El ministro de Defensa Luis Petri da otro paso hacia la "memoria completa" al sumar a Arturo Larrabure a su gabinete
Larrabure es cercano a Victoria Villarruel, quién lo llamó a finales de enero para sumarlo a su cruzada. “Necesitaba ayuda y apoyo para que comencemos a trabajar en el área de DDHH del gobierno nacional”. Pero la convocatoria quedó aparentemente eclipsada por un ofrecimiento del ministro de Defensa, “en el ínterin se produce el llamado del ministro Petri para todo lo que es FFAA y FFSS. Él encontraba que había todo un bache o un lavado de cabeza: les habían mentido a las FFAA y FFSS”, relató (Foto: https://www.msn.com/es-ar/noticias)
Después de desmantelar los equipos que investigaban los crímenes de la dictadura en los archivos de las FFAA, decidió reclutar como asesor a Arturo Larrabure, que impulsa una causa para sentar en el banquillo a los militantes de los años ‘70, su incorporación implicará presentar a los militares como víctimas y reinstalar la discusión sobre el terrorismo (algo que el Gobierno ya intentó días atrás para criminalizar a quienes se manifestaron contra la ley Bases)
- Larrabure, cercano a Victoria Villarruel, contó en distintos medios su integración al gobierno de Javier Milei, transparentando las intenciones de la administración de La Libertad Avanza (LLA) “lo que se intenta hacer ahora es revertir 20 años de kirchnerismo, donde hasta nos intentaron robar la historia”
- Fuentes cercanas al ministro dicen que Larrabure ya estaba asesorando al ministro en "algunas cosas". Larrabure comenzará el 01 de julio finalmente en la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como asesor del director Lucas Miles Erbes “es el mismo funcionario quien comunicó los despedidos de los expertos en archivos y que, días antes, había sido enviado a la Unidad 34 de Campo de Mayo a tomar nota de lo que reclamaban los policías y militares que están presos por delitos aberrantes”
- Muy activo en redes sociales, Larrabure convoca a una marcha para el próximo 06 de julio que pedirá que se saque el nombre de Rodolfo Walsh de la estación de subte de la Línea E. También se hizo eco de una campaña del diputado provincial Guillermo Castello para que repongan la figura del capitán Pedro Giachino, el primer caído en Malvinas, en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, de donde fue removida por denuncias que lo señalaban actuando en los centros clandestinos de la dictadura
Fuentes:
- www.msn.com/es
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Actualización 26/07/2024
Dos falacias
Hay dos falacias que con frecuencia se dicen en los noticieros de televisión cuando se refieren a los presos por las mal llamadas causas de lesa humanidad y que quisiera aclarar porque condicionan a la audiencia.
La primera es cuando los califican de “genocidas”, en la Argentina no hay ni hubo a lo largo de toda su historia casos de genocidio, recordemos que se entiende por tal al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, como sucedió en el caso de los turcos sobre los armenios; en el de los alemanes sobre los judíos o en de los serbios sobre los musulmanes bosnios.
Nada de esto hicieron estos hombres, lo que si hicieron fue enfrentar a elementos subversivos que se escondían entre la población civil y que sin portar uniforme ni llevar las armas a la vista, ni tener alguien responsable a cargo de sus acciones ni respetar los usos y costumbres de la guerra, desataron una ola de violencia en nuestro país que se convirtió en un problema sin solución para las autoridades civiles de la época. Es sencillo concluir entonces que si no hubo genocidio no puede haber genocidas.
La segunda falacia se refiere a que estas personas fueron debidamente juzgadas y condenadas. Quisiera recordar que para poder juzgarlos, el gobierno de Kirchner tuvo que destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y reemplazarlos por otros que fueran afines a sus propósitos; se anularon la leyes de obediencia debida y punto final sancionadas por el Congreso durante el gobierno de Alfonsín y acá vale la aclaración: no las derogaron puesto que ya habían sido derogadas a fines de la década del 90. Las anularon, es como si nunca hubieran existido ni ellas ni sus efectos. Para ello debieron caracterizar los hechos como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, haciendo caso omiso del Art. 18 de la Constitución Nacional que dice:… ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…, los hechos sucedieron en la década del 70 y los delitos de lesa humanidad se incorporaron a nuestra legislación a fines de los noventa y que por otra parte para que hubiesen sido delitos de lesa humanidad debieron dirigirse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cosa que tampoco fue así; sin contar que además algunos fueron juzgados dos veces por las mismas causas, ni entrar en el detalle de la cantidad de irregularidades y parcialidades ocurridas durante los procesos o que muchos de ellos tienen aún prisiones preventivas, que superan largamente los plazos que establece el Protocolo de Roma que es rector de la doctrina que los condena, es decir que nuestro poder judicial solo tomó del protocolo la parte que le sirve a sus objetivos. En conclusión, no solo no fueron debidamente juzgados, sino que muchos de ellos ni siquiera están condenados.
En consecuencia, creo que el desafío para los periodistas sería investigar si a los detenidos por los hechos sucedidos en la década del 70 se les respetaron sus derechos al igual que al resto de los argentinos y luego informar en consecuencia.
CR ( R ) Marcelo Liendo (DNI 12.892.150)
Hay dos falacias que con frecuencia se dicen en los noticieros de televisión cuando se refieren a los presos por las mal llamadas causas de lesa humanidad y que quisiera aclarar porque condicionan a la audiencia.
La primera es cuando los califican de “genocidas”, en la Argentina no hay ni hubo a lo largo de toda su historia casos de genocidio, recordemos que se entiende por tal al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, como sucedió en el caso de los turcos sobre los armenios; en el de los alemanes sobre los judíos o en de los serbios sobre los musulmanes bosnios.
Nada de esto hicieron estos hombres, lo que si hicieron fue enfrentar a elementos subversivos que se escondían entre la población civil y que sin portar uniforme ni llevar las armas a la vista, ni tener alguien responsable a cargo de sus acciones ni respetar los usos y costumbres de la guerra, desataron una ola de violencia en nuestro país que se convirtió en un problema sin solución para las autoridades civiles de la época. Es sencillo concluir entonces que si no hubo genocidio no puede haber genocidas.
La segunda falacia se refiere a que estas personas fueron debidamente juzgadas y condenadas. Quisiera recordar que para poder juzgarlos, el gobierno de Kirchner tuvo que destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y reemplazarlos por otros que fueran afines a sus propósitos; se anularon la leyes de obediencia debida y punto final sancionadas por el Congreso durante el gobierno de Alfonsín y acá vale la aclaración: no las derogaron puesto que ya habían sido derogadas a fines de la década del 90. Las anularon, es como si nunca hubieran existido ni ellas ni sus efectos. Para ello debieron caracterizar los hechos como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, haciendo caso omiso del Art. 18 de la Constitución Nacional que dice:… ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…, los hechos sucedieron en la década del 70 y los delitos de lesa humanidad se incorporaron a nuestra legislación a fines de los noventa y que por otra parte para que hubiesen sido delitos de lesa humanidad debieron dirigirse como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cosa que tampoco fue así; sin contar que además algunos fueron juzgados dos veces por las mismas causas, ni entrar en el detalle de la cantidad de irregularidades y parcialidades ocurridas durante los procesos o que muchos de ellos tienen aún prisiones preventivas, que superan largamente los plazos que establece el Protocolo de Roma que es rector de la doctrina que los condena, es decir que nuestro poder judicial solo tomó del protocolo la parte que le sirve a sus objetivos. En conclusión, no solo no fueron debidamente juzgados, sino que muchos de ellos ni siquiera están condenados.
En consecuencia, creo que el desafío para los periodistas sería investigar si a los detenidos por los hechos sucedidos en la década del 70 se les respetaron sus derechos al igual que al resto de los argentinos y luego informar en consecuencia.
CR ( R ) Marcelo Liendo (DNI 12.892.150)
Fuente:
- lapensa.com.ar/correo de lectores
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