El gran negocio de los Derechos Humanos

Los derechos humanos han devenido en un negocio importante, y un importante encarecimiento burocrático del gasto público. Pero, en especial, resultan un abuso político, en especial de la buena fe de millones de argentinos contribuyentes que financian esa máquina clientelar en una sociedad que, en forma simultánea, afirma haber reconstruido las instituciones, por lo que todo resulta una contradicción. Probablemente, los derechos humanos resulten una porción considerable de la corrupción kirchnerista – cristinista. Notable el aporte del periodista Luis Gasulla. Luis Gasulla es el autor de El Negocio de los Derechos Humanos (Sudamericana, 400 páginas) vibrante relato, de lectura amena, sobre la estafa y el abuso que resulta la utilización política de parte del Frente para la Victoria, de los detenidos-desaparecidos, presos y exiliados durante el gobierno del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Aqui algunos fragmentos del texto: "El negocio de los derechos humanos no se puede entender sólo desde el punto de vista material. Menos aún se comprende limitándolo al plano simbólico. La alianza estratégica entre los principales organismos de derechos humanos y el gobierno nacional que asumió el poder el 24 de mayo de 2003 sintetiza la convicción y la conveniencia. Dinero y gestos, subsidios y leyes, auge económico y presencia mediática, planes conjuntos y abrazos públicos. En un gobierno en el que parecer es hacer y el relato va más allá de la historia, el símbolo puede prevalecer sobre el dinero, como en el caso de Estela de Carlotto, o el flujo de fondos públicos puede convencer a Hebe de Bonafini de que Néstor Kirchner era "un hombre de buena madera". Todo se mezcla y nunca queda del todo claro quién cooptó a quién ni cómo fue que los Kirchner terminaron aliados a los símbolos de la resistencia contra la dictadura militar. El santacruceño utilizó su fortuna para ingresar a la función pública pues, como solía decir su mujer: "Sin plata no se puede hacer política". Ni en la intendencia de Río Gallegos ni más tarde en la gobernación de su provincia, Kirchner no recibió a ningún referente de los organismos ni tampoco se preocupó por crear una Secretaría de Derechos Humanos. Es más, respaldó a las autoritarias fuerzas represivas locales, denunciadas por utilizar la tortura entre los aspirantes a ingresar a sus filas. Pero luego de la debacle nacional en 2001, Kirchner se reinventó. Sepultó su pasado y, una vez instalado en el gobierno nacional, decidió apropiarse de la bandera de los derechos humanos para convertirla en fundamento de su hegemonía política. Las reformas económicas, sociales y políticas de 2003 en adelante se realizaron apelando a los setenta. Los críticos y los opositores, pero especialmente quienes denunciaron los negociados realizados en nombre de las Abuelas o las Madres, fueron marginados o tildados de cómplices de la dictadura. La simplificación dividió las aguas entre buenos y malos, entre intachables y empleados de las grandes corporaciones socias de los genocidas. El consenso sobre la importancia de la política de derechos del gobierno nacional - apoyada en un supuesto pasado revolucionario del matrimonio gobernante y en la reconversión de funcionarios al progresismo- fue de la mano con la pretensión de sacralidad que implicaba que los gobernantes se rodeasen en los actos públicos de las Madres y de las Abuelas. Las Madres, a su vez, aceptaron recibir del gobierno dinero que bien podría haberse destinado a los más humildes. Con las Madres no, fue el mensaje del poder político y mediático, contra cualquiera que investigara y denunciara los desaguisados ejecutados en nombres de los derechos humanos. En la Argentina contemporánea, la política se transformó en una cuestión de fe y de obediencia. Los que se animaron a cuestionar el llamado "relato" se quedaron fuera de un supuesto y único proyecto nacional, popular y democrático. No hay lugar para los débiles ni para los tibios. La política de derechos humanos se transformó en un clisé utilizado tanto por gobernadores autoritarios que violan los derechos básicos de los ciudadanos del presente como por colaboracionistas de la última dictadura militar. El gobierno nacional se ocupó de mantener viva la memoria colectiva y se olvidó de la historia. Destinó millones de pesos a museos, charlas e inauguraciones sin preocuparse demasiado por las injusticias del presente. Por detrás, se sumaron oportunistas y arribistas para hacer grandes y pequeños negocios hasta convertir a los derechos humanos en una industria. Bajo las banderas y los discursos se escondió un escandaloso negocio para lucrar con los momentos más siniestros de nuestro pasado, utilizando a las luchadoras de antaño. Sólo en la Fundación Madres Plaza de Mayo, llegaron a trabajar más de 6.000 empleados y la expansión de la Fundación sólo tuvo un límite cuando, en mayo de 2011, Schoklender abandonó la institución y se hizo pública su pelea con Bonafini, que acabó en el escándalo político más resonante de la era kirchnerista. Desde la salida de Schoklender, el desfile de despidos no ha cesado. Según describe una de las trabajadoras que acompaña a Hebe de Bonafini hace diez años: "La Presi no quiere más empleados acá adentro". Hoy, la planta no supera los 400 empleados. El pañuelo blanco es un emblema de nuestros hijos desaparecidos, no nos da impunidad. Carta de Ana María Ávalos a Sara Derotier de Cobacho,16 de abril de 2010. El aumento del presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no es un dato menor. Ello no significa necesariamente que exista corrupción pero sí una estructura estatal a la que se acercaron "arribistas y oportunistas", como afirma un ex funcionario kirchnerista que trabajó con Eduardo Luis Duhalde. Cuando asumió la presidencia Kirchner, el presupuesto para la promoción y defensa de los derechos humanos era apenas de 1.146.102 pesos. En 2010, siete años después, la cifra había aumentado a 100 millones de pesos. Desde 2008, a ese número se le sumaron varios millones más en concepto de Fortalecimiento de los procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad. Según datos oficiales, en 2009 se otorgaron para eso 10.823.525 pesos y, en 2010, 5.760.361 pesos. Eduardo Luis Duhalde fue uno de los funcionarios más resistidos por los familiares de los represores de la última dictadura militar por su militancia durante los setenta. El doctor Luis Hipólito Alén ocupó distintos cargos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asumió el rol de querellante en el primer juicio oral del que la Secretaría fue parte. Ese 9 de octubre de 2007, Alén fue testigo privilegiado de la lectura de la sentencia a reclusión perpetua contra el sacerdote represor Christian Von Wernich, quien se había desempeñado como capellán de la dictadura militar. Hallado culpable de 34 casos de tortura y 7 homicidios calificados, el juicio tuvo un alto impacto mediático y un fuerte contenido simbólico para los organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en su blog personal, Von Wernich señala ser un preso político y afirma que durante el menemismo las siete familias de los asesinados recibieron las indemnizaciones correspondientes de 224.000 dólares mientras que los muertos (Liliana Galarza, Cecilia Idiart, María Mainer, Pablo Mainer, Domingo Moncalvillo, María del Carmen Morattini y Nilda Salamone) siguen apareciendo en el padrón electoral para votar en cada elección. Por otra parte, la abogada del colectivo Justicia Ya!, Myriam Bregman, pidió condenar al cura por el delito de genocidio. Entrevistado para este libro, Alén se reconoce sorprendido de lo conseguido en estos años. "Las condiciones laborales eran infrahumanas, los expedientes estaban amontonados en un sótano sin aire ni luz natural". Ubicada en la calle Moreno al 1200 y con otras oficinas dispersas por el microcentro porteño, la Secretaría ha tenido un crecimiento exponencial, edilicio y humano. Cuenta con un edificio sobre la calle Esmeralda (Centro de Atención a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos), un edificio principal de dos cuerpos en 25 de Mayo 544 y 552, oficinas en el Centro de la Memoria (es ESMA), el archivo nacional de la Nación y el Centro Cultural Haroldo Conti a cargo del ex funcionario de la Alianza, Eduardo Jozami. De lo único que se ocupaba la Secretaría, antes de 2003, era de pagar y conformar los respectivos expedientes de las leyes reparatorias que se dictaron durante el gobierno de Menem. Los nombres de los beneficiarios se mantienen escondidos bajo siete llaves pues, según el propio Alén, no se puede violar la intimidad de las personas a pesar de que se trate de fondos públicos. El mismo discurso fue expresado por funcionarios y políticos en relación con los subsidios recibidos por el programa Sueños Compartidos dependientes de la Fundación antes de que estallara el escándalo. En 2003, la Secretaría contaba con 100 empleados que se repartían todas las funciones. Ocho años después, la planta permanente de empleados superaba los 700. Existen dos Subsecretarías, una de Promoción y otra de Protección de los derechos humanos y, a su vez, tiene dos direcciones nacionales, una de capacitación y formación y otra de desarrollo normativo. La Subsecretaría de Promoción, a cargo de Alén, se ocupa de las presentaciones judiciales que se realizan en materia de crímenes de lesa humanidad entre otros aspectos. Según el funcionario, uno de esos aspectos es lo que mediáticamente se denomina trabajo esclavo. Sin embargo, las condiciones infrahumanas de trabajo que se imponían en el plan Sueños Compartidos no merecieron ningún tipo de investigación por parte de esa Secretaría. Germán Córdoba tiene otra visión del crecimiento de las Secretarías de Derechos Humanos: "Cuando aparece un lugar que tiene desarrollo, hay gente que se pliega no por ideología ni por vocación, sino porque es un laburo, da prestigio". Recuerda que cuando comenzó la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires, el 90% quería especializarse en derecho administrativo mientras el menemismo privatizaba las empresas de obras públicas. Hoy, en cambio, la mayoría quiere especializarse en derechos humanos. "Ése no es el problema sino que el sistema de designación de cargos por acomodo es muy difícil de destruir", señala Córdoba y menciona a Fernando Cano, al frente de la Subsecretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2011, quien "nunca en su vida militó ni fue a una marcha pero es la pareja de la nieta de la secretaria, Sara". Las comparaciones son odiosas pero José María Ernst, ex empleado de la Secretaría, compara a la histórica luchadora Sara Derotier de Cobacho con Hebe de Bonafini y llama al "oportunista" Cano, como el Schoklender de la provincia, en el sentido de que amas mujeres mayores y con un pasado repleto de luchas y reivindicaciones, habían sido seducidas o engañadas por dos estafadores. Por lo tanto Hebe como Sara fueron cómplices de ese engaño permitiendo las fechorías de sus "hijos", decidiendo mirar hacia otro lado y desoyendo las críticas. A mediados de 2010, Ceferino Reato, autor de Operación Primicia (Editorial Sudamericana), puso sobre el tapete el escandaloso negocio de las indemnizaciones a integrantes de Montoneros asesinados antes del 24 de marzo dice 1976. La reparación económica -Ley 24.411- dictada y aplicada durante el menemismo recibió en su momento severas críticas de Hebe de Bonafini, quien acusaba a los organismos que aceptan la indemnización de prostituirse ante el poder del dinero. Durante el kirchnerismo, la suma se amplió a un pago de 200 mil dólares como también creció exponencialmente el número de beneficiarios. No sólo se tomaron en cuenta los casos mencionados en el informe de la Conadep, conocido como Nunca Más, sino que se sumaron al listado de indemnizados las personas caídas en combate como, entre otros, el líder Montonero, Fernando Abal Medina. El 27 de julio de 2007, en el último tramo del gobierno de Kirchner, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, firmó la resolución 830 aumentando el monto a 355.200 pesos para "toda persona que hubiese fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de seguridad, o de cualquier grupo paramilitar con anterioridad al 10 de diciembre de 1982". Reato pone de manifiesto que los familiares de los soldados del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Fromosa muertos por los Montoneros en el asalto alo cuartel el  de octubre de 1975 bajo el gobierno de Isabel Perón, reciben una miserable pensión mientras que los familiares de sus ejecutores cobraron suculentas indemnizaciones. Ni Luis Alén, entrevistado para este libro, ni otros funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informaron sobre el listado actual de beneficiarios pues sostienen que esa información es privada. Reato tampoco tuvo suerte aunque, al menos, pudo averiguar que las muertes anteriores al 24 de marzo de 1976, catalogadas como "ejecución sumaria", según los registros actualizados de la Conadep, habían ascendido a 553, o sea 27 más que las que figuraban en esos mismos registros en 2006. En marzo de 2010, los gastos en indemnizaciones por los guerrilleros muertos en el ataque en el Regimiento de Monte, en Formosa, sumaban a $ 4.967.352   Pero el negocio de la reparación no quedaba allí sino que esos pocos datos mostraban, apenas, la punta del iceberg. Algunos casos son llamativos. Durante la presidencia de Eduardo Duhalde, el gobierno nacional informó, en setiembre de 2011, que los familiares del dirigente montonero Fernando Haymal, asesinado por la propia organización en 1975, habían recibido una indemnización de la que no se conoció el monto total. Sólo por indemnizaciones a familiares de militantes de organizaciones armadas, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, el Gobierno informó a la Justicia que desde 1997 se pagaron más de doce millones de pesos. La que más resarció económicamente fue Cristina Fernández, con más de cinco millones. En segundo lugar, el ex presidente Néstor Kirchner, quien destinó 2.679.040 pesos para esos fines. Y por último, Carlos Menem y Fernando De la Rúa, quienes pagaron indemnizaciones por el monto de 1.344.000 pesos cada uno. Otros casos también son llamativos. El escritor Carlos Acuña señala que no sólo su hermano figura como desaparecido en los listados oficiales sino, al menos, tres omónimos y se pregunta si alguien habrá cobrado ese dinero en concepto de reparación económica. El propio secretario de Derechos Humanos del Chaco, José Luis Valenzuela, afirma que cobró dinero por estar preso tres años y medio durante la última dictadura militar. "Eran 170 mil pesos por el tiempo detenido, lo habían rechazado en la vez anerior pero como me rompieron el tabique en la cárcel, con mi expediente ante el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, y con mi declaración, al final acepté la indemnización de 200 mil pesos. Mi abogado fue el mismo que se ocupa de los crímenes de lesa humanidad en la provincia como los de Silvana Cantero y Sergio Quirós". (...)