Apareció un culpable, pero no la solución

Después de más de diez días con gendarmes y prefectos alborotados, el cristinismo esperaba dormir tranquilo durante un rato. El sueño duró poco, hasta que los insubordinados se plantearon llevar su desorden a la Plaza de Mayo. Antes, el kirchnerismo había encontrado, por fin, un culpable. Es lo único que necesita para resolver un problema. Una vaga y confusa asociación de jueces, estudios de abogados y personal de fuerzas de seguridad se confabuló para crear un "desquicio" con los salarios de los uniformados. El desquicio se viene cocinando desde hace más de una década, dijeron los incomparables ministros Abal Medina y Lorenzino. Casi diez años son los que lleva el kirchnerismo a cargo de la administración. Estuvieron a punto de justificar la protesta de los sargentos, porque sin ella no se hubieran enterado nunca de semejante trama conspirativa. Puede ser que haya habido una asociación, en la minoría de los casos, de jueces y abogados. ¿No la hubo, acaso, cuando se confiscaron los depósitos en la crisis de 2001 y 2002? La mayoría de los casos de las fuerzas de seguridad pasaron, sin embargo, por un juez de primera instancia, por una cámara que confirmó la sentencia en segunda instancia y por la propia Corte Suprema de Justicia. En verdad, la Corte empezó creando jurisprudencia con un caso de la Policía Federal, con otro del Ejército y con un tercero de la Gendarmería. Es la Corte la que consideró con insistencia que los salarios "no remunerativos" (una escapatoria dialéctica para hablar de la parte en negro de los sueldos) son ilegales. Una inmensa mayoría de los casos que llegan a la Corte son planteos previsionales de jubilados o de personal estatal en actividad que cobra gran parte de su salario en negro. Los prefectos y gendarmes percibían un promedio del 75 por ciento de sus sueldos en negro; es decir, el Estado no hace aportes previsionales ni paga cargas sociales por esa porción oscura de los salarios. Los uniformados terminan, por lo tanto, cobrando la jubilación mínima cuando se retiran. Esto es lo que el máximo tribunal de justicia ha considerado una "ilegalidad" que perpetra el propio Estado. Los jueces supremos nunca olvidaron un día en que Cristina Kirchner anunció, junto al entonces aliado Hugo Moyano, un aumento de salarios "no remunerativo". Ese mismo día, la Corte había insistido, en una resolución de un caso particular, que tal subterfugio carecía de legalidad y de equidad social. Llama la atención que eso lo haya hecho la misma presidenta que presiona sobre los empresarios para que abandonen la práctica de pagar en negro. "El salario en negro es malo cuando lo pagan otros, pero resulta que parece que es bueno cuando lo hace el Gobierno", señaló un funcionario judicial. El problema del Gobierno es que esa práctica no es exclusiva para las fuerzas de seguridad. Legisladores, maestros, docentes universitarios y hasta los médicos del Estado cobran cifras "no remunerativas". Es cierto que el sistema comenzó a aplicarse en los años 90, durante el menemismo. Hasta los ministros cobraban entonces un salario ridículo, que era compensado con generosos fondos reservados. El kirchnerismo no ha hecho más que agravar reiteradamente ese conflicto en su década en el poder. Mezquinarles recursos legales a los empleados estatales le permite a la administración contar con más dinero para el despilfarro político. No tiene ninguna respuesta creíble, más que la ineptitud administrativa, el pretexto esgrimido ayer por Abal Medina y Lorenzino. Contaron que les llevó todo el fin de semana largo descubrir que el Estado estaba siendo esquilmado por un grupo de jueces, abogados, gendarmes y prefectos. No es cierto en la mayoría de los casos. Pero si fuera verdad, ¿dónde está la capacidad de gestión con la que se pavonea el cristinismo? ¿Dónde, si debió sublevarse un grupo de prefectos y gendarmes para que el Estado se diera cuenta de que lo estaban arruinando? ¿O, acaso, el Gobierno sabía de esa conjura jurídico-financiera y no la denunció? Abal Medina y Lorenzino podrían haberse autoincriminado ayer, porque como funcionarios están obligados a denunciar los delitos que conocen. Otro costado del conflicto, que el Gobierno prefiere esconder, es el referido a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ese tribunal sólo trata casos particulares, pero sus sentencias crean jurisprudencia que obliga a los gobiernos a adecuar las leyes y las resoluciones vigentes. El caso histórico más notable fue el del divorcio. El divorcio en la Argentina fue establecido de hecho por la Corte Suprema, cuando resolvió a favor un caso particular. El entonces gobierno de Raúl Alfonsín se vio obligado a enviar al Congreso, poco después, un proyecto de ley sobre el divorcio. El kirchnerismo no acata, en cambio, la jurisprudencia de la Corte. No lo ha hecho con el caso de los jubilados, cuya actualización de haberes el tribunal ordenó varias veces. El Gobierno sólo cumple, y ni siquiera en todos los casos, las cuestiones particulares que resolvió la Corte. Sucede exactamente lo mismo con el caso de militares, gendarmes y prefectos que pidieron el amparo salarial de los máximos jueces del país. Dicho de otra manera, el cristinismo se niega, en uno y otro caso, a extender a la ley lo que ya es una jurisprudencia del tribunal. Las resoluciones de la Corte deben entenderse siempre como la última y definitiva interpretación de la Constitución. Pero, al fin, hay un culpable. Es suficiente. El kirchnerismo agota su aporte de soluciones a una espectacular denuncia sobre supuestas conspiraciones de intereses económicos. Las denuncias son mejores cuando se pueden mezclar en el complot a jueces, la llamada "corporación judicial". El kirchnerismo recobra la tranquilidad, aunque los problemas sigan sin solución. Prefectos y gendarmes ratificaron ayer su protesta después de escuchar a Abal Medina y a Lorenzino. Gana tiempo también. ¿No fue una denuncia de conspiraciones financieras y judiciales la única respuesta que dio hasta ahora el vicepresidente Amado Boudou por el escándalo que lo involucra en la extraña venta de la ex Ciccone? Ayer, el juez Ariel Lijo dictó el sobreseimiento de todos los abogados acusados de tráfico de influencia por Boudou, que motivó en su momento la renuncia del jefe de los fiscales, Esteban Righi. La medida de Lijo incluyó también al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. Todos son inocentes, pero Righi está en su casa, jubilado. Un escándalo artificial e injusto sirvió para tapar otro escándalo, más probado y auténtico.