El indebido otorgamiento de indemnizaciones astronómicas a supuestas víctimas de represión ilegal constituye un escándalo de proporciones históricas
El ministro Mariano Cúneo Libarona compartió la resolución que frena el pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, tras detectar graves irregularidades (Foto: Adrián Escandar – infobae.com)
- Alarmados ante la exorbitante cantidad de reclamos nacidos al amparo de las llamadas leyes reparatorias para víctimas de la dictadura militar, así como frente a las denuncias por fraudes en su otorgamiento, el Ministerio de Justicia de la Nación ha ordenado detener el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado, perseguir la devolución de las sumas cobradas indebidamente y encarar una amplia auditoría que abarcará tanto los pagos efectuados como los criterios adoptados y las pruebas exigidas actualmente por los funcionarios estatales para la concesión de los millonarios beneficios establecidos en aquellas normas, inexplicablemente vigentes todavía.
* Al cierre de 2021, se reportaron 7996 casos de indemnizaciones percibidas por familiares de desaparecidos y 14.400 casos de exiliados
- Más allá del descubrimiento de una banda que recaudaba dinero para la formulación de casos falsos, las denuncias judiciales que hoy se tramitan en los juzgados a cargo de Daniel Rafecas y Ariel Lijo demuestran que el Estado viene pagando indemnizaciones millonarias a personas que nunca estuvieron detenidas o desaparecidas; a familiares de terroristas abatidos por las fuerzas legales en ataques a cuarteles militares o policiales; a exguerrilleros condenados por asesinatos, atentados o secuestros, y a personas detenidas entonces por delitos comunes, entre muchos otros casos escandalosos.
- A estos inexplicables hechos se suma el descubrimiento del pago a extranjeros por detenciones sufridas en el exterior que, no obstante, indemnizó el Estado argentino, o el recientemente descubierto de dos delincuentes comunes uruguayos condenados por el secuestro extorsivo de un gerente de una empresa multinacional, a quienes el Estado argentino les pagó una indemnización de 180 millones de pesos (uno de ellos vive actualmente en Europa)
- La cantidad de casos revela tanto la presencia de una enorme organización criminal en el armado de reclamos fraudulentos o manifiestamente indebidos, como la existencia de funcionarios que autorizaron pagos en los cuales una mínima indagación bibliográfica, judicial o documental hubiera llevado a una decisión contraria al otorgamiento del beneficio.
- Los cientos de casos fraudulentos ya abonados y los miles de dudosos reclamos pendientes son fruto de la vigencia de las denominadas leyes reparatorias a casi medio siglo de los hechos. Eso permite la permanente presentación de supuestas nuevas víctimas que guardaron inexplicable silencio durante décadas. Su aceptación y consiguiente reparación da cuenta de una sospechosa ingenuidad en el comportamiento de los funcionarios, al tiempo que la vigencia de estos beneficios otorgados sine die constituye un absurdo legislativo
Fuentes:
- lanacion.com.ar