino de publicar medidas con expresiones rimbombantes, a todas luces falaces, y continuar renovando las promesas largamente incumplidas.
Si no se modifican los coeficientes jerárquicos no existe jerarquización; ni adecuada ni insuficiente. Las distancias jerárquicas relativas, en lo que a sueldo se refiere, se mantienen. Es evidente que solo se persigue el cumplimiento circunstancial de una rutina burocrática “para ir tirando” antes que expresar, con fundamentos genuinos, la voluntad del Estado de resolver los problemas de los agentes alcanzados por la norma.
Total, los militares no hacen paros, ni piquetes y si levantan la voz se los sanciona y se les perjudica irremediablemente su carrera.

Debe tenerse en cuenta que, por la estructura escalafonaria castrense y su plan de carrera, la diferenciación salarial entre los grados contribuye a la valoración de los sucesivos ascensos que materializan la carrera militar durante el “servicio activo”. Además, constituye un incentivo complementario para alcanzar los méritos necesarios para obtener una promoción y ostentar una nuevo “grado militar”. Y todos sueñan con alcanzar el grado máximo, con culminar su carrera. Para eso la iniciaron desde jóvenes, superaron una esforzada adaptación a la vida militar, desarrollan una capacitación continua y reconocen en el mérito el principal impulsor del progreso profesional.

En otro orden de ideas, la mencionada Resolución Conjunta lejos de dar respuesta al ya histórico atraso de las remuneraciones de las Fuerzas Armadas, solo ha instrumentado un mínimo aumento en cuotas, el que no llega a compensar los incrementos acumulados del IPC, en ninguna de sus versiones oficiales publicadas por el INDEC.
Finalmente, ingresando ya al segundo semestre del año, nada se ha dispuesto con relación a la equiparación de los haberes de las Fuerzas Armadas respecto de las Fuerzas de Seguridad, cuya brecha salarial a favor de éstas últimas, para jerarquías equivalentes, hoy supera el 70 % en ciertos casos y alcanza a un 65% de promedio.
Este injusto desequilibrio constituye un menoscabo de la profesión militar que afrenta a sus integrantes y compromete seriamente el presente y el futuro de las instituciones de la Defensa. Es grande la dificultad que afrontan las Fuerzas para retener a sus recursos humanos en los que el Estado invirtió cuantiosos recursos durante muchos años para proveer a su formación.

Por otra parte, los retrasos salariales producen una des-financiación del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), deteriorando el sistema previsional militar y, como lógica consecuencia, también agrava significativamente la ya comprometida situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, IOSFA, cuyos exiguos ingresos guardan relación porcentual directa con los de sus afiliados.

Todo ello brinda un panorama por demás desalentador para los militares del presente y torna poco atractiva la carrera militar hacia el futuro, lo cual no es congruente con la declamada prioridad que el Gobierno dice asignar a las cuestiones de la Defensa Nacional. Sin capital humano debidamente formado y adiestrado no hay Defensa, por más que se incorporen medios por arte de magia. Los militares aspiran a que se les aplique efectivamente una escala de Coeficientes Jerárquicos como la que estuvo vigente durante muchos años, hace poco más de una década, que ha sido de 5,33 a 1 en lugar del 4,6 a 1 actualmente vigente. Esta es la única herramienta idónea para una “adecuada jerarquización”. Utilizar discursiva y engañosamente este argumento sin concretarlo insulta la inteligencia de cualquiera que lo analice.

Necesitan que se proceda de inmediato a la equiparación de sus haberes con los de las Fuerzas de Seguridad.
Requieren que se implemente un mecanismo de ajuste del “Sueldo Básico” que neutralice los efectos de la inflación para lo cual: se deben respetar, como mínimo, los índices de inflación producidos por el INDEC y producir los ajustes con una frecuencia tal que eviten un deterioro acumulativo del poder adquisitivo de la remuneración, porque esos deterioros nunca son compensados con pagos retroactivos.
Finalmente, para dar una solución definitiva a esta problemática debe adoptarse a la brevedad una nueva “Política Salarial” para las Fuerzas Armadas. Ello permitirá revertir la grave situación salarial actual y neutralizará, a mediano y largo plazo, y de manera automática, las alteraciones, manipulaciones e intromisiones que intentaren provocarse.
No hacerlo afectará severamente, como sucede en este momento, uno de los pilares básicos del ejercicio de la profesión militar, como lo es la disciplina, basada esencialmente, en la confianza recíproca entre superiores y subalternos.

En este esquema no debe perderse de vista que en la cúspide de la pirámide militar se encuentra nada menos que el Presidente de la Nación, su Comandante en Jefe.

(Fuente: tiempomilitar.com)

Salarios I

 El desequilibrio salarial entre las FFAA y las FFSS llega a escalas superiores al 90%

Desde hace tiempo que las Fuerzas Armadas piden equiparar sus ingresos con los de las Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y, aunque hubo una promesa de parte del Ministerio de Defensa de hacerlo, las resoluciones en donde el Ejecutivo fija la escala de haberes hasta marzo del 2023 muestra que en esta ocasión la brecha se mantendrá.

Según las últimas actualizaciones salariales publicadas en el Boletín Oficial, las fuerzas que dependen del Ministerio de Defensa están en clara desventaja desde lo económico respecto de las que lo hacen del Ministerio de Seguridad, con una diferencia salarial que llega hasta casi el 90% entre unos y otros. Y, aunque se va “achicando” hasta marzo hasta llegar a un 70%, la brecha es amplia.

Según las actualizaciones salariales publicadas en la Resolución Conjunta 5/2022 del Ministerio de Defensa y de Economía, el rango más alto dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas (Teniente General, Almirante y Brigadier General) tiene un sueldo bruto desde julio de $307.449, que escala en octubre, enero de 2023 y marzo del año siguiente en incrementos de 24.000 pesos hasta llegar en marzo del año que viene a 384.311 pesos.
Si esto se lo toma en la escala inferior, Voluntario de 2°, Marinero de 2° y Aspirante, desde julio cobran 66.799 pesos y en marzo del año que vienen llegarán a 83.499 pesos.

Pero así como actualizaron las escalas salariales de las Fuerzas Armadas, lo mismo sucedió para las fuerzas de seguridad nacionales a través de la Resolución 420/2022 del Ministerio de Seguridad.

- Así, el Comandante General de Gendarmería Nacional cobra desde julio $407.657 y en marzo del año que viene alcanzará los 494.198 pesos. En el escalafón más bajo, Gendarme II, el salario hoy es de $ 110.131,12 y llegará a $ 133.492,27 el próximo marzo.
Pero a estos sueldos se le suman adicionales por “funciones de Prevención Barrial”, por lo que en el caso del comandante hoy son otros $170.127 y en marzo serán $ 206.215, lo que hace que el salario llegue a 577.784 en julio y a 700.413 pesos en marzo. Para el Gendarme II el plus en julio es de $53.134 y en marzo del 2023 de 64.405 pesos.

- En el caso de un Prefecto General, hoy cobra $407.657,14 y en marzo del 2023 llegará a los $494.129,87, mientras que el rango más bajo, Marinero, hoy tiene ingresos brutos por $121.144,23 y al termino de la escala de aumentos alcanzará los 146.841,50 pesos.

- En el caso de la Policía Federal, la persona con mayor rango, Comisario General, el sueldo de julio quedó establecido en $448.248, mientras que en marzo alcanzará los 543.331,06 pesos. En cambio, un agente de la fuerza cobra $135.839,79 y llegará a 164.654,30 pesos.

- La fuerza más nueva que se creó, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en su cargo más alto, el Comisionado General, tiene ingresos por $217.885,71 con un suplemento de $62.163 por tarea jerárquica y ajustará hasta 264.103,90 pesos con un suplemento de 75.349 pesos en marzo del 2023. Mientras que un Oficial Principal desde julio de este año cobra 95.037,53 pesos y llegará a 115.197,01 en el primer trimestre del 2023.

Pero, aunque la diferencia entre los salarios brutos entre los cargos más altos de las Fuerzas Armadas y las de las fuerzas de seguridad puedan alcanzar casi el 46%, la brecha se amplia cuando se comienzan a sumar los adicionales, algo que en el Ejercito, la Marina y la Fuerza Aérea no existe. No sólo se amplía la brecha entre una y otra fuerza, sino que como los adicionales son remunerativos, esa diferencia también se mantiene cuando se retiran y se jubilan.
En el caso de las autoridades máximas de las fuerzas de seguridad, se les suma un “complemento por Responsabilidad Jerárquica” para el Director Nacional de la Gendarmería, el Prefecto Nacional Naval y el Jefe de la PFA de $58.078, que ascenderá a $70.397 en marzo del año con viene.
En esta ecuación, la diferencia entre los ingresos de la autoridad máxima de las FFAA y de Gendarmería Nacional es de un 88 por ciento.

* Pero, además, la jerarquía más alta de Gendarmería es comparable al de General de Brigada en las Fuerzas Armadas que hoy tiene un sueldo de 249.802 pesos y para marzo será de $312.253, por lo que la diferencia supera al 100% si se suman todos los adicionales que tienen los gendarmes.
Un problema que esto genera no solo tiene que ver con la brecha salarial, sino con la capacidad de poder atraer y contener al capital humano de las Fuerzas Armadas frente a las posibilidades de las otras fuerzas.

En el entorno del ministro Taiana señalan que buscarán mejorar la situación de las Fuerzas Armadas para achicar la diferencia salarial que existe “Siguen abiertas las conversaciones para la recomposición salarial de las Fuerzas Armadas. Estamos en proceso de diálogo con el ministerio de economía para definir la modalidad de implementación de la misma. Tal como lo dijo el ministro Taiana, el aumento será de forma amplia y gradual”.

Fuente: tiempomilitar.com.ar

Nómina de la nueva CD y CRC de la Asociación

ASOCIACIÓN DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS – TUCUMAN “ISLAS MALVINAS”
- Con mandato desde el 16 de Junio 2022 al 16 de Junio de 2025.

Comisión Directiva

Presidente TC (R) VGM VGOI OSCAR RAMON JAIMET

Vicepresidente CR (R) VGM MARCELO ALEJANDRO ANADON

Secretario VC FAA (R ) MANUEL IZQUIERDO VAZQUEZ

Prosecretario CR ( R) ALEJANDRO JOSE POSSE

Tesorero MY (R) CARLOS ALBERTO CAROL

Protesorero TC ( R) EDUARDO VICTOR FUENTES

Vocal Titular 1 TC ( R) VGM ABEL JOSE AGUIAR

Vocal Titular 2 TC ( R) PEDRO RICARDO DAVID

Vocal Titular 3 TC ( R) ALBERTO RIVAS

Vocal Suplente 1 TF ARA ( R) CARLOS GUILLERMO HERRERA

Vocal Suplente 2 TC ( R) VGM ALBERTO NICOLAS KITANOVICH

Vocal Suplente 3 MY ( R) FELIPE ERNESTO FILIPIN

Comisión Revisora de Cuentas

Fiscal Titular 1 TC ( R) MARCELO ALBERTO SANCHEZ

Fiscal Titular 2 CP ( R) MIGUEL ANGEL MOLINS

Fiscal Suplente 1 MY ( R) VGM JORGE AGUSTIN ECHEVERRIA

Fiscal Suplente 2 CL ( R ) MARIO EDUARDO RAMOS

"Operación Primicia" - A 47º años del ataque subversivo al RI Mte 29 en Formosa

Diputados de la oposición proponen indemnizar a los soldados heridos y familiares de fallecidos en la “Operación Primicia”. Es un proyecto de ley de legisladores de Juntos por el Cambio que propone una suma de dinero para quienes fueron heridos o los familiares de los que murieron en la defensa del Regimiento 29 en Formosa el 5 de octubre de 1975

                                   (Fuente: archivo retiradosffaa.blogspot.com)

Los diputados nacionales por la Unión Cívica Radical y del PRO por Formosa Ricardo Buryaile y Fernando Carbajal presentaron un proyecto de ley para que haya una indemnización en forma de suma dineraria para los soldados muertos y heridos en el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte Nº29 “Coronel Ignacio Warnes” en un operativo de la organización el 5 de octubre de 1975, durante la vigencia del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.

El escrito, que lleva la firma de los diputados Jorge Vara, Manuel Aguirre, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Ximena García, Martín Arjol, Lidia Azcarate, Jorge Rizzoti y Pedro Galimberti, señala que proyecto tiene como fin “indemnizar y reconocer a las personas que perdieron la vida o sufrieron lesiones de diferente grado como consecuencia de los acontecimientos de público y notorio conocimiento que tuvieron lugar en la ciudad de Formosa el día 5 de octubre de 1975 que ocasionaron la muerte y lesiones de efectivos que defendieron las instalaciones militares del Regimiento de Infantería de Monte N°29 "Coronel Ignacio Warnes”.
Durante lo que fue el copamiento al Regimiento Nº29 de Formosa por parte de la organización guerrillera Montoneros fallecieron 12 miembros de la organización armada y otros 12 uniformados, de los que 10 eran conscriptos más un policía y un oficial.

                                   (Fuente: archivo retiradosffaa.blogspot.com)

En el artículo 2º, los legisladores proponen que “los herederos de las personas que hubieren fallecido a consecuencia de los hechos descriptos en el artículo 1° del presente tendrán derecho a percibir una indemnización sustitutiva del valor vida, equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del sistema nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N°2.098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, multiplicada por el coeficiente CIEN (100)”.

Para los legisladores que firman la iniciativa, “no hay razón para seguir negándoles el reconocimiento que se merecen, más aun cuando quienes actuaron en el episodio del intento de copamiento, la organización guerrillera Montoneros, han sido indemnizados, no por sus actos ilegales sino por la posterior represión ilegal contra ellos ejecutada por el Estado, acto de estricta justicia que resulta enturbiada por la omisión de dar similar reconocimiento a quienes actuaron en el marco de la legalidad”.

Además, señalan que el proyecto de ley es consecuencia a la negativa del oficialismo a cumplir con el DNU 829/2019 firmado por el ex presidente Mauricio Macri y todo su gabinete el cual establece que “tendrán derecho a percibir una compensación económica las personas que participaron de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte N°29 Coronel Ignacio WARNES y hubieran fallecido o sufrido lesiones gravísimas o graves, según la calificación establecida en el Código Penal de la República Argentina”.

Ese mismo año, el entonces presidente Mauricio Macri rindió un homenaje a los muertos de Formosa en el Regimiento de Infantería Nº1 "Patricios" y ahí anunció una indemnización para las familias de los caídos, que luego se sancionó por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero hasta ahora no fue implementado.

  Año 2019 - Presidente Ing Mauricio Macri en el RI Nº1 (Fuente: infobae.com)

Por último, los legisladores señalaron que ingresaron este proyecto de ley por “el incumplimiento del actual Presidente en cumplir con sus obligaciones (por aplicar el DNU) y por ello resulta imperioso adoptar las medidas necesarias para otorgar y efectivizar la reparación, lo cual constituye una deuda moral de la Nación, por aquellos caídos en el cumplimiento del deber y la defensa de la República y sus Instituciones”

1816 - 09 de Julio - 2022 - 206º Aniversario de la Independencia Nacional

 ¡¡Feliz Día de la Patria!!

El martes 9 de julio de 1816, los 29 diputados del Congreso de Tucumán suscribieron el acta de Independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en Sud América por lo tanto dejaban de ser colonia de España

"Es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias, romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli", dice el fragmento del acta, al que el 19 de julio se le añadió "y toda otra dominación extranjera".

La sesión en el Congreso de Tucumán había comenzado bien temprano. Los primeros diputados ingresaron al recinto a las 8 de la mañana. La sesión se extendió durante 9 horas ininterrumpidas y entre los 17 temas a tratar, anunciados en un cartel instalado afuera, el tercero fue la Declaración de la Independencia. La proclama se concretó en la casa de Francisca Bazán de Laguna, alquilada para la ocasión. Sitio que en 1941 se declaró monumento nacional y se bautizó como La Casa de Tucumán

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La patria, amigos, es un acto perpetuo
Nadie es la patria, pero todos debemos
Ser dignos del antiguo juramento
Que prestaron aquellos caballeros
De ser, lo ignoraban, argentinos.

Somos el porvenir de esos varones,
La justificación de aquellos muertos.
Nuestro deber es la gloriosa carga
Que a nuestra sombra legan esas sombras
Que debemos salvar.
Nadie es la patria, pero todos lo somos.
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante,
Ese límpido fuego misterioso.

(Estrofas de un poema de Jorge Luis Borges)

Historia, Verdad y Justicia 2

Preso Político inició huelga de hambre en Salta “Me voy a casa o me muero”

Julio Narciso Flores está condenado a 25 años de prisión en el marco de los juicios de lesa humanidad. La justicia se basa en el testimonio de un ex-prisionero que, "primero dijo que no lo conocía y, luego de 13 años, cambió inexplicablemente de parecer". Hace 7 años que está detenido y la prisión domiciliaria ya le fue negada cuatro veces.

Julio Narciso Flores tiene 64 años, es el Preso Político Argentino más joven del país y está condenado a 25 años de prisión en el marco de los llamados “juicios de lesa humanidad”, donde le adjudican haber sido “el jerarca” de una organización delictiva cuando tenía apenas 18 años de edad, en el transcurso de la emblemática época del 70 en Argentina y cuando apenas era un cabo mecánico de aviones con solo ocho meses “de antigüedad” (Fuente: davidrey.com.ar - prisioneroenargentina.com.ar)


Tomó una decisión difícil, pero que viene mascullando hace un par de semanas: iniciar una huelga de hambre “Me estoy muriendo día a día hace ya siete años”, señaló al periodista David Rey
Todo el proceso en su contra se basa en un mismo argumento; el testigo que lo señala como “responsable”, primero dijo que no lo conocía pero, 13 años después, desde Francia (donde reside) dijo totalmente lo contrario: que sí lo reconocía en una fotografía (a pesar de haber confesado que comía con sus “carceleros” y de que Flores, profundo salteño, tenía “tonada porteña”).

Increíblemente la Justicia argentina tomó como “cierto” este testimonio y dictaminó que Flores debía morir en prisión. Lo acusan de más de 70 casos de “secuestros” y de ser “el jefe” de una organización represiva: tenía entonces 19 años y apenas 8 meses de pertenecer a la Fuerza Aérea como Cabo Mecánico.

Desde el penal, donde está inexplicablemente detenido, la Unidad Penal Penitenciaria Federal III “Martín Miguel de Güemes” en la provincia de Salta, Flores escribió una carta “de un condenado a muerte” que corrió como reguero de pólvora y que incluso fue publicada por el diario La Nación de Buenos Aires (aquí también la subscribimos a continuación)

                              (Fuente: davidrey.com.ar - prisioneroenargentina.com.ar)

David Rey estuvo con Flores para conocer de cerca los motivos que lo llevaron a tomar tan drástica decisión “Estoy dispuesto a llegar adonde tenga que llegar. Me estoy muriendo día a día hace siete años. Me voy a mi casa o me muero. Mi familia entiende la decisión que tomé”.

Al día de la fecha, más de 3000 familias argentinas fueron devastadas por las absurdas decisiones de una justicia absolutamente “comprada por el poder político”, no solo el que ha decidido que los terroristas de antaño sean considerados cual “jóvenes idealistas” sino, además, de llevar a cabo un verdadero plan de exterminio contra todos aquellos que, hace casi cincuenta años, vestían el uniforme de algunas de las FFAA y de Seguridad.

A Julio Narciso Flores ya le fue denegada cuatro veces la prisión domiciliaria y, al día de hoy, debe compartir prisión con peligrosos narcotraficantes. A pesar de la increíble situación que le toca vivir y de la dramática decisión que acaba de tomar, aseguró que todavía espera un fallo razonable de parte de la justicia argentina.

(Fuente: por David Rey -prisioneroenargentina.com.ar)

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Un exmilitar en huelga de hambre: “Si me tengo que morir, me muero; a lo mejor, es mi libertad definitiva”
Por Mariano De Vedia - La Nación (29/06/2022)

Julio Narciso Flores, que fue cabo de la Fuerza Aérea, reclama que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria

El rechazo de la Justicia a la posibilidad de cumplir en su domicilio la condena a 25 años de prisión derrumbó las esperanzas de Julio Narciso Flores, ex-cabo y suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, que inició hace nueve días una huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes en Salta.

Julio Narciso Flores, el exmilitar del reclamo cuando tenía 19 años de edad. El ex-cabo Flores permaneció tres años y medio en la Fuerza Aérea Argentina  (Fuente: lanacion.com.ar)

“Si me tengo que morir, me muero. A lo mejor, es mi libertad definitiva. Mi familia sufre, quiero darle un fin a todo esto. Hace siete años y siete meses empecé a morir cada día un poco”, explicó Flores, en un diálogo telefónico con La Nación desde la cárcel salteña, al recordar que fue detenido en 2014 y condenado en 2019 por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.

Tiene 64 años, perdió ocho kilos desde el 21 de junio (solo ingiere líquidos) y está decidido a seguir adelante, pese a que su esposa Gloria Isabel y sus tres hijos no están de acuerdo, pero aceptan la decisión que pone en riesgo su vida.

Especializado en mecánica de mantenimiento de aeronaves, Flores permaneció tres años y medio en la Fuerza Aérea, entre enero de 1977 y mediados de 1980, cuando pidió la baja. Se desempeñó en la I Brigada Aérea de El Palomar, primero en el escuadrón Tropas y luego en el hangar de aviones Guaraní. Varias décadas después de obtener la baja, fue detenido y más tarde condenado por la acusación de un testigo que lo señaló por la fotografía 4 x 4 de su legajo personal como uno de los represores del centro clandestino conocido como Mansión Seré, en Morón.

Julio Narciso Flores, formado como mecánico de aeronaves, trabajó en empresas privadas en distintos países. Flores insistió en que no tuvo vinculación con el centro clandestino. Preso por el fallo que lo encontró responsable de delitos de lesa humanidad, hoy comparte el encierro con detenidos por causas de narcotráfico y otros delitos federales (Fuente: lanacion.com.ar)

El ex-cabo Julio Narciso Flores permaneció tres años y medio en la Fuerza Aérea Argentina, le imputaron 26 casos de privación ilegítima de la libertad por casos producidos cuando tenía 19 años y recibió una pena seis veces mayor que el brigadier Orlando Ramón Agosti, jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la primera Junta Militar de la dictadura militar, condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

Su caso no siguió la misma suerte que la causa que hace pocos años enfrentó el Teniente General (R) César Milani, exjefe militar durante el kirchnerismo, que fue acusado por la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán, cuando a los 21 años firmó un acta que lo comprometía. Hay ciertas similitudes, pero Milani fue absuelto finalmente por los jueces.

En manos de los jueces
“Mi vida está en manos del Tribunal Oral Federal 5, que en los últimos años cambió su integración. Espero que los nuevos jueces recapaciten, lean mi causa y solo pido justicia”, expresó Flores, que también jugó su última carta con una apelación de su condena a la Corte Suprema de Justicia. “La sentencia es injusta y la acusación no tiene consistencia”, declaró Flores, quien a lo largo de siete años pasó por cinco cárceles, incluidos los penales de Ezeiza y de Marcos Paz. Fue enviado a la prisión de General Güemes, a 60 kilómetros de Salta, para estar cerca de su familia, pero él conoce las penurias económicas que atraviesan y prefiere que “no gasten sus pocos recursos” en ir a visitarlo. Tiene tres nietos, pero todavía no conoce a dos de ellos.

Ubicada en Morón y manejada por la Fuerza Aérea, la Mansión Seré fue uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del conurbano bonaerense durante la dictadura militar. En marzo de 1978 se produjo la fuga de cuatro detenidos, que se escaparon desnudos y esposados. Eso llevó a los militares a cerrar la antigua casona: distribuyeron a los detenidos en otros centros y demolieron la construcción. Recuperada la democracia, sobre sus cimientos se edificó el sitio de memoria que hoy se mantiene vigente.

Julio Narciso Flores, formado como mecánico de aeronaves, trabajó en empresas privadas en distintos países. Reveló que en la propia causa judicial hay constancias de que cuando le mostraron por primera vez su foto al testigo que lo incriminó, la respuesta fue: “Puede ser en un 50%, pero no estoy seguro”.
En su legajo en la Fuerza Aérea había una planilla en la que constaba su especialidad como mecánico de aeronaves y se mencionaba que recibía un suplemento por actividad riesgosa. Ello era así porque en el hangar se realizaba mantenimiento y carga de tanques de oxígeno para todos los aviones. “Cuando me detuvieron interpretaron que eso me hacía experto en explosivos”, explicó Flores a La Nación. “Alegaban también que había sido jefe de la guardia y de las patrullas que apresaban a los detenidos, lo que tampoco es verdad”, insistió.

Tras abandonar, a los 22 años, su corta carrera en la Fuerza Aérea, Flores trabajó como mecánico de aviación en distintas empresas en el país y en el exterior. Vivió varios años en Indonesia, Jordania y Noruega. El trabajo le permitía volver de visita todos los años a la Argentina, hasta que lo sorprendió el avance de la causa judicial. Sus compañeros de trabajo en la empresa Air Fast en Indonesia, no lo podían creer. “Todavía hoy me dicen que me esperan, que me guardan el puesto de trabajo y mi caja de herramientas”, reveló Flores, como muestra del buen recuerdo que dejó en la compañía del grupo Free Form.

En el propio complejo penitenciario de General Güemes procuran que desista de la huelga de hambre. “Intentan convencerme, pero estoy en mi posición. “Escribí notas al jefe de la unidad, le pedí disculpas por los problemas que pudiera causarles, pero lo entendieron, igual que otras autoridades del penal, y me entienden”

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Justicia e igualdad de derechos
Se siguen sucediendo graves discriminaciones en el juzgamiento y el tratamiento de los acusados por delitos de lesa humanidad
La Nación (06/06/2022)

Entre los muchos temas que agobian y preocupan a los ciudadanos, el de la Justicia se encuentra entre los primeros del “ranking”. Como sujetos de los derechos que el acceso a la Justicia debe garantizarnos (y que deberían encolumnarnos, sin diferencias, detrás del modelo republicano que fija la Constitución) preocupa que instituciones que agrupan a abogados deban accionar para reclamar respeto a la igualdad de derechos.

Representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica y de Puentes por la Legalidad elevaron un petitorio y se reunieron con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; su vicepresidente, Mariano Borinsky, y el secretario general del tribunal, Juan Montesano Rebón. El pedido se funda en la “grave discriminación en el juzgamiento y trato recibido por los acusados de delitos de lesa humanidad”.

En los pasillos de los tribunales federales es sabido que las causas llamadas de “lesa” (en la jerga tribunalicia) corren por circuitos claramente separados del resto, con carpetas que se identifican hasta visualmente de manera distintiva. Que en la década del 70 organismos del Estado cometieran violaciones a los derechos humanos no habilita a que quienes son acusados por delitos de “lesa humanidad” vean conculcados aquellos derechos fundamentales que la Constitución Nacional asegura a todos los ciudadanos, sin distinciones, en un juicio.

Las condenas a militares llegan habitualmente sin que se cumplan las condiciones del debido proceso, sin indagatorias que posibiliten su defensa en juicio, sin que se les concedan eximiciones de prisión, excarcelaciones o detenciones domiciliarias a mayores de 70 años, violándose así expresas disposiciones de la Convención Interamericana de protección de los DDHH de las personas mayores, que exige un trato preferencial para ese grupo vulnerable de personas tanto en lo administrativo como en lo judicial. Mientras que el promedio de duración de la prisión preventiva durante el proceso en delitos comunes no supera 1,4 años, en los procesos por delitos de “lesa humanidad” el promedio es de más de 6 años, con casos de prisiones preventivas de 10 y 15 años.

La deformación procesal que instaura carriles diferenciales con claro sesgo ideológico se remonta a 2003, cuando Néstor Kirchner llegaba al poder. Para aumentar su escaso caudal electoral, hábilmente construyó un discurso dirigido a captar el favor de los simpatizantes de las organizaciones extremistas de izquierda en aquellos años duros de la llamada “guerra sucia”, ávidos de favores tanto como de fondos. Los indultos decretados para ambas partes en tiempos de gobierno constitucional quedaron sepultados por un nuevo status quo que, a partir de un relato falaz y sesgado de los hechos, reivindica el violento accionar de los llamados “jóvenes idealistas” e invisibiliza a miles de víctimas del terrorismo. Ya no tan jóvenes ellos, pero sí muchos de sus seguidores, se sumaron así activamente al gobierno, creando una superestructura normativa y judicial a los fines de juzgar sin imparcialidad a uniformados y civiles tras pasarlos por un tamiz de indudable conveniencia política.

Así es como en el año 2013, durante la presidencia de Cristina de Kirchner, se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que reemplazó a la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos creada en 2008. Habida cuenta de la lentitud con que se mueve nuestra Justicia, entre sus principales objetivos, enunciados sin ambages en su página web, la PCCH menciona, entre otros, el de fijar criterios respecto de cómo deben proceder los fiscales para evitar dilaciones, alimentando anomalías legales que llevaron a convalidar procederes irregulares en todos los tribunales federales en los que recayeron estos juicios en todo el país.

Fiscal Cecilia Goyeneche - Con dependencias judiciales cooptadas ideológicamente por el poder político y con “procedimientos de derecho penal especial” para acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, se reprodujeron en preocupante número situaciones de contradicción judicial inaceptable. Cualquier intento por devolver las cosas a su justo cauce se da de bruces con una realidad que desborda arbitrariedades. Si una valiente fiscal como Cecilia Goyeneche no suscita los apoyos necesarios para permanecer en su cargo, las denuncias sobre verdaderas “usinas de generación de juicios” ligadas a la actuación de militares en los ‘70 no deberían sorprendernos.

A partir de fines de 2021, se volvió imperioso mantener la cohesión de la coalición gobernante ante la migración de sus componentes más radicalizados. Desde la Secretaria de Derechos Humanos, conducida por Horacio Pietragalla, se estructuró un Plan Estratégico de acción para promover nuevos ordenamientos y acelerar las causas pendientes o generar nuevas causas que avivaran la adhesión de sus cuadros. Se busca así desde esta secretaría poner en evidencia la supuesta inacción en tiempos de la anterior gestión de la Comisión Interpoderes, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, algo que ya se había manifestado en octubre de 2020, en carta al doctor Carlos Rosankrantz, su entonces presidente, advirtiendo que por considerar “oportunista” el llamado a una nueva reunión después del cambio de gobierno, la secretaría declinaba participar.

Entre otras cuestiones, el Plan Estratégico incluye sumar nuevas representaciones en casos puntualmente elegidos, reanudar investigaciones y generar pruebas mediante la conformación de un equipo de peritos públicos propios de la secretaría, en forma paralela a la Justicia. El petitorio elevado al que nos referimos describe esto expresando que “organismos querellantes de derechos humanos con miembros de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad del Ministerio Fiscal, crean nuevos casos con testigos militantes (muchos de ellos indemnizados con sumas millonarias por el Estado), cuya demora en haber revelado los supuestos nuevos datos y omitido su existencia en anteriores declaraciones nunca es tomada en cuenta y se les otorga plena credibilidad en los juicios”.

    (Fuente: retiradosffaa.blogspot.com)

Cabe recordar la cantidad de funcionarios de frondoso prontuario terrorista o de vínculo familiar estrecho con quienes intentaron tomar el poder ejerciendo la violencia indiscriminada en la década del 70 e incluso en tiempos de gobierno constitucional involucrados en las nuevas ediciones de un mismo plan. El espíritu de venganza a más de cuarenta años de los hechos se reaviva así año tras año con nuevos juicios y condenas en interminable sucesión, ahora al servicio de mantener la debilitada cohesión del actual Gobierno, disfrazando las verdaderas razones detrás de una política criminal y de clara persecución penal tan ideologizada como arbitraria.

La Corte Suprema acaba de advertir en un lúcido y trascendente acto en Rosario, que el más importante flagelo que sufre nuestra sociedad es el narcotráfico, cuyo poder se extiende dramáticamente en las grandes orbes. Los escasos recursos de la Justicia Federal argentina debieran encaminarse decididamente a solucionar los graves problemas del presente que sufre nuestra sociedad, y los jóvenes en particular, en lugar de continuar juzgando a las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por hechos ocurridos hace medio siglo.

Celebramos la disposición del magistrado Slokar a escuchar los justos reclamos y trasladar las inquietudes al pleno del tribunal.

La audiencia constituye un valioso precedente. Incurrir en manifiesta violación de los principios constitucionales más elementales como el de igualdad ante la ley a la hora de administrar justicia deja en evidencia la preocupante dependencia del poder político de muchos de sus integrantes

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La "verdad histórica antes que el relato" 4

Piden investigar el pago de indemnizaciones a detenidos uruguayos durante la dictadura argentina
Presentan 20 casos de altos resarcimientos pagados durante el "kirchnerismo", cuando la mayor cantidad de jornadas privados de libertad fue en su país

 José D`Angelo (Fuente: lanacion.com) El pago de indemnizaciones a personas detenidas durante la dictadura militar esconde graves irregularidades, según la ampliación de una denuncia presentada en el juzgado federal de Ariel Lijo. En su escrito, el investigador José D’Angelo planteó sospechas en torno de 20 casos de ciudadanos uruguayos, que habrían cobrado resarcimientos millonarios en la Argentina, cuando sufrieron en su propio país el mayor período de privación de la libertad. En algunos casos, incluso, habrían cobrado resarcimientos en ambos países.

- Caso 1; de la maestra Sara Rita Méndez Lompodio, militante del Partido por la Victoria del Pueblo en Uruguay, que llegó a la Argentina en forma clandestina en 1973. Según la denuncia, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y 11 días después fue trasladada a Montevideo. Por esos 11 días de cautiverio, a partir de las leyes reparatorias (24.403 y normas sucesivas) cobró una indemnización de $22,1 millones, a valores de hoy, en dos pagos realizados en 2007 y en 2015, ambos durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Ese monto implica un pago de $2.010.000 por cada día de detención, aunque en la denuncia se pide investigar si para fijar el monto abonado las autoridades argentinas no computaron el período que permaneció detenida en Uruguay. D’Angelo estimó que el cálculo base establecido por las leyes reparatorias argentinas (la 30ª. parte del sueldo más alto de la administración pública por cada día de encierro) arroja $4416 por día de detención o exilio.
También se solicita en la denuncia verificar si Méndez Lompodio recibió en su país un beneficio de seguridad social y pensión reparatoria, dispuesta por la ley local 18.033, promulgada en 2010, durante el mandato de José Mujica, para quienes estuvieron presos o en la clandestinidad, exiliados o hayan sido despedidos de la actividad privada entre febrero de 1973 y el mismo mes de 1985.

- Caso 2; de Gastón Zina Figueredo, también uruguayo, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orletti. Fue detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado a Uruguay el 24 del mismo mes, donde permaneció en el penal Libertad, hasta que fue liberado en 1978. El gobierno de Cristina Kirchner le pagó en 2009 una indemnización de $25,7 millones. También solicita clarificar si por los dos años que permaneció detenido en Uruguay cobró resarcimiento en ambas orillas.

- Caso 3; de Beatriz Victoria Barboza Sánchez, quien estuvo un día detenida en Buenos Aires y fue enviada a Uruguay en la misma jornada. Estuvo presa en su país durante cuatro años. “Cobró $7.693.537.del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner”, se indica en el escrito.

Como lo hizo en su presentación anterior, el autor de la denuncia pidió al juez Lijo que investigue si se cometieron delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al otorgar los beneficios de las leyes reparatorias en casos que no corresponderían. D’Angelo investiga desde hace varios años situaciones irregulares en la política y el discurso de los derechos humanos durante el período "kirchnerista", y presentó varias denuncias, a partir del trabajo reunido en sus libros “Mentirás tus muertos”, en el que pone en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, y “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”.

                                   Juez Federal Ariel Lijo (Fuente: lanacion.com)
Sumas millonarias
“En los veinte casos detectados, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones, como si todos los días en que estuvieron detenidos, lo hubieran sido en jurisdicción de nuestro país”, argumentó D’Angelo. Solicitó, además, conocer si en cada uno de los 20 casos presentados se paga en nuestro país “una pensión mensual graciable por la ley reparatoria 26.913, que equivale a dos jubilaciones mínimas”, beneficio que se extendería a los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, en caso de fallecimiento. Del mismo modo, se pide “librar oficios para saber si estas personas también cobraron y cobran en Uruguay, por los mismos hechos, indemnizaciones y pensiones”.

El autor de la denuncia reclama, incluso, que se cite a prestar declaración indagatoria a los responsables de los hechos denunciados y al PEN, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Cancillería, para que informe el número total de casos de indemnizaciones, compensaciones y/o beneficios mensuales efectivamente dispuestos y el dinero erogado cada año, desde la sanción de las leyes reparatorias, además de la nómina de beneficiados, entre otros requerimientos.

Los casos
Algunos de los casos citados en la denuncia son los siguientes:
Caso 4; de Carlos Enrique Rodríguez Martínez. En 1973, instaurada la dictadura militar en Uruguay, se radicó en la Argentina. Fue detenido el 30 de junio de 1976 en Flores y trasladado clandestinamente a Montevideo 24 días después. Liberado en 1982, emigró a Suecia. En noviembre de 2009 cobró dos pagos de indemnizaciones, por $4 millones y $ 67,6 millones. En total: $71,6 millones, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Caso 5; de Raquel Nogueira Paullier. Trasladada a un penal uruguayo, luego de permanecer detenida diez días en la Argentina. Partió a Suecia en enero de 1978. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones $3,5 millones y $22,2 millones, ambas en 1009.

Caso 6; de Margarita Michelini Dellepiane. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires y 11 días después trasladada a Uruguay. Recuperó su libertad en mayo de 1981.El Estado argentino le pagó $16 millones, en marzo de 2007.

Caso 7; de Sergio Rubén López Burgos. Detenido 11 días en Buenos Aires, en julio de 1976, y enviado a un instituto penal uruguayo donde permaneció en cautiverio hasta 1981.El Estado argentino le pagó en septiembre de 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner, $24,6 millones.

Caso 8; de Víctor Hugo Lubán Peláez (argentino) y Marta Amalia Petrides (uruguaya). Detenidos en el conurbano el 15 de julio de 1976 y trasladados a Montevideo nueve días después. Al ser liberados, la pareja se exilió en Suecia. En 2011, Lubán Pérez cobró $ 16,5 millones, a valores de hoy, y en 2010, Petrides percibió $7 millones.

Caso 9; de Ana María Salvo Sánchez. Permaneció diez días detenida en Buenos Aires, en julio de 1976, y un año y medio en Uruguay. En 2009 se le pagó $ 9,5 millones.

Caso 10; de Alicia Raquel Cadenas Ravela. En julio de 2009 cobró una indemnización de $8 millones. Había permanecido detenida diez días y trasladada a Uruguay, donde estuvo tres años privada de su libertad.

Caso 11; de María Elba Rama Molla. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires, a los diez d días fue enviada a Uruguay, donde permaneció detenida cinco años. Cobró $17,2 millones en 2008, durante el mandato de Cristina Kirchner.

Fuente: Mariano de Vedia - La Nación (22 de junio de 2022)

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Nuevo escándalo por indemnizaciones en los años 70

Recientemente, la investigación del periodista Luis Gasulla reveló que Nacha Guevara, “por amenazas” en los 70, cobró del Estado unos $12.000.000 por haberse exiliado durante 2.856 días. Más allá de la notoriedad pública que alcanzó el caso, debe repararse en que es apenas uno entre miles que no han tenido la misma publicidad.
Efectivamente desde su sanción en 1990 y 1994, respectivamente, por las leyes 24.043 y 24.411, entre otras, llamadas “leyes reparatorias”, se han pagado a víctimas y parientes de la represión ilegal del Estado en los 70, más de 3.000 millones de dólares (monto actualizado a valores de hoy, según las proyecciones por mí realizadas), sin que los argentinos podamos saber a quiénes, por qué y con cuanta plata se pagaron (y siguen pagando) estos beneficios

¿Existe transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano y judicial en estos pagos? Decididamente ¡¡no!!. Son decisiones administrativas, inaccesibles para los argentinos de a pie, adoptadas arbitrariamente desde un área hermética del Estado como es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH)

¿Por qué se rodea de tanto secreto a los beneficiarios de una ley? ¿Por qué el Gobierno oculta sus nombres y el dinero que se les otorgó y otorga?
El CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales, que Horacio Verbistsky presidió hasta el “vacunatorio VIP”, publicó un artículo revelador, titulado “La experiencia argentina de reparación económica en graves violaciones de los derechos humanos”, escrito por la Dra. María José Guembe, directiva del organismo.
Dice Guembe: “Uno de los problemas que surgieron en la aplicación de esta ley (24.043) es que muchas de las personas que reclamaban la indemnización, tenían juicios penales en su contra: su detención no obedecía al dictado del ‘Estado de Sitio’ sino a la acusación de haber cometido delitos en el marco de la ‘lucha armada’ y, aunque había intención de sumar a estas personas entre los beneficiarios, la norma legal no lo habilitaba. (…) El tema no fue incluido por la polémica y fuerte oposición que habría generado en el Congreso Nacional, difícil de superar ya que la dirigencia política estaba dispuesta a otorgar una compensación a los que habían sido injustamente encarcelados, pero no a los acusados de cometer delitos. También era seguro que, si se incluía a estas personas, se dispararía un fuerte descontento social. Por este motivo esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero –posteriormente– se dictaminó de manera favorable el cobro del beneficio, con resoluciones administrativas de la Secretaría de Derechos Humanos.”

La acusación es gravísima: la aplicación de esta ley por parte de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) durante todos estos años condujo a pagar de manera arbitraria, fraudulenta e ilegal, multimillonarias cifras a quienes no debían cobrarlas.
Entre más de 12.000 expedientes liquidados favorablemente en estos años, en el marco de estas leyes, un grupo minoritario de este universo de “premiados” por el Estado argentino merece destacarse: los uruguayos exiliados en la Argentina en los 70.

Cuando en 1973 se instaló en Uruguay un gobierno cívico-militar que se extendió hasta 1985, presidido por el Dr. Juan María Bordaberry, se vivía en el vecino país un proceso de deterioro social y económico, con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada, allí, por varios grupos de izquierda, entre los cuales se destacaron, entre otros, el MLN - Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, la OPR-33 - Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y la FAU - Federación Anarquista Uruguaya.
Cuando se produce el golpe, muchos militantes de aquellas organizaciones buscaron resguardo en nuestro país y se unieron, para formar aquí el “Partido para la Victoria del Pueblo”. Su objetivo era continuar, desde acá, la lucha contra el gobierno de Bordaberry y también operar con las organizaciones guerrilleras argentinas en su lucha por la instauración del socialismo en el continente.

Producido en 1976 el golpe militar en la Argentina, según información que se registra hoy en la página del Ministerio Público Fiscal de nuestro país, fueron detenidos varios ciudadanos uruguayos que, luego de pasar algunos pocos días en sitios de detención argentinos, fueron trasladados al Uruguay para quedar a disposición de las autoridades uruguayas, permaneciendo presos varios años y luego recuperando su libertad. ¿Cuántos?
- En todos estos casos, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno kirchnerista les pagó multimillonarias indemnizaciones, actualizadas, como si todos los días de detención, incluidos los años en Uruguay, hubieran sido en jurisdicción argentina.

El listado completo de estos inconcebibles casos ya fue publicado por La Nación. Para no ser reiterativo, pueden resumirse en el del activista uruguayo Gastón Zina Figueredo, detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Le hubieran correspondido $37.800, pero cobró del Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575.

Hace poco, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, requirió al Papa Francisco la apertura de los archivos vaticanos que pudieran contener información sobre los años 70 en la Argentina. Nosotros no hemos de cejar en el reclamo a la justicia y al gobierno argentinos para que se abran los más cercanos, los archivos de la SDH, a fin de acceder a toda la verdad. Y este pedido debe ser encabezado por la oposición política y los medios independientes, en representación del anhelo de millones de argentinos hastiados de las “mentiras de Estado”.

Así, la verdad nos hará libres y podremos superar el doloroso pasado que nos ata!!

Fuente: José D’Angelo – lanacion.com.ar

A 46 años de la bomba que Montoneros colocó en el comedor de la PFA

Marcharon en Congreso contra "la impunidad de los responsables de la Masacre en el Comedor" de PFA

Convocatorias

Unos 1.200 personas homenajearon a las víctimas y reclamaron que se quite el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte E "por ser el ideólogo de la masacre". También exigieron que se remuevan del Parque de la Memoria los nombres de los autores del atentado y se instalen placas que recuerden a los muertos en el ataque.

Centenares de personas marcharon pidiendo justicia por la masacre en el comedor de la Policía Federal provocada por una bomba de Montoneros en 1976 (Fuente: perfil.com)

A 46 años del ataque terrorista más sangriento de la historia argentina previo al de la AMIA, diversas organizaciones sociales, grupos de jóvenes, familiares, deudos y víctimas de marcharon este sábado desde la estación Rodolfo Walsh de la línea E de subte, que homenajea justamente a quien es considerado como ideólogo del brutal episodio, hasta el lugar donde se produjo el ataque terrorista, en la ex Superintendencia de Seguridad, en Moreno al 1400.

Los manifestantes recordaron a las víctimas del atentado de Montoneros y aplaudieron la reapertura de la causa ordenada por la Cámara Federal, para que pese al tiempo transcurrido se investigue y juzgue a los responsables. Además, en la marcha se pidió que se instalen placas recordatorias de los 23 muertos por la bomba y se retire el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte que lo recuerda.

                                   Fotografía de la marcha (Fuente: perfil.com)

Bajo la consigna “El ideólogo y la masacre. Marcha contra la impunidad”, la movilización buscó concientizar sobre "el intento de invisibilización de este y otros atentados cometidos por Montoneros y otras organizaciones armadas"

El punto de encuentro fue la estación Rodolfo Walsh, de la línea E de subterráneos, considerado por los organizadores "símbolo de los impropios homenajes y reconocimientos que los perpetradores de estos crímenes reciben hasta el día de hoy de parte de la dirigencia política y referentes culturales".

Frente a la sede de la ex Superintendencia de Seguridad, se leyó el “Manifiesto del 2 de Julio”, un documento firmado por AfaVitA-Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia-, con la adhesión de más de 30 entidades de todo el país.
Las organizaciones convocantes denunciaron que "el Estado transformó la noble causa de los derechos en mera ideología, al servicio de la construcción de un poder perverso, cimentado en la siembra de discordia, la colonización de la justicia y la confiscación de la República.”

Fotografía de la marcha (Fuente: perfil.com)

“Hemos dejado de manifiesto cómo la clase dirigente argentina sigue pisoteando la memoria y la dignidad de las víctimas al homenajear al ideólogo de la masacre que dejó a los 23 muertos que hoy recordamos con nuestras pancartas”, dice el texto. Y advierte: “Estamos hartos y ya no vamos a quedarnos callados ante esta afrenta repugnante. No hay ninguna razón de bien público, ninguna consideración ajustada a los intereses del país que justifique la imposición de la mentira desde el Estado, la impúdica falsificación de la historia, la repugnante transformación de asesinos y terroristas en héroes y el cruel e inhumano silenciamiento de sus víctimas inocentes”

En ese sentido, se anunció que la marcha se repetirá cada 2 de julio en homenaje y recordación de las víctimas y se reclamó a las autoridades que eliminen el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subtes línea E, por ser el ideólogo de la masacre; se remuevan del monumento erigido en el Parque de la Memoria a los autores de este atentado y se instalen placas que recuerden a las víctimas de esta masacre.
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El texto del Manifiesto difundido este 2 de julio de 2022

Queridos amigos, compatriotas y personas de buena fe que esta mañana nos han acompañado en esta marcha para testimoniar la impunidad y la burla de las instituciones para con las víctimas del terrorismo. Hemos dejado de manifiesto cómo la clase dirigente argentina sigue pisoteando la memoria y la dignidad de las víctimas al homenajear al ideólogo de la masacre que dejó a los 23 muertos que hoy recordamos con nuestras pancartas.

Decimos que estamos hartos y que ya no vamos a quedarnos callados ante esta afrenta repugnante. No hay ninguna razón de bien público, ninguna consideración ajustada a los intereses del país que justifique la imposición de la mentira desde el Estado, la impúdica falsificación de la historia, la repugnante transformación de asesinos y terroristas en héroes y el cruel e inhumano silenciamiento de sus víctimas inocentes. ¡No hay ninguna justificación! Y sin embargo esto es lo que se ha hecho, nada menos que por un Estado que transformó la noble causa de los derechos en mera ideología, al servicio de la construcción de un poder perverso, cimentado en la siembra de discordia, la colonización de la justicia y la confiscación de la república.

Lo actuado resulta, además, repugnante a la tradición jurídica y cultural, a la Constitución y a los tratados internacionales, y acredita un perverso criterio discriminatorio. Estamos viviendo lo que le sucede a una nación cuando tolera y consiente que sus leyes y sus jueces se sometan al poder de turno: instituciones ausentes, criminalidad sin freno, inseguridad generalizada, leyes aberrantes, ruina económica, discordia y odio crecientes. Los jóvenes vemos, a veces con impotencia, y siempre con indignación, cómo se incita a la enemistad entre los ciudadanos, hijos de la misma Patria, cómo se tejen intrigas y se alientan prácticas mafiosas que mancillan el honor y silencian el clamor de verdad y de justicia.

Cada 2 de Julio haremos el mismo recorrido, denunciando la impunidad a todo aquel que nos quiera escuchar, en todos los espacios que estén dispuestos a oír nuestro reclamo. Cada 2 de julio rendiremos homenaje y tributo a las víctimas inocentes de un atentado monstruoso e impune. Y pedimos a quienes están a cargo de los tres poderes de la república que escuchen las siguientes demandas:

1. Que se elimine el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subtes línea E, ya que fue el ideólogo de la masacre, el que decidió poner una bomba vietnamita en un comedor.

2. Se remuevan del monumento erigido en el Parque de la Memoria a los autores de este atentado.

3. Se instalen placas que recuerden a las víctimas de esta masacre.

Decimos que un Estado que homenajea terroristas es un Estado terrorista; ¡decimos basta! Esperamos que nos escuchen y estaremos aquí hasta que lo hagan, demandando justicia, verdad y el fin de la impunidad. ¡VIVA LA PATRIA!

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Fotografía de la marcha (Fuente: perfil.com)

La masacre en el comedor ¿Qué se recuerda?
El 2 de julio de 1976 en Moreno al 1400 Montoneros realizó el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina hasta el de la AMIA. Ese día, un artefacto explosivo conocido como “bomba vietnamita” diseñado no sólo para estallar sino para producir la mayor cantidad de laceraciones, cortes y mutilaciones, estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal) de la PFA, en la ciudad de Buenos Aires, causando el derrumbe del techo del comedor en momentos en que el lugar se hallaba lleno de gente almorzando. Murieron 23 personas, incluyendo una civil que se encontraba de visita, y unas 110 resultaron heridas.

El artefacto explosivo, la “bomba vietnamita”, era del tipo Claymore, que constaba de entre cinco y siete kilos de "trotyl" y cargaba bolas o postas de acero que al detonar se disparaban como una metralla. El tipo de artefacto utilizado demuestra la crueldad y el intento de matar o herir gravemente a la mayor cantidad de personas posible de forma indiscriminada.

Ciento diez heridos y veintitrés muertos, el saldo total del peor atentado guerrillero durante la sangrienta década de los 70, el más devastador ataque contra una sede policial en todo el mundo (Fuente: infobae.com)

La Justicia Federal mantuvo la causa sin avances significativos por más de 40 años y en 2006 la jueza Servini de Cubría ordenó su cierre. A partir de la acción de entidades que representan a las víctimas, la Sala I de la Cámara Federal ordenó finalmente en junio de este año reabrir la investigación para que se analice la responsabilidad de la agrupación Montoneros en el atentado. En el expediente, la querella señala como responsables a la cúpula de la organización Montoneros: Mario Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger, Lila Victoria Pastoriza, y muchos otros integrantes del grupo criminal que planificó y ejecutó la masacre.

Organizaciones convocantes: Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina AFAVITA, Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia. Y adhirieron: Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina AFYAPPA, Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Centro de Estudios Cruz del Sur, Centro de Estudios Salta, Unión de Promociones, Asociación Unidad Argentina, Círculo Nacionalista de la Provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, Colectivo por la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad y la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo
(Fuente: perfil.com)

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