lunes, 26 de febrero de 2018

Rosario habla: resolverán si el asesinato de Larrabure es delito de Lesa Humanidad.

(Por David Rey)- Rosario puede empezar a contar la historia. De hecho, la Cuna de la Bandera… esta vez la puede hacer flamear más brava que nunca. La misma ciudad donde, en 1975 (plena democracia), el Coronel Argentino del Valle Larrabure estuvo secuestrado 372 días dentro de una “Cárcel del Pueblo”, de las que ideaban los “jóvenes idealistas” del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) para torturar y asesinar a sus víctimas. No obstante, Rosario es también la ciudad cuyos habitantes ignoran que fue en Garay y Bariloche, a 20 cuadras de la céntrica peatonal Córdoba, donde tuvo lugar uno de los peores crímenes ocurridos en toda la historia del país y cuyos responsables gozaron de absoluta impunidad por más de 40 años. El Dr Javier Vigo Leguizamón, abogado de la familia Larrabure, parece ser el encargado de “colocar la historia en el lugar donde debe estar”, es decir, por encima de la amnésica memoria que el relato, durante los años del kirchnerismo, pretendió imponer. En rigor, el miércoles 28 de febrero se presentará en la Cámara Federal de Rosario (Entre Ríos 435) nada menos que para plantear que el secuestro, la tortura y el asesinato de Larrabure sea considerado como delito de Lesa Humanidad. Hay fundadas expectativas en este sentido, como lo explica nada menos la importante convocatoria que se prepara para acompañar el fallo de la justicia rosarina, el cual puede representar un acontecimiento histórico para nuestro país. Entrevistado en Periodismo> para periodistas… ON THE RADIO (Radio FM “Gran Rosario” 88.9 Mhz), Arturo Cirilo Larrabure, hijo del Coronel Larrabure, indicó que “los crímenes de Lesa Humanidad están basados en el Estatuto de Roma. Cuando se produce un ataque sistemático a la población civil, nos encontramos en presencia de crímenes de Lesa Humanidad. En aquellos años, en la Argentina ocurrieron más de 17 mil atentados o ataques a la población civil por parte de organizaciones terroristas”. Respecto de por qué la justicia argentina omitió siempre esa apreciación, Larrabure sostuvo que “para quedar afuera de la clasificación de crimen de Lesa Humanidad, inventaron una composición en la que solo los ataques de Lesa Humanidad eran aquellos concebidos por agentes estatales. Eso es lo que intentaron hacer creer a la sociedad argentina. Pero eso, el Estatuto de Roma no lo dice en ningún lado. Acá lo que hay que tener en cuenta es que el Estatuto de Roma no pregunta ‘Quién’, sino pregunta ‘Qué’, ‘Cómo’, ‘Cuándo’, ‘Por qué’. Esas son las preguntas que se hacen los que escribieron el Estatuto de Roma. Y el secuestro, la tortura y el asesinato de mi padre, ocurrido en plena época democrática (1975) donde gobernaba Isabel Martínez de Perón, encuadra perfectamente dentro de la tipificación del delito de lesa humanidad”. Larrabure recordó que su padre, secuestrado por el ERP en la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba), estuvo encerrado en el sótano de una mercería que era atendida por Amorosa Brunet de González, quien vivía con sus hijas Rut y Estrella, una de las cuales estaba nada menos que embarazada al momento de llevarse a cabo tan horrible secuestro. “Esto era lo que estaba dentro de esa simulación que aparentaba ser una familia totalmente normal y tranquila, y abajo, en el sótano, se encontraba lo que era el horror”, precisó el entrevistado.

Las dos caras de los crímenes de “Lesa Humanidad”

(Por Malú Kikuchi)- De acuerdo al “Estatuto de Roma”,17/7/1998, son considerados crímenes de “lesa humanidad” (tipificados por la Corte Penal Internacional) por sus características que agravian a la humanidad entera. Esos crímenes son 11 y el asesinato está entre ellos. No se aclara si los comete un gobierno o no. Argentina ha decidido que solamente son crímenes de lesa humanidad aquellos que comete un gobierno desde el poder. Se puede estar de acuerdo o no. Esa es otra discusión. Pero si Argentina cree que sólo un gobierno comete crímenes de lesa humanidad, ¿qué pasa con Venezuela? La República Bolivariana de Venezuela, es un país federal, 23 estados más el Distrito Capital y las islas llamadas “dependencias”, con 19 millones y algo más de habitantes, rica en petróleo pesado, con una Constitución impuesta por Hugo Chávez en 1999 y aceptada por el pueblo venezolano. Hoy, pobre! Un país que fue muy rico, que despilfarró su riqueza en una pésima política económica populista, llamada “el socialismo del siglo XXI”, que importó no sólo la ideología de la Cuba castrista, también importó 120.000 cubanos entre maestros, médico y militares. Se teme estos últimos manejen el país. Al morir Chávez, dejó como heredero a Nicolás Maduro, ex colectivero, ex canciller del chavismo, comunista confeso, discípulo de los Castro y tan limitado que se refiere a los “5 puntos cardinales”. Mientras la economía colapsa, y falta lo esencial: ataúdes, papel higiénico, analgésicos…Nicolás Maduro fue electo con Elía Jaua como vicepresidente en 2013. La elección tuvo una fuerte sospecha de fraude. El contrincante de Maduro era Henrique Capriles, gobernador de Miranda y ya tarde en la noche se cayó el sistema de computación. Volvió y llovieron de pronto los votos a Maduro. En las legislativas del 6/7/2015, la MUD, Mesa de Unidad Democrática (todos los partidos de oposición unidos) obtuvieron 112 diputados y el GPPSB, Gran Polo Político Simón Bolívar, más aliados, obtuvo 55 diputados. La Asamblea Nacional, órgano unicameral, consta de 167 miembros. Los 4 que faltan son del distrito Amazonas y no están por una maniobra del Tribunal Supremo de Justicia (chavista). Maduro ante la adversidad económica y política, enloquece cada día un poco más. El pueblo venezolano quiere votar, su Constitución dice que puede votar, el gobierno seguro de perder las elecciones, no las permite. Ha hecho y hace todo lo inimaginable para doblegar a su gente. No lo consigue. El último invento es una Asamblea Constituyente de más de 500 miembros (30/7), de los cuales Maduro nombrará la mitad y la otra serán campesinos, obreros y ONG sociales. Hace más de 100 días que los venezolanos protestan en las calles de todo el país. Hay miles de detenidos y presos políticos. Falta comida, pero sobra coraje. Ya van más de 120 muertos, todos ellos jóvenes de entre 17 y 25 años, asesinados por los colectivos chavistas (paramilitares en moto), mientras la Guardia Nacional y la policía reprimen tirando a matar. Responsable del desastre, es el gobierno corrupto y narco. Sólo quieren votar. Los detienen, los juzgan en tribunales militares, los matan. Maduro califica a los líderes políticos de la MUD de “terroristas” a los que les espera la cárcel. ¿Y los DDHH de los venezolanos? ¿O los que se oponen a Maduro y a cualquier seudo izquierdista, no merecen justicia? Estamos esperando que mamá Hebe, nona Carlotto, el inexplicable premio Nobel Perez Esquivel, los diputados de izquierda, las múltiples ONG de izquierda, digan algo sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometen todos los días en Venezuela. El silencio es atronador. Los crímenes cometidos por la izquierda son justificados, casi se diría que bienvenidos. Ante tanta hipocresía, ante esta moral sesgada, ante una ideología más allá de toda lógica, hay que terminar con los juicios truchos de la verdad, barajar y dar de vuelta. O en Venezuela se cometen crímenes horrendos de lesa humanidad contra jóvenes desarmados que solo quieren votar, o el tema de los crímenes de lesa humanidad es abiertamente un negocio para algunos. Hoy Venezuela no es una república y es un insulto a Simón bolívar utilizar su nombre. Esperamos ley pareja. Ni los crímenes de lesa, ni la Justicia tienen dos caras… salvo que sean monedas

martes, 20 de febrero de 2018

Defensa Nacional: el debate imprescindible

(Por Gustavo Gorriz)- La tragedia del ARA “San Juan” sigue llamando a la reflexión sobre el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Elena María Krawczyk fue la primera oficial submarinista de nuestra Armada y tomó ese exigente desafío a sabiendas de que afrontaba una actividad de riesgo, un riesgo siempre latente en profesiones como la militar, que lidia habitualmente con situaciones complejas que involucran armas y materiales peligrosos. Esta teniente de navío es uno de los 44 mártires que dieron visibilidad a la crisis permanente por la que atraviesan nuestras FFAA. Seguramente esta dama, como todos, intuía que el riesgo natural de su profesión se había incrementado al límite por las carencias logísticas y el desgaste propio de los equipos y materiales en uso. Se agregan a esto, además, las mínimas posibilidades de operar en condiciones lógicas y los cientos de problemas que aquejan a nuestras instituciones de manera estructural desde hace ya muchas décadas. La tragedia del ARA“San Juan” puso sobre la mesa pública el archiconocido camino que transitan a diario quienes abrazaron la vocación militar: la constatación de que lamentablemente todo pende de un delgado hilo. Los escasos presupuestos y la antigüedad de los medios existentes hacen saber íntimamente y a todos los efectivos de las FFAA que el límite del sentido común ha sido sobrepasado hace muchos años. Para ser justos, es de caballeros admitir que esta dolorosa situación es poco atribuible a la gestión actual de gobierno, ni al área de Defensa y, menos aún, a la conducción de las FFAA. No hay duda alguna de que generales, almirantes y brigadieres en actividad llevan como pueden y con gran esfuerzo una situación que hubiera doblegado a cualquiera. Debemos evitar denominar “crisis” a este estado de cosas, ya que por su propia definición crisis sería una situación extrema pero acotada en el tiempo. El descuido de las FFAA, su bajo presupuesto y, en algunos casos, su falta de guía y dirección profesional vienen de muchos años atrás, revertir esta situación llevará mucho tiempo de esmerada dedicación. Este tema fue tratado por DEF en reiteradas oportunidades, para instalarlo en la agenda pública y generar conciencia antes de que llegaran las anunciadas desgracias. Hoy, una vez más, destinamos gran parte de nuestra publicación a esta problemática, y ponemos a disposición de los lectores la opinión de los analistas más importantes de la Argentina para que nos ayuden a entender a fondo la situación que atravesamos y el modo de encarar el desafío del futuro. La política lleva muchos años viendo el tema militar como un área incordiosa, llena de potenciales problemas, que además generan casi siempre una hostil respuesta en la sociedad. En concreto, nunca da rédito político ocuparse de los asuntos militares; la urgencia siempre es tapada por las necesidades del presente, y las de las FFAA quedan pendientes ante la primera emergencia. Siempre surgen y ganan los problemas complejos del hoy, sea la inflación, sea la seguridad ciudadana o sean los jubilados, sea el transporte o las tarifas o cualquier otro asunto de la agenda diaria, que terminan primando sobre las cuestiones a atender en el mediano o largo plazo. No hace falta ser un experto para entender que la defensa es una cuestión vital para la República: así está enunciado en el Preámbulo de nuestra Constitución y muy claramente especificado en la ley respectiva. El grado de indefensión al que hemos llegado es inédito entre los países importantes del mundo, y la Argentina lo es, ya que ocupa el octavo espacio territorial más extenso del planeta con 2,8 millones de km2, a los que se suman casi 1 millón del sector antártico y 3,8 millones de sus espacios marítimos. Nadie es ajeno en la asignación de responsabilidades a esta situación a la que hemos llegado. Con el advenimiento de la democracia hubo un importante esfuerzo por desarticular al poder militar, debilitar su incidencia en la cosa pública, y para ello, se realizaron varias y eficientes medidas, como el desmantelamiento de la industria militar, la caída abrupta de los salarios, el ajuste y cierre de unidades y, lo más importante, un desgaste social que afecta desde hace décadas el ánimo y, en muchos casos, la permanencia de los cuadros dentro de las FFAA. A diferencia de otros países de la región, 35 años después del regreso de la bienvenida democracia, esas prevenciones siguen presentes, y muchos dirigentes se han hecho eco de ellas durante décadas en su relación con este sector fundamental de la República. Muchas veces, desde lo ideológico y desde la conveniencia política, se mantuvo el discurso, la presión y la desidia, y nada se hizo para lograr una acción reparadora. Los militares se fueron acostumbrando, de alguna manera, a ser ciudadanos de segunda, imposibilitados de actuar, de opinar y de tener los mínimos recursos necesarios para cumplir sus misiones específicas. Este estado de las cosas se mantuvo durante años, lo que generó una constante tensión interna, que si bien ha sido en parte superada, mantiene en alerta las estructuras militares, que esperan respuestas serias y definitivas para su problemática. Todo esto no es una novedad. No lo decimos nosotros desde esta columna, sino que es muy sabido y destacado por analistas internacionales, como Juan Manuel Ugarte, que en su artículo “Argentina y su capacidad de defensa” describe las opiniones de medios especializados de todo el mundo respecto de nuestras FFAA: “En su edición 2017, la Military Balance examina detenidamente la situación de la Argentina destacando la necesidad de ‘reemplazar una gran cantidad de plataformas viejas, inoperables y retiradas’, señalando ‘falta de inversión en equipamiento y una erosión general de las prácticas de mantenimiento’”, y concluyendo que las FFAA “son una sombra de aquellas que fueron derrotadas en una guerra limitada con el Reino Unido en 1982”. Por su parte, UK Defense Journal ha reiterado (26 de abril de 2017) que “tras un significativo período de declinación, las FFAA argentinas han dejado de ser una fuerza militar capaz”. Por su parte, el IDSA hindú ha señalado: “La negligencia por espacio de dos décadas ha significado que las FFAA argentinas estén enfrentando obsolescencia en bloque”. En concreto, es fácil hacer un diagnóstico que deje en evidencia el estado de indefensión real que atraviesa nuestro país, con la necesidad urgente de políticas que permitan diseñar estrategias eficientes en un mundo en constante cambio. Salvo alguna honrosa excepción, quienes guiaron los destinos de la defensa nacional llegaron a cumplir su función con un gran desconocimiento de sus responsabilidades y, en muchas ocasiones en el pasado, con una carga emotiva negativa hacia quienes serían sus subordinados. Los militares llevan una vida obedeciendo órdenes y claman por órdenes claras y concretas para poder cumplir su misión; estas, por lo general, están ausentes. Y están ausentes no porque no estén enunciadas en algún documento, decreto o imposición hacia cada una de las Fuerzas; están ausentes porque los militares saben perfectamente que dar una misión implica proveer los medios y las posibilidades para ejecutarla de manera correcta, que no es una declamación vacía o una intención, sino que son medios, ejecución y control de la actividad ordenada, aspectos estos que nunca se cumplen. Tal es así, que creemos tener la certeza de que si uno reuniera a los cien generales, almirantes y brigadieres que conducen las FFAA con las más altas responsabilidades y les pidiera a cada uno y en forma individual que manifestaran las cinco responsabilidades primarias que tienen las Fuerzas en su conjunto, probablemente no encontraríamos unidad de criterio en esas respuestas. Debe quedar claro que la política de defensa no es un arbitrio de los militares; es una alta responsabilidad política, y los uniformados solo conforman una parte de ese ejercicio colectivo, de la que el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo el gabinete participan. Esa misión, finalmente, no es ocuparse de la guerra posible, sino primariamente generar las condiciones para garantizar la paz. Esa paz nunca es un acto de fe ni de voluntarismo, sino que, por el contrario, es la resultante de un profesionalismo extremo que disuada cualquier intento de vulnerarla. De la erosión generalizada de los medios disponibles y de la ausencia de sistemas logísticos acordes para un mantenimiento adecuado, no es necesario más que una mínima mirada para compadecer a quienes deben administrar estos devastados recursos. Gran parte de los materiales, armas y vehículos del Ejército y de la Fuerza Aérea datan de la Segunda Guerra Mundial o fueron desarrollados en la década del 50. Si logran mantenerlos es por la pericia y el esfuerzo denodado de grandes profesionales, pero su obsolescencia es conocida por todos. La Armada corrió mejor suerte, ya que luego del conflicto de Malvinas tuvo una importante renovación, pero lleva 30 años de bajísimos niveles de mantenimiento y de operabilidad y de un adiestramiento pobre y poco eficaz. Todos debiéramos sincerarnos y preguntarnos si contar con estos elementos obsoletos sirve realmente para proteger nuestra Nación. Podríamos también interrogarnos si ante la enfermedad de un hijo, estaríamos dispuestos a utilizar los elementos de cirugía y la farmacología de hace 80 años, esa sola comparación nos daría una respuesta. Como si esto fuera poco, el factor humano es el más delicado y complejo de recuperar. Los militares no han logrado la inserción profesional mínima para los estándares de los países de la región. Las FFAA han hecho ingentes esfuerzos para incorporarse al rol que les corresponde en la democracia, pero mantienen el estigma de vastos sectores sociales, producto de la devastadora década del 70, que aún hoy, 35 años después, es una cuenta pendiente a debatir antes de cualquier acción a desarrollar. La pérdida paulatina y constante de los cuadros de las FFAA, muchos de ellos desmoralizados por la ausencia de medios para capacitarse y por la mínima consideración social, a lo que se suman los salarios más bajos de toda la administración, ha llevado al sector a un estado de decadencia pocas veces visto. Podemos considerar, como ejemplo, que no hay en toda América un lugar que acepte siquiera la idea del “doble empleo”, casi común en los cuadros de las FFAA en la Argentina, lo que permite ver hasta donde llegó la gravedad de la situación planteada. Podría agregarse a este diagnóstico pesimista que carecemos de reservas, imprescindibles ante cualquier conflicto, y que aún se deben crear las condiciones básicas para poder ensamblar a las FFAA en un accionar conjunto eficaz, tema del que se habla hace más de 30 años, pero que requiere algo más que energía y voluntarismo para ser llevado a la práctica. Mientras transitamos estas décadas con la situación planteada, muchos sesudos intelectuales y destacados progresistas plantean, desde la ingenuidad o desde el discurso falaz, el interrogante sobre la necesidad de tener o no FFAA a través de disquisiciones que revuelven el pasado y dejan en manos de la magia y de la suerte el futuro que como país legaremos a las generaciones por venir. Al respecto, es común citar a Costa Rica y algún otro país que suprimió sus FFAA para divagar sobre un tema tan delicado para un país como la Argentina que, por su tamaño y riqueza, no puede concebir un desarrollo serio sin un estadio de seguridad apropiado que lo asegure. Cabría entonces preguntarse por qué la gran mayoría de los países en el mundo poseen FFAA. Podríamos preguntarnos, más precisamente, por qué Canadá tiene unas FFAA eficientes y equipadas, siendo aliada y compartiendo frontera con EE. UU. Todo indicaría que bien podría descansar en el país con mayor presupuesto en defensa del mundo, ya que cualquier conflicto que afectase a Canadá involucraría a las espaldas americanas. Seguramente aplica aquí aquello de que tus amigos te ayudan y acompañan pero “solo hasta la puerta del cementerio” y, llegado el caso, “no se entierran contigo”. Seguir discutiendo estas obviedades de perogrullo da pena, pero lamentablemente no están ausentes del inconsciente colectivo nacional. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver una crisis que ya no es tal, sino que se ha convertido en un “estado de las cosas” que atraviesa muchas décadas? ¿Cómo recomponer un sector que resulta imprescindible en el mediano y largo plazo, pero que requiere indefectiblemente actuar bien hoy si queremos asegurarnos que seguirá siendo un instrumento válido en el futuro? Nadie en su sano juicio podría pensar que es imposible que dentro de 15 o 20 años la Argentina esté involucrada en un conflicto. Es la gran deuda del ahora, mientras nos consumen las vicisitudes de la intensa vida diaria de nuestro país. Vivimos en un mundo que crece demográficamente y que requiere más agua, más alimentos, más energía y más espacio no ocupado. Pareciera que nuestro territorio es, de hecho, un apetecible destino a las necesidades internacionales. Recordar que en algún momento del pasado existieron dirigentes que hablaron de “ausencia de hipótesis de conflicto” invita a pensar en un autismo suicida que puede involucrar el destino de nuestras futuras generaciones. La responsabilidad del Estado es evidente e ineludible. Los argentinos hemos recorrido el camino exactamente inverso a los muchos logros que supimos tener en el pasado. Hace poco más de un siglo, disputábamos la hegemonía de toda América; hoy el presupuesto de defensa de la Argentina es de 2900 millones de dólares y eso representa el 0,45 % del presupuesto de EE UU (639.100 millones de dólares). Hace 50 años mirábamos con desdén los sistemas de Brasil que hoy apuntan a ser una potencia mundial, y cuyo sistema de defensa progresa día a día en un afán hegemónico que excede al propio continente. En las decisiones por venir no debe haber medias tintas y, ante la eminente serie de medidas a adoptar luego de la crisis del ARA “San Juan”, hay expectativas y esperanzas de retomar un camino imprescindible para la Nación. Los militares esperan subordinadamente que lleguen las respuestas que estuvieron ausentes durante décadas. Parafraseando de alguna manera el viejo dicho: “La defensa es demasiado importante para dejarla en manos de los uniformados”, es entonces la hora de la política, de una respuesta seria y responsable. Vaya un fuerte reconocimiento a las FFAA y a sus mandos, que trabajan como pueden, silenciosamente, en un constante temporal de carencias endémicas. Vayan también unas sentidas plegarias para los marinos perdidos en altamar y un profundo deseo de que ojalá sean los últimos mártires de esta desgraciada situación. Que ojalá la República recupere el control real de sus cielos, mar y tierra, antes de que sea definitivamente tarde.

domingo, 18 de febrero de 2018

Zaffaroni, Moyano y O`Grady

(Por Vicente Massot)- Tres distintas personas que, entre sí, poco o nada comparten y, en cuanto respecta a una de ellas, ni siquiera se conocen, han levantado la voz en las últimas semanas para decir, a expensas del gobierno macrista, prácticamente lo mismo. Que la partitura que ensayaron haya sido casi igual, más allá de ciertos matices accidentales, no significa que todos persiguieran (aùn sin ponerse de acuerdo) idéntico objetivo. En absoluto. Tampoco debe darse por seguro que piensen de manera similar y por eso haya existido una marcada coincidencia en sus discursos. Nada es tan lineal en la vida política. Puede atribuirse a la mera casualidad el hecho de que un jurista de renombre internacional, el dirigente sindical más importante de la Argentina y la principal columnista de asuntos latinoamericanos de The Wall Street Journal viniesen a converger, provenientes de tiendas ideológicas tan disímiles, en algo tan polémico. Pero a veces, más allá del azar, hay que apuntar a las razones capaces de explicarnos por qué en un mismo momento, día más o menos, Raúl Zaffaroni, Hugo Moyano y Mary Anastasia O‘Grady consideraron que la administración de Mauricio Macri podría ver interrumpido su mandato antes de tiempo. Es cierto que las motivaciones de unos y otros han sido diferentes y que también lo son las expectativas que cada uno de los nombrados tienen en cuanto al futuro de nuestro país. El actual juez de la Corte Interamericana de Justicia ventiló su inquina en contra del gobierno. Sin decir agua va, voceó a los cuatro vientos lo que más quiere. Lo suyo no fue un exabrupto. No se dejó llevar por un ataque de histeria propio de su naturaleza. En realidad, el penalista hoy volcado en cuerpo y alma al kirchnerismo no hizo más que reflejar cuanto anhela todo el universo K. De su lado, el líder del gremio de camioneros obró por desesperación. No está claro si él también sería feliz en el supuesto de que el macrismo tropezase con un obstáculo insalvable y tuviese que abandonar anticipadamente la Casa Rosada. A diferencia de Zaffaroni, no hay en él, a pesar de la retórica, un odio visceral que lo impulse a cruzar espadas con el jefe del estado nacional. Si hasta ayer negociaron en situaciones difíciles y, al final del día, siempre se pusieron de acuerdo, por qué imaginar que hoy sus diferencias resulten insalvables. Hay una sola respuesta: porque, en esta oportunidad, la Justicia le ha contado las costillas y puede ir preso. En Balcarce 50, Mauricio Macri y Marcos Peña deben haber recibido, no sin un acusado alborozo, las manifestaciones públicas de Zaffaroni y de Moyano. No podrían haber sido hechas en mejor oportunidad y le dejaron servida en bandeja de plata al oficialismo la contestación imaginable: “Son desestabilizadores que conspiran en contra de un gobierno elegido democráticamente”. Quienes hablaron de más le dieron la oportunidad al macrismo de meterles un gol de media cancha. En esto Macri sigue siendo un político afortunado: con enemigos como estos, no puede perder una elección. De mayor seriedad, sin duda, ha sido el artículo que la conocida y respetada columnista norteamericana escribió hace menos de una semana en el más influyente semanario económico del planeta. Este dato, por sí solo, merece un comentario especial. The Wall St Journal no es un periódico del montón. Por el contrario, junto a The Economist de Londres es el órgano de prensa más leído en el mundo de las finanzas. No se podría sostener, sin faltar a la verdad, que sus opiniones son canónicas para los políticos, economistas e inversores del mundo desarrollado. Pero son tenidas muy en cuenta y pesan a la hora de tomar decisiones. En un contexto como el actual, en donde la Argentina necesita atraer inversiones extranjeras directas, el argumento central enarbolado por Mary O’ Grady no debería pasar desapercibido entre nosotros. Tomando buena distancia de las parrafadas de Zaffaroni y de Moyano (después de todo, simples expresiones de deseo) las ideas expresadas por la columnista del país del norte forman parte de un análisis que pretende ser objetivo. No hizo un juicio de valor y su propósito nada posee en común con los del integrante de la corte interamericana o con los del líder de los camioneros. El Journal es un defensor de la política de Macri, no un opugnador. Sin embargo, una de sus periodistas estrellas ha considerado que el presidente argentino cometió un error de proporciones al comienzo de su gestión: el de no trasparentar ante la ciudadanía la catastrófica herencia recibida. Por ello, ahora está pagando un costo altísimo que la lleva apensar que, en la medida que no pueda hacer frente a las dificultades por venir, la actual administración corre peligro. Aún cuando se la juzgue exagerada a la periodista yankee, habrá que admitir que su parecer difícilmente sea el de un francotirador. No es la única que piensa así y ello supone un inconveniente no menor para Cambiemos. El principal desafío del año no estará en el frente político sino en el económico. Las encuestas reflejan con claridad que la mayor preocupación de los argentinos ha vuelto a ser la inflación. Nadie cree, a esta altura, que la meta de 15 % para este año adelantada por el gobierno refleje la realidad, y no son pocos quienes hablan de 25 %. Si fuera así, no implicaría que el mandato de Macri entraría en zona de turbulencia. Pero lo que sí sucedería es que los capitales (de suyo temerosos) seguirían, como hasta ahora, a la retranca. Es posible que Eugenio Zaffaroni deba abandonar su cargo en el tribunal que integra y que Hugo Moyano (más allá de cuanta gente moviliza el día 21) pierda poder y termine preso, pero ni uno ni otro están en condiciones de ponerle al gobierno un palo en la rueda. Son ruidosos y por momentos impresentables. Nada más. En cambio, a la señora O’Grady hay que tomarla en serio, no por lo que escribió respecto de cuanto podría pasarle a Macri, sino por la lectura que puedan haber hecho los inversores extranjeros que siguen sus columnas.

sábado, 17 de febrero de 2018

Para reflexionar: "curar las heridas"

(Por Arturo C. Larrabure)- En 2016, el Papa Francisco exteriorizó ante el periodista Morales Solá su deseo de una Iglesia abierta, comprensiva, que acompañe a las familias heridas. Apelando a ese compromiso le escribí entonces una carta solicitando nos ayudara precisamente a curar las heridas que la dolorosa década del 70 generó en los deudos de las víctimas de la guerrilla. Formalmente le solicité nos concediera una audiencia, a la que asistiría junto a María Cristina Picón, viuda de Viola, quien, el 1° de diciembre de l974, embarazada de cinco meses, vio cómo un comando del ERP asesinaba por la espalda a su marido, el capitán Humberto Viola, a su hija MaríaCristina, de tan solo tres años, y dejaba gravemente herida a María Fernanda Viola, de cinco. Mi padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure, fue secuestrado, torturado y asesinado por el ERP, en pleno gobierno constitucional.`Dije en mi carta que no defendíamos al Proceso, porque a nuestros familiares los asesinaron antes de que este comenzara. Tampoco albergamos odio en nuestro corazón. Propiciamos la cultura del encuentro que rescate el sagrado valor de todas las vidas, el que es negado por el falso relato de la memoria, que llama"ajusticiamientos" a los asesinatos asignando subliminalmente a los guerrilleros el derecho de secuestrar, torturar y matar. Creía que en el año de la misericordia y del bicentenario de nuestra dolida patria era fundamental generar gestos que evidenciaran que para el dolor de una madre no hay ideologías. Francisco, al recibir a Hebe de Bonafini, había remarcado que ante un dolor semejante uno debe inclinarse y dejar de lado los agravios. Las víctimas de la guerrilla integran una nueva clase de desaparecidos: los desaparecidos de la memoria pública. Pese a ello (afirmé entonces), desde muy joven he intentado honrar el mandato que mi padre dio a nuestra familia poco antes de morir: "Aunque suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla". Francisco nos ha hablado de las periferias existenciales adonde deben llegar los pastores con olor a oveja para llevar el consuelo y la voz del Evangelio. Situados en la periferia existencial donde han sido colocados los deudos de las víctimas del terrorismo guerrillero, aguardo aún su respuesta.

Chocobar, Macri y una pulseada con la Justicia

(Por Hèctor Gambini)- Los jueces de la Cámara del Crimen le ponen un freno al "cambio de doctrina" que propone el Gobierno para respaldar la actuación de los policías en la calle. Chocobar no es una golosina. A esta altura, tampoco es sólo un policía que mató a un ladrón tras un asalto violento en La Boca. Chocobar es ahora un punto de inflexión entre el espaldarazo a los policías que quiere dar el Gobierno como señal a la sociedad y el freno de los jueces decididos a marcar un límite. Esa pulseada -que se hizo ayer un poco más evidente- influirá en la agenda de la seguridad de este año que recién empieza. Mariano González Palazzo dice que está "en el crepúsculo de su carrera" y que se está por ir de la Justicia sin ver su sueño de una universidad policial. Julio Lucini fue el juez que procesó a Omar Chabán, a dos comisarios y a varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad por Cromañón. Rodolfo Pociello Argerich desempató para resolver la libertad de Boudou y, junto con Lucini, fue quien envió a la justicia federal la investigación por la muerte de Nisman, lo que significó el reverdecer de un caso que en la justicia ordinaria parecía destinado a un largo invierno. Respetados como penalistas sólidos aún por quienes no comparten sus fallos, ellos son los jueces de la Cámara del Crimen que ayer confirmaron el procesamiento de Chocobar y le pusieron un stop al Gobierno en el "cambio de doctrina" que había enarbolado Patricia Bullrich por orden directa de Macri. Fue el Presidente el que recibió a Chocobar para felicitarlo por su acción luego de que el juez de primera instancia lo procesara. La Cámara podía haber acompañado esa mirada política con un sobreseimiento -fue la posición del fiscal Ricardo Sáenz, aspirante a la procuración general que dejó vacante la ultra K Gils Carbó- o ratificar la culpabilidad dejando a Chocobar al borde de un juicio. Hizo esto último marcando la cancha: los jueces dijeron que Chocobar iba bien pero terminó mal. Iba bien mientras se involucró en la defensa del turista atacado, persiguió al ladrón y disparó tres veces al aire. Pero actuó mal a partir del cuarto disparo, cuando ya le tiró al delincuente que escapaba. Lo hizo cuatro veces y le pegó dos. El ladrón murió cuatro días después por esas heridas. Los jueces atendieron las razones de Chocobar y hasta admitieron que es "una ilusión" que el caso pudiera haber sido resuelto "sin el uso de cierta violencia". Pero ahí se plantaron: "El punto radica en establecer su límite razonable". El policía pudo haber seguido disparando al aire y esperar los refuerzos, explicaron. El freno al Gobierno lo pusieron con firmeza: "Un policía tiene el deber de actuar pero no puede apartarse de los límites que la ley fija". Macri atendió la llamada anoche mismo: "No entiendo el fallo... ¿qué pretenden, que lo dejara escapar?". Y les mojó la oreja: "Seguro que Zaffaroni llamó para felicitarlos...". El Presidente ya debía saber que ninguno de los jueces aludidos es devoto del ex ministro de la Corte. Aún es prematuro vaticinar la dimensión de la escalada, pero seguro continuará. La Cámara marca posición a los jueces -como el Gobierno a los policías- mientras policías y ladrones se cruzan en la calle a cada rato: sólo en la Ciudad hay 302 robos por día, uno cada 5 minutos.

Las metáforas de Zaffaroni

(Por Fabiàn Bosoer)- A esta altura está claro que no hubo improvisación ni arrebato impulsivo ni declaraciones sacadas de contexto. El doctor Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y actual en la Corte Interamericana, meditó cuidadosamente lo que quería decir. Lo escribió, lo dijo, lo ratificó a quien quiera oírlo: que el Gobierno debe cambiar sus políticas o “irse cuanto antes” y como sea. “Para que no haya que lamentar muertos”, agregó. No hay medias tintas, ni eufemismos ni metáforas en sus dichos. Zaffaroni no cree que la mayor garantía de paz social es que un Gobierno pueda cumplir su mandato constitucional. Cree que su legitimidad no descansa en dicho mandato sino en el contenido de sus políticas económicas. Es autoritarismo puro y duro: si no me gustan las políticas de un Gobierno quiero que se vaya. Es doctrina jurídica de facto: el poder no emana de las leyes sino al revés, las leyes del poder. Y es extravío histórico: comparar la actualidad con el 2001 o 1982, solo puede tener como explicación la intención de promover aquello que se agita como fantasma ¡Una catástrofe autoinfligida! Si hay un rasgo que caracteriza a la vida política argentina “hasta casi ayer”, escribió hace 30 años Tulio Halperín Donghi, es la recíproca denegación de legitimidad de las fuerzas que en ella se enfrentan. También pensaba el gran historiador, “contra lo que creía el optimismo de ayer, la historia no tiene un desenlace preestrablecido, pero contra lo que imagina el pesimismo de hoy, no oculta bajo cambiantes apariencias una horrenda realidad siempre igual a sí misma, y ofrece en cambio un camino siempre abierto y nunca seguro en su rumbo”. Un punto sobre el que Zaffaroni y sus seguidores harían bien en reflexionar, dejando por un instante a un lado su dialéctica del antagonismo irreductible y sus oscuros vaticinios.

Caso Chocobar: para la Cámara, el policía que defendió a un turista en La Boca nunca tuvo intención de matar

(Por Fabio Ferrer)- Consideró que Chocobar actuó en cumplimiento de un deber aunque se excedió en el uso de su arma La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Luis Oscar Chocobar, el policía que defendió a un turista estadounidense apuñalado en el barrio porteño de la Boca el 8 de diciembre pasado. Pese a confirmar la decisión del juez de primer grado, los camaristas cambiaron la calificación legal por la que está sometido a proceso el efectivo policial. El magistrado de la primera instancia lo procesó por exceso en la legítima defensa mientras que el tribunal de alzada consideró que Chocobar actuó en cumplimiento de un deber aunque se excedió en el uso de su arma. Es por eso que lo procesó por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber. Esta calificante o agravante prevista en el artículo 41 bis del Código Penal ha sido muy cuestionada porque (en opinión de buena parte de la doctrina) echa por tierra el principio de legalidad, pilar fundamental del Derecho Penal, y algunos tribunales han declarado su inconstitucionalidad. El Código Penal (en el artículo 34) establece en qué casos no será punible un delito. Son las llamadas causales de justificación que (en caso de registrarse) le quitan la antijuridicidad al hecho y por lo tanto no merece sanción penal. Dice la norma que no es punible la conducta de quien haya actuado violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente; el que cause un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño; el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; el que obrare en virtud de obediencia debida y el que haya obrado en defensa propia o de terceros. Esta última causal de justificación es la que se conoce como "legítima defensa". El Código dice que para que haya legítima defensa tienen que darse las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión y quien se defiende no tiene que haber provocado al agresor. El juez de instrucción del caso en el que está imputado Luis Chocobar lo procesó por considerar que el policía había actuado en legítima defensa de un tercero (el turista) pero se había excedido. Esto último, o sea el exceso en la legítima defensa, está castigado en nuestra legislación con la pena prevista para el delito culposo. Los miembros de la Sala VI de la Cámara del Crimen cuestionaron la decisión del juez de primera instancia y cambiaron la calificación legal del delito que se le imputa al policía que defendió al turista estadounidense. En su resolución los camaristas sostuvieron que el efectivo actuó en cumplimiento de un deber. "La rapidez del suceso y la inusitada violencia que habría desplegado Kukoc (el delincuente abatido)… impone evaluar la conducta del funcionario en ese contexto", afirmaron los jueces en el fallo. Respecto de Chocobar, los magistrados dijeron que su estado policial lo obligaba a intervenir cuando conoció que el turista había sido víctima de un delito. "No podía mostrarse indiferente", remarcaron los camaristas, y agregaron "debía neutralizar el riesgo que implicaba el comportamiento de los dos supuestos autores que habían exhibido un claro desprecio por la vida ajena y evitar que escaparan". Asimismo, señalaron que el hecho fue tan rápido y fugaz "que se originó de forma extremadamente violenta, bien pudo perturbar su ánimo, aun siendo miembro de las fuerzas de seguridad". Vale recordar que fue el primer enfrentamiento armado del policía. Los jueces de la Sala VI destacaron que "Chocobar intervino porque debía hacerlo" aunque advirtieron que su actuación concluyó "en un acto excesivo que merece ser juzgado en una etapa posterior". Agregaron que si bien el uso del arma fue extralimitado no habría sido con el fin de terminar con la vida de Pablo Kukoc, el delincuente que (junto a otro malviviente) acababa de asaltar y apuñalar a Frank Wolek para robarle su cámara fotográfica. El turista recibió al menos 10 puñaladas en el ventrículo izquierdo y aurícula derecha de su corazón y en ambos pulmones. Sin la intervención de Chocobar es muy probable que no hubiera recibido a tiempo el auxilio que permitió salvarle la vida. Ahora, el policía deberá esperar a que termine la instrucción y si la causa es elevada a juicio oral defenderse en esa instancia.

Los riesgos de condenar a Chocobar

(Por Luis Petri)- No se puede reclamar mayor seguridad al mismo tiempo que se condena anticipada y prejuiciosamente el uso de la fuerza por parte de la Policía que actúa en cumplimiento de su deber Hoy la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, tras levantar el embargo de 400 mil pesos que se había impuesto sobre los bienes de Chocobar, calificó el caso en un posible exceso en el cumplimiento del deber (en lugar de legítima defensa), lo que nos impone hacer algunas reflexiones. El día 8 de diciembre cerca de las 8 horas dos delincuentes, José Miguel Pereira Rojas y Pablo Kikok, interceptaron a Frank Joseph Wolek, le sustrajeron su cámara fotográfica y como éste se resistió, lo apuñalaron al menos 2 veces en su corazón, otras 2 en ambos pulmones y cortaron su rostro. Ante los gritos de auxilio de la víctima que sangraba en zonas vitales, tres vecinos pusieron en riesgo su vida y corrieron detrás de los delincuentes armados. Al presenciar esta escena, Chocobar, quien legal y reglamentariamente estaba obligado a actuar, intervino en defensa de la víctima. ¿Qué hizo Chocobar? Lo que la ley y su condición le exigían: le advirtió a los delincuentes que se detuvieran, como no le hicieron caso, disparó tres veces al aire y como última medida le disparó a uno de ellos dos veces (de la cintura para abajo), lo que según la Cámara demuestra que no existió en él la intención de matar. ¿Hubiera sido correcto haberlos dejado huír con la posibilidad de que atacaran a otra persona? ¿O cruzar de vereda y dejar al turista a su merced? ¿Había desaparecido efectivamente el peligro por el hecho de que el atacante había huído? Son al menos dudosas algunas hipótesis que plantea la Cámara respecto de lo que pudo haber hecho Chocobar, teniendo en cuenta que los disparos intimidatorios no habían generado el efecto deseado y la espera de colaboración podría haber dejado impune a quien intentó asesinar y robar. Y un dato que no es menor: toda esta secuencia que tanto texto depara para ser descripta sucedió en menos de tres minutos. Confiamos en que la Justicia esclarecerá los hechos que dieron lugar a la causa y confirmará que Chocobar actuó en cumplimiento del deber, a partir de las declaraciones de testigos, la reconstrucción del hecho y las pruebas balísticas. Desde el año 1983 nuestro país vive en democracia y las fuerzas de seguridad, como en cualquier país democrático del mundo, actúan en pos de la seguridad de la ciudadanía, como una herramienta fundamental del Estado para mantener el orden y no en contra de ésta. Es su deber velar por la seguridad de los individuos porque es un derecho humano fundamental. No se puede reclamar mayor seguridad al mismo tiempo que se condena anticipada y prejuiciosamente el uso de la fuerza por parte de la Policía que actúa en cumplimiento de su deber, desconociendo la presunción de inocencia que impone nuestra Constitución Nacional. Condenar a Chocobar trae como consecuencia indirecta la prohibición de hecho del uso de armas de fuego por parte de la policía, ya que ante la hipotética muerte de un delincuente a consecuencia del obrar policial, se desprenderá la inevitable condena al policía que actuó en cumplimiento del deber, justificando tal condena en un exceso de éste, atento al resultado y la improbable demostración del daño que se pretendió evitar. El mentado monopolio del uso legítimo de la fuerza que define la existencia del Estado, al corporizarse en la figura del policía que nos cuida y protege, pareciera que deja de justificarse y ser legítimo para pasar a ser merecedor de castigo y pena, haya o no exceso, por su sola utilización. La previsión del inciso 4 del artículo 34 del CP está ahí precisamente para proteger a quien hizo uso de la fuerza en cumplimiento del deber. Es por esto que consideramos necesario establecer con claridad en el Código Penal que debe presumirse legítimo el obrar de un miembro de las fuerzas de seguridad que actuó en cumplimiento de su deber y en defensa de la vida de los ciudadanos.

La doble vida del doctor Zaffaroni

(Por Fernando Iglesias)- ¿Qué pensaría un marciano si descendiera con su plato volador en Argentina y le explicaran que alguien que fue juez de dos dictaduras, rechazó hábeas corpus de desaparecidos y juró por el estatuto de un gobierno genocida es hoy mandatario de una corte internacional encargada de defender los Derechos Humanos? ¿Qué diría si le contaran que alguien que según su mandato debe combatir la trata de personas alquilaba propiedades donde se ejercía la prostitución? ¿Cuánto se sorprendería de saber que quien debe velar por la Justicia internacional asesora a una ex presidenta nacional procesada por múltiples delitos y la acompaña en sus paseos por Tribunales? ¿Qué conclusión sacaría sobre el funcionamiento de las instituciones interamericanas si supiera que quien por su rol debe abstenerse de participar en cuestiones políticas internas critica diariamente al gobierno argentino y se dedica a anunciar inminentes cataclismos económicos? ¿Qué pensaría del estado mental de un país, nuestro país, si quien debiera ser un guardián celoso de la democracia participa de proclamas golpistas junto a personalidades académicas de la talla de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo? No son preguntas retóricas, es claro. Estoy hablando de la rutina diaria del doctor Zafarrancho, alias Eugenio Raúl Zaffaroni. Y todo esto ha hecho, y todo esto ha sucedido y sigue sucediendo en este país después de ocho décadas de alternancia entre dictaduras elitistas y regímenes populistas, terminados con un cuarto de siglo de votar corruptos a sabiendas. Y sin embargo, ¿quién le pone cascabel a Zaffaroni? ¿Quién proclama, como el niño del cuento de Andersen, que el célebre doctor está desnudo y que sus políticas abolicionistas -que el kirchnerismo impuso como doctrina oficial del Estado argentino durante doce años- son causa principalísima de al menos tres de los grandes dramas que enfrenta este país: la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico? Conocí al doctor Zaffaroni en el fatídico año de 2001, cuando ocupaba el cargo de interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por cuenta de la Alianza. Él no se acuerda, claro. No de mí, lo que sería explicable. De lo que no se acuerda Zaffaroni es de que él fue funcionario de la Alianza y parte del proceso político que llevó a la Alianza. Desde 1994, cuando fue convencional constituyente de la Nación por el Frente Grande. O desde 1997, cuando fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frepaso. Allí estuvo Zaffaroni hasta que De la Rúa lo puso al frente del INADI. Pero no se acuerda, seguro. De otra manera sería incomprensible o canallesco que se escandalizara por los resultados ruinosos de la Alianza y se los endilgara ahora a sus enemigos políticos. Un pequeño olvido. Un fallo de la siempre homenajeada Memoria que le impide también recordar que en 1982, en plena dictadura, era Juez Nacional en lo Criminal de la Capital Federal. De otra manera su reciente declaración "Esto no termina bien. Ya pasó en 1982 y en 2001. Evitemos una catástrofe" resultaría doblemente inexplicable … o canallesca. Y es que el doctor Zafarrancho es el hombre de las mil contradicciones. Lo pintó de cuerpo entero, sin saberlo, Joaquín Sabina, en "Doble Vida": "El juez justo y severo / cada noche devuelve la toga y la ley al baúl… y al ritmo pegajoso de un bolero / en la ciudad prohibida / olvida su disfraz de caballero / lleva una doble vida". No lo digo para censurar comportamientos que al ámbito privado pertenecen, sino por la inocultable y pública duplicidad que es el signo inconfundible de la vida de Zaffaroni; un día, implacable gladiador contra la discriminación sexista, el otro, empresario de una inmobiliaria proxeneta; una década, juez de un poder dictatorial, la otra, jurisconsulto de los Derechos Humanos; por la mañana, magistrado de una prestigiosa corte internacional, a la tarde, puntero de la única abogada exitosa que jamás litigó en corte alguna; un año, autoridad planetaria en Teoría de la Justicia, el año siguiente, confeso populista. "Soy populista. Para mí, el populismo no es una peyoración" afirmó en un reciente reportaje. Populista. Lo que a menos de que haya yo malentendido a Laclau y sus cómplices intelectuales implica considerar a la división de poderes y la independencia judicial como simples máscaras de un poder elitista. ¿En qué país del mundo es posible un juez internacional populista? ¿De dónde pudo surgir un personaje como Zaffaroni sino de la Argentina que supimos conseguir, de esta República en disolución desde 1930, de esta tierra del realismo mágico poblada de delirantes que pasaron de apoyar una revolución armada a pedir que liquidaran a como diera lugar a sus heraldos, de esta nación culpógena en la que descolgar un cuadro bastó para exculpar a militantes de la 1050 y votantes de la amnistía militar de Luder devenidos presidentes de la República, a redactores de revistas videlistas llegados a cancilleres, a representantes de la Dictadura ante la OIT que llegaron a ser ministros de Trabajo, a viceministras provinciales de la Dictadura ascendidas a ministras de Desarrollo Social de una revolución imaginaria, a acusados de delitos de lesa humanidad celebrados en la revista de las Madres de Plaza de Mayo y promovidos a jefe del Ejército? ¿Qué otro país pudo ignorar la espeluznante doble vida del doctor Zaffaroni sino esa Argentina naufragada en la alternancia entre dictaduras y populismos que lavó sus culpas con Néstor Kirchner al grito de "¡Las cosas que nos pasaron a los argentinos!" y pasó a considerar campeón de los Derechos Humanos al kirchnerismo, el grupo político que mayor cantidad de eminentes funcionarios proveyó a la Dictadura? No es nada personal con Zaffaroni. Es que la demolición metódica del sistema institucional argentino y el exterminio de todo elemento de civilidad de nuestra vida pública llevaron inevitablemente a una sociedad donde la doble vida es la norma y llamamos política a la aplicación militante de paradojas. Por ejemplo, en todo el mundo se considera que la Izquierda encarna los intereses de la sociedad, y el liberalismo, los del individuo. Aquí, no. Aquí, la doctrina zaffaroniana por la cual los derechos individuales de criminales que atentaron contra la sociedad son considerados absolutos, precedentes e intocables es considerada "de Izquierda". Aquí, defender el derecho de la sociedad a protegerse de asesinos, vándalos y violadores es considerado "liberal", y quienes lo sostenemos somos acusados de fascistas. Aquí habitamos un país donde es posible decirle liberal y fascista a la misma persona. Aquí vivimos en el mundo al revés de María Elena Walsh, donde nada el pájaro y vuela el pez; la fabulosa tierra en la que el perro pekinés se cae para arriba y no puede bajar después; el país donde logró obtener un éxito fenomenal la doble vida del doctor Zaffaroni.

¿Cómo resolver el problema Zaffaroni? Dejar de financiar la CIDH sería un comienzo!

(Por Victoria Villarroel- Abogada y presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv)- El Estado argentino debería analizar la restricción de aportes voluntarios a un sistema que hoy parece haber abandonado la imparcialidad en nombre de la militancia El pasado 18 de enero, en una entrevista radial, Eugenio Zaffaroni hizo las siguientes declaraciones: "No va a depender de nada político ni de lo que diga cualquier partido político. Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir". La profunda controversia suscitada por estas palabras proviene no solamente del extremo papel público del actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de su espíritu antidemocrático. Porque el respeto al disenso es una de las bases del sistema democrático, pero más aún lo es el respeto de las decisiones del pueblo plasmadas con el voto en elecciones abiertas, libres y transparentes. Ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y entenderla como un instrumento para la protección de los derechos humanos, los cuales se logran desarrollar desde el sistema democrático que los garantiza y protege. Por ello, un juez de la Corte Interamericana que aventura opiniones que no respetan la voluntad popular ni la duración de los mandatos democráticamente elegidos incumple y violenta la función para la cual fue propuesto por su propio Estado y elegido por el voto en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El doctor Eugenio Zaffaroni conoce perfectamente estas cuestiones, dado que desde hace décadas ejerce como juez en gobiernos democráticos y de facto, de los que tal vez haya conservado algunos resabios que inspiran las presentes declaraciones. Varios años después de haber jurado como juez por los estatutos del proceso de reorganización nacional, Zaffaroni alcanzó el máximo honor que puede obtener un abogado en nuestro país al ser propuesto para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para esa función se requieren imprescindiblemente mesura, imparcialidad, independencia, ética y probidad moral, requisitos igualmente necesarios para ocupar uno de los cargos de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas condiciones que Zaffaroni parecería resuelto a violentar desde hace años. La Corte Interamericana se integra con siete jueces de países miembros de la Organización de Estados Americanos que asumen su cargo por seis años y pueden ser reelegidos por un período más. En el caso de Argentina, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso como única opción a Eugenio Zaffaroni, un reconocido militante de su gobierno. Pero la carrera de Zaffaroni ha estado rodeada de escándalos de todo tipo, desde el rechazo de decenas de habeas corpus durante el gobierno de facto de 1976 hasta el alegado desconocimiento respecto de los inquilinos de varias de sus propiedades, que resultaron ser prostíbulos, y sus sentencias que controvertían la ley argentina o declaraciones politizadas que vulneran la imparcialidad y la independencia requeridas para ocupar una función en la más alta judicatura del país, por lo que nada puede sorprendernos respecto de un personaje público que ha venido vulnerando el prudente papel que debe tener un juez hasta convertirlo en una especie de divo transgresor del derecho. El Estado argentino, luego de sus últimas declaraciones, resolvió denunciarlo, pero lamentablemente no resulta posible que en el corto plazo haya algún tipo de definición respecto de un conciudadano cuya labor pública resulta tan poco decorosa para el país. El proceso de remoción o sanción de jueces es poco claro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, son los propios jueces los que solicitan motivadamente la potestad sancionatoria, pero es la Asamblea General de la OEA la que luego decide, para lo que debe contar con dos tercios de los Estados parte para continuar. Como esta situación es excepcional desde la creación de la Corte Interamericana, sentaría un peligroso precedente para los posteriores jueces, por lo que parece improbable que haya avances en una cuestión que afecta a otros jueces también controvertidos. Por lo que todo indica que los jueces optarán por el mutismo y pretenderán que no ha pasado nada. Sin embargo, es importante mencionar que Argentina puede sentar su desacuerdo con el juez Zaffaroni y el sistema interamericano de derechos humanos, a través del gesto de suspender cualquier contribución voluntaria del Estado a este organismo. Países como Brasil no realizan ninguna contribución voluntaria desde el año 2011, según lo consigna el sitio de la Comisión Interamericana, tampoco Bolivia o Guatemala. Sin embargo, Argentina, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donó 400 mil dólares en el año 2013; es la tercera contribución voluntaria más elevada de ese año, luego de Estados Unidos y Canadá. Durante el año 2016, último año donde se consigna esta información, nuestro país contribuyó con 83 mil dólares. Tal vez una señal sea suspender la ayuda económica a organismos que se han convertido en portavoces de un progresismo que excluye los derechos humanos de los demás. Recordemos solo a modo de ejemplo que tanto la Comisión Interamericana con sus medidas cautelares en las denuncias por los casos Maldonado y Sala como la Corte Interamericana con el juez Zaffaroni han abandonado cualquier imparcialidad, dilatando o ignorando escandalosamente cualquier otro reclamo que se desvíe de la agenda de la activa izquierda. Tampoco es viable en el corto plazo denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, porque ello nos colocaría en la percepción política en el mismo nivel que dictaduras como la de Venezuela. Porque si bien Canadá y Estados Unidos tampoco reconocen la autoridad del sistema interamericano, tal posición es sostenida desde la misma firma del tratado, que nunca ratificaron ni reconocieron. En cambio, en el caso de Argentina, se trata de un miembro pleno desde su creación, con lo que, de abandonar el Pacto ahora, correría el riesgo casi descontado de ser acusada como mínimo de fascista, lo que conllevaría una disputa al menos dialéctica que el discurso neutro de la actual gestión no parece dispuesta a enfrentar. En síntesis, Zaffaroni parece haber encontrado el nicho para explayarse impunemente, con un cómodo sueldo en dólares que lo respalda y el apoyo de un organismo que por razones de conveniencia o identidad ideológica no tomará medidas para sancionarlo, por lo que el Estado argentino debería analizar la restricción de aportes voluntarios a un sistema que hoy parece haber abandonado la imparcialidad en nombre de la militancia en la progresía regional, y simultáneamente persistir en la presión diplomática para que sea removido este juez que incumple con su alta función y representación.

Zaffaroni, de juez a agitador

(Por Marcelo Romero)- Ahora ha optado por convertirse o, mejor dicho, reconocerse como un militante kirchnerista que opina y asesora desde lo alto del Olimpo de un tribunal supranacional El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, y actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hizo de nuevo. El gurú del penalismo argentino no puede permanecer callado, no soporta estar ausente de la vidriera política cotidiana; él, como sea y donde sea, habla, habla y habla. No importa que con sus expresiones públicas adelante opinión sobre eventuales puntos a decidir en una controversia en la que le toque actuar como juez internacional y que sea motivo de recusación con causa. Cuando ocupaba su sillón de juez supremo de la República Argentina, emitía permanentemente opiniones sobre política criminal en general y sobre casos judiciales en particular. También es cierto que nunca nadie se atrevió a recusarlo por estos motivos. Como buen gurú, opina de todo: del actual presidente argentino; de las medidas económicas del Gobierno; de la alternancia política que, según él, es la suplantación del sistema republicano; del caos institucional; de la policía; de las fuerzas de seguridad; de las Fuerzas Armadas; de la detención de Milagro Sala; de la imputación a Cristina Fernández de Kirchner, con abominables faltas de respeto a la memoria del asesinado fiscal federal Alberto Nisman incluidas, etcétera. Ahora, pretende que el Gobierno de Mauricio Macri "se vaya cuanto antes", en clara actitud antirrepublicana y, por qué no, golpista. Aunque sus adláteres aleguen extracciones de contexto de sus palabras o situaciones similares. Después de todo, los profanos nunca entendemos al genio. Evidentemente, Su Eminencia ha olvidado el gigantesco y tal vez irreparable daño producido al derecho penal argentino, merced a la doctrina abolicionista por él sostenida, y por miles seguida y admirada. Tal vez padezca de una condición que le impida verse como el gran responsable de una dogmática penal argentina absurda y esquizofrénica, donde el victimario es la víctima y la víctima, el victimario. Muchos me preguntan por qué no lo denuncio penalmente, atento mi condición de fiscal. Creo que, en realidad, necesita un psiquiatra, y de los buenos.

jueves, 15 de febrero de 2018

Para reflexionar: la inexpicable tolerancia con los incompetentes

(Por Alberto Medina Mèndez)- Un desgastado y recurrente debate sobre las nuevas versiones del nepotismo ha vuelto al ruedo. Aquella vieja costumbre de la política de contratar familiares en cargos estatales permanece totalmente intacta. Es evidente que esta inextinguible impronta de los dirigentes clásicos goza de muy poca transparencia, especialmente cuando se lo oculta deliberadamente y se esmeran en que nadie lo divulgue demasiado. Puede ser una decisión éticamente cuestionable, sobre todo cuando se sabe que en ciertas posiciones existen personas más preparadas para cubrir esos puestos que requieren de un cúmulo de conocimientos técnicos. Este esquema tradicional no solo sigue su curso de rutina, sino que ahora se ha perfeccionado apelando a nuevos ardides, mucho más ocurrentes, que le permitieron ampliar su campo de acción hasta límites insospechados. Para los lugares electivos ya se ha constituido en una infame costumbre postular a quienes llevan el mismo apellido de quien, circunstancialmente, está impedido normativamente de aspirar a un nuevo mandato. Hijos, hermanos, primos y hasta padres, son una opción para esta maniobra. Con mucho mayor cinismo, y sin pudor alguno, se utilizan espacios femeninos para proponer a esposas, hermanas, primas, madres e hijas para colarse en ese indignante cupo de género disfrazado de conquista social. El enfoque de la discusión ha sido, hasta ahora, alevosamente sesgado. Unos y otros han intentado generar un clima muy particular llevando agua para su molino y utilizando esta controversia con un sentido demagógico. La portación de un apellido no es, necesariamente, un ingrediente negativo. En ciertas tareas específicas de extrema confianza hasta podría ser considerado como un meritorio atributo de valor nada despreciable. Lo absolutamente llamativo en esta polémica, tan escandalosa como hipócrita, es que se ha decidido ignorar, sin decoro alguno, el verdadero meollo de la cuestión, ese que realmente impacta en los ciudadanos. El punto central, cíclicamente desdeñado, es la ineficiencia intrínseca del Estado en todas sus formas. La indisimulable incapacidad de sus miembros para resolver asuntos y su inercia dilapidadora es la verdadera tragedia. Nadie parece estar dispuesto a cuestionar la eterna discrecionalidad política para designar a sus integrantes de todos los niveles, ni tampoco a revisar la patética dinámica usada para seleccionar a los funcionarios de mayor rango. Los mecanismos arbitrarios solo alimentan la inagotable inoperancia, generan resquicios por donde se desliza irremediablemente la corrupción, se escurre el favoritismo partidario y la mediocridad le gana a la excelencia. No sería demasiado sofisticado intentar una deseable jerarquización de la gestión de los servidores públicos, sometiéndolos a exigentes concursos y exámenes de calidad en los que demuestren sus talentos para la labor. A la ya objetable potestad de los políticos para proclamar funcionarios se agrega su inescrupulosa tendencia a hacerlo sin criterio suficiente. Mucho más preocupante es esto aún, cuando se trata de sus colaboradores más cercanos y de esos que tendrán las mayores responsabilidades. La inmensa mayoría de esos funcionarios han sido elegidos unilateralmente por el poderoso de turno, sin sensatez, método profesional alguno, ni la necesidad de alcanzar un estándar mínimo para cumplir su cometido. Así las cosas, los resultados de ese desordenado proceso son totalmente predecibles. Un grupo de personas, con escasa preparación, que nunca trabajó en equipo, con conocimientos difusos e incompletos, no puede lograr nada de lo que luego se pueda estar genuinamente orgulloso. Este combo que no tiene justificación alguna, que ninguna persona de bien podría defender sin sonrojarse, permanece indemne sin que nadie proponga abordar una urgente reforma profunda que modifique este rumbo. No se puede esperar que la clase política lidere esas imprescindibles transformaciones. Son ellos los principales beneficiarios de este enorme desmadre. Es ese caos el que los habilita sin restricciones, para hacer lo que sea necesario y “acomodar” a sus alfiles sin pasar por filtro alguno. Por eso es muy difícil comprender, desde la racionalidad, la actitud ciudadana de crisparse ante la designación de algunos parientes de ciertos políticos mientras se pasa por alto la inmensa cantidad de inútiles que pululan en todas las jurisdicciones de la administración estatal. La sociedad se ofende por lo que parece burdo, pero admite livianamente que miles de agentes públicos, trabajen a desgano, sin compromiso alguno, abusando de las ventajas que una maraña de leyes ridículas les permiten. Hasta que la gente no comprenda la verdadera gravedad del asunto, el impacto que tiene en sus vidas esta perversa maquinara y los pésimos servicios que recibe del Estado como supuesta contraprestación a los abultados e impagables impuestos que abona, nada bueno sucederá. El primer paso consiste en dejar de naturalizar lo inadmisible. No se puede soportar, con tanto desdén, la interminable lista de situaciones inaceptables con las que se convive. Hasta que eso no ocurra, todo seguirá igual. Reaccionar desmesuradamente ante la presunta inmoralidad que se deriva de la presencia de familiares en los gabinetes políticos mientras se acepta mansamente que una abrumadora mayoría de empleados estatales estafen a la comunidad a mansalva no parece una postura demasiado inteligente. Si la gente se siente insultada por los políticos que promueven parientes para ocupar puestos públicos y, al mismo tiempo, no tiene la decisión de ser más vehemente para exigir mayores niveles de competencia y eficiencia a los estatales, seguirá cayendo en la trampa de minimizar los importante. Se puede entender que ciertas determinaciones políticas incomoden a la sociedad y que sean asumidas como una falta de respeto, pero resulta muy difícil comprender la inexplicable tolerancia con los incompetentes.

Para reflexionar: la torpeza de validar la inacciòn

(Por Alberto Medina Mèndez)- “Casi todos afirman que pretenden un futuro mejor, que anhelan un porvenir venturoso y que desean que su país se convierta en esa nación especial, desarrollada, capaz de disfrutar de las virtudes del primer mundo”. Sin embargo, cuando de hacer los deberes se trata, todos esos planteos quedan en abstracto y se desintegran a una enorme velocidad. Es evidente que si no se hace todo lo necesario nada bueno sucederá por arte de magia. Esta idea ingenua que invita a creer que sin esfuerzo alguno todo es posible debe ser erradicada de una vez por todas. Si se quiere mejorar sustentablemente habrá que estar dispuesto a hacer reformas intensas. Este es el momento en el que la sociedad debe admitir, con decencia, sus reales limitaciones, esa larga lista de miedos patológicos, la recurrente actitud mediocre de conformarse con poco y ver como pasa la vida sin animarse a más. Si no se quiere hacer absolutamente nada, si no se ha tomado la férrea decisión de tocar intereses importantes y de incomodar a los inmorales, pues va siendo hora, entonces, de ir archivando los sueños infantiles. Hay que comprender que ambos aspectos son causa y efecto y no son tópicos aislados. Si no existe el coraje para enfrentar los dilemas más difíciles pues no habrá tal cosa como un destino magnífico repleto de brillo. En ese contexto de absurdas contradicciones, es increíble ver como pululan tantos defensores del status quo. Ellos no son capaces de hacerse cargo de sus propias cobardías y se esmeran en esto de justificar el quietismo.Viven en permanente conflicto entre lo que dicen que quieren y lo que están verdaderamente preparados a hacer para lograrlo. Su temor es completamente visceral y tienen pánico de enfrentar ciertas modificaciones. Se justifican, invariablemente, con múltiples argumentos, la mayoría de ellos sin asidero, ni ningún tipo de sustento razonable. Siempre tienen una explicación para alegar que no se hace lo indispensable para mejorar. No han conseguido internalizar acabadamente que los países que evolucionaron, esos que ellos elogian e idolatran, esos que usan como referencia incontrastable, han tenido que superar muchos inconvenientes. Para disfrutar hoy de ese presente extraordinario, esas naciones, las que lideran el mundo, han tenido el valor de hacer lo imprescindible, pagando los elevados costos que esos procesos significaron para sus habitantes. No están exentos de problemas, pero enfrentan siempre nuevos desafíos, esos que jamás faltarán pero que permiten seguir avanzando en ese apasionante camino que recorren aquellos que siempre van por mas. La cuestión no pasa por desconocer las reales complejidades e ignorarlas irresponsablemente, sino justamente por aceptarlas con sensatez y ponerle todas las energías al reto de buscar los atajos más inteligentes. La tarea consiste, entonces, en prepararse para dar esas sofisticadas batallas y no simplemente ensayar una interminable nómina de excusas que expliquen que el plan de perpetua retirada es la mejor salida posible. Si la dinámica actual estuviera enfocada en esos debates respecto a como hacer los cambios de un modo ordenado, minimizando los impactos negativos, pero marchando en el sentido correcto, otra sería la realidad. Queda más que claro que no serán los gobiernos los que lleven adelante esta fastidiosa labor. Ellos evitarán siempre cualquier contratiempo de corto plazo porque eso deriva, inexorablemente, en severos problemas políticos. La brújula electoral de los dirigentes condiciona, invariablemente, todo su accionar. Ellos están eternamente preocupados con las próximas elecciones y sus decisiones estarán enmarcadas siempre por esos parámetros. No importa si es el turno de una legislativa, de esas convocatorias de medio término o ese recambio de cargos ejecutivos tan trascendente para sus aspiraciones. La elección que viene siempre será vital y ameritará desvelos. Bajo ese esquema, ellos prefieren construir gigantes elucubraciones y alardear de las dificultades presentes. Generar un ámbito de incertidumbre contribuye a sus objetivos y los ayuda en el camino que se han trazado. Ese escenario aterrador permite amedrentar, con indiscutible éxito, a todo aquel que se anime a reclamar transformaciones de cualquier dimensión. Saben que este es el modo más eficaz para ahorrarse innumerables críticas. Conociendo sus esperables tácticas, interpretando que los que gobiernan jamás incursionarán en el riesgoso universo de las reformas extraordinarias, este es el instante de asumir que habrá que apelar a otras maniobras. La gente dispone de dos opciones muy visibles: “Una es la de siempre, la de ingresar al nefasto callejón de la mansa resignación, bajar los brazos y no esperar nada”. “La otra posibilidad es replantear su estrategia profunda y buscar diferentes variantes para salir de este perverso laberinto”. Rendirse no parece ser una alternativa muy digna. Seguirle el juego a los manipuladores del poder, a los que se abusan de su posición para imponer sus reglas no debería ser el trayecto obligado existiendo otras chances. La sociedad civil tiene ahora una misión indelegable y es tiempo de estudiar y proponer políticas públicas viables capaces de sortear los infantiles argumentos que esgrimen los eternos aplaudidores del inmovilismo. Para llegar a esa instancia hace falta dar el primer paso; hay que vencer el espanto y comprender que no habrá un futuro mejor si no se entierran algunas malas prácticas tan enquistadas en las sociedades contemporáneas. Un gran logro sería entender la relación directa que existe entre la complicidad cívica con la política y la conducta cotidiana de los dirigentes; entender eso permitirá desterrar esa cíclica torpeza de validar la inacción.

miércoles, 7 de febrero de 2018

El Ministerio de Defensa creará una unidad especial para apoyar a todas las fuerzas de seguridad

(Por Infobae)- La Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) estará conformada por las tres Fuerzas Armadas y servirá de apoyo logístico para operativos contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales Por pedido expreso del presidente Mauricio Macri y ante el alarmante incremento del narcotráfico en la región, el Ministerio de Defensa dispondrá en lo inmediato de la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) para las tres fuerzas armadas con el objetivo de brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo que tiene que ver con operativos contra los carteles de droga en la frontera, el cuidado de recursos naturales y el avance de grupos violentos mapuches extremistas. El ministro de Defensa Oscar Aguad ya puso en marcha el desarrollo de un ambicioso plan para crear una gran FDR en todo el país a la que equipará con la compra de helicópteros, el abastecimiento de camiones de brigada, armamento moderno y aviones. "Es hora de que las Fuerzas Armadas tengan un rol activo en la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales de la Argentina como ocurre en cualquier lugar del mundo", dijo a Infobae una fuente calificada del Ministerio de Defensa. De esta manera, la intención del Gobierno es ampliar la actual Fuerza de Despliegue Rápido que hoy funciona bajo la órbita exclusiva del Ejército. Ahora se ampliará esta FDR para la Armada y la Fuerza Aérea en una unidad centralizada que tenga un rápido accionar en las fronteras o focos de conflicto donde se pongan en riesgo los recursos naturales. Desde la Casa Rosada aclararon expresamente que por la ley de Defensa y la de Seguridad Interior, las FFAA no pueden actuar en el interior de la Argentina. "Nada se hará por fuera de la ley", dijo un funcionario allegado al ministro Aguad. Así, la FDR unificada actuará en adelante solo como apoyo logístico en operativos que lleve adelante la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o las policías provinciales. Esto forma parte de lo que el ministro de Defensa Aguad considera una "reestructuración y modernización en la práctica de las FFAA Desde el Ministerio de Defensa explicaron a Infobae que la nueva FDR estará situada en un lugar centralizado de la Argentina para desplegarse rápidamente a diferentes puntos del país, aunque no está claro aún el lugar. Podría ser Córdoba o Tucumán. Tampoco está definido si en el futuro se cerrarán los actuales centros de Fuerza de Despliegue Rápido que hoy dependen exclusivamente del Ejército. Entre esta estructura actual se cuenta a la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada mecanizada, la Agrupación de Fuerzas Especiales y la Companía de Buzos de Ejército, entre otros. A partir del decreto que está en borrador en el Ministerio de Defensa, todas estas unidades pasarán a estar bajo la FDR de las tres Fuerzas Armadas. En el Gobierno observan que muchos operativos de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico se podrían fortalecer con la ayuda de un apoyo logístico de las FFAA. Esto se visualiza mucho en la frontera norte o en la hidrovía del Uruguay y el Paraná con el incremento de los operativos contra las bandas de narcotraficantes. Al mismo tiempo, desde las FFAA ven que hace falta una mayor presencia militar para cuidar los recursos naturales. Una alerta que se observó el año pasado fueron los ataques de vandalismo del grupo RAM en la zona de Vaca Muerta donde se puso como blanco a pozos petroleros o refinerías de gas. Durante el 2017 hubo más de 15 ataques que tiene registrado el Ministerio de Seguridad a zonas de "alto riesgo" e impacto en el cuidado de los recursos naturales. Para evitar este tipo de desmanes y dar apoyo a las fuerzas de seguridad nacionales o a las policías provinciales es que se requerirá el apoyo logístico de la FDR. Para equipar a este comando especial unificado de las tres fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa compró a Italia 20 helicópteros Augusta Westland AB206, en los próximos días llegarán de Estados Unidos otros cuatro helicópteros Bell 412 EP que serán utilizados para tareas de búsqueda y rescate; se usarán los cinco aviones Dassault-Breguet Super Étendard, conocidos como el "estandarte", comprados a Francia; también está en revisión la compra a Francia de cuatro buques de patrullaje y se prevé el reequipamiento de camiones y blindados. Para sustentar todo este reequipamiento y la creación de la FDR, el Ministerio de Defensa contempla el ingreso de fondos con la venta de inmuebles y terrenos de las FFAA. Está pautado con Hacienda que un 70% del ingreso al Estado por esas ventas se destinará para las FFAA y en gran medida esos fondos irán a parar a la nueva fuerza de despliegue rápido que se creará. La nueva FDR contará con la capacitación y el intercambio de experiencias de otros países. Por caso, como adelantó Infobae, el ministro de Defensa viajará el próximo jueves a Miami para reunirse con los altos mandos del Comando Sur. Allí, Aguad confluirá con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que saldrá hoy a una visita oficial en Washington con una nutrida agenda: se entrevistará con autoridades del FBI, la DEA, la Homeland Security y el Departamento de Estado. La reunión de Aguad y Bullrich en Miami a partir del viernes tiene por finalidad tomar ideas del Comando Sur para darle forma a la nueva FDR que empezará a funcionar en los próximos meses. Las tareas de capacitación de militares y fuerzas de seguridad de Estados Unidos o de países de la Unión Europea resultan ser claves para el Gobierno en el emprendimiento de estos planes de acción.

martes, 6 de febrero de 2018

PATAGONIA MIA - para entender los intereses del problema -

- Según el Registro de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina: 1) Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas, administradas por la empresa “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. Estancias: Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de usucapión de Huanhué (Río Negro), El Maitén, Leleque, Fofocahuel, Firtihuín, Lepá, Esquel y usurpación de campos vecinos (Chubut) Coronel y El Cóndor (Santa Cruz). Negocios ganaderos, forestales y mineros. 2) Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000 hectáreas, administradas por la empresa “Nieves de Mendoza”. Propiedades: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado (sur de Mendoza). En estas propiedades están la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el Centro de Ski las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos. 3) Lázaro Báez (Arg.) 470.000 hectáreas: 25 estancias en la provincia de Santa Cruz. Todas estas propiedades fueron compradas entre 2008/2015. Actualmente todas están intervenidas por el Estado Nacional y Lazaro Báez está preso, acusado de asociación ilícita y lavado de activos. 4) Familia Sapag (Arg.) 420.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. La familia Sapag gobierna Neuquén y casi todas las intendencias de esa provincia, ocupan cargos en la Legislatura Provincial y el Congreso de la Nación. Además controlan la obra pública en esa provincia, la construcción y la minería. 5) Familia Menéndez (Arg.) 400.000 hectáreas en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A., empresa que realizó el barrido étnico del extremo sur de la Patagonia argentino-chilena, propiedad de la familia Braun-Menéndez-Reynal. La cadena de supermercados del mismo nombre posee 159 sucursales en 80 ciudades. los sucesores actuales son descendientes de José María Menéndez Menéndez y María Behety Chapital. 6) Grupo Heilongjiang Beidahuang (China): 330.000 hectáreas: Colonia Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Colonia Margen Norte, La Japonesa y otras estancias del Valle Medio (Río Negro). Estas propiedades están en arrendamiento con opción a compra. El proyecto chino incluye la siembra de soja en todos estos campos, actualmente está frenado por un amparo en la justicia. 7) Familia Zingoni-Arze (Arg.) 250.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. Campos en Caan Lil, Collón Curá y Piedra del Águila, principalmente. Negocios ganaderos. 8) Familia Ochoa-Paz (Arg) 180.000 hectáreas. Estancias Tecka, Caridad y El Corcovado (Chubut). Es un remanente que se quedaron los antiguos propietarios de la Compañia de Tierras del Sud Argentino, tras la venta de la empresa y sus campos a Benetton. 9) Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde se localizan las concesiones del proyecto megaminero Potasio Río Colorado. 10) El Palauco S.A. (Arg.) 150.000 hectáreas en Bardas Blancas, Sierras de Palau-co y Laguna Llancanelo (sur de Mendoza). Empresa propiedad de Sergio Rostagno, Luis Demarchi y Carlos Santalesa en esta propiedad está la Caverna de las Brujas y los Castillos de Pincheyra. 11) Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas: Estancias Los Mirasoles, El Retiro, Los Pinos, True Aike, Pirámides, La Aurora, Balcarce, Maria Aike y La Patricia (Santa Cruz). Corporación megaminera con varios proyectos en la Meseta del Deseado, además de las concesiones, adquiere las propiedades superficiarias donde se localizan sus explotaciones. 12) Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectáreas. Estancia Hualcupén, cerca de Caviahue (Neuquén). Este terrateniente es sobrino del dictador chileno Augusto Pinochet. Dentro de esta propiedad está íntegramente el Lago Hualcupén. 13) Familia Rambeau (Arg.) 94.000 hectáreas en la provincia de Neuquén. Campos en Zapala, Rahue y Fortín 1º de Mayo. Negocios ganaderos. 14) Grupo Burco (Bélgica) 80.000 hectáreas: Arelauquen, Los Baguales, Cacique Foyel, Río Villegas, Cerro Carreras y la margen sur del Embalse Alicura (Río Negro); Lago Cholila, Cerro Tres Picos, Lago Rosario, Corcovado, Lago La Plata, Lago Vinterr, El Pedral y el intento de usucapión del Parque Provincial Río Turbio (Chubut). En todos los establecimientos hacen turismo de elite. 15) José María Barale (Arg.) 74.000 hectáreas: Alicura (Neuquén). Esta propiedad fue recientemente adquirida al magnate norteamericano Ward Lay Jr. y actualmente está en proceso de fragmentación y venta. 16) Grupo Bemberg (Arg.) 73.000 hectáreas: poseen una estancia en la Provincia de Neuequén. Empresa propiedad de la familia Miguens-Bemberg, son propietarios y/o accionistas de Patagonia Gold, Sadesa, Central Puerto e Hidroeléctrica Piedra del Águila y la filial argentian de la petrolera Total. Es socio comercial de Mindlin, Burco y Lewis. 17) Solmat Agropecuaria S.A. (Arg.) 72.000 hectáreas: Estancia Santa Nicolasa (Río Negro). Empresa ganadera propiedad de Marcelo Alquezar. 18) Cristobal López (Arg.) 67.000 hectáreas. Estancias El Mirador, Alma Gaucha, La Ensenada y Los Notros (Santa Cruz), campos en Alto Río Senguerr, Lago La Plata y varias propiedades menores en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (Chubut), Estancias El Entrevero y El Amigo (Río Negro), Complejo Alpat (Neuquén). Es propietario de la corporación Indalo, Oil Combustibles, varios casinos y medios masivos de comunicación. Actualmente preso por lavado de activos y asociaciòn ilìcita 19) Ailin-co S.A. (Arg) 65.000 hectáreas en el sur de Mendoza y norte de Neuquén. Campos Puerta del Barrancas, Arroyo Curimillo y Laguna Negra. Empresa propiedad de René Chaumont y Sirio Sat. Negocios ganaderos, mineros, turísticos y de talaje. 20) Ted Turner (EEUU) 56.000 hectáreas. Estancias La Primavera y Collón Curá (Neuquén) y un campo en Tierra del Fuego. Ted Turner es fundador y/o accionista de la cadena de noticias internacional CNN, Turner Broadcaster System, WCW, TNT, Turner Entertainment, TBS, etc. 21) Estancias Schajman S.A. (Arg.) 50.000 hectáreas. Estancia El Principio y otras en Trevelin y Esquel (Chubut). Propiedad de la familia Schajman, negocios ganaderos y turísticos. 22) Ashley Kent Carrithers (EEUU) 41.000 hectáreas. Estancias Colipilli, Paso Pichachén y Río Troncomán (Neuquén). 23) Marcelo Mindlin (Arg.) 40.000 hectáreas. Campos en Alto Río Chubut y el valle del Río Foyel (Río Negro). Mindlin es propietario y/o acionista de Pampa Energía, Dolphin Fund, Petrobras Argentina y socio comercial de George Soros, Joseph Lewis y el Grupo Bemberg, fue parte del Grupo Irsa de Eduardo Elsztain. 24) Emir y Omar Félix (Arg.) 40.000 hectáreas. Campo Agua Nueva (Malargüe, Mendoza), en conflicto con comunidades mapuches. En este campo está el proyecto megamienro La Cabeza. Los Félix son reconocidos políticos locales, actualmente Emir es intendente de San Rafael y Omar es diputado nacional. 25) Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 hectáreas: Bahía Dorada, Lago Escondido, la concesión del Cerro Perito Moreno y el Proyecto Laderas (Río Negro). Lewis es fundador y propietario del Grupo Tavistock y accionista de Pampa Energía. 26) Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectáreas. Estancia San Ramón (Río Negro). Fue accionista y/o propietario de las corporaciones alimenticias Nestle, Multifood, Kraft General Foods Europe e inventor de las marcas Toblerone, Milka y Suchard. 27) Paolo Rocca (Arg.) 32.000 hectáreas. Lago Esperanza, Lago Urión y Río Carrileufu (Chubut). Es dueño del Grupo Techint y según Forbes es la persona más adinerada de Argentina. 28) Holding Salentein (Holanda) 25.000 hectáreas en Río Negro. Corporación propiedad de la familia Pon. Dueños de las bodegas Salentein y de Salentein Fruit. 29) Grupo Eidico (Arg.) 24.000 hectáreas. Emprendimientos inmobiliarios en Villa La Angostura y San Martín de los Andes (Neuquén), Lago Cholila (Chubut), costas del Canal de Beagle (Tierra del Fuego), Corral de Piedra (Malargüe, Mendoza). Empresa propiedad de Jorge O’Reily y Pablo Lanusse. También tiene desarrollos inmobiliarios en otros puntos del país 30) Familia Larminat (Arg.) 20.000 hectáreas. Estancia Rincón de los Pinos (Neuquén). Negocios ganaderos, forestales y turísticos. Nota: se dejó afuera de esta lista a Douglas Tompkins, propietario de 350.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, fallecido en 2015. Actualmente estas tierras están en proceso de traspaso al Estado Nacional Argentino. Además de esta lista, existen grandes terratenientes de otras regiones de Argentina, que poseen propiedades menores en la Patagonia, como Eduardo Elsztain, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Eurnekian, la familia Pérez Companc, Bulgheroni, etc...

Originario - para entender mejor el problema -

(Por Vicente Cadenas)- Repasemos los hechos que han facilitado el paso a la conjunción y armonización de los intereses del Nuevo Orden Mundial. Al finalizar la II Guerra Mundial, se reunieron en Yalta, entre el 4 y el 11 de septiembre de 1945, los líderes de las naciones vencedoras en la misma: Roosevelt, Stalin y Churchill, para la organización del reparto de las áreas de dominio mundial, pero al poco tiempo, este tipo de reparto se mostró insuficiente, admitiendo, particularmente las zonas mayores: la soviética y la anglosajona, la necesidad de adaptación a los cambios que se fueron produciendo hicieron anacrónica y demostraron que el orden internacional no podía fundamentarse únicamente en la imposición de una obediencia ciega de los países débiles y vasallos, con poblaciones esclavizadas en lo político, económico y cultural. Este concepto, que a partir de Yalta había sido ideado, en realidad, en los tiempos más crudos del colonialismo europeo y las conquistas de las “tierra de nadie”. De todos modos, de esta serie de cambios, nace el NOM, que deberá reemplazar a Yalta, y transformar a las naciones en meros apéndices de la Comisión Trilateral (CT). Pero conviene, para entenderla mejor, remontarse a los días entre el 29 y 31 de mayo de 1954, en que comenzaron a reunirse en Oosterbeeck, Holanda, personajes de la alta finanza europeas y angloamericana, encuentros ideados por Lord Víctor Rothschild, dueño de un a gran parte de la “Shell”, a cuyo cargo estuvo convencer a la reina Juliana, propietaria de la otra parte para propiciar una convergencia de los intereses multinacionales y por la norteamericana concurrieron los Rockefeller, dueños de la “Standard Oil”. De donde puede deducirse que el primer objetivo de estos encuentros sería concertar un reparto de zonas de influencias petroleras. Además de los personajes citados en los encuentros BIL, se encuentran otros Giovanni Angelli, presidente de la FIAT, y miembro del Club de Roma, fundado en 1954, importante resorte europeo para el reparto de zonas de influencia dentro de la CT, cuyos miembros respaldan con toda firmeza la teoría de los grandes espacios vacíos: Australia, Amazonia y nuestra Patagonia, los cuales se deben explotar para beneficio de la humanidad (sea quien fuese esa señora, a quien no tengo el gusto de conocer, pero se entiende que es la angloparlante, y a que el resto no existe, o no merece existir). Y hablando de la Amazonia, el 5 de noviembre de 1991, el presidente de Brasil, Fernando Collor de Melo, denunció la demarcación de la reserva indígena yanomami, fronteriza con Venezuela y ubicada dentro de una riquísima zona mineral, con el pretexto de la preservación del medio ambiente y del supuesto “respeto a la cultura indígena, pretendiendo someter al Brasil al sistema de soberanías limitadas, núcleo central del NOM, igual que el ecologismo y la presunta preservación de las culturas indígenas. Cabe aclarar que por ciertas supersticiones, algunas comunidades yanomamis practican el canibalismo y matan al primogénito si es mujer. La monarquía inglesa dice querer conservar algunas tribus, y que los yanomamis sería la primera tribu que tendría sus genes congelados, conservados y archivados en el Museo Genético de la Humanidad de Londres, amparados por organizaciones de DDHH y la ONU, se creó así una región binacional indígena, para así mantenerlos en el atraso y utilizarlos como instrumentos de maniobras políticas. Curiosamente, según un estudio de la compañía de Pesquisa y recursos minerales (el servicio geológico brasileño), los yacimientos descubiertos en la Amazonia están evaluados en 3 trillones de dólares. La doctrina de la Trilateral es absolutamente pragmática y varía según los cambios de sus intereses. De sus miembros, el que formula sus tesis más audaces es Zbiegdniew Brzezinski, ex consejero de Seguridad Nacional de EEUU en “La Era Tecnotrónica”: “El concepto de interés y soberanía nacional sólo era viable mientras las naciones estaban suficientemente separadas en el tiempo y el espacio, y el cambio se ha acentuado naturalmente: las reivindicaciones nacionalistas, aunque todavía potentes, se están diluyendo, y el cambio se ha acentuado naturalmente en los países avanzados, pero ningún país escapará a sus efectos”. Dentro de la Comisión, Jimmy Carter, quien ingresara a la misma por invitación de Nelson Rockefeller, antes de ser elegido presidente de los EEUU, ejemplo clásico de cómo puede colocar en los lugares mas elevados a aquellos más manejables y funcionales a sus objetivos: Eligiendo a sus candidatos de la misma manera que la masonería elige a sus miembros. Bien, una vez elegido, implantó la idea de del manejo de los DDHH, que otorga a la Comisión un amplio margen de maniobra y de enmascaramiento para su suprema pretensión de hegemonía. Fue éste quien implantó la idea del manejo de los DDHH, para otorgar a la CT. Hablamos antes del Club de Roma y su distinguido miembro, Aurelio Peccei, convencido teórico de la sociedad internacional y de la necesidad de instalar un gobierno mundial; otro proyecto del Club es un vasto plan para la conservación de la ecología mundial (eufemismo que encubrir el maltusianismo del club) y en realidad significa impedir todo desarrollo, condenando a buena parte de la humanidad a muerte, para conservar desocupados grandes territorios del mundo y a disposición de las corporaciones transnacionales. Le toca a Carlos, heredero de Felipe, continuar la tarea de impulsar la Ecología (siempre ocultando los verdaderos propósitos bajo rótulos loables) y el Desarrollo Sustentable, que quiere significar que todos los recursos son finitos y que se deben conservar para las generaciones del futuro, y que la ONU debe tomar medidas al respecto, con el respaldo de la OTAN, y que las soberanías son limitadas cuando hay que conservar recursos naturales. Para mantener en la ignorancia a las poblaciones a masacrar, es bueno no difundir los tratados internacionales que firma cada Estado. Por ejemplo, la Convención de Viena, firmada por nuestro país en junio de 1993, dice que las soberanías son limitadas cuando: está en peligro el medio ambiente y los recursos naturales, se violan DDHH de minorías indígenas originarias (siempre propósitos loables). O hay razones humanitarias, por ejemplo: hambrunas, etc, tanta bondad conmueve. El indigenismo es otra de las banderas que usa Gran Bretaña, y así, los mapuches tienen un comité en Liverpool. Hasta en Australia hay quejas de que la corona usa los derechos de los aborígenes como excusa para el control monopólico de los recursos naturales, corremos el riesgo de que la ONU ocupe la zona en conflicto y la ponga bajo custodia de ONGs con sede en Londres, pero hay que reconocer la capacidad de invención que tienen estos señores, cuando de invadir se trata, por ejemplo, inventar una etnia originaria en un territorio que nunca habitó. Veamos: la palabra mapuche, significa gente de la tierra (maputierra), che persona o gente, es decir, nativo, pero implica muchos otros, en primer lugar, el de araucanos, que fue la denominación con la que los reconoció el conquistador español cuando llegó a América, y que a veces se reserva sólo al mapuche que habita en el Sur de Chile. El poeta español, Juan de Ercilla, que acompañó la gesta del conquistador Juan de Valdivia, denominó “La Araucana” su poema épico, basado en la conquista del Sur de Chile. El poema se centra en la gesta de los caciques, Lautaro y Caupolicán, en los primeros tiempos de la conquista española. Con el nombre de “pampas” se conocía a hombres que habitaban la actual provincia de Bs. As., del tronco mapuche, pero con gran sustrato tehuelche (estos últimos de raíz paleolítica). Algunos opinan que al tronco pampa pertenecían los querandíes los que destruyeron la Buenos Aires fundada por Pedro de Mendoza. Los mapuches se denominaron de acuerdo con la región que habitaban, particularmente después de la dispersión que sufrieron por la invasión de un poderoso ejército inca, al mando de Topa Inca Yupanqui (1471-1493). La máxima expansión de su territorio se alcanzó entre los siglos XVII y XIX, en que fueron dueños de lo que hoy es el Sur de Chile: entre los ríos Biobío hasta la isla de Chiloé, y al sur el Toltén, al oeste el Pacífico, y la Cordillera al este. Conviene aquí aclarar que a la llegada del conquistador Pedro de Valdivia, en 1541, al ámbito del valle donde asienta hoy Santiago de Chile, éste aún permanecía bajo el dominio de señores locales puestos por los incas que ocupaban el territorio trasandino, desde hacía por lo menos 70 años. La conquista incaica alcanzó por el sur hasta el río Maule, no demasiado al norte del Biobío, dominado este ámbito por dos señores locales puestos por los incas. Estos eran Vitacura y Quilicanta, nombres estos en lengua mapuche o araucana, lo que demuestra que esta lengua se extendía hacia el norte (Huentelauquén: laguna arriba). En la latitud de Illapel, lo que permitiría interpretar que la gran densidad de población auténticamente mapuche o araucana entre el Biobío y el Toltén era el resultado del desplazamiento hacia el sur, obligado por la presión de las tropas incaicas. En una palabra, que los hombres de la tierra se encontrarán ante la manifestación hostil de los dueños de la tecnología más avanzada que han implantado la división internacional del trabajo. Dispuestos a convertir a los países en un nuevo imperio que ensambla los intereses económico, político, financieros de los sajones de Europa y América, europeos y japoneses. Ahora bien, como de acuerdo con la convención de Viena las fuerzas de la OTAN podrán intervenir en casos de violación de DDHH de minorías indígenas originarias, resulta de vital interés determinar “la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina”, precisamente es ese el título del libro del Dr. Rodolfo Casamiquela, donde a través de numerosas pruebas y serias investigaciones en ese sentido de que los datos que se presentan, si bien en forma resumida, para tratar de aclarar el punto: “Así, durante el tiempo de la dominación española, los mapuches propiamente dichos habitantes de la Araucanía, según el diccionario pionero del P. Luis de Valdivia (1606) aparece, apenas transformado, el nombre Mapocho, aplicado al valle en que asienta Santiago y comenta el autor, que el gentilicio resulta local, relativo, porque lo usaron pueblos diferentes por pueblos enteros como los prenancaes meridional o araucano, ubicado entre el río Biobío y el Toltén, de otra cultura y lengua”. También cita otro vocabulario antiguo clásico el del jesuita Andrés Febrés (1765): Huinca mapu, esta tierra de Chile. Sigue diciendo que los araucanos o mapuches propiamente dichos llamaron llalkésche (gente del mar) a los navegantes costeros-pehuenche “gente de las araucarias”. Y que, cuando los españoles cruzaron el Toltén encontraron indios de otras etnias que denominaron huilliches y cuncos, y en el extremo sur del territorio e islas de los archipiélagos de Chiloé, Huaitecas y Chonos, y tierra firme adyacente por el este, con precisamente los indígenas Chonos canoeros de piragua, estos fueron fuertemente aculturados por los mapuches propiamente dichos. Luego precisa: “así fue como se instalaron en la década de 1820, los primeros araucanos/mapuches propiamente dichos en el área pampeana, y, de paso, como se instaló, en pos de ellos, Calfucurá, que no era araucano o mapuche propiamente dicho, sino pehuenche (es decir, otro pueblo)”. El investigador sostiene que no fueron mapuches los originarios habitantes de la región norte neuquino. Río Negro: estos avanzaron sobre los tehuelches y/o pehuenches. Claro, la corona usa los derechos de los aborígenes como excusa para el despojo de tierras y recursos naturales más grande de la historia. Por eso, si pasa por Corrientes y Esmeralda, y ve un indio saliendo de un toldo y le dice que es originario de esa esquina, no le crea y si se lo dice en inglés menos todavía. A esto, es bueno recordar que la repartija del mundo, acordada en Yalta, en este y oeste ya no se aplica, ahora, la nueva repartija, esta nueva Yalta; es norte/sur, con un norte industrializado y un sur subdesarrollado. De paso, hay en Neuquén y Chubut importantes reservas de oro. Todas estas propuestas y divisiones del mundo unilaterales derivan en su mayor parte de la antigua formula Canning (gracias Georgie por pedir nuestra opinión, todo un gentleman). También Churchill en Yalta “no debemos permitir que la Argentina se convierta en potencia, arrastrará consigo a toda América Latina”. Evidentemente las élites inglesas, reciben una educación esmerada, toda consideración y respeto hacia el prójimo.

Sobre los pueblos originarios

1. Julio Argentino Roca y la gran mentira Mapuche (Por Fredy Carbano). Este paradigma de la Nación Argentina es denostado por una campaña intencional que pretende disolver los verdaderos valores de la argentinidad. Lamentablemente la ignorancia histórica hace que muchos honestos ciudadanos se presten a colaborar con esta aviesa campaña. El General Julio Argentino Roca no encabezó una campaña privada en 1879, fue como Ministro de Guerra y Marina y Comandante en Jefe del Ejército Nacional a cumplir la misión que Avellaneda, presidente de la Nación Argentina, elegido por el pueblo, le había asignado. Y esa campaña estuvo destinada a integrar, a incorporar de hecho a la geografía argentina, prácticamente la mitad de los territorios históricamente nuestros, y que estaban bajo el poder tiránico del malón araucano, cuyos frutos más notables eran el robo de ganado, de mujeres y la provocación de incendios. Los araucanos, hoy denominados mapuches, llegaron a la Argentina allá por 1830, cuando la Nación Argentina era ya independiente y soberana, por lo tanto, fueron invasores. El primer grupo de invasores los constituyeron aproximadamente unos 100 indígenas capitaneados por Yanquetruz y se afincaron en Neuquén y desde allí se fueron extendiendo hacia el sur y el norte. El verdadero genocidio lo cometieron los araucanos cuando aniquilaron a los Guenaken, también llamados Tehuelches, que eran lo auténticos aborígenes de la Patagonia norte. Actualmente, como argentinos tienen todos los derechos al igual que los demás argentinos, pero no a intentar falsear la historia y pretender les devuelvan tierras que nunca les pertenecieron. a. En 1879 las tropas de Cafulcurá eran poderosas, lo prueba el hecho de que ganaron las primeras batallas contra el Ejército Nacional. b. Ambos bandos contaba con fusiles Remington. Los araucanos los traían de Chile, ahì se los vendían los ingleses a cambio del ganado argentino robado en los malones, prueba de ello es que la columna del Ejército Nacional comandada por el Grl Villegas tenía como objetivo clausurar y controlar los pasos andinos por donde les llegaban a los araucanos este armamento. c. Los indígenas araucanos eran tradicionalmente muy guerreros. Recordemos que en los primeros tiempos de la conquista española asolaron varias importantes ciudades en Chile que los chilenos tardaron siglos en reconquistar. d. Los araucanos, en el año 1250 subieron hacia el norte y destruyeron el Imperio de Tiahuanaco, que era el mayor y mucho más civilizado que el posterior imperio de los Incas que comenzó luego en el año 1280. e. El uso actual del término "mapuche" y las falsas reivindicaciones de estos son maniobras disolventes y disgregantes que practican políticos con minúscula en las últimas décadas con finalidades anti-nacionales, y para beneficio propio. Araucanos y Tehuelches: los mapuches son sólo ORIGINARIOS de la inventiva del Foreign Office británico. Ni Rosas o Roca los mencionan en la Campaña al Desierto, tampoco los historiadores, ni la famosa expedición a los Indios Ranqueles. Tampoco los menciona la historia oficial en las Provincias ni Museos de Historia del Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, ni San Juan… ¿Desde cuándo han aparecido estos mapuches en escena? Su propia bandera es similar a la nueva Sudafricana , luego del “apartheid” utilizaron a Mandela, y ahora desean utilizar a un pueblo que no es originario de nada, sólo Tehuelches y Araucanos lo son. Quede en claro que la expedición de Roca, resultó la primer guerra contra Chile y no una campaña contra el indio, como muchos pretenden hacerlo notar. A las pruebas me remito cuando sostengo que por entonces el 90% de la población chilena era indígena, que no es cosa menor. En síntesis, nuestro país defendía la soberanía sobre una Patagonia que los caciques deseaban y ellos... eran chilenos! Enciclopedia Salvat - Diccionario - Editado en Barcelona – 1972: MAPUCHE: Adj.- Natural de Arauco - Perteneciente a esta Provincia de Chile... Hoy, todos los nacidos en el suelo patrio somos ARGENTINOS, y ya no caben falsas reivindicaciones indigenistas ni de pueblos originarios inexistentes. Desde comienzos del siglo XVI está presente la sangre hispana en todo el suelo argentino y los pueblos originarios de la Patagonia anteriores a esa fecha fueron las etnias TEHUELCHES. El invento "mapuche" data sólo del siglo XIX, insisto que hoy todos somos argentinos y nadie tiene ningún derecho a reivindicar etnias ni pueblos diferentes al argentino so pena de colaborar con los intentos Ingleses, Norteamericanos e Israelitas para desmembrar y despotenciar a la Argentina. Este tema mapuche y su propaganda instalada por marxistas que han hecho del indigenismo una cuestión de estado, es preciso comenzar a desbaratarla de raíz. Lamentablemente no sólo los políticos venales y periodistas pagados por el sistema, sirven de difusores de una mentira infame, sino que han caído en ella y no siempre por ingenuidad. Obispos y Curas que fieles a sus posturas tercermundistas, impulsan como verdad de perogrullo, dando así por sentadas todas y cada una de esas falacias. Se llegó al extremo inconcebible de engañar al Santo Padre Juan Pablo II y ahora al Papa Benedicto XVI cuando les hicieron decir que el gran santo Ceferino era Mapuche y no Tehuelche. Es difícil creer en la inocencia por desconocimiento de los Obispos patagónicos en esta maniobra vil, porque es dable suponer que si han llegado a esas instancias de la jerarquía, deben poseer una cultura general histórica de su patria compatible con su rango. Utilicemos en toda su plenitud este medio fantástico que la tecnología nos brinda, para revertir la opinión errada de muchos argentinos sobre temas de trascendencia como el que se trata 2. Julio Argentino Roca y la Conquista del desierto - El mito del genocidio Hace poco más de un siglo, el 12 de octubre de 1904, el general Roca entregó al Dr Manuel Quintana los atributos de la presidencia de la República. Había cumplido su segundo mandato, pero su influencia política desde 1880 había transformado el país y la Argentina era una potencia respetada. El general Mitre, ya anciano y verdadero patriarca de la “argentinidad”, fue a su casa ese mismo día para felicitarlo por su gestión: "Ha cumplido", le dijo parcamente, porque el juramento de su asunción, en 1898 lo había hecho ante el patricio. Diez años después, el 19 de octubre de 1914, Roca moría en Buenos Aires. Los últimos años los dedicó a organizar su estancia La Larga, levantando casas para su personal, cultivando arboledas y caminos y mejorando su hacienda. El país no lo ha recordado suficientemente. En los últimos tiempos una historiografía carente de toda documentación sostiene que la expedición de Roca de 1879 contra los indios, fue un genocidio. Ello revela supina ignorancia u oculta intereses de reivindicaciones territoriales. El tema indígena es complejo, porque abarca regiones muy diferentes, desde los paisajes andinos atípicos hasta la cuña boscosa del Chaco, con razas que no eran ni son comparables, como los diaguitas, los abipones o los mapuches. En el Sur, los pueblos araucanos procedían de Chile e ingresaron al hoy territorio nacional hacia principios del siglo XVIII, según lo refieren numerosos historiadores de ese país, algunos con carácter reivindicatorio. La pampa agreste estaba totalmente desierta, con algunos bolsones de pobladores aislados. En la provincia de Buenos Aires se denominaba "poblador del Salado" a quien se instalaba más allá de ese importante río. Sin alambrados, sin títulos de propiedad, salvo antiguas mercedes realengas o con títulos imprecisos basados en la simple ocupación, el llamado "estanciero" era el ganadero que cuidaba vacas criollas, que no tenían parecido con las de nuestra época, vivía con el cuchillo en la faja y dormía en un rancho que él mismo construía. Su beneficio empresario consistía solamente en la explotación del cuero del vacuno, que canjeaba en la pulpería o en "las casas" o en el poblado más próximo. Compartía sí, el temor al malón indígena. Al caer la tarde, hacía recostar a su caballo en el suelo para ver la reacción del animal, cuya sensibilidad le permitía saber si la tierra se movía. En ese caso, sabía que, a lo lejos, los indios galopaban y él debía huir, abandonando todo. El horror del malón se ha descripto repetidas veces, pero hay que recordar que el indio fue temible cuando aprendió a montar el caballo que trajo el europeo, para robar las vacas que también vinieron con los españoles y venderlas en Chile. También cuando aprendió a usar la cuchilla de hierro, que también obtuvo de la industria del hombre blanco. Los aduares indígenas estaban llenos de cautivas, mujeres blancas a las que se les hacía un tajo profundo en la planta de los pies para impedirles la fuga. Ellas tenían que soportar la indignación y el odio de las mujeres indias de la tribu. La historia argentina está llena de historias de pequeños y de muy grandes malones a lo largo de los siglos XVIII y XIX, hasta la decisiva ocupación del desierto por Roca. La política de ocupación no se inicia con este exitoso militar, sino que continúa desde los primeros gobiernos patrios. Rosas hizo una expedición contundente, pero después de Caseros las tribus se alinearon, unas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y otras con el de la Confederación, participando en la política partidista. Mitre quiso erradicar el delito en las pampas y no lo pudo lograr por tener que dedicar sus esfuerzos a la guerra del Paraguay. Sarmiento sufrió grandes malones y la batalla de San Carlos es un verdadero hito de la historia. Avellaneda, que soportó una grave crisis financiera internacional, tuvo una política de ocupación a través de su ministro Adolfo Alsina, quien hizo construir una larga zanja de más de cuatrocientos kilómetros para evitar los malones, en una guerra defensiva sin mayores resultados. Finalmente, Roca, que conocía el desierto, organizó una expedición ocupacional decisiva, este joven general había ganado todos sus ascensos, uno tras otro, en los campos de batalla. ¿Estaba Roca ocupando tierras de indios? La respuesta es categóricamente negativa. Esas tierras desiertas comienzan a ser ocupadas con las expediciones pobladoras de la España colonizadora del siglo XVI que, repetimos, trajeron el caballo y la vaca. Los indios iniciaron su ocupación 180 años después. Los indígenas americanos precolombinos estaban radicados en mínimas parcelas de territorio y aprovecharon los descubrimientos, invenciones, ingreso de animales antes desconocidos y la tecnología del blanco para su expansión territorial. De suponer válida la peregrina teoría del primer poblador, tal vez debiéramos remontarnos al homínido y considerar al propio hombre de Neanderthal como un usurpador. Pero existen algunas consideraciones que hay que sopesar: la expedición debe adjudicarse al gobierno del presidente Avellaneda, quien designó para comandarla a su ministro de guerra, el general Julio Argentino Roca, en estricto cumplimiento de la ley del 25 de agosto de 1867, demorada doce años por las dificultades políticas y económicas del país. "La presencia del indio -decía la ley- impide el acceso al inmigrante que quiere trabajar". Para financiar la expedición se cuadriculó la pampa en parcelas de 10.000 hectáreas y se emitieron títulos por la suma de 400 pesos fuertes cada uno, que se vendieron en la Bolsa de Comercio. Aunque prohibieron la adquisición de dos o más parcelas contiguas, esta venta fue la base de muchas de las fortunas argentinas. La ley, la expedición y la organización fueron discutidas en el Congreso y votadas democráticamente. Todo el país, toda la población de la Nación, quería terminar con este oprobio, desde el Congreso y los gobiernos provinciales hasta los periódicos, sin excepción. Roca organizó la expedición y a ella se incorporaron no solamente cuerpos militares, sino también periodistas, hombres de ciencia y funcionarios. El periodista Remigio Lupo la integró como corresponsal del diario La Prensa y remitió sus crónicas. Monseñor Antonio Espinosa publicó su diario, con noticias muy valiosas de todo lo mucho que vio, pero también escribieron hombres de ciencia, como los doctores Adolfo Doering y Pablo Lorenz, y naturalistas, como Niederlein y Schultz, que estudiaron la flora, la fauna y las condiciones del suelo. Acompañaron también enfermeros y auxiliares. Los indios prisioneros y los niños, mujeres y ancianos fueron examinados por sus dolencias, vacunados y muchos de ellos remitidos a diversos hospitales de la muy precaria Buenos Aires de esos días. ¿Puede creerse que toda estas personas y otras que siguieron paso a paso la expedición pueden ser cómplices de silencio en caso de genocidio? ¿Se concibe un secreto de cinco mil personas? ¿Lo hubiera permitido un humanista como el presidente Avellaneda? La única realidad es que la llanura pampeana quedó libre de malones y que a los indígenas se les asignaron grandes reservas, si bien es cierto que individuos inescrupulosos les cercenaron posteriormente muchas de sus parcelas con supuestos derechos, actitud reprobable, sin duda, que forma parte de litigios del derecho civil. Por otra parte, mencionar al indio como tal es un insulto. ¿Por qué indio? El es, simplemente, un argentino entre treinta y siete millones de habitantes, con los mismos derechos y obligaciones que todos. No merece ningún tratamiento especial ni más derechos que otros, pero tampoco ninguna tacha que lo invalide, que lo relegue o que lo menoscabe, porque tiene también todas las prerrogativas constitucionales. Es nuestro conciudadano y, por lo tanto, nuestro hermano. Merece y tiene todo nuestro fraterno afecto, no más, no menos; lo contrario es indigno y discriminatorio. Lo que se quiso hacer y efectivamente se hizo fue concluir con los asaltos a pueblos indefensos y poner la tierra fértil a disposición de la población para ser trabajada. En efecto, en menos de 25 años a la Argentina se la llamaba "la canasta de pan del mundo". El 12 de octubre de 1880, Roca juró como presidente de la República, por haber vencido a Tejedor en las elecciones. Hizo un gobierno histórico: concluyó el tratado de límites con Chile, en 1881; desarrolló la instrucción pública; construyó escuelas; extendió los ferrocarriles. Los inmigrantes agricultores comenzaron a agruparse en colonias. Se estibaron miles de bolsas de trigo en las estaciones. El pedestal de la gloria de Roca está en sus dos gobiernos y en su orientación política, mucho más que en la ocupación del desierto, pero ésta es un timbre de honor de su biografía. Con el tiempo, a través de personas que no han leído específicamente sobre el tema o que tienen otros intereses, se ha creado una fábula que gente de buena fe la ha creído, porque así se elaboran los mitos que después parecen "verdades reveladas" de valor teológico. Felizmente, cualquier serio investigador de historia, cualquier estudioso del pasado que se documente, se preguntará azorado: ¿qué genocidio?