Piden investigar el pago de indemnizaciones a detenidos uruguayos durante la dictadura argentina
Presentan 20 casos de altos resarcimientos pagados durante el "kirchnerismo", cuando la mayor cantidad de jornadas privados de libertad fue en su país
Presentan 20 casos de altos resarcimientos pagados durante el "kirchnerismo", cuando la mayor cantidad de jornadas privados de libertad fue en su país
- Caso 1; de la maestra Sara Rita Méndez Lompodio, militante del Partido por la Victoria del Pueblo en Uruguay, que llegó a la Argentina en forma clandestina en 1973. Según la denuncia, fue secuestrada el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y 11 días después fue trasladada a Montevideo. Por esos 11 días de cautiverio, a partir de las leyes reparatorias (24.403 y normas sucesivas) cobró una indemnización de $22,1 millones, a valores de hoy, en dos pagos realizados en 2007 y en 2015, ambos durante la presidencia de Cristina Kirchner.
Ese monto implica un pago de $2.010.000 por cada día de detención, aunque en la denuncia se pide investigar si para fijar el monto abonado las autoridades argentinas no computaron el período que permaneció detenida en Uruguay. D’Angelo estimó que el cálculo base establecido por las leyes reparatorias argentinas (la 30ª. parte del sueldo más alto de la administración pública por cada día de encierro) arroja $4416 por día de detención o exilio.
También se solicita en la denuncia verificar si Méndez Lompodio recibió en su país un beneficio de seguridad social y pensión reparatoria, dispuesta por la ley local 18.033, promulgada en 2010, durante el mandato de José Mujica, para quienes estuvieron presos o en la clandestinidad, exiliados o hayan sido despedidos de la actividad privada entre febrero de 1973 y el mismo mes de 1985.
- Caso 2; de Gastón Zina Figueredo, también uruguayo, sobreviviente del centro clandestino Automotores Orletti. Fue detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado a Uruguay el 24 del mismo mes, donde permaneció en el penal Libertad, hasta que fue liberado en 1978. El gobierno de Cristina Kirchner le pagó en 2009 una indemnización de $25,7 millones. También solicita clarificar si por los dos años que permaneció detenido en Uruguay cobró resarcimiento en ambas orillas.
- Caso 3; de Beatriz Victoria Barboza Sánchez, quien estuvo un día detenida en Buenos Aires y fue enviada a Uruguay en la misma jornada. Estuvo presa en su país durante cuatro años. “Cobró $7.693.537.del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Kirchner”, se indica en el escrito.
Como lo hizo en su presentación anterior, el autor de la denuncia pidió al juez Lijo que investigue si se cometieron delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al otorgar los beneficios de las leyes reparatorias en casos que no corresponderían. D’Angelo investiga desde hace varios años situaciones irregulares en la política y el discurso de los derechos humanos durante el período "kirchnerista", y presentó varias denuncias, a partir del trabajo reunido en sus libros “Mentirás tus muertos”, en el que pone en duda la cifra de 30.000 desaparecidos, y “La estafa con los desaparecidos. Mentiras y millones”.
Sumas millonarias
“En los veinte casos detectados, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones, como si todos los días en que estuvieron detenidos, lo hubieran sido en jurisdicción de nuestro país”, argumentó D’Angelo. Solicitó, además, conocer si en cada uno de los 20 casos presentados se paga en nuestro país “una pensión mensual graciable por la ley reparatoria 26.913, que equivale a dos jubilaciones mínimas”, beneficio que se extendería a los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, en caso de fallecimiento. Del mismo modo, se pide “librar oficios para saber si estas personas también cobraron y cobran en Uruguay, por los mismos hechos, indemnizaciones y pensiones”.
El autor de la denuncia reclama, incluso, que se cite a prestar declaración indagatoria a los responsables de los hechos denunciados y al PEN, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Cancillería, para que informe el número total de casos de indemnizaciones, compensaciones y/o beneficios mensuales efectivamente dispuestos y el dinero erogado cada año, desde la sanción de las leyes reparatorias, además de la nómina de beneficiados, entre otros requerimientos.
Los casos
Algunos de los casos citados en la denuncia son los siguientes:
Caso 4; de Carlos Enrique Rodríguez Martínez. En 1973, instaurada la dictadura militar en Uruguay, se radicó en la Argentina. Fue detenido el 30 de junio de 1976 en Flores y trasladado clandestinamente a Montevideo 24 días después. Liberado en 1982, emigró a Suecia. En noviembre de 2009 cobró dos pagos de indemnizaciones, por $4 millones y $ 67,6 millones. En total: $71,6 millones, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Caso 5; de Raquel Nogueira Paullier. Trasladada a un penal uruguayo, luego de permanecer detenida diez días en la Argentina. Partió a Suecia en enero de 1978. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones $3,5 millones y $22,2 millones, ambas en 1009.
Caso 6; de Margarita Michelini Dellepiane. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires y 11 días después trasladada a Uruguay. Recuperó su libertad en mayo de 1981.El Estado argentino le pagó $16 millones, en marzo de 2007.
Caso 7; de Sergio Rubén López Burgos. Detenido 11 días en Buenos Aires, en julio de 1976, y enviado a un instituto penal uruguayo donde permaneció en cautiverio hasta 1981.El Estado argentino le pagó en septiembre de 2007, durante el gobierno de Cristina Kirchner, $24,6 millones.
Caso 8; de Víctor Hugo Lubán Peláez (argentino) y Marta Amalia Petrides (uruguaya). Detenidos en el conurbano el 15 de julio de 1976 y trasladados a Montevideo nueve días después. Al ser liberados, la pareja se exilió en Suecia. En 2011, Lubán Pérez cobró $ 16,5 millones, a valores de hoy, y en 2010, Petrides percibió $7 millones.
Caso 9; de Ana María Salvo Sánchez. Permaneció diez días detenida en Buenos Aires, en julio de 1976, y un año y medio en Uruguay. En 2009 se le pagó $ 9,5 millones.
Caso 10; de Alicia Raquel Cadenas Ravela. En julio de 2009 cobró una indemnización de $8 millones. Había permanecido detenida diez días y trasladada a Uruguay, donde estuvo tres años privada de su libertad.
Caso 11; de María Elba Rama Molla. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires, a los diez d días fue enviada a Uruguay, donde permaneció detenida cinco años. Cobró $17,2 millones en 2008, durante el mandato de Cristina Kirchner.
Fuente: Mariano de Vedia - La Nación (22 de junio de 2022)
Recientemente, la investigación del periodista Luis Gasulla reveló que Nacha Guevara, “por amenazas” en los 70, cobró del Estado unos $12.000.000 por haberse exiliado durante 2.856 días. Más allá de la notoriedad pública que alcanzó el caso, debe repararse en que es apenas uno entre miles que no han tenido la misma publicidad.
Efectivamente desde su sanción en 1990 y 1994, respectivamente, por las leyes 24.043 y 24.411, entre otras, llamadas “leyes reparatorias”, se han pagado a víctimas y parientes de la represión ilegal del Estado en los 70, más de 3.000 millones de dólares (monto actualizado a valores de hoy, según las proyecciones por mí realizadas), sin que los argentinos podamos saber a quiénes, por qué y con cuanta plata se pagaron (y siguen pagando) estos beneficios
¿Existe transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano y judicial en estos pagos? Decididamente ¡¡no!!. Son decisiones administrativas, inaccesibles para los argentinos de a pie, adoptadas arbitrariamente desde un área hermética del Estado como es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH)
¿Por qué se rodea de tanto secreto a los beneficiarios de una ley? ¿Por qué el Gobierno oculta sus nombres y el dinero que se les otorgó y otorga?
El CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales, que Horacio Verbistsky presidió hasta el “vacunatorio VIP”, publicó un artículo revelador, titulado “La experiencia argentina de reparación económica en graves violaciones de los derechos humanos”, escrito por la Dra. María José Guembe, directiva del organismo.
Dice Guembe: “Uno de los problemas que surgieron en la aplicación de esta ley (24.043) es que muchas de las personas que reclamaban la indemnización, tenían juicios penales en su contra: su detención no obedecía al dictado del ‘Estado de Sitio’ sino a la acusación de haber cometido delitos en el marco de la ‘lucha armada’ y, aunque había intención de sumar a estas personas entre los beneficiarios, la norma legal no lo habilitaba. (…) El tema no fue incluido por la polémica y fuerte oposición que habría generado en el Congreso Nacional, difícil de superar ya que la dirigencia política estaba dispuesta a otorgar una compensación a los que habían sido injustamente encarcelados, pero no a los acusados de cometer delitos. También era seguro que, si se incluía a estas personas, se dispararía un fuerte descontento social. Por este motivo esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero –posteriormente– se dictaminó de manera favorable el cobro del beneficio, con resoluciones administrativas de la Secretaría de Derechos Humanos.”
La acusación es gravísima: la aplicación de esta ley por parte de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) durante todos estos años condujo a pagar de manera arbitraria, fraudulenta e ilegal, multimillonarias cifras a quienes no debían cobrarlas.
Entre más de 12.000 expedientes liquidados favorablemente en estos años, en el marco de estas leyes, un grupo minoritario de este universo de “premiados” por el Estado argentino merece destacarse: los uruguayos exiliados en la Argentina en los 70.
Cuando en 1973 se instaló en Uruguay un gobierno cívico-militar que se extendió hasta 1985, presidido por el Dr. Juan María Bordaberry, se vivía en el vecino país un proceso de deterioro social y económico, con un notable aumento de la conflictividad, que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas protagonizada, allí, por varios grupos de izquierda, entre los cuales se destacaron, entre otros, el MLN - Movimiento de Liberación Nacional o Tupamaros, la OPR-33 - Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y la FAU - Federación Anarquista Uruguaya.
Cuando se produce el golpe, muchos militantes de aquellas organizaciones buscaron resguardo en nuestro país y se unieron, para formar aquí el “Partido para la Victoria del Pueblo”. Su objetivo era continuar, desde acá, la lucha contra el gobierno de Bordaberry y también operar con las organizaciones guerrilleras argentinas en su lucha por la instauración del socialismo en el continente.
Producido en 1976 el golpe militar en la Argentina, según información que se registra hoy en la página del Ministerio Público Fiscal de nuestro país, fueron detenidos varios ciudadanos uruguayos que, luego de pasar algunos pocos días en sitios de detención argentinos, fueron trasladados al Uruguay para quedar a disposición de las autoridades uruguayas, permaneciendo presos varios años y luego recuperando su libertad. ¿Cuántos?
- En todos estos casos, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno kirchnerista les pagó multimillonarias indemnizaciones, actualizadas, como si todos los días de detención, incluidos los años en Uruguay, hubieran sido en jurisdicción argentina.
El listado completo de estos inconcebibles casos ya fue publicado por La Nación. Para no ser reiterativo, pueden resumirse en el del activista uruguayo Gastón Zina Figueredo, detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Le hubieran correspondido $37.800, pero cobró del Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575.
Hace poco, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, requirió al Papa Francisco la apertura de los archivos vaticanos que pudieran contener información sobre los años 70 en la Argentina. Nosotros no hemos de cejar en el reclamo a la justicia y al gobierno argentinos para que se abran los más cercanos, los archivos de la SDH, a fin de acceder a toda la verdad. Y este pedido debe ser encabezado por la oposición política y los medios independientes, en representación del anhelo de millones de argentinos hastiados de las “mentiras de Estado”.
Así, la verdad nos hará libres y podremos superar el doloroso pasado que nos ata!!
Fuente: José D’Angelo – lanacion.com.ar
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