Varios libros de investigación periodística –entre ellos, Masacre en el comedor– han documentado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los grupos guerrilleros que operaban en la Argentina en la década del 70, tanto en gobiernos democráticos como militares.
Sin embargo, el oficialismo y, también, amplios sectores de la oposición continúan negando esa realidad histórica y, en consecuencia, la existencia de víctimas de esos asesinatos y atentados con bombas, que siguen siendo invisibles para lo que podríamos denominar el establishment político.
La decisión fue tomada por la sala I del Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes ordenaron a la jueza del caso, María Servini, dictar una nueva resolución contemplando aspectos que dejó de lado al rechazar un planteo para reabrir la pesquisa el año pasado, según el fallo.
Servini rechazó “in limine” un planteo de reapertura de la investigación del atentado, al darlo por prescripto en virtud de que el delito no se consideró de lesa humanidad. Por estos mismos hechos, el 10 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados. Ese fallo que ratificó una decisión previa de Servini fue firmado por los camaristas que integraban la sala en ese entonces, Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah. Su decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación y luego la Corte la dejó firme al rechazar el recurso extraordinario por “inadmisible”
El año pasado, los denunciantes concretaron un pedido de reapertura que fue rechazado por Servini y ahora la Cámara declaró la “nulidad” de su decisión porque según se argumentó hubo “omisión de valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso, que podrían vincularse estrechamente con lo que ha sido materia de decisión”. Por eso, el tribunal consideró que se trató de una decisión tomada con “arbitrariedad” en base a doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fuente: foto lanacion.com.ar - texto eldiarioar.com)
Sirva como ejemplo el atentado al comedor de la Policía Federal del 2 de julio de 1976, reivindicado pronta y orgullosamente por Montoneros, que provocó veintitrés muertos y ciento diez heridos; fue el ataque más sangriento de los 70. Las parejas, los hijos, los camaradas y los amigos de los muertos en el comedor policial prefirieron durante años callar sus tristes historias, convencidos de que muy pocos los escucharían y de que unos cuantos los recriminarían.
Recién se animaron a salir de la oscuridad en la que habían sido depositados al ser entrevistados para Masacre en el comedor: “Creo que no soportaría que alguien me contestara, por ejemplo: ‘Los militares hicieron cosas horribles’. ¡Mi mamá no tenía nada que ver; era una pobre trabajadora, que cumplía tareas administrativas y ni siquiera portaba armas!”, señaló Liliana Tejedo, hija única de la cabo Elba Gazpio.
Una suerte del “por algo habrá sido” que afligía a los parientes de las víctimas de la salvaje represión ilegal del Estado durante la dictadura, pero al revés, aunque con el mismo objetivo: negar a los otros los derechos humanos más elementales, incluso el de expresar su dolor.
Josefina Melucci de Cepeda con su familia en las últimas vacaciones en Córdoba (Fuente: infobae.com)
Alejandra Cepeda, hija de Josefina Melucci de Cepeda, la única persona civil que murió en el estrago, contó que nunca pudo comprender cómo fue que, de pronto, se quedó sin mamá a los once años y tuvo que hacerse cargo, junto con su papá, de su hermano de diez y su hermanita de cinco. Josefina trabajaba en YPF; se entiende que, si hubiera muerto del otro lado, víctima de los militares, la policía o algún grupo paraestatal, hoy sería honrada con placas de todo tipo en la sede central de la empresa estatal, en Puerto Madero, al igual que sus hijos y demás descendencia.
Gloria Paulik, hija del sargento Juan Paulik, sostuvo que recién pudo hacer el duelo varios años después, cuando, con su mamá y sus cuatro hermanos, tuvo que cambiar los restos de lugar en el cementerio ya que, como tenía solo diez años, no había podido asistir al velatorio en el Departamento Central de la Policía Federal.
Alejandra Cepeda, hija de Josefina Melucci de Cepeda, la única persona civil que murió en el estrago, contó que nunca pudo comprender cómo fue que, de pronto, se quedó sin mamá a los once años y tuvo que hacerse cargo, junto con su papá, de su hermano de diez y su hermanita de cinco. Josefina trabajaba en YPF; se entiende que, si hubiera muerto del otro lado, víctima de los militares, la policía o algún grupo paraestatal, hoy sería honrada con placas de todo tipo en la sede central de la empresa estatal, en Puerto Madero, al igual que sus hijos y demás descendencia.
Gloria Paulik, hija del sargento Juan Paulik, sostuvo que recién pudo hacer el duelo varios años después, cuando, con su mamá y sus cuatro hermanos, tuvo que cambiar los restos de lugar en el cementerio ya que, como tenía solo diez años, no había podido asistir al velatorio en el Departamento Central de la Policía Federal.
Comedor de la PFA, otra vista del estado en que quedaron las instalaciones luego de la explosión (Fuente: infobae.com)
Casi cuarenta años después del retorno a la democracia, cabe preguntarse por qué el relato oficial de los 70 olvidó los graves delitos de las organizaciones guerrilleras, y, de esa manera, invisibilizó a sus víctimas y perdonó a los victimarios.
La respuesta ya fue dada varios años atrás por Tzvetan Todorov, un prestigioso semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa; más precisamente en 2010, luego de su visita a la ex-ESMA y al Parque de la Memoria.
Tras ese periplo, Todorov escribió un artículo que no fue del agrado de sus anfitriones: sostenía que esos lugares no permitían comprender qué había pasado en la Argentina porque ocultaban el papel central de la violencia ejercida por los grupos guerrilleros: “Como todos sabemos, el período 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Los Montoneros y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares, que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos”, señaló el experto. Todorov eludió rápida y hábilmente la habitual –ya desgastada por tanta repetición– celada de las organizaciones de derechos humanos y del kirchnerismo al negar que esa reflexión implicara una coincidencia con la llamada Teoría de los Dos Demonios.
Para Todorov, que ya falleció, el ocultamiento de la violencia guerrillera se debe a que tanto los organismos de los derechos humanos como, en general, el establishment político, han preferido la Memoria a la Historia. En su opinión, el Parque de la Memoria y la ex-ESMA ilustran “la memoria de uno de los actores del drama, el grupo de los reprimidos, pero no se puede decir que defienda eficazmente la Verdad, ya que omite parcelas enteras de la Historia”.
“Una sociedad necesita conocer la Historia, no solamente tener memoria”, concluyó. ¿Por qué? "Porque la memoria es siempre parcial; cada grupo recuerda lo que más lo conmociona y no siempre en orden cronológico. En cambio, la historia es coral; necesita el testimonio de todos, y siempre respeta las fechas. La memoria pretende recordar, pero la historia aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión".
De allí, la consigna oficial, asimilada por el peronismo en sus distintas partituras, pero también por el no peronismo –la Coalición Cívica y buena parte del radicalismo y de Pro–, es muy clara: Memoria, Verdad y Justicia.
Al someter la historia a la memoria, la política entregó los 70 a un grupo con intereses particulares: los organismos de derechos humanos y sus aliados kirchneristas. Parafraseando al Bill Clinton de la campaña de 1992, podríamos decir: “Es la historia, estúpido; no es la memoria”.
El fallo de la Cámara Federal porteña de la semana pasada parece abrir una puerta a una interpretación más amplia de los crímenes de los 70 al ordenarle a la jueza federal María Servini de Cubría que vuelva a investigar si la masacre en el comedor policial no puede ser considerada un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. En ese sentido, le señala varios senderos. Uno de ellos, muy expresivo: “Si fue un caso de grave violación de los derechos humanos”, como, por ejemplo, la voladura de la AMIA.
Titulares de los diarios en 1976 (Fuente: infobae.com)
Historia, Verdad y Justicia es una consigna más inclusiva!!
Fuente: Ceferino Reato - La Nación
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retiradosffaa.blogspot.com comparte plenamente el artículo de Ceferino Reato, es más, desde nuestro inicio como blog, mantenemos la firme posición de "la verdad histórica de los hechos" para toda difusión, en bien del conocimiento por parte de las generaciones presentes y en especial por las que vendrán. Por los camaradas privados de la libertad por haber combatido y vencido al terrorismo internacional. Se lo merecen!!
Cordialmente
Asociación de Oficiales Retirados de las FFAA Tucumán "Islas Malvinas"
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Carta a La Nación del 23/06/2022
La amnistía de 1973.
Por su seriedad y valor científico, he seguido la trayectoria periodística de Ceferino Reato. Sus libros han sido producto de una investigación rigurosa, aunque debo reconocer que a medida que avanzó en su investigación, evolucionó su forma de ver los hechos referidos en sus trabajos. Lo que podría calificarse de una culminación de esa trayectoria es su artículo publicado días pasados en La Nación, bajo el título de “Más que memoria, historia, verdad y justicia”.
Es la demostración de que al final triunfa la verdad sobre la mentira. Desde hace más de una década, la ciudadanía padece los efectos de la mentira, no solo respecto de los hechos referidos en el artículo, sino además en todos los que afectan a la ciudadanía y son responsabilidad de quienes nos gobiernan. Lo que no ha sido recordado y permanece aún en el olvido es la nefasta amnistía del 25 de mayo de 1973 y la innegable responsabilidad de nuestra clase política en todo lo sucedido con posterioridad. Ese día recuperaron su libertad casi quinientos terroristas condenados en juicios incuestionables, como que ninguno fue objeto de reproche posterior. De inmediato, se incorporaron a sus respectivas organizaciones y sumieron al país en el baño de sangre sucedido entre 1973/76. Esta amnistía, que significó tirar por la borda la magnífica tarea cumplida por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, disuelta también por “nuestros padres de la patria” ese mismo día, es la explicación a que luego el “juzgamiento” de los terroristas siguiera otros caminos.
Es hora de que nuestra clase política, tan presta a señalar culpas ajenas, reconozca su culpabilidad!!
De Juan Pablo Chevallier-Boutell
Es hora de que nuestra clase política, tan presta a señalar culpas ajenas, reconozca su culpabilidad!!
De Juan Pablo Chevallier-Boutell
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