Historia, Verdad y Justicia 2

Preso Político inició huelga de hambre en Salta “Me voy a casa o me muero”

Julio Narciso Flores está condenado a 25 años de prisión en el marco de los juicios de lesa humanidad. La justicia se basa en el testimonio de un ex-prisionero que, "primero dijo que no lo conocía y, luego de 13 años, cambió inexplicablemente de parecer". Hace 7 años que está detenido y la prisión domiciliaria ya le fue negada cuatro veces.

Julio Narciso Flores tiene 64 años, es el Preso Político Argentino más joven del país y está condenado a 25 años de prisión en el marco de los llamados “juicios de lesa humanidad”, donde le adjudican haber sido “el jerarca” de una organización delictiva cuando tenía apenas 18 años de edad, en el transcurso de la emblemática época del 70 en Argentina y cuando apenas era un cabo mecánico de aviones con solo ocho meses “de antigüedad” (Fuente: davidrey.com.ar - prisioneroenargentina.com.ar)


Tomó una decisión difícil, pero que viene mascullando hace un par de semanas: iniciar una huelga de hambre “Me estoy muriendo día a día hace ya siete años”, señaló al periodista David Rey
Todo el proceso en su contra se basa en un mismo argumento; el testigo que lo señala como “responsable”, primero dijo que no lo conocía pero, 13 años después, desde Francia (donde reside) dijo totalmente lo contrario: que sí lo reconocía en una fotografía (a pesar de haber confesado que comía con sus “carceleros” y de que Flores, profundo salteño, tenía “tonada porteña”).

Increíblemente la Justicia argentina tomó como “cierto” este testimonio y dictaminó que Flores debía morir en prisión. Lo acusan de más de 70 casos de “secuestros” y de ser “el jefe” de una organización represiva: tenía entonces 19 años y apenas 8 meses de pertenecer a la Fuerza Aérea como Cabo Mecánico.

Desde el penal, donde está inexplicablemente detenido, la Unidad Penal Penitenciaria Federal III “Martín Miguel de Güemes” en la provincia de Salta, Flores escribió una carta “de un condenado a muerte” que corrió como reguero de pólvora y que incluso fue publicada por el diario La Nación de Buenos Aires (aquí también la subscribimos a continuación)

                              (Fuente: davidrey.com.ar - prisioneroenargentina.com.ar)

David Rey estuvo con Flores para conocer de cerca los motivos que lo llevaron a tomar tan drástica decisión “Estoy dispuesto a llegar adonde tenga que llegar. Me estoy muriendo día a día hace siete años. Me voy a mi casa o me muero. Mi familia entiende la decisión que tomé”.

Al día de la fecha, más de 3000 familias argentinas fueron devastadas por las absurdas decisiones de una justicia absolutamente “comprada por el poder político”, no solo el que ha decidido que los terroristas de antaño sean considerados cual “jóvenes idealistas” sino, además, de llevar a cabo un verdadero plan de exterminio contra todos aquellos que, hace casi cincuenta años, vestían el uniforme de algunas de las FFAA y de Seguridad.

A Julio Narciso Flores ya le fue denegada cuatro veces la prisión domiciliaria y, al día de hoy, debe compartir prisión con peligrosos narcotraficantes. A pesar de la increíble situación que le toca vivir y de la dramática decisión que acaba de tomar, aseguró que todavía espera un fallo razonable de parte de la justicia argentina.

(Fuente: por David Rey -prisioneroenargentina.com.ar)

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Un exmilitar en huelga de hambre: “Si me tengo que morir, me muero; a lo mejor, es mi libertad definitiva”
Por Mariano De Vedia - La Nación (29/06/2022)

Julio Narciso Flores, que fue cabo de la Fuerza Aérea, reclama que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria

El rechazo de la Justicia a la posibilidad de cumplir en su domicilio la condena a 25 años de prisión derrumbó las esperanzas de Julio Narciso Flores, ex-cabo y suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, que inició hace nueve días una huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes en Salta.

Julio Narciso Flores, el exmilitar del reclamo cuando tenía 19 años de edad. El ex-cabo Flores permaneció tres años y medio en la Fuerza Aérea Argentina  (Fuente: lanacion.com.ar)

“Si me tengo que morir, me muero. A lo mejor, es mi libertad definitiva. Mi familia sufre, quiero darle un fin a todo esto. Hace siete años y siete meses empecé a morir cada día un poco”, explicó Flores, en un diálogo telefónico con La Nación desde la cárcel salteña, al recordar que fue detenido en 2014 y condenado en 2019 por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín.

Tiene 64 años, perdió ocho kilos desde el 21 de junio (solo ingiere líquidos) y está decidido a seguir adelante, pese a que su esposa Gloria Isabel y sus tres hijos no están de acuerdo, pero aceptan la decisión que pone en riesgo su vida.

Especializado en mecánica de mantenimiento de aeronaves, Flores permaneció tres años y medio en la Fuerza Aérea, entre enero de 1977 y mediados de 1980, cuando pidió la baja. Se desempeñó en la I Brigada Aérea de El Palomar, primero en el escuadrón Tropas y luego en el hangar de aviones Guaraní. Varias décadas después de obtener la baja, fue detenido y más tarde condenado por la acusación de un testigo que lo señaló por la fotografía 4 x 4 de su legajo personal como uno de los represores del centro clandestino conocido como Mansión Seré, en Morón.

Julio Narciso Flores, formado como mecánico de aeronaves, trabajó en empresas privadas en distintos países. Flores insistió en que no tuvo vinculación con el centro clandestino. Preso por el fallo que lo encontró responsable de delitos de lesa humanidad, hoy comparte el encierro con detenidos por causas de narcotráfico y otros delitos federales (Fuente: lanacion.com.ar)

El ex-cabo Julio Narciso Flores permaneció tres años y medio en la Fuerza Aérea Argentina, le imputaron 26 casos de privación ilegítima de la libertad por casos producidos cuando tenía 19 años y recibió una pena seis veces mayor que el brigadier Orlando Ramón Agosti, jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la primera Junta Militar de la dictadura militar, condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

Su caso no siguió la misma suerte que la causa que hace pocos años enfrentó el Teniente General (R) César Milani, exjefe militar durante el kirchnerismo, que fue acusado por la desaparición del soldado Alberto Ledo en Tucumán, cuando a los 21 años firmó un acta que lo comprometía. Hay ciertas similitudes, pero Milani fue absuelto finalmente por los jueces.

En manos de los jueces
“Mi vida está en manos del Tribunal Oral Federal 5, que en los últimos años cambió su integración. Espero que los nuevos jueces recapaciten, lean mi causa y solo pido justicia”, expresó Flores, que también jugó su última carta con una apelación de su condena a la Corte Suprema de Justicia. “La sentencia es injusta y la acusación no tiene consistencia”, declaró Flores, quien a lo largo de siete años pasó por cinco cárceles, incluidos los penales de Ezeiza y de Marcos Paz. Fue enviado a la prisión de General Güemes, a 60 kilómetros de Salta, para estar cerca de su familia, pero él conoce las penurias económicas que atraviesan y prefiere que “no gasten sus pocos recursos” en ir a visitarlo. Tiene tres nietos, pero todavía no conoce a dos de ellos.

Ubicada en Morón y manejada por la Fuerza Aérea, la Mansión Seré fue uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos del conurbano bonaerense durante la dictadura militar. En marzo de 1978 se produjo la fuga de cuatro detenidos, que se escaparon desnudos y esposados. Eso llevó a los militares a cerrar la antigua casona: distribuyeron a los detenidos en otros centros y demolieron la construcción. Recuperada la democracia, sobre sus cimientos se edificó el sitio de memoria que hoy se mantiene vigente.

Julio Narciso Flores, formado como mecánico de aeronaves, trabajó en empresas privadas en distintos países. Reveló que en la propia causa judicial hay constancias de que cuando le mostraron por primera vez su foto al testigo que lo incriminó, la respuesta fue: “Puede ser en un 50%, pero no estoy seguro”.
En su legajo en la Fuerza Aérea había una planilla en la que constaba su especialidad como mecánico de aeronaves y se mencionaba que recibía un suplemento por actividad riesgosa. Ello era así porque en el hangar se realizaba mantenimiento y carga de tanques de oxígeno para todos los aviones. “Cuando me detuvieron interpretaron que eso me hacía experto en explosivos”, explicó Flores a La Nación. “Alegaban también que había sido jefe de la guardia y de las patrullas que apresaban a los detenidos, lo que tampoco es verdad”, insistió.

Tras abandonar, a los 22 años, su corta carrera en la Fuerza Aérea, Flores trabajó como mecánico de aviación en distintas empresas en el país y en el exterior. Vivió varios años en Indonesia, Jordania y Noruega. El trabajo le permitía volver de visita todos los años a la Argentina, hasta que lo sorprendió el avance de la causa judicial. Sus compañeros de trabajo en la empresa Air Fast en Indonesia, no lo podían creer. “Todavía hoy me dicen que me esperan, que me guardan el puesto de trabajo y mi caja de herramientas”, reveló Flores, como muestra del buen recuerdo que dejó en la compañía del grupo Free Form.

En el propio complejo penitenciario de General Güemes procuran que desista de la huelga de hambre. “Intentan convencerme, pero estoy en mi posición. “Escribí notas al jefe de la unidad, le pedí disculpas por los problemas que pudiera causarles, pero lo entendieron, igual que otras autoridades del penal, y me entienden”

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Justicia e igualdad de derechos
Se siguen sucediendo graves discriminaciones en el juzgamiento y el tratamiento de los acusados por delitos de lesa humanidad
La Nación (06/06/2022)

Entre los muchos temas que agobian y preocupan a los ciudadanos, el de la Justicia se encuentra entre los primeros del “ranking”. Como sujetos de los derechos que el acceso a la Justicia debe garantizarnos (y que deberían encolumnarnos, sin diferencias, detrás del modelo republicano que fija la Constitución) preocupa que instituciones que agrupan a abogados deban accionar para reclamar respeto a la igualdad de derechos.

Representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica y de Puentes por la Legalidad elevaron un petitorio y se reunieron con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar; su vicepresidente, Mariano Borinsky, y el secretario general del tribunal, Juan Montesano Rebón. El pedido se funda en la “grave discriminación en el juzgamiento y trato recibido por los acusados de delitos de lesa humanidad”.

En los pasillos de los tribunales federales es sabido que las causas llamadas de “lesa” (en la jerga tribunalicia) corren por circuitos claramente separados del resto, con carpetas que se identifican hasta visualmente de manera distintiva. Que en la década del 70 organismos del Estado cometieran violaciones a los derechos humanos no habilita a que quienes son acusados por delitos de “lesa humanidad” vean conculcados aquellos derechos fundamentales que la Constitución Nacional asegura a todos los ciudadanos, sin distinciones, en un juicio.

Las condenas a militares llegan habitualmente sin que se cumplan las condiciones del debido proceso, sin indagatorias que posibiliten su defensa en juicio, sin que se les concedan eximiciones de prisión, excarcelaciones o detenciones domiciliarias a mayores de 70 años, violándose así expresas disposiciones de la Convención Interamericana de protección de los DDHH de las personas mayores, que exige un trato preferencial para ese grupo vulnerable de personas tanto en lo administrativo como en lo judicial. Mientras que el promedio de duración de la prisión preventiva durante el proceso en delitos comunes no supera 1,4 años, en los procesos por delitos de “lesa humanidad” el promedio es de más de 6 años, con casos de prisiones preventivas de 10 y 15 años.

La deformación procesal que instaura carriles diferenciales con claro sesgo ideológico se remonta a 2003, cuando Néstor Kirchner llegaba al poder. Para aumentar su escaso caudal electoral, hábilmente construyó un discurso dirigido a captar el favor de los simpatizantes de las organizaciones extremistas de izquierda en aquellos años duros de la llamada “guerra sucia”, ávidos de favores tanto como de fondos. Los indultos decretados para ambas partes en tiempos de gobierno constitucional quedaron sepultados por un nuevo status quo que, a partir de un relato falaz y sesgado de los hechos, reivindica el violento accionar de los llamados “jóvenes idealistas” e invisibiliza a miles de víctimas del terrorismo. Ya no tan jóvenes ellos, pero sí muchos de sus seguidores, se sumaron así activamente al gobierno, creando una superestructura normativa y judicial a los fines de juzgar sin imparcialidad a uniformados y civiles tras pasarlos por un tamiz de indudable conveniencia política.

Así es como en el año 2013, durante la presidencia de Cristina de Kirchner, se creó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que reemplazó a la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos creada en 2008. Habida cuenta de la lentitud con que se mueve nuestra Justicia, entre sus principales objetivos, enunciados sin ambages en su página web, la PCCH menciona, entre otros, el de fijar criterios respecto de cómo deben proceder los fiscales para evitar dilaciones, alimentando anomalías legales que llevaron a convalidar procederes irregulares en todos los tribunales federales en los que recayeron estos juicios en todo el país.

Fiscal Cecilia Goyeneche - Con dependencias judiciales cooptadas ideológicamente por el poder político y con “procedimientos de derecho penal especial” para acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, se reprodujeron en preocupante número situaciones de contradicción judicial inaceptable. Cualquier intento por devolver las cosas a su justo cauce se da de bruces con una realidad que desborda arbitrariedades. Si una valiente fiscal como Cecilia Goyeneche no suscita los apoyos necesarios para permanecer en su cargo, las denuncias sobre verdaderas “usinas de generación de juicios” ligadas a la actuación de militares en los ‘70 no deberían sorprendernos.

A partir de fines de 2021, se volvió imperioso mantener la cohesión de la coalición gobernante ante la migración de sus componentes más radicalizados. Desde la Secretaria de Derechos Humanos, conducida por Horacio Pietragalla, se estructuró un Plan Estratégico de acción para promover nuevos ordenamientos y acelerar las causas pendientes o generar nuevas causas que avivaran la adhesión de sus cuadros. Se busca así desde esta secretaría poner en evidencia la supuesta inacción en tiempos de la anterior gestión de la Comisión Interpoderes, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, algo que ya se había manifestado en octubre de 2020, en carta al doctor Carlos Rosankrantz, su entonces presidente, advirtiendo que por considerar “oportunista” el llamado a una nueva reunión después del cambio de gobierno, la secretaría declinaba participar.

Entre otras cuestiones, el Plan Estratégico incluye sumar nuevas representaciones en casos puntualmente elegidos, reanudar investigaciones y generar pruebas mediante la conformación de un equipo de peritos públicos propios de la secretaría, en forma paralela a la Justicia. El petitorio elevado al que nos referimos describe esto expresando que “organismos querellantes de derechos humanos con miembros de la Procuraduría de Crímenes de lesa humanidad del Ministerio Fiscal, crean nuevos casos con testigos militantes (muchos de ellos indemnizados con sumas millonarias por el Estado), cuya demora en haber revelado los supuestos nuevos datos y omitido su existencia en anteriores declaraciones nunca es tomada en cuenta y se les otorga plena credibilidad en los juicios”.

    (Fuente: retiradosffaa.blogspot.com)

Cabe recordar la cantidad de funcionarios de frondoso prontuario terrorista o de vínculo familiar estrecho con quienes intentaron tomar el poder ejerciendo la violencia indiscriminada en la década del 70 e incluso en tiempos de gobierno constitucional involucrados en las nuevas ediciones de un mismo plan. El espíritu de venganza a más de cuarenta años de los hechos se reaviva así año tras año con nuevos juicios y condenas en interminable sucesión, ahora al servicio de mantener la debilitada cohesión del actual Gobierno, disfrazando las verdaderas razones detrás de una política criminal y de clara persecución penal tan ideologizada como arbitraria.

La Corte Suprema acaba de advertir en un lúcido y trascendente acto en Rosario, que el más importante flagelo que sufre nuestra sociedad es el narcotráfico, cuyo poder se extiende dramáticamente en las grandes orbes. Los escasos recursos de la Justicia Federal argentina debieran encaminarse decididamente a solucionar los graves problemas del presente que sufre nuestra sociedad, y los jóvenes en particular, en lugar de continuar juzgando a las más bajas jerarquías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por hechos ocurridos hace medio siglo.

Celebramos la disposición del magistrado Slokar a escuchar los justos reclamos y trasladar las inquietudes al pleno del tribunal.

La audiencia constituye un valioso precedente. Incurrir en manifiesta violación de los principios constitucionales más elementales como el de igualdad ante la ley a la hora de administrar justicia deja en evidencia la preocupante dependencia del poder político de muchos de sus integrantes

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