Historia, Verdad y Justicia "el sinsentido del encarcelamiento"

(Foto: archivo del blog)

En los llamados Juicios de Lesa Humanidad, no sé puede evitar reflexionar sobre el sinsentido del encarcelamiento a la luz del concepto del proceso penal. 

Luego de elongadísimos procesos de instrucción de una causa, en los que al concluirlos, los imputados que con suerte, aún quedan vivos y con lucidez, podrán participar del debate oral por lo menos algún tiempo mientras no mueran durante el transcurso del mismo. Convengamos que son adultos mayores, que, en la época de los hechos enrostrados, década del ‘70, ostentaban las jerarquías más bajas de las fuerzas uniformadas o eran funcionarios o magistrados jóvenes.

En estos casos, no se advierte explicación legal que justifique la subsistencia del proceso penal por medio del encarcelamiento hasta el agotamiento de la condena. Este grupo humano, está protegido por la Convención Interamericana sobre la Protección los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, la que fue firmada por Argentina el 15 de junio de 2015 y entró en vigor el 11 de enero de 2017.

En ella se establece que un adulto mayor es aquella persona que posee 60 años de edad o más, “salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años”

Conforme a lo señalado en el párrafo anterior y lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 24.660 y el artículo 10 del Código Penal, que habilitan al Juez de Ejecución Penal a conceder el arresto domiciliario al interno mayor de 70 años, prevalece la convención en tanto que es una ley penal con jerarquía constitucional, que modifica, la edad establecida en la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Código Penal, en un todo de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal que establece la aplicación de la ley penal más benigna cuyos efectos operarán de pleno derecho.

El lapso excesivo entre la comisión del delito y la imposición de la pena privativa de la libertad, frustra los fines de esta última, debido a que nuestro sistema correccional tiene como fin la resocialización del interno.

En tal sentido, de nada vale hablar de resocialización de una persona encarcelada, que reviste la calidad de geronte, con 79 años de edad, como resulta ser el promedio de las personas privadas de libertad en unidades penitenciarias por juicios de lesa humanidad. A ellas no les cabe régimen de progresividad alguno, por una simple razón etaria, mucho menos si han sido condenadas a prisión perpetua, pena que casi nunca cumplirán porque morirán antes de agotar su cumplimiento, como resulta evidente a la fecha del 5 de julio de 2024, en que de 852 personas fallecidas que estaban privadas de la libertad, solo 129 habían muerto con sentencia firme y 723 murieron sin alcanzarla. A la misma fecha, 2.738 personas, de nacionalidad argentina que ejercieron profesiones uniformadas y otros civiles asimilados, atraviesan distintas situaciones procesales por causas de lesa humanidad, sobre la base de la imprescriptibilidad de la acción penal

Un caso paradigmático fue el del ex Comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 8 juicios a prisión perpetua, quien, con 91 años de edad, 3 ACV, incontinencia urinaria, diabetes y en silla de ruedas, continuó encarcelado en el Complejo Penitenciario Federal I: Ezeiza, por decisión de la CSJN de fecha 6 de agosto de 2020 hasta que la muerte lo liberó dentro de su celda.

Sin dudas que fue una decisión política no ajustada a derecho, la cual se encuentra fuera de toda lógica de interpretación deontológica del Derecho de Ejecución Penal.

En paralelo, el mundo civilizado nos ofrece ejemplos de personas condenadas por crímenes más o menos aberrantes que los imputados al Comisario Etchecolatz, pero con soluciones diferentes en cuanto a la ejecución de la pena. Me refiero en concreto al ejemplo del criminal de guerra Erich Priebke, conocido por haber sido el principal colaborador de Herbert Kappler en la masacre de las Fosas Ardeatinas, donde fueron asesinadaa 335 personas, en su mayoría italianos.

Priebke fue acusado y sometido a juicio por su participación activa en la masacre y el 1 de agosto de 1996, un tribunal italiano resolvió que se debía "no proceder, ya que el delito se extinguió por prescripción" y dispuso la libertad inmediata del acusado. Posteriormente, el Tribunal Supremo anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio en su contra. Finalmente, después de numerosas apelaciones, en marzo de 1998, Priebke fue condenado a prisión perpetua, pero debido a su avanzada edad de 85 años, cumplió la pena con arresto domiciliario hasta su muerte en un departamento en Roma, Italia. Cabe aclarar, que tenía permisos de caminar diariamente acompañado de su guardadora.

Vale recordar, que en Argentina, a las personas privadas de la libertad por crímenes de Lesa Humanidad, no se les concede la libertad asistida, la libertad condicional, la semidetención, la prisión discontinua, la prisión diurna o nocturna, por la misma razón etaria, dentro de un contexto de imposible aplicación del Régimen de Progresividad.

Si consideramos que el promedio de edad de las personas que cumplen su condena en la modalidad de arresto domiciliario es de 82 años, siendo que el promedio general de todos los privados de libertad por causas de lesa humanidad es de 79 años, de los cuales, 111 se encuentran alojados en Unidades Penitenciarias, la situación amerita por lo menos una revisión del fin de la pena para este grupo en particular. La ley 24.660 y sus modificaciones, está pensada para personas cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años, por lo que resulta irracional, aplicarla a un grupo humano constituido por gerontes.

Si el imputado no registró antecedentes condenatorios previos, estuvo siempre ajustado a derecho y existen indicadores suficientes de que se encuentra adaptado a su entorno, conviviendo ajustado a las reglas de vida en sociedad, la imposición de una pena privativa de la libertad a edad avanzada en una unidad penitenciaria, resulta un perjuicio irrazonable sin sentido de conveniencia, ni para el imputado ni para el Estado, el que deberá hacerse cargo de un geronte con derecho a la alimentación y salud, lo que acarreará innumerables gastos para el erario público en franca oposición al fin del Sistema Correccional. Esta situación no se ajusta al debido proceso y está más teñida de venganza ideológica, que de justicia.

Desde otro ángulo de observación del problema y pensando que “en una sentencia penal no pueden dejarse de lado los fines resocializadores de la ejecución de la pena que se encuentran establecidos en las normas fundamentales, en este caso concreto como el señalado, podría configurarse un menoscabo al principio de racionalidad de los actos de gobierno y razonabilidad de las decisiones judiciales”1

Las personas privadas de libertad, están privadas de ese único derecho, pero mantienen intactos todos los derechos inherentes a la persona. En tal sentido, mantienen el derecho a la salud, alimentación, educación, recreación, prácticas religiosas, vinculación familiar y trabajo. Una persona de avanzada edad no puede realizar muchas de esas tareas que los Organismos Técnicos Criminológicos y Consejos Correccionales evalúan en las distintas etapas del Régimen de Progresividad, porque están en la periferia del sistema penitenciario.

En sentido a lo precedentemente expuesto, se aprecia que solo caben las modalidades alternativas de cumplimiento de la pena, donde el arresto domiciliario, resultaría ser el más adecuado, especialmente teniendo en cuenta que las dolencias de los adultos mayores, los incluye en grupos de riesgo y constituyen una carga difícil o imposible de soportar con los medios existentes en los sistemas penitenciarios.

Tal vez lo más importante de todo esto es intentar hacer un esfuerzo por entender que estas personas, todos gerontes, que siguen juzgando, en varios tramos en la misma causa, generando dilaciones indebidas, transitan un proceso penal insubsistente, fuera de todo concepto de plazo razonable por las dilaciones indebidas ocasionadas por los 3 poderes del Estado Nacional.

¿De qué estamos hablando? ¿Justicia o venganza? ¿Resocialización o muerte?

Fuente:
- Doctor Enrique Stel (Coronel VGM del Ejército Argentino, Oficial de Estado Mayor. Abogado. Escribano. Especialista en Derecho Penal. Master en Derecho Penal. Doctorando en Derecho Penal. Diplomado en Derecho de Ejecución Penal. Licenciado en Estrategia y Organización. Master en Fenomenología Terrorista. Especializado en Derecho Internacional Humanitario. Legal Adviser Acting – HQ ONU, Zagreb, ex Yugoslavia 1995)

Referencias:
1. Racca Ignacio, “La resocialización como fin de la pena privativa de la libertad”. Revista de Pensamiento Penal. CABA (2014)

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¡Será Justicia!

Ante las críticas a la actuación de la Justicia Federal en el ámbito de los juicios de lesa humanidad, tuve oportunidad de defender al Coronel Carlos Alberto Tragant (desde los 88 años hasta que a los 92 años fue absuelto) en la causa “Videla, Jorge Rafael y otros”, que se inició hacia el año 2005. El coronel Tragant había sido director del Liceo Militar Gral. Espejo, que, como todos saben, es un colegio secundario. Era acusado de haber secuestrado, con un pelotón de cadetes de entre 13 y 17 años, a los jefes de la organización terrorista chilena MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, lo que sencillamente era una tontería). Lo mantuvieron en la cárcel por tres años, lo dejaron en libertad un tiempo y lo volvieron a encarcelar durante el juicio oral, hasta la sentencia absolutoria. No hubo forma de hacerles entender a los jueces prevaricadores del TOF 1 que la acusación era falsa y mal intencionada. Luché durante 9 años con el mismo argumento, invocando y probando su inocencia, hasta que el último día le dictaron sentencia absolutoria, que ni siquiera fue apelada por el fiscal doctor Ouviña, que en su acusación había solicitado, junto a las demás organizaciones de supuestos DD.HH., una condena de cadena perpetua. Finalmente, más tarde, el coronel Tragant fue acusado nuevamente por los mismos hechos en la Justicia Federal de Mendoza, siendo defendido por un defensor oficial, y condenado finalmente a cadena perpetua. Por el disgusto que esta maniobra le generó, se murió de un infarto. No lo olvidaré. Será justicia.
José María Soaje Pinto (DNI 7.629.288)

Fuente:

- lanacion.com.ar /Carta de lectores

Historia, Verdad y Justicia “ecos de los `70, hay que dejar de apestar” - con Actualización

- Existen las mentiras a secas, las mentiras piadosas y las mentiras en los fallos judiciales, estas últimas, por sus posibles consecuencias, suelen ser las que más daño causan. Daños a los individuos que las sufren, pero también a las instituciones y, por ende, a la sociedad de la que son parte. Cuando miles de ciudadanos son perseguidos judicialmente en base a una palmaria mentira, que ejerce de premisa mayor o de axioma de acusaciones, juicios y condenas, el poder judicial empieza a descomponerse y “a apestar”. Idéntica suerte sufre la sociedad que tolera dicha mentira y sus consecuencias

(Fuente: archivo del blog)

- Pues bien, la mentira más grande de la política argentina, la más alevosa, dañina y repetida, la que los jueces establecen como verdad revelada en los juicios por crímenes de lesa humanidad, no es otra que la mentira oficial que el estado kirchnerista ha establecido y que afirma que en los años ‘70 los militares, azuzados por los empresarios, dieron el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con el objeto de perpetrar un genocidio contra aquellos que se opusieran al plan económico “neoliberal” (ajeno a los intereses de los obreros y de la nación) que fue ejecutado durante ese gobierno.

- Gran mentira ésta, dicho sea de paso, que hicieron suya todas las fuerzas políticas y sociales sin distinciones, desde la izquierda hasta la derecha. Todo el arco político y social (léase, macrismo, iglesia católica, universidades, medios de comunicación, etc), militaron la gran mentira hasta que se convirtió en “política de Estado”.
Así fue cómo el relato marxista e intelectualmente indigente pergeñado por los que perdieron la guerra se impuso desde el poder del Estado.
En dicho relato, como no podía ser de otra manera, se intercambiaron los roles. Así, los que pasaron a ser considerados buenos, demócratas e incluso idealistas fueron los que se habían alzado en armas contra el gobierno constitucional para implantar una dictadura comunista; y los malos, los que lo impidieron

“¡Hubo una guerra!”

    (Fuente: archivo del blog)

- La verdad de lo que ocurrió en la década sangrienta de los ’70, aquello que los jueces hoy tergiversan en sus fallos indignos, es que hubo una guerra. No fue un genocidio.
Los mismos fallos quieren ocultar hoy que dicha guerra fue declarada, iniciada y ejecutada por las bandas terroristas marxistas ERP y Montoneros, que el objetivo manifiesto de hacer la guerra era derrocar el gobierno constitucional, exterminar a las Fuerzas Armadas, a los empresarios y a todos los que se opusieran al proyecto de establecer una dictadura marxista.

- Del mismo modo, quiere ocultarse que el presidente Juan Domingo Perón y su sucesora en el cargo, María Martínez de Perón, en ejercicio de sus atribuciones, reprimieron ferozmente a los a los alzados en armas. El primero creó la banda paraestatal Triple A y los persiguió con ella y la segunda, decreto mediante, ordenó a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de dicho enemigo interno.
No fue un genocidio y, si lo hubiera sido (como dicen los que mienten), entonces Perón y su gobierno serían genocidas y terroristas de Estado, y el partido justicialista, como el nazi, debiera estar prohibido.

- Sin embargo, el partido justicialista no acusa recibo. Con la mejor cara de hormigón pretensado, los “genocidas” se ponen en el papel de supuestas víctimas de un genocidio.
Así, por ejemplo, es un hecho irrefutable que el hijo de la Madre de Plaza de Mayo “Tati” Almeida, Alejandro Almeida, fue secuestrado y desaparecido el 17 de junio de 1975 por la organización paramilitar peronista Triple A. No por la dictadura militar “genocida” sino por el gobierno constitucional. Sin embargo, “Tati” Almeida se cuida bien de llamar “genocida” al gobierno peronista que secuestró a su hijo. Más aún, apoyó sin reservas a los últimos tres gobiernos de ese signo (el de Néstor, el de Cristina y el de Alberto Fernández).
¿Porqué traiciona a la memoria de su hijo, entonces? Porque el secuestro y desaparición de Alejandro Almeida antes del golpe de Estado deja al desnudo la mentira oficial del “genocidio”

- Basta con ver todos los testimonios y documentos de la época que están en Internet. Esto es, las revistas que la banda ERP publicó en los años `70 magnificando sus crímenes, los comunicados “de guerra” enviados por Montoneros a toda la sociedad, los homenajes a combatientes caídos en acciones de guerra, etc.
Nadie, en esa época, tenía la menor duda de que había que reprimir a los subversivos. Menos todavía el gobierno de Perón ¿acaso debían dejarse matar como corderos y entregar la sociedad a los totalitarios?

- La guerra revolucionaria de los ‘70 en Argentina se inscribe en la guerra que el marxismo lanzó en Centro y Sudamérica. El gran impulsor y responsable de la misma fue el régimen criminal de Fidel Castro. La isla-cárcel de Cuba hizo las veces de campo de entrenamiento militar y de adoctrinamiento ideológico y aguantadero de los subversivos.
La guerra no era sólo un problema interno de cada Estado

Figura penal
- La pregunta que asalta a la conciencia con la velocidad del rayo es:
º ¿porqué los jueces, a quienes uno supone bien informados, sostienen que no hubo guerra y que lo que ocurrió fue la “Aplicación de un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil?” (esa es la figura penal con la que la mentira aparece en los fallos)

º ¿Y porqué insisten en que todo comenzó el 24 de marzo de 1976? ese es otro disparate, ¡considerar al asesino y comandante del ERP Mario Roberto Santucho como un simple integrante más de la población civil, como era una de sus víctimas, la niña de tres años María Cristina Viola, asesinada de un escopetazo por psicópatas que integraban esa banda terrorista, es moralmente monstruoso!

- A ver si entienden, señores jueces: los militares y la policía no mataron a Santucho, ni a Rodolfo Walsh, ni a Norma Arrostito, ni a Roberto Quieto ni a tantos otros, por ser civiles y hacer política. No, los mataron en el contexto de una guerra irregular donde estas personas se mimetizaban con la población civil, pero se desempeñaban como combatientes organizados en bandas cuyo fin era la toma del poder.

- Es verdad también que no solos los jueces asumieron la mentira como verdad. El pueblo argentino, testigo de los hechos, por cobardía, indiferencia o interés, dejó que la injusticia campee a sus anchas por los tribunales.
¡Ya va siendo hora de que, en este país, los ciudadanos y los jueces estimen a la verdad como un valor fundamental. Hay que dejar de apestar!

Los Cristianos debemos buscar comunicarnos de una manera que ha sido moldeada por Aquel que nos envía, y por lo tanto por el patrón de la encarnación, la Cruz, y el Espíritu Santo. La manera en que Jesús fue enviado debe dar forma a la manera en que nosotros somos enviados y la manera en que hablamos (Imagen: Shutterstock - www.christianitytoday.com)

Fuentes:
- Mauricio Ortín - Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta
-laprensa.com.ar

PD: 

* Recordemos, que como pueblo católico, en la Oración por la Patria rezamos...

”Queremos ser Nación, una Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común”

¡cumplamos este mandato espiritual!

retiradosffaa.blogspot.com

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Actualización 26/07/2024

Justicia Justa
“El terrorismo sigue; la impunidad también” es el lema por los 30 años del atentado terrorista a la AMIA. Cientos de víctimas, muertos y heridos, la justicia ausente. Hace más de 45 años que pasa lo mismo con el terrorismo que asoló la Argentina. Cientos de víctimas, muertos y heridos, la impunidad sigue. Al Qaeda, Hezbolá y Hamás son terroristas. Montoneros y ERP también. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Son todos terroristas. En Argentina se los dignifica y siguen impunes, mientras quienes combatieron a esas lacras están prisioneros ilegalmente hace más de veinte años en algunos casos. Jueces corruptos, mamarrachos, sicarios de la lapicera, orgas que hicieron y hacen pingües negocios. “Un plan sistemático” para robar. El “curro de los derechos humanos”, al decir de un ex presidente. Todo sigue igual. La gente olvida rápido. Sigo esperando que cambie. Sigo esperando una Justicia justa.

Julio Narciso Flores (Ex cabo Fuerza Aérea - Prisionero político - U-16 Salta)

Fuente:

- laprensa.com.ar/correo de lectores

Cómo no salir nunca más de los 70

"Es necesario que la Justicia y la dirigencia política hagan cumplir los altos fines de nuestro Preámbulo y el principio de igualdad ante la ley"

(Fuente: elordenmundial.com) - Cuando los EEUU y la URSS dispusieron que el combate armado (la parte caliente de su Guerra Fría) debía desarrollarse en territorios no nuclearizados, Corea primero, Vietnam luego y, poco después, África Septentrional y América Latina se constituyeron en teatros de operaciones bélicas.

* A causa de ello, nuestro continente recibiría a partir de los `60 la más importante agresión armada de su historia moderna, producto de diseños estratégicos financiados desde el exterior

- La actuación de formaciones celulares clandestinas con capacitación y organización castrenses, mediante asaltos a unidades  militares y policiales, asesinatos, secuestros extorsivos y colocación de explosivos, rebasó las estructuras policiales y judiciales creadas
para dar respuesta a la delincuencia común.

La escalada generó la convocatoria de las FFAA para aniquilar el accionar subversivo y luego, en casi todo el continente, asumirían el poder público, aun en naciones con un historial democrático invicto, y adherirían a la ilegalidad, respondiendo con secuestros, torturas y penas de muerte sin procesos judiciales. 

El resultado no pudo ser otro que el dolor, la muerte y la desaparición de miles de personas

    Juicio a las Juntas Militares (Foto. lanacion.com.ar)

- La Argentina hizo respecto de la tragedia todo lo necesario para no librarnos jamás de ella. El “nunca más” con el cual el fiscal Julio Strassera finalizaría su acusación en el histórico Juicio a las Juntas Militares por violaciones de los DDHH se ha transformado en un nunca más saldremos del desprecio mutuo ni del enfrentamiento que nos separó; nunca más nos perdonaremos ni abandonaremos el rencor que nos divide.
Con las leyes del perdón, el presidente Raúl Alfonsín y el Congreso pretendieron cerrar las heridas. Les siguieron los indultos de la administración Menem a los comandantes condenados y a los jerarcas de las organizaciones terroristas, disponiendo indemnizaciones para los damnificados por el accionar ilegal del Estado.

- Pero ¡con el gobierno kirchnerista todo volvería a cambiar!

El presidente Néstor Kirchner les entregó la política de DDHH a las víctimas del accionar ilegal del Estado argentino, sus familiares y simpatizantes. 

Así, rápidamente

º se crearon nuevos organismos gubernamentales,

º se desplegaron decenas de programas de gobierno y nuevos beneficios económicos para las víctimas, sumando a aquellos que alegaran haberse exiliado por cuestiones políticas durante el gobierno militar y a los hijos nacidos en el exterior o llevados allí cuando eran menores, 

º se modificó la enseñanza de la historia en los colegios, enalteciendo a los guerrilleros y demonizando a los militares, 

º se crearon espacios para la memoria y parques conmemorativos en los cuales figuran solo las víctimas del accionar represivo del Estado y ninguna de las miles producidas por las organizaciones terroristas,

º y las leyes del perdón pasaron a ser llamadas “de impunidad”. 

    (Foto: perio.unlp.edu.ar)

- Simultáneamente, la nueva mayoría instalada por el kirchnerismo en la Corte Suprema de Justicia, para eludir los “obstáculos” que impedían reanudar la persecución judicial contra las Fuerzas Armadas, impondría (contra la opinión de los doctores Fayt, Belluscio y Vázquez) una nueva doctrina " aniquilando la garantía constitucional consistente en que todo delito debe estar contemplado en una ley previa y que ella no podrá nunca ser aplicada retroactivamente", "se declaró que determinados comportamientos delictivos no debían estar contemplados por escrito en leyes antes de su producción"

- Los llamados delitos de “lesa humanidad” obedecerían a una norma no escrita, una “costumbre internacional” que los consideraría desde siempre como tales y, por tanto, imprescriptibles.

Y, lo más desconcertante, tampoco serían perdonables; las amnistías y los indultos vigentes, válidos para todos los delitos sin distingo según los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la carta magna, pasaron a ser declarados inconstitucionales, eso sí, solo aquellos que amparaban a las fuerzas legales.

El Congreso no solo aceptó mansamente la privación de la facultad excluyente y por ende 
irrevisable, destinada a consolidar la paz interior y la unión nacional, sino que avanzó haciendo suya una potestad que es exclusiva del Poder Judicial, declarando la nulidad de las leyes del perdón

 

- La reapertura de los juicios sobre la base de estos criterios fue duramente criticada en sendos dictámenes de la Academia de Derecho y rechazada por prestigiosos juristas, entre los cuales se encontraban tanto el fiscal Strassera como la casi totalidad de los miembros de la Cámara que condenó a los comandantes. 

Se procedió desde entonces a la formación de miles de causas judiciales; se crearon secretarías especiales de derechos humanos en cada tribunal y la Justicia Federal argentina (responsable de investigar la corrupción y el narcotráfico) pasó a empeñar sus recursos ocupando sus agendas, hasta el día de hoy, en la revisión de hechos ocurridos hace medio siglo. 

- Coetáneamente, "se impuso a los procesados por estos delitos una doctrina diferenciada del resto de la ciudadanía", considerando que por el tiempo transcurrido y la clandestinidad del método estatal se habían perdido las pruebas, se le otorgó a la menos confiable de todas, la testimonial, valor indiscutible. Eso hizo que centenares de personas (acompañadas por organismos de DDHH) se presentaran y se sigan presentando en las causas como nuevas víctimas, afirmando que estuvieron detenidas en tal o cual centro secreto, con la seguridad de que nadie habrá de desmentirlas

- Las prisiones preventivas se prolongan mucho más allá de lo permitido en la ley y triplican en tiempo las de los delincuentes comunes. No se otorgaron en muchos casos libertades condicionales, salidas transitorias o la detención domiciliaria contemplada en las leyes aun cuando los detenidos superen los 70, 80 o más años.
Así, han muerto en prisión detenidos sin condena que tenían incluso más de 90 años, en una
muestra de salvajismo y abandono del trato digno a un ser humano. 

Esta doctrina especial generó la atribución de responsabilidades penales no por lo que la persona hizo o dejó de hacer, sino por el cargo que tenía o el lugar en el cual estaba destinada, sentando un tan peligroso como nefasto precedente contrario a la recta doctrina penal.

- Suboficiales y agentes penitenciarios que en los años 70 tenían apenas 20 años y hasta baqueanos que prestaron servicios en las fuerzas han sido encarcelados, mientras los miembros y las más altas jerarquías de Montoneros, ERP, FAP, FAR, Todos por la Patria y otras organizaciones terroristas no solo viven desde hace años en libertad, amnistiados e indultados, y acceden a la función pública, sino que además recibieron suculentas indemnizaciones con nuestros impuestos.

Y, por más que consideraremos siempre más grave el comportamiento delictivo llevado a cabo por un agente estatal que el perpetrado por un particular, si no se puede juzgar a las cúpulas terroristas, debemos preguntarnos si es moral y jurídicamente aceptable que se juzgue y condene a las más bajas jerarquías de nuestras Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales.

- Resulta insostenible que una persona que siempre ha estado a derecho tenga que estar esperando 30, 40 o 50 años a que a un supuesto testigo, un fiscal o un juez se le ocurra imputarla de un delito.
Con el reciente fallecimiento del último general que estaba en actividad en aquellas épocas, es hora de que la Justicia y la política empiecen a cumplir los altos fines que les impone el Preámbulo.

- El compromiso del Nunca más fue desterrar el uso de la violencia como método para dirimir las contiendas políticas locales. Nunca se necesitó para ello debilitar las garantías que protegen a los ciudadanos, ni mucho menos violar el principio por el cual nos hicimos libres: la igualdad ante la ley.

¡Todo futuro se construye en el presente!, la dirigencia debe decidir si será el de la concordia política o el del rencor y el odio perpetuos

Fuentes:

- La Nación/Editorial (02/07/2024) 

Actualización

Reflexión sobre nuestras Fuerzas Armadas

Yo sé que escribo largo y que suelo ser tedioso, pero cuando las cosas me molestan, de alguna manera tengo que dejarlas salir. Y como a las palabras se las lleva el viento y lo escrito perdura, yo escribo y firmo al pie, para que perdure.

Relacionado con lo que publiqué sobre el ejército supuestamente “genocida" de antes y el "democrático" de ahora, hay muchas cosas que me siguen perturbando. Por ejemplo, que miembros de las fuerzas en actividad y políticos de todos los signos se llenen la boca diciendo que estas son las Fuerzas Armadas de la democracia, como si eso las transformara en virtuosas y nosotros fuéramos la resaca de una mala noche.

Cuando uno abraza muy joven la carrera militar, sin más pretensiones que la de servir a su Patria, no elige formar parte de una dictadura, ni tampoco de una democracia. Anhela (entonces y ahora) vestir el uniforme y seguir nuestra bandera, si fuera necesario hasta perder la vida.

Quienes se regocijan por integrar un ejército democrático, ni remotamente han tenido que pasar por las penurias, enfrentamientos, guerras y dramas que nosotros vivimos y que, obviamente, tampoco elegimos.

Somos una generación que tiñó con su sangre nuestro suelo, y no sólo los militares profesionales, también cayeron en combate muchos soldados conscriptos que merecen reconocimiento, respeto y admiración, así como la inmensa cantidad de civiles abatidos por la subversión. No sólo los terroristas que desataron la tremenda ola de violencia y la trágica hecatombe posterior han sido las “víctimas” como se los han hecho creer. Y espero que realmente lo crean, porque si conocen la verdad y militan el relato, entonces son unos hipócritas, por decir lo menos.

En primer lugar, el golpe de estado que se produjo en 1976 no se debió a que un día un grupo de militares de alta jerarquía se levantó aburrido, con ganas de matar gente “inocente”, porque justo ese día no había nada bueno por televisión, ni jugaba la selección. 

El golpe se debió a que el país estaba a la deriva, con una tremenda crisis económica (eso no es novedad), sumido en una violenta ola de terrorismo revolucionario hipócrita, que empezó clamando por el regreso de Perón y terminó abrazado al comunismo maoísta, combatiendo a Perón y a los gobiernos de su signo.

Se debió a la absoluta incapacidad del gobierno nacional de entonces (peronista), a la habitual incompetencia de la oposición (radical) para plantear soluciones viables, a la absoluta anomia reinante, al tremendo susto (estoy cuidadoso en el lenguaje) que padecía la mayoría de los miembros de su graciosísima majestad, la Justicia (los que ahora se hacen los machos juzgando a quienes les salvaron las cabezas), a la incapacidad manifiesta de las fuerzas de seguridad para oponerse por sí solas a la agresión terrorista, a la falta de una legislación penal acorde, a la liberación masiva de delincuentes subversivos debidamente juzgados y condenados, a la posibilidad de una secesión territorial en Tucumán y a la amenaza latente de la toma del poder por parte de muchos miles de partidarios delirantes de una dictadura del proletariado a la imagen de la cubana.

Los golpistas contaron con el invalorable apoyo del pueblo de la Nación, porque un golpe de estado no triunfa tan fácilmente, sin que suene un solo disparo, si la sociedad, la Iglesia, el empresariado, los sindicatos, la clase política, los trabajadores, los medios de comunicación, etc., masivamente se le oponen.

Al contrario, se vivió una jornada de júbilo y esperanza generalizada en todos los ámbitos. Los mismos ámbitos que, recuperada la paz y su tranquilidad, ahora se hacen los distraídos y levantan el dedito acusador.
Les digo a esos personajes tan orgullosamente democráticos que yo era subteniente y estaba encuadrado dentro de una organización estatal, vertical y subordinada. Yo no elegí participar del golpe. Tampoco elegí presenciar como mataban cobardemente a mis camaradas y amigos, como atacaban nuestros cuarteles, como amenazaban a nuestras familias, y que nos eligieran como el enemigo a destruir, mientras el resto de la sociedad miraba aterrorizada y otros se lastimaban los nudillos golpeando las puertas de nuestros cuarteles.

Si son democráticos, es por suerte y obra del destino, y no porque lo hayan elegido voluntariamente. Es simplemente porque el mundo y las circunstancias cambiaron y porque la Argentina, gracias a nosotros, pudo transitar 40 años de paz, a pesar de la inutilidad total de quienes nos gobernaron. Porque como habrá quedado suficientemente demostrado: con la democracia sola no se cura, ni se come, ni se educa. Es una condición necesaria, pero no suficiente.

Acá no hay militares buenos y militares malos. Lo que hay es un puñado de hombres que, en su momento, cumpliendo órdenes emanadas de las máximas autoridades del Estado Nacional y encuadrados en una organización jerárquica, se la jugaron, recuperaron la paz y el orden y ahora se pudren en prisión ignorados por sus propios camaradas, y otros que tuvieron la suerte de nacer en otra época, que no debieron pasar por las dos guerras que nosotros atravesamos, muchos de los cuales, encima, tienen el tupé de repudiarnos. 

Eso no los hace mejores, ni amigables, si simpáticos, ni democráticos, ni eficientes, ni más profesionales. Entraron a las Fuerzas Armadas con los mismos sueños, objetivos, y esperanzas que nosotros. No son mejores. Ni siquiera son diferentes. Simplemente son mucho más afortunados de lo que mi generación fue.

El mérito no es de ellos, sino de las circunstancias.

Ojalá este gobierno, logre cerrar la brecha que nosotros mismos permitimos que nos abran. Pero cerrar la brecha consiste en abrirles los brazos a las Fuerzas Armadas de la República a través de la historia y de la verdad sin tapujos. Sin cargarnos a nosotros la factura de la reconciliación
CR (R) Jorge Tisi Baña

PD: ¡clarito como el agua!

Historia, Verdad y Justicia "prohibido visitar a los cautivos"

* Entre los cristianos (y también entre los que, sin serlo, son simplemente hombres y mujeres de buena voluntad) se tienen como normas de vida las llamadas obras de misericordia corporales, que son siete, a saber: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y enterrar a los difuntos

    Penal de Ezeiza (Foto: argentina.gob.ar)

- Uno tiende a pensar que, más allá de que sean muchos o pocos los que las practican, no debe haber nadie en el mundo que se atreva a cuestionarlas o (peor todavía) que ose criticar a quienes las ponen por obra.
Pero ¡cuidado!; porque lo que sería imposible en cualquier país o lugar, en la Argentina puede hacerse plenamente real ¡Así nos va!

Prueba de ello es que pocos días atrás seis diputados nacionales tomaron la decisión de visitar en el Penal de Ezeiza a tres cautivos condenados por los llamados delitos de lesa humanidad. Lo cual hizo que la runfla de los derecho-humanistas pusiera de inmediato el grito en el Cielo, un lugar donde precisamente parece que no les convendría meterse.

- No vamos a reiterar ahora lo que venimos diciendo hace muchos años; esto es, que los llamados juicios de lesa humanidad constituyen una farsa y también una infamia deliberadamente planificadas, que se hicieron posibles, entre otras miserias, por el gigantesco y serial prevaricato en que incurrieron, con muy pocas excepciones, jueces y funcionarios judiciales de todas las instancias.

- Y no vamos a hacerlo en esta oportunidad porque ahora, si cabe, se trata de algo peor, más perverso aún. Es algo que pone en evidencia procaz la horrenda catadura de estos energúmenos, profetas del odio, zafios sin remedio, que se rasgan sus finas y delicadas vestiduras ante un acto de misericordia.

La reacción que ha provocado la visita a estos presos, despojados por jueces felones de todas las garantías y derechos que tienen hasta los peores criminales, muestra que a la cáfila de los derecho-humanistas les importa un ardite la verdad, el derecho, la justicia, el orden, la libertad y el bien común.
¡Y qué decir de mostrarse por lo menos misericordiosos!

- Si no quieren ni siquiera misericordia para con los presos, mucho menos querrán justicia y concordia, como lo vienen demostrando hace décadas. Se advierte pues con nitidez y al mismo tiempo, tanto la vileza de esta jauría de derecho-humanistas, cuanto el trasfondo de este tan ficticio como ruin escándalo. Porque lo que han puesto en evidencia es el real significado de la llamada y cacareada política de derechos humanos.

- Lo que pretenden es despojarnos de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestras virtudes, de nuestros afectos, de la capacidad que todavía nos queda de saber distinguir entre lo bueno y lo malo y de saber ayudar y también perdonar. En fin, lo que realmente quieren y para lo cual trabajan es que dejemos de ser verdaderamente humanos; ellos quisieran convertirnos en bestias

Fuentes:
- laprensa.com.ar/opinión
- Carlos Bosch y Alberto Solanet, Secretario y Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia

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Actualización

Algo mas sobre "la casta judicial"
- Últimamente pudimos leer noticias que ponen al descubierto el dudoso accionar del Poder Judicial en un país donde la ley se aplica según el criterio de cada juez, convirtiéndonos entonces en un país carente de seguridad jurídica.

Para quienes desconocemos los vericuetos judiciales es necesario entonces leer con detenimiento las noticias para poder entender la situación en la que nos encontramos;

º Caso Calcaterra y el inexplicable dictamen de la Cámara de Casación Penal, aduciendo “aportes de campaña”, 

º Caso Otero, “Rey del Tabaco”, que acorde con dictámenes judiciales dejó de pagar una importante suma de dinero al fisco.

º Existen también fallos escandalosos relacionados a los "juicios de lesa humanidad" que se vienen implementando desde la llegada del gobierno kirchnerista y se siguen llevando a cabo actualmente. Estos juicios cuentan en su mayoría con dictamen previo, sin pruebas fehacientes y carentes del debido proceso. Los damnificados están presos, muchos han apelado a instancias judiciales superiores, esperando pacientemente durante años a que algún magistrado se aboque a la revisión del caso. 

- ¿Es el Poder Judicial también casta? Privilegios, impunidad y sueldos onerosos pagados con nuestros impuestos.

El Poder Judicial analizado desde estos hechos se presenta como una entidad poco virtuosa que no permite celeridad y transparencia a la hora de “expulsar” del sistema a los jueces de reputación dudosa y de accionar carente de ética. 

En esta nueva era donde la mayoría votamos por la eliminación de los privilegios sería muy deseable que se incluya el saneamiento del sistema judicial. Así como en el ámbito privado un profesional que comete un error en perjuicio de la empresa para la que trabaja se queda sin trabajo con solo recibir un telegrama de despido, en el ámbito judicial el mecanismo por mala praxis debiera ser mucho más transparente y expeditivo sin necesidad de un tribunal de enjuiciamiento.

Hay hechos contundentes que no requieren mucho análisis. Las pruebas están; solo falta decisión para volver a la senda de un Estado de Derecho

Fuente:
- Dolores Aftalión dolores.aftalioin@gmail.com

- lanacion.com.ar /correo de lectores

Historia, Verdad y Justicia "la casta tiene miedo de cinco diputados"

* Desde que antes de ser electo presidente Javier Milei dijo "la casta tiene miedo" y la corrupta condenada por defraudación al Estado Cristina Fernández le salió al cruce fuera de sí gritando "¿miedo de qué?", tuvimos claro que efectivamente ¡¡la casta tenía miedo!!

* Un miedo generalizado sin un punto específico, que se dispersaba en miedos varios, sectoriales, por el terror de la runfla a perder privilegios mal habidos, prebendas, curros, negociados, uso faccioso de los recursos del Estado que habían repartido y colonizado, en fin: "todo aquello que hacía y hace al entramado del proyecto totalitario de corrupción estructural del kirchnerismo. Pero no aparecía, más allá de la disruptiva figura de Milei un punto concreto en el que todo ese miedo se fundara. Eran así muchos miedos distintos"
¡Y en los actos de la campaña electoral, entre los militantes de la fórmula Milei / Villarruel brotaba con frescura de esperanza el canto a coro de esa certeza que se repetía como un mantra "Tiene miedo, la casta tiene miedo, ¡la casta tiene miedo!"

Los diputados nacionales de "La Libertad Avanza", Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo, que fueron a Ezeiza a interesarse por los prisioneros del mayor prevaricato de la historia judicial argentina (Fuente: plumaderecha.blogspot.com)

- Cuando todavía no se ha cumplido un año de la presidencia de Javier Milei, evaluar su gestión resulta complejo y tal vez prematuro, su gobierno tiene varios condicionantes;

º el primero, desde luego es la magnitud del desastre dejado por 20 años del infame régimen K, algo que previsiblemente iba a ser difícil de encarrilar desde la desprolijidad inevitable en la formación de todo nuevo armado político, que se observaba claramente durante la campaña y que por supuesto se manifiesta también en estos primeros meses de gobierno

º la necesidad de acordar con el sector de Juntos por el Cambio liderado por Patricia Bullrich para poder ganar el balotaje añadió nuevos elementos disonantes con la prédica de una campaña electoral que había sido, por torpeza de muchos, caracterizada por una agresividad tan excesiva como innecesaria

º el pacto incorporando al gobierno referentes de JxC es otro condicionante a la gestión y la identidad del oficialismo. Identidad que todavía es una arcilla blanda y que ya no será aquella pretensión surgida de saber que no se puede hacer un país distinto con los mismos de siempre. Ya hay mucho de siempre metido adentro, porque la política, como supo observar el pragmatismo y Perón repetía "es el arte de lo posible".

Necio e inconducente sería no aceptarlo

- Siendo un liberal que no habla de economía no voy a opinar sobre cuestiones económicas, más allá de saber que por ahí pasan las principales preocupaciones del Presidente Milei y de la población.

Al margen de la economía, uno de los puntos fuertes del gobierno en la consideración de sus votantes es lo avanzado en la batalla cultural, que se haya desmantelado en poco tiempo buena parte del "curro de los derechos humanos" y puesto fin al discurso de odio que fogoneaba el régimen, resulta gratificante para muchos de los que votamos por este cambio.

* En especial, para aquellos que hace años batallamos, con una gran modestia de medios, contra la subversión cultural que sobre la mentira de los 30.000 desaparecidos se consolidaba en el relato kirchnerista, que al mejor estilo de la novela de George Orwell "1984", falsea el pasado para robarnos el futuro

- En este contexto político, donde por imperio de las circunstancias no hay lugar para vacilaciones, el miedo de la casta por fin quedó evidenciado en una cuestión central, desenmascarando la cual cae todo el relato y la estructura armada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández para estafar al país
La casta tiene miedo que la ciudadanía cobre conciencia activa respecto a que los juicios que siguieron a la inconstitucionalidad anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hicieron del Poder Judicial un Poder Prevaricador que entregó el país al saqueo de la corrupción kirchnerista. Jueces y políticos son cómplices de esa sistematizada aberración jurídica.

* Ese miedo no es otro miedo, es el más puro miedo de la casta, y la batalla cultural para recuperar la República bajo la irrestricta supremacía de la Constitución Nacional, insoslayablemente, debe centrarse en denunciar el prevaricato y liberar a los civiles y militares presos por la negación de justicia que significa negarles los derechos que la Constitución Nacional reconoce, desde la irretroactividad de la ley penal hasta las garantías del debido proceso.

* Mal que le pese a los simpatizantes de las organizaciones terroristas Montoneros y ERP, como a los que lucran miserablemente a expensas de su sangre, los DDHH también son validos para los agentes del Estado Argentino que vencieron a esos esbirros de la dictadura castrista y traidores a la Patria del primero al último.

- Se percibe, está en el latir de la vida institucional y política de la Argentina, que el fin del prevaricato es inevitable. Ocurre que no se puede mentir a todos todo el tiempo y mucho menos a obligar a que todos acepten repetir como un dogma indiscutible una mentira descubierta.

Los jueces federales, tal vez con alguna excepción que no conozco, son una vergüenza nacional, han interpretado la Constitución Nacional como una veleta que apunta para donde sopla el interés político. El hartazgo por sus conductas indeseables, desleales al juramento de hacer cumplir la Constitución Nacional a vuelto obscenamente claro que ningún país con mayoría de jueces honorables alcanza el grado de daño institucional, degradación cultural y miseria intelectual en el que se empantanó de pasado la Nación Argentina, olvidando sus valores, poniendo en duda su identidad y casi abandonando su voluntad de ser y prevalecer. * * Porque el régimen kirchnerista dejó al gobierno que encabeza el Presidente Milei un país al borde de la disolución y fue con la complicidad "tiempista" de esos jueces
Así es como llegamos a un hecho que pudo pasar desapercibido, bajo el silencio que mejor convenía a la preservación del prevaricato en las farsas de juicios, pero que el temor, el más grande miedo de la casta política, percibe como la real amenaza a su poder y privilegios

 “Soy la Constitución Nacional y quiero contarles que estoy triste y desilusionada”

- El 11 de Julio 2024, los diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo, visitaron en el Penal de Ezeiza a algunos de los hombres que se encuentran privados de su libertad por causa del más alevoso prevaricato de la historia judicial argentina.

No hace mucho yo también estuve en Ezeiza visitando al Capitán Alfredo Astiz y otros presos políticos que bien pueden considerarse prisioneros de guerra, oportunidad en la que pude apreciar la grande y alta dignidad con que sobrellevan la injusticia que padecen.

- La visita de los cinco diputados de LLA, que trascendió como consecuencia de una maniobra que intentó la diputada Rocío Bonacci (1) en perjuicio de sus compañeros de banca, filtrando la información presentándose ella misma como una ingenua que se enteró en Ezeiza quienes estaban presos en Ezeiza, terminó siendo un misilazo bajo la línea de flotación de la casta política.

"El miedo de la casta a esos cinco diputados se expandió con la misma velocidad con que vuelan los pedazos de un navío cuando explota la Santa Bárbara"
Y el miedo de la casta se convirtió en pánico, obligándolos el sudor frío del espinazo a reaccionar histéricamente, para mostrar tanto políticos como funcionarios judiciales (me cuesta llamarlos jueces) es que además de ser cómplices en ese atentado sistemático contra la Constitución Nacional, no tienen ningún prurito en salir abiertamente a exhibir su desprecio por las normas constitucionales

- Claman que la democracia y que los DDHH, pero a esta altura de la historia está probado que son puro cinismo. Lo que es una afrenta a la democracia y al orden constitucional es el escandaloso prevaricato en esas farsas de juicios por las que se los mantiene encarcelados, aunque hayan sido jóvenes subalternos, mientras terroristas como Mario Firmenich, jefe de la organización terrorista Montoneros, gozan de libertad para asesorar dictaduras

- ¡Y no hubo genocidio! El genocidio lo planeaba Santucho calculando que era necesario matar un millón de argentinos para imponer el "socialismo". Ese genocidio estilo camboyano lo impidieron los militares, los mismos militares a los que los que lamentan la derrota de Montoneros y ERP llaman "genocidas"

- Las bancadas de izquierda, comenzando por el kirchnerismo, salieron a manifestar que harían uso del Art. 66 de la Constitución Nacional intentando desplazar de sus bancas a los cinco diputados de LLA argumentando inhabilidad moral. 

El problema para la casta es que no hay manera decente de aplicar al caso el Art. 66, porque al interesarse por la situación de los prisioneros los diputados de La Libertad Avanza están cumpliendo cabalmente con una parte de sus funciones y atribuciones que consiste en velar por el buen desenvolvimiento del Poder Judicial.

Debe recordarse, cosa que tal vez olvidaron los diputados cómplices del prevaricato, que corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante la Cámara de Senadores a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus funciones, razón por la cual, en la búsqueda de elementos que permitan confirmar que estamos ante el más escandaloso prevaricato de la historia judicial argentina, los cinco diputados de LLA no solamente obran conforme a derecho, sino también con una habilidad moral y ética que no exhiben sus detractores. 

El coraje cívico se demuestra en tener el valor de plantarse frente a la corriente y enfrentar el aluvión de mentiras a lo Sarmiento, "con los puños llenos de verdades"

* Y, si la política entró en pánico, aumentado los espasmos con que se retuercen kirchneristas, otros zurdos y progres porque los kioscos con los que parasitaban al Estado se les van cayendo, como el desvío de fondos a través de la Universidad de las madres de los terroristas, no menos histérica y nerviosa fue la reacción de los jueces

Doctor Alejandro Walter Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal el máximo tribunal penal del país. Magistrado de perfil garantista enrolado en la línea de pensamiento del ex-cortesano Raúl Zaffaroni. Slokar es uno de los miembros fundadores de la asociación civil Justicia Legítima (Fuente: archivo del blog)

- A riesgo de ser redundante lo diré de esta manera: La complicidad de jueces y políticos en el prevaricato de juicios contra militares usados de cortina de humo para la corrupción kirchnerista, se deja ver con desesperación a través de los "jueces" Alejandro Slokar (2) (un militante de izquierda) y Daniel Obligado; quienes desconociendo de manera inaudita la independencia del Poder Legislativo exigen (contra toda lógica jurídica y principio democrático) que el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich investigue y aporte información sobre actividades lícitas de diputados nacionales.
Esa gravísima interferencia judicial sobre la independencia de los poderes pretende ocultar la existencia del prevaricato y muestra que, cebados en la impunidad, los jueces del prevaricato sistematizado se creen por encima de la Constitución Nacional
¡Merecen ser destituidos, por sedición! y porque no es admisibles que los jueces ignoren el Derecho.

Doctor Daniel Horacio Obligado, uno de los jueces que sobreseyó a Cristina Kirchner fue “bochado” en la Facultad de Derecho y perdió su cargo como profesor. Fue el presidente del Tribunal que falló a favor de la Vicepresidenta y a sus hijos en la causa Hotesur y Los Sauces. Un jurado le cuestionó hasta sus problemas de dicción (Fuente: archivo del blog) 

* Por si alguien no entiende la gravedad de lo que está pasando: un juez (Poder Judicial) ha reclamado al Ministerio de Seguridad (Poder Ejecutivo) que realice averiguaciones sobre las motivaciones de diputados nacionales (Poder Legislativo)

- ¡Jueces que desconocen la Constitución! Jueces que encarcelan militares ignorando perversa y sistemáticamente los derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a todos, todos, los habitantes de la Nación Argentina.

Se es democrático en los valores de la Constitución Nacional al sostener que los derechos y garantías que consagra rigen tanto para los que nos agradan como para los que no.
Por ende, no son democráticos, ni honorables, ni mínimamente decentes, los jueces y políticos que niegan derechos constitucionales a los militares presos. 

Como si esos jueces y políticos, la casta, pudieran decidir quienes son humanos y quienes no. Pueden narrar largamente los abogados defensores de esos militares las arbitrariedades y abusos que hicieron de la imparcialidad de los magistrados una utopía.

- Otro capítulo del miedo de la casta son los tibios del oficialismo, que tanto desde LLA como desde el PRO, parecen haber olvidado ya que una de las causas del fracaso de la Presidencia de Mauricio Macri fue el esfuerzo que hicieron sus progres, con María Eugenia Vidal a la cabeza por evitar la batalla cultural y cuidar la mentira de los 30.000 desaparecidos que sirve de piedra basal al relato kirchnerista.
De varias formas en distintas declaraciones se aprecia la pusilánime adhesión a la corrección política tal como la concibe el kirchnerismo. Eso hace obligado retrucar que no es "agenda personal" de los diputados el interesarse por analizar y exponer la existencia del prevaricato, hace a su deber como representantes del pueblo votados por muchos que creemos que esos juicios son farsas.

¡Y le recuerdo!, a ese montón de tibios, que durante la campaña electoral, Patricia Bullrich siendo candidata presidencial por JxC prometió a los militares “salida justa” al trato “inequitativo y en ocasiones inhumano” que reciben a consecuencia de los juicios del prevaricato

No es sólo pues un tema de diputados de LLA, allí está documentado el compromiso firmado por Patricia Bullrich. Documento que demuestra que estamos ante una auténtica cuestión de Estado, un tema abierto y a resolver, que no es patrimonio de un único espacio político. La cuestión está planteada y no van a poder silenciarla (Fuente:  

* Banquemos pues a los diputados nacionales de LLA Araujo, Montenegro, Arrieta, Ferreyra y Benedit, que fueron a Ezeiza a interesarse por los prisioneros del mayor prevaricato de la historia judicial argentina.
¡¡No bancarlos es la cobardía que da boleto de retorno al kirchnerismo!!

Fuentes:
- Ariel Corbat "La Pluma de la Derecha", plumaderecha.blogspot.com 

Referencias

(1) Rocío Bonacci se desmarcó del encuentro organizado por Beltrán Benedit, su compañero de bloque. También dijo haber ido engañada, aunque calificó como "una guerra" el terrorismo de estado. "El proceso cívico-militar de 76-83 no jugó limpio": el descargo de una diputada libertaria que visitó a los represores (Fuente: perfil.com)

    Diputada Rocío Bonacci (Foto: perfil.com)

(2) La única mala noticia para nuestro golpeado sistema de justicia es que Alejandro Slokar y Angela Ledesma, sigan siendo jueces en un Tribunal tan importante como la Casación Federal ¡¡dan vergüenza!!

Doctora Angela Ledesma, fue presidente de la Cámara Federal de Casación Penal en el 2020 y uno de sus vice-presidentes fue Alejandro Slokar (Fuente. infobae.com)  

- No son parte del servicio de justicia sino del de venganza;

º venganza contra quienes evitaron que está Argentina hoy sea Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia,

º están a favor de aquellos que con la razón de fuerza que brotaba de la boca de sus fusiles querían implantar la dictadura de un proletariado que los manda ignoraba y los ignora abiertamente,

º no querían ni creían en la convivencia democrática.

Esos jueces representan junto a los Rafecas, a quienes quieren seguir con los juicios parodicos (perteneciente o relativo a la parodia) y cobrando sumas millonarias por haberse alzado en armas en gobiernos constitucionales y de facto, causando víctimas inocentes y no aceptando ser repelidos en su accionar por el uso de fuerza.

- Los juicios de Nuremberg contra la jerarquía nazi, luego de la segunda guerra, con millones de muertos, no los 30.000 mentirosos que se atribuyen a los únicos que han sido juzgados desde el 2003 a la fecha y desde la causa 13 para adelante, no tardaron 40 años y recién van menos de la mitad de los juicios proyectados, contra toda norma de justicia.

¡¡Dan vergüenza!! nuestros dirigentes incapaces de cerrar con justicia, está etapa de nuestra historia. Ni siquiera cumplieron sus condenas los del Movimiento Todos por la Patria de los hechos de La Tablada y el General Arrillaga, que recuperó el cuartel, sigue siendo condenado con perpetuas.

- Los que se han robado los bienes de la República, hoy aliados estratégicos de esa guerrilla, saben que nada les va a suceder mientras sigan con estos juicios parodicos e interminables. ¡¡Terminen con esta farsa!!

Integrantes de la Cámara Federal de Casación ¡YA DARÁN CUENTA DE SUS ACTOS! (Foto: infobae.com)

- amshistoria.blogspot.com

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Historia, Verdad y Justicia "hacia la Memoria Completa" - con Actualización

El ministro de Defensa Luis Petri da otro paso hacia la "memoria completa" al sumar a Arturo Larrabure a su gabinete

Arturo Larrabure y Victoria Villarruel. Larrabure es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) que preside Villarruel. La entidad se conformó en 2006 como reacción a la reapertura de los juicios contra los genocidas. A lo largo de las últimas dos décadas, el hombre fue uno de los actores de la puja por la “memoria completa”(esa consigna que se horneó, a finales de la década de 1990, dentro del Ejército en respuesta al reclamo de memoria, verdad y justicia de los organismos de DDHH). 
Larrabure es cercano a Victoria Villarruel, quién lo llamó a finales de enero para sumarlo a su cruzada. “Necesitaba ayuda y apoyo para que comencemos a trabajar en el área de DDHH del gobierno nacional”. Pero la convocatoria quedó aparentemente eclipsada por un ofrecimiento del ministro de Defensa, “en el ínterin se produce el llamado del ministro Petri para todo lo que es FFAA y FFSS. Él encontraba que había todo un bache o un lavado de cabeza: les habían mentido a las FFAA y FFSS”, relató (Foto: https://www.msn.com/es-ar/noticias)

- El ministro de Defensa Luis Petri, tiene como un objetivo prioritario, reescribir la historia de lo sucedido durante las últimas décadas en la Argentina.

Después de desmantelar los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura en los archivos de las FFAA, decidió reclutar como asesor a Arturo Larrabure, que impulsa una causa para sentar en el banquillo a los militantes de los años ‘70, su incorporación implicará presentar a los militares como víctimas y reinstalar la discusión sobre el terrorismo (algo que el Gobierno ya intentó días atrás para criminalizar a quienes se manifestaron contra la ley Bases)

- Larrabure, cercano a Victoria Villarruel, contó en distintos medios su integración al gobierno de Javier Milei, transparentando las intenciones de la administración de La Libertad Avanza (LLA) “lo que se intenta hacer ahora es revertir 20 años de kirchnerismo, donde hasta nos intentaron robar la historia”

El ministro de Defensa Luis Petri junto a los Altos Mandos de las FFAA  (Fuente: perfil.com)

- Fuentes cercanas al ministro dicen que Larrabure ya estaba asesorando al ministro en "algunas cosas". Larrabure comenzará el 01 de julio finalmente en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como asesor del director Lucas Miles Erbes “es el mismo funcionario quien comunicó los despedidos de los expertos en archivos y que, días antes, había sido enviado a la Unidad 34 de Campo de Mayo a tomar nota de lo que reclamaban los policías y militares que están presos por delitos aberrantes”

- Muy activo en redes sociales, Larrabure convoca a una marcha para el próximo 06 de julio que pedirá que se saque el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte de la Línea E. También se hizo eco de una campaña del diputado provincial Guillermo Castello para que repongan la figura del capitán Pedro Giachino, el primer caído en Malvinas, en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, de donde fue removida por denuncias que lo señalaban actuando en los centros clandestinos de la dictadura

Fuentes:

- www.msn.com/es

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Actualización 26/07/2024

Dos falacias

Hay dos falacias que con frecuencia se dicen en los noticieros de televisión cuando se refieren a los presos por las mal llamadas causas de lesa humanidad y que quisiera aclarar porque condicionan a la audiencia.

La primera es cuando los califican de “genocidas”, en la Argentina no hay ni hubo a lo largo de toda su historia casos de genocidio, recordemos que se entiende por tal al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, como sucedió en el caso de los turcos sobre los armenios; en el de los alemanes sobre los judíos o en de los serbios sobre los musulmanes bosnios.

Nada de esto hicieron estos hombres, lo que si hicieron fue enfrentar a elementos subversivos que se escondían entre la población civil y que sin portar uniforme ni llevar las armas a la vista, ni tener alguien responsable a cargo de sus acciones ni respetar los usos y costumbres de la guerra, desataron una ola de violencia en nuestro país que se convirtió en un problema sin solución para las autoridades civiles de la época. Es sencillo concluir entonces que si no hubo genocidio no puede haber genocidas.

La segunda falacia se refiere a que estas personas fueron debidamente juzgadas y condenadas. Quisiera recordar que para poder juzgarlos, el gobierno de Kirchner tuvo que destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y reemplazarlos por otros que fueran afines a sus propósitos; se anularon la leyes de obediencia debida y punto final sancionadas por el Congreso durante el gobierno de Alfonsín y acá vale la aclaración: no las derogaron puesto que ya habían sido derogadas a fines de la década del 90. Las anularon, es como si nunca hubieran existido ni ellas ni sus efectos. Para ello debieron caracterizar los hechos como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, haciendo caso omiso del Art. 18 de la Constitución Nacional que dice:… ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…, los hechos sucedieron en la década del 70 y los delitos de lesa humanidad se incorporaron a nuestra legislación a fines de los noventa y que por otra parte para que hubiesen sido delitos de lesa humanidad debieron dirigirse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cosa que tampoco fue así; sin contar que además algunos fueron juzgados dos veces por las mismas causas, ni entrar en el detalle de la cantidad de irregularidades y parcialidades ocurridas durante los procesos o que muchos de ellos tienen aún prisiones preventivas, que superan largamente los plazos que establece el Protocolo de Roma que es rector de la doctrina que los condena, es decir que nuestro poder judicial solo tomó del protocolo la parte que le sirve a sus objetivos. En conclusión, no solo no fueron debidamente juzgados, sino que muchos de ellos ni siquiera están condenados.

En consecuencia, creo que el desafío para los periodistas sería investigar si a los detenidos por los hechos sucedidos en la década del 70 se les respetaron sus derechos al igual que al resto de los argentinos y luego informar en consecuencia.

CR ( R ) Marcelo Liendo (DNI 12.892.150)

Fuente:

- lapensa.com.ar/correo de lectores