CIRCULAR 76 DE LA UNION DEL PERSONAL MILITAR ASOCIACION CIVIL - FALSAS EXPECTATIVAS POR LOS HABERES

La generación de expectativas en todo el personal de las FFAA sobre posibles cambios en la escala salarial, sin que esto se resuelva de una vez y se publique como corresponde en el Boletín Oficial, produce una incertidumbre sumamente perjudicial para el mantenimiento de la disciplina, de la cual los rumores son el peor enemigo. Advertimos en nuestra circular de Noviembre pasado que era necesario no guiarse por trascendidos, pues ya circulaban “planillas” de diversas fuentes, pero la respuesta de las autoridades de Ministerio de Defensa debió haber sido obtener y publicar el correspondiente Decreto en el mes de diciembre, para aplicar a partir del 1ro de enero. Transcurrieron dos meses sin novedad, y ante signos de malestar institucional el Ministro Martínez se vio obligado a hacer declaraciones públicas, que el portal Infobae publicó el 9 de febrero. Extraemos dos párrafos: “El ministro precisó que el reajuste en los haberes, además de implicar una suba del 6% de bolsillo, implica "un 3% de blanqueo" de distintos ítems en los sueldos. "Con esto llegamos al 67 por ciento. El objetivo es 85%, que la idea es hacerlo en la menor cantidad de años posible", informó acerca de los objetivos de gestión en materia de regularización salarial”. “Sin embargo, admitió que la "política salarial equivocada" del kirchnerismo con las FFAA "no se puede revertir en un solo mandato" de gestión.” Consideramos muy graves estas afirmaciones, ya que de ser ciertas no sólo está reconociendo que se ha decidido blanquear solo el 85% de los suplementos no remunerativos, sino que se piensan tomar varios años para ello, no responsabilizándose por lo tanto de volver a la legalidad. No olvidamos que fue el propio Ministro, por entonces Diputado Nacional, quien en Mayo de 2013 presentó en el HCN (trámite parlamentario Nro 48), junto a otros siete diputados de la Comisión de Defensa, un proyecto de ley derogando el Decreto 1305/12, restituyendo la escala jerárquica a la relación anterior de 5,33 a 1 y eliminando por completo los suplementos no remunerativos, criticando en duros términos lo que ahora se empeña en mantener. Mientras tanto, los trascendidos continúan. Esta semana ha llegado a nuestras manos una supuesta Presentación del EMGA titulada “Etapa 2 de la Adecuación Salarial”, fechada en 17 de febrero, coincidente con los dichos del Sr. Ministro, por lo que le asignamos alta probabilidad de certeza. Según la misma, la nueva escala lleva la relación de haberes (entre extremos), de 4,27 actual a 4,45, con un objetivo final de 5,35. Esto significa que -a razón de 18 puntos por año- se demoraría 5 años más en recuperar lo perdido en términos de jerarquización. Mientras que con respecto al blanqueo, prevé una exigua corrección del 3% en promedio (no sabemos bien sobre qué base), pero teniendo en cuenta que los suplementos por Responsabilidad Jerárquica y Administración de Materiales quedarán con valores de entre 40% y 50%, significa que también su normalización llevará varios años para completarse. No podemos pasar por alto un tema que nunca se menciona y que ha figurado siempre en nuestras propuestas: Se trata de la eliminación (gradual) del actual esquema de Suplementos de Zona y su reemplazo por otro que se ajuste a la verdadera razón de su existencia, solo en los destinos donde es necesario compensar el sacrificio social o económico. El valor mínimo actual, para las zonas más benévolas, es del 10% al 20%, y está generalizado de tal modo que actúa como un Suplemento General –valga la redundancia-, o sea, un aumento encubierto para el personal en actividad que no se condice con el espíritu de la Ley 19.101. Sería penoso que un gobierno que ha hecho gala de la premisa de volver a la normalidad institucional y al respeto por las leyes y garantías constitucionales, se vea obligado a encuadrarse drásticamente en los términos legales como resultado de un fallo judicial. También sería penoso, para los integrantes de las FFAA, comprobar que no representamos prioridad alguna para el conjunto de la Sociedad, y menos aún para el gobierno nacional en el que hemos depositado nuestras esperanzas, que cede con asombrosa facilidad ante los grupos que pueden ejercer una mayor presión, incluso con el empleo de la violencia o fuera de la Ley. Buenos Aires, Febrero de 2017

Milani: preso!!!

Milani preso (no por lo que hizo mal sino por lo que hizo bien):el malviviente y ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, General César Milani, acaba de ser detenido por haber participado del Operativo Independencia en Tucumán en los años ’70 cuando este era subteniente. ¿Cuál es el pecado? Ninguno, porque dicho Operativo no fue más que una orden legítima y justísima emanada en febrero de 1975 por el Poder Ejecutivo Nacional (en acuerdo con todos los ministros y gobernadores de entonces), el cual imponía por medio del decreto 261 a las FF.AA. la siguiente directiva: “aniquilar el accionar de los elementos subversivos” obrantes en la Provincia de Tucumán. En efecto, ya con un terrorismo urbano incontrolable en todo el país, en mayo de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en pleno gobierno peronista decidió incursionar además con su guerrilla rural en la selva tucumana, con el fin de dominar las zonas campesinas primero y luego las ciudades de dicha Provincia, a los fines de segregarla militar y políticamente del territorio nacional. El ERP, al mando del jerarca Mario Roberto Santucho, llegó a controlar un tercio de la Provincia y contó en sus filas con 7200 combatientes según datos confesados por el historiador y ex guerrillero del ERP Pablo Pozzi. Tucumán no sólo fue el epicentro de aquella guerra revolucionaria sino que fue el único lugar del país donde Montoneros y ERP iniciaron operaciones de combate conjuntas. Solamente en la selva y sin contar la logística ni los cuadros que actuaban en el resto del país, Maria Seoane revela en su biografía sobre Santucho que el comandante guerrillero tuvo a su disposición a 500 combatientes dispuestos a internarse en los campamentos foquistas. Las tropas legales al mando del Gral. Acdel Vilas primero y del Gral. Antonio Bussi después, dieron guerra sin cuartel contra este ominoso flagelo durante más de tres años. Los combates y el dramatismo que se vivió por entonces fue de tal intensidad, que el 8 de enero de 1976 el diario La Opinión dirigido por Jacobo Timermann (padre del ex Canciller) bajo el título “Once meses de operaciones” informaba que: “Desde la iniciación del Operativo Independencia en la zona de Faimallá, el 9 de febrero de 1975, se produjeron alrededor de 500 enfrentamientos armados entre tropas del ejército y grupos subversivos”. Con un gran saldo de muertos, mutilados, niños asesinados, aviones y helicópteros derribados y un sinfín de circunstancias desafortunadas propias de toda guerra, promediando 1977 las Fuerzas Armadas de la Nación con el auxilio de la población civil lograba ganar definitivamente esta justísima cruzada contra ERP, no así contra Montoneros, cuyo aparato armado siguió atentando en zonas urbanas hasta fin de 1979. Muchos años después y en agradecimiento por haber exterminado al terrorismo, la población tucumana votó y consagró victoriosamente al Gral. Antonio Domingo Bussi como Diputado Nacional, Intendente de San Miguel de Tucumán y también como Gobernador de dicha Provincia. Como se sabe, el hoy General kirchnerista caído en desgracia Milani participó de aquella gesta contrarrevolucionaria y supo ser un subalterno muy querido y estimado por Bussi. Es por ello que, en principio, no tenemos nada que cuestionarle a Milani con motivo de su participación operativa en el pasado. En cambio, sí hay algo en lo que hay que reprocharle en mucho a éste, y ello es la kirchnerización de sus costumbres (haberse hecho millonario de manera ilegal o inmoral) y su activa participación y complicidad política como desvergonzado jefe militar de un gobierno corrupto y corruptor como el vigente, en el cual Milani habría participado de turbios enjuagues codeándose con elementos desacreditados como la ex guerrillera Nilda Garré o la mismísima Presidente Cristina Kirchner. Es por estos últimos motivos por los cuales el desfachatado General debería ser sancionado administrativa y penalmente, pero no por todo lo que éste habría tenido de elogiable en su pasado, sino por lo mucho que después ostentó de indecoroso y repudiable.

Nilda Garré afirmacionista de la mentira!

El uso del lenguaje que hace la izquierda da para reírse cuando llaman “negacionistas” a quienes no aceptamos repetir sus mentiras; digamos pues que ellos son “afirmacionistas” de falsedades, Pretendiendo preservar la mentira que se diluye, argumenta la diputada del Frente para la Victoria Nilda Garré que: “en el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror, o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina”.Entonces propone encapsular la semilla del mal, preservarla a través de un proyecto de ley que busca sancionar con prisión de seis meses a dos años y multas de 10.000 a 200.000 pesos a quienes negaran crímenes de lesa humanidad, estipulando un agravamiento de la reclusión de uno a cuatro años cuando quien la realice sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena. De aprobarse ese mamarracho, sería una ley de imposible acatamiento para cualquier persona con honestidad intelectual. Que la expresión “30.000 desaparecidos” no es ya otra cosa que una mentira emblemática, por muchos proyectos que presenten, no tiene retorno. Simplemente, si quisieran la verdad no estarían buscando acallar el debate que ya está abierto, soy de los que sostienen que acá no hubo genocidio, sino una guerra fratricida, sostengo además que no fue un enfrentamiento entre particulares y fuerzas estatales sino entre fuerzas estatales, de un lado los argentinos y del otro los esbirros de la dictadura castrista, diré algo más: venciendo al ERP y a Montoneros los militares argentinos evitaron un real genocidio. Fue Mario Roberto Santucho, jefe del ERP, quien en carta a su hermano Asdrúbal, soñaba una escenario camboyano en la Argentina: “Creo que para lograr la Patria Socialista vamos a tener que matar a no menos de un millón de personas”. Un millón de argentinos masacrados, 1.000.000, una voluntad criminal desmesurada, para que pudiera imponerse a la República Argentina el “idealismo” de los traidores a la Patria que al servicio de un gobierno extranjero querían importar la tiranía comunista. Y desde Montoneros el delirio criminal no era menor, el desprecio por la vida humana no lo evidenciaba tan sólo la crueldad sobre las víctimas en cada atentado terrorista, sino la consideración de los propios elementos: “Nosotros hacemos de la organización un arma, simplemente un arma, y por lo tanto, sacrificamos la organización en el combate a cambio del prestigio político. Tenemos cinco mil cuadros menos, pero ¿cuántas masas más?”, decía, sin entender su propio ridículo, lo mismo que si fuera una propaganda de facturas o masitas para alguna confitería, Mario Eduardo Firmenich en 1981, desde La Habana, Cuba, allí donde entre 1978 y 1982 estuvo instalada la comandancia militar de Montoneros en un inmueble del servicio de inteligencia castrista, del cual obviamente dependían. A todas luces, la mentira que Nilda Garré busca preservar es insostenible; pero su intento demuestra el grado de daño institucional, degradación cultural y merma intelectual que sufre la Argentina, profundizado adrede durante el régimen kirchnerista por la implementación de un fuerte proceso de desmemoria colectiva y control social que hasta llegó a los chicos de jardín de infantes. Frente al proyecto de mordaza a la verdad que propone Garré, lo que se impone es preguntarnos por sentido inverso: ¿Cuál es la pena que debería aplicarse a los funcionarios que atribuyan a la Argentina genocidios inexistentes? ¿Cuál pena debe darse a los funcionarios que sostengan mentiras bajo la excusa de ser “emblemáticas”? ¿Cuál pena le cabe a los que ostensiblemente falsean la historia? y además: ¿qué tanto hay que agravar las penas cuando de esas mentiras hayan surgido perjuicios económicos para el Estado Argentino? Hay leyes que nunca acataré mientras viva en la Constitución Nacional el espíritu de los Constituyentes de 1853. La irracionalidad del adoctrinamiento totalitario no es admisible de ninguna manera, mucho menos como inercia residual de la dékada infame. La honestidad intelectual no puede más que rebelarse contra toda prohibición de cuestionar, pensar y debatir, porque la verdad no necesita las muletas y sostenes artificiales de la mentira. Ariel Corbat

Unión de Promociones, Santa Misa por la reconciliación!

Estimados Camaradas y Amigos: la Unión de Promociones adhirió y convocó a participar de la Santa Misa organizada por la Familia del Coronel Rodolfo Aníbal CAMPOS, al cumplirse el día Lunes 30 de Enero del corriente año, un mes de su fallecimiento. El Oficio Religioso se llevó a cabo en la Iglesia Corazón Eucarístico de Jesús (Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón), sita en Montevideo 1372 – C.A.B.A., a las 18 horas. Muchos Amigos, Camaradas y personas interesadas tras la profusa convocatoria realizada, se hicieron presentes, acompañando a la familia Campos y dando un muy emocionante marco al homenaje. Cabe destacar que entre los asistentes se hallaba la Sra Evelin BAUER PEGORARO, hija de padres desaparecidos. Su presencia debería constituirse, a modo de ejemplo, en un mensaje superador que facilite el camino de la Paz y el definitivo encuentro de toda la sociedad argentina. Hacia el final de la ceremonia religiosa, se produjeron dos momentos altamente emotivos: En el primero de ellos, se efectuó el intercambio de Santos Rosarios bendecidos, uno perteneciente al extinto Coronel Rodolfo Aníbal Campos para la Sra Evelin BAUER PEGORARO y el otro de ella, para una de las hijas del fallecido, la Sra Ana CAMPOS. El segundo momento, fue la presentación del llamado Libro Itinerante "Hijos por el Encuentro", lo cual sin duda alguna representa el sueño de muchos otros. Respecto a este libro, el mismo irá circulando "de mano en mano". para lo cual todo aquel que desee anotarse para registrar su firma, podrá hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: libro@hijosporelencuentro.org Es necesario destacar la presencia de un Obispo de la Iglesia Católica FERNANDO MALETTI, quien bendijo el aludido Libro, asumiendo luego el gesto de firmarlo. En el cierre de la ceremonia, se produjo la bendición de la placa recordatoria que sería ubicada en la morada final del Coronel Campos, cuyo texto reza: "Con las ideas se vive, pero con las convicciones se muere". Un corneta, ejecutó el Toque de Silencio, en memoria de todos los muertos. A modo de cierre, todos los asistentes se acercaron a una nave lateral del templo, oportunidad durante la cual firmaron el Libro Itinerante, para así dar inicio al periplo durante el cual todos los que así lo deseen, podrán dejar su firma consolidando el anhelo de la definitiva reconciliación de todos los argentinos. Coronel (R) Guillermo César Viola. Unión de Promociones.

El desaparecido ¡aparecido!

El desaparecido argentino que tiene facebook y viaja por todo el mundo! Los argentinos le estamos reclamando a la Justicia que cumpla con su oficio y castigue como se debe a la caterva mafiosa que llevó a la Nación hasta esta horrible realidad, pero también hay que recordar que hay muchos de estos 'desaparecidos', que no son tales, han corrido con la ventaja de ser 'víctimas' y jugado con los sentimientos de sus compatriotas, siempre solidarios y dispuestos a la compasión. Este personaje no merece seguir suelto y disfrutando de un muy mal habido capital que nos robó a todos; se trata de "Carmelo Vinci", figura como "desaparecido" en el Informe CONADEP de 1984 y solo se consigna el documento Nº 11.237.214. Carmelo Vinci es actualmente el tesorero y presidente de la Comisión por la "Memoria" de Olavarría y, en junio del año 2009, hizo declaraciones a medios de prensa de esa localidad y a la vez familiares de Carmelo Vinci habrían cobrado un subsidio por la suma de 200.000 u$s en concepto de 'desaparecido'. Millones de dólares detrás de la fábula de los "30.000 DESAPARECIDOS" ¿Cuánto se abonó efectivamente, desde 1991 y hasta 2014, en concepto de indemnizaciones por las tan famosas 'leyes reparatorias'? ¿A cuántas personas se abonó? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuántos 'desaparecidos - aparecidos' cobraron la indemnización? (recordemos que la jueza Argibay Molina, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era 'desaparecida-aparecida', su familia cobró el famoso subsidio y que luego dictaminó que una vez 'aparecidas' las personas, no era obligatorio devolver) Hasta Agosto del 2003 se habían destinado una cantidad increíblede dólares para estas 'indemnizaciones' y para afrontar este multimillonario negocio, además de la utilización de los fondos impositivos se aumentó en 1.300 millones de dólares la deuda externa. Un elaborado saqueo a los Fondos Públicos: desembolsos a expensas del Estado, sin embargo, hasta el día de hoy, a los soldados muertos que defendieron al Regimiento de Formosa, que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio, todos provenientes de familias ultra pobres de esa provincia, se les niega sistemáticamente el más mínimo subsidio. Muchas de esas familias perdieron a su único hijo varón y quedaron sin sustento, agravando su situación de desamparo, durante los más de 40 años transcurridos y como ellos, hay varios miles de civiles, militares, policías, de todas las jerarquías y condiciones, asesinados por la guerrilla subversiva, a los que se les sigue negando hasta el simple recuerdo de la sociedad. Parece que sigue vigente la que fuera llamada 'justicia revolucionaria'. Carlos E. Martiniau

¿Treinta mil?

Por qué importa discutir la cifra de “Los Treinta Mil”? “A ver, yo he dicho toda la vida que hubo acá treinta mil desaparecidos sabiendo que no hubo treinta mil. ¿Por qué? Porque era una consigna. Y como consigna soy libre de decir lo que tenga ganas. A mí lo que me parece con esto es que hacer una ley que obligue a la gente a decir eso –y si no lo dice que la sancionen– es impedirle pensar en libertad”. (Jorge Lanata. PPT, 28-08-2016) Importa discutir la cifra. Sí, importa mucho. “No, no discutamos la cifra, estemos en paz, busquemos la reconciliación de la Argentina, la reconciliación entre los hermanos enemistados”. A ver, hablemos claro, no puede haber reconciliación donde no hubo nunca acuerdo. ¿Qué conciliación cabe entre quienes derramaron sangre inocente y quienes fueron injustas víctimas? ¿Qué conciliación cabe entre quienes reivindican y siguen reivindicando el accionar terrorista –denominado, diplomáticamente, lucha armada– y quienes lo combatieron, en el marco de la legítima defensa, más aún, en el marco de una guerra justa? Importa discutir la cifra; importa discutirla porque a esta cifra la sostuvo la credibilidad de muchos, hubo personas a las que les creímos cuando juraban que hubo 30.000 desaparecidos, les creímos cuando afirmaban, vehementemente, que esa era la cantidad, pero esas personas –ligadas a los organismos titulados de “Derechos Humanos”– no sólo afirmaban una cifra sino que también afirmaban otras cosas, con no menor ímpetu, aseveraron cosas en base a las cuales los argentinos hemos “reconstruido” la historia. Multitud de juicios, opiniones, veredictos, sentencias, resoluciones, etc., se desprenden de personas que sostienen la cifra de “Los Treinta Mil”. ¿Y si es una mentira?: “yo he dicho toda la vida que hubo acá 30 mil desaparecidos sabiendo que no hubo 30 mil”. Entonces, forzosamente queda en jaque también la credibilidad de estos sujetos. Salvo aquellos hechos que pueden ser probados de forma independiente, necesariamente toda la reconstrucción de los años 70′ se halla bajo fuego, se desplomó esta credibilidad y, con ella, una parte sustancial de la pseudo historia que –desde Alfonsín a Macri– predomina en las cátedras y en los medios de comunicación: si cae la cifra, cae una pata de la mesa de esta historia distorsionada. Si cae la cifra, cae todo!!. A eso le tienen miedo muchos. Exactamente por este motivo, nadie en el país desea discutir a fondo -y con todas sus consecuencias- la cifra de los desaparecidos. Todo lo demás se puede discutir: se puede debatir el aborto en el Carlos Pellegrini, pero el número de los desaparecidos, no. Se puede discutir si la defensa del médico fue –o no– excesiva, el número de los desaparecidos, no. Puede haber una controversia respecto de si un hombre vestido de mujer puede competir en el Hockey con las mujeres o con los varones, sobre el número de los desaparecidos, no, no puede haber controversia alguna. Puede debatirse –y darse alternativamente espacio a unos y a otros– si el consumo de drogas puede ser despenalizado. Todo, absolutamente todo se puede discutir; sobre infinidad de temas puede haber puntos de vistas distintos, pero sobre el número de los desaparecidos, no. ¿Y qué hay de la inesperada confesión de Jorge Lanata? Es paradójico si no patético que se presente como un periodista preocupado porque la gente “piense en libertad”. Aceptar una cifra falsa, ¿no impide acaso “pensar en libertad”? Mentir descaradamente, ¿no impide “pensar en libertad”? Aceptar como verdadero algo que es falso, Lanata, ¿no impide “pensar en libertad”? Este cinismo se ha enquistado hasta tal punto que no hubo una sola persona del público que, poniéndose de pié, le espete al fundador de Página/12: “si Usted ha mentido descaradamente sobre la cifra de los 30 mil, ¿cómo podríamos creerle en otros temas?”. En efecto, ¿por qué no pensar que al menos una parte de sus diatribas contra el kirchnerismo son, también, meras “consignas” que no tienen por qué estar sujetas a la realidad? ¿Por qué no pensar también que quienes que han repetido la mentira de los treinta mil son “libres” de decir “lo que tengan ganas” en lo que a los resultados de sus investigaciones se refiere, en vez de presentar lo que rigurosa y concretamente ocurrió? ¿Qué credibilidad queda en un periodista cuando confiesa –y muy suelto de cuerpo– frente a una de las audiencias más importantes del país, que ha mentido políticamente? Voltaire –ese espíritu desdichado que fuese tan bien retratado por el ilustre Hugo Wast– también usó la mentira como arma de combate ideológico. El “Mentid, mentid, que algo queda” es autoría suya, pues bien, Voltaire hizo escuela y llegó a la Argentina. Hay que extraer todas las consecuencias de esta auténtica “confesión de parte”, porque no sólo fue Lanata, hasta la misma Graciela Fernández Meijide sostuvo que la cifra de los 30 mil desaparecidos “es simbólica”, una “mentira”, y también Luis Labraña, que perteneció a la agrupación terrorista Montoneros, cuestionó la cifra en el marco del programa de Mauro Viale: Mauro Viale – ¿Usted dijo que habían 30 mil desaparecidos y era mentira? Luis Labraña – Sí. Recién decía “La leyenda de los 30 mil desaparecidos”, no fue una leyenda, fue una necesidad (…) Hacíamos lo imposible para apoyar a una resistencia que estaba en la Argentina contra el Proceso Militar y tratar de ayudar a las Madres de Plaza de Mayo (…) Una mentira política, si usted quiere ¿Y entonces? Todo tiene que caer, todo tiene que ser revisado, hay que replantearse la idea de que la autoridad se convierte en mala en la medida que se asemeje a los militares, esto es, en la medida en que “reprima”… Debe caer el mito de los jóvenes idealistas, “perseguidos” porque “luchaban por un boleto estudiantil”. Los mismos que nos decían aquéllos, nos mintieron sin vergüenza sobre la cifra. ¿Les vamos a creer en una cosa y en otra no? ¿Nos damos cuenta hasta qué punto nos vemos obligados a una crítica despiadada sobre los lugares comunes de muchos argentinos? ¿Podemos seguir creyéndonos que hubo “Terrorismo de Estado”, aceptando mansamente las “consignas políticas” de los mentirosos que nos dicen en la cara que son mentirosos? Ya es momento de hablar, apropiadamente, de una legítima defensa por parte del estado frente a la subversión homicida. Y distinguir entre cuán legítima fue esta defensa, apartándose claramente de sus excesos. Nada sólido puede construirse en base a una mentira. Corresponde sacar todas las consecuencias de estas confesiones y volver a reconstruir o, mejor dicho, a redescubrir la historia. Afortunadamente, no estamos solos y tampoco necesitábamos de estos testimonios para saber de esta falsedad. Son muchos los que, antes y desde hace mucho, se han animado a cuestionar no sólo la falsedad de la cifra sino la totalidad del relato (un relato de los años de plomo que el kirchnerismo utilizó como escudo moral para justificar el sistemático saqueo de la Argentina). Son muchos los que han puntualizado, distinguido y explicado –tema por tema– la catarata de mentiras, engaños y falsedades presentes en la Historia Oficial. Bienvenido sea, sin embargo, esta confesión de parte, que nos permita renovar las fuerzas para el combate por la Verdad Histórica, la verdad de nuestra Patria, dado que sólo la Verdad nos hará libres. Juan Carlos Monedero (h)

Gómez Centurión sólo dijo la verdad!

Las organizaciones que se arrogan la exclusividad de velar por los derechos humanos han tenido la sórdida habilidad de imponer no una discutible visión de la historia sino un dogma de Fe, el cual nadie puede cuestionar y todo aquel que lo contradiga cae preso de un linchamiento mediático, judicial o político. Una vez más retomamos a la polémica sobre “los 30 mil desaparecidos”, y el protagonista de la misma fue el director de la Aduana Juan José Gómez Centurión, cuyas recientes declaraciones relativas al último gobierno militar que más enfadaron a los grupos que detentan el monopolio del bien fueron tres afirmaciones siguientes: 1) “No fueron 30 mil los desaparecidos”. 2) “No hubo un genocidio”. 3) “Lo ocurrido en los años 70 fue una guerra”. Desconocemos el motivo de tanta ira por parte de sus detractores y lamentamos la pusilanimidad del gobierno actual, quien obligó a Gómez Centurión a pedir disculpas por el sólo hecho de opinar ajustándose a la verdad. Vamos por partes: 1) Del último listado gubernamental y oficial de desaparecidos actualizado por la Secretaría de Derechos Humanos en marzo del 2006 (presidencia de Néstor Kirchner) se confirmó que la cifra real de desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fue la siguiente: 6.809 (datos luego detallados en la edición del libro Nunca Más publicada ese mismo año por Eudeba); 2) La Convención de Ginebra suscripta el 9 de diciembre de 1.948 tipifica el término “genocidio” en su Art.2° y allí se define que es: “la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, en consonancia, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1.998 define el “genocidio” en su Art.6º y allí se nos dice lo siguiente: “se entenderá por ´genocidio´ cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Las circunstancias definidas, obviamente no se dieron durante el conflicto militar contra el terrorismo en nuestro país, puesto que desde ninguna óptica se intentó efectuar ninguna destrucción a grupos étnicos, raciales, ni religiosos, sino a bandas terroristas (fundamentalmente a Montoneros y al ERP –Ejército Revolucionario del Pueblo) que operaban en el país desde mucho antes de la existencia del último gobierno militar, en el afán de asaltar el poder del Estado. En efecto, durante el trágico desencuentro de los años 70 las Fuerzas Armadas combatieron a los integrantes de dichas organizaciones no por lo que eran, sino por lo que hacían. Que esa guerra iniciada mucho antes del 24 de marzo de 1976 haya contado con irregularidades muy graves por parte de las Fuerzas Armadas no desnaturaliza en absoluto el carácter contrainsurgente de la misma y la condición de desaparecido no convierte al terrorista en inocente. Podría argumentarse que muchos de los desaparecidos no eran guerrilleros sino simples ciudadanos pacíficos que portaban ideas solidarias, pero los hechos históricos parecieran desmentir esta romántica versión del pasado: basta con saber que Montoneros tuvo al menos 5500 bajas y el ERP 1500, a las que cabe sumar las padecidas por bandas terroristas de menor envergadura como FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), FAR (Fuerzas Armadas revolucionarias) u OCPO (Organización Comunista Poder Obrero). Va de suyo que no descartamos la existencia de muertos inocentes y ajenos a estas organizaciones en tan trágico período, pero lo que sí resulta evidente es que estas desdichadas situaciones constituyeron la excepción y no la norma, excepciones que por otra parte se registran toda vez que se produce una guerra civil de carácter irregular. Y aquí viene la tercera afirmación de Gómez Centurión que enardeció a los mismos sectores que en esta materia detentan el acaparamiento de la ética pero que semanas atrás despidieron al dictador crónico Fidel Castro como si éste hubiese sido un baluarte de la paz y los derechos humanos: ¿lo vivido en los años setenta fue una guerra? 3) “Coincido con Videla, fue una guerra” declaró el máximo jerarca Montonero Mario Firmenich en reportaje concedido a Javier Vigo Leguizamón, afirmación que no sólo se haya fundada por el sinfín de hechos objetivos que registra nuestra historia reciente, sino en lo establecido por la sentencia de la Cámara Federal que en 1.985 juzgó a la Junta Militar en la famosa Causa 13. El fallo, entre otras cosas, determinó: “En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…»; «algunos de los hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar…»; «…no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra, pues ambas partes son bélicamente iguales»; «…como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”. Que lo dicho por Gómez Centurión se ajuste a sobrados argumentos históricos, jurídicos o políticos no implica necesariamente que el dicente y funcionario de la Aduana sea portador de la verdad revelada, pero sí implica que no dijo nada irresponsable, sus afirmaciones se hallan respaldadas por documentos oficiales y de fácil acceso, y que por otra parte, es hora de que terminemos con la hipocresía de vivir bajo el yugo de una falsa libertad de expresión, en la cual toda opinión que se insubordine al arbitrario catecismo progresista deba ser sancionado, aunque lo dicho sea comprobadamente cierto, como en el caso que nos ocupa. Nicolás Márquez

Lopérfido: el precio de decir la verdad!

Darío Lopérfido, hombre de la noche, la procacidad y el rock and roll, poco o nada tiene que ver ideológicamente con el que suscribe. Fue Secretario de Cultura del gobierno radical de Fernando de la Rúa (sin siquiera haber terminado el polimodal) y ahora, no sabemos bien tampoco por qué mérito ni con qué pergamino, fue nombrado por el nuevo gobierno como Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ejerció durante este año y hasta su reciente renuncia. Aclarada la desconfianza que nos despierta el personaje, ahora no tenemos menos que solidarizarnos profusamente con él, no sólo tuvo la valentía de decir la verdad (hábito infrecuente en una clase dirigente signada por la cobardía y el correctivismo político) sino que por no mentir, fue obligado por el endemoniado lobbie progresista (tanto el que opera desde la oposición como desde el seno mismo del oficialismo) a renunciar al cargo con que el poco confiable Rodríguez Larreta lo había designado. ¿Pero qué cuernos dijo Lopérfido como para merecer tamaña presión “destituyente”?. Pues sólo dijo algo oficialmente documentado del derecho y del revés: que los terroristas desaparecidos durante el último gobierno “de facto” no fueron 30 mil y que esa cifra confirmadamente mentirosa “se arregló en una mesa cerrada” para “conseguir subsidios”. Los números le dan la razón a Lopérfido: los primeros datos oficiales que produjo el Estado Argentino fueron los resultados de la CONADEP alfonsinista, la cual en libro Nunca Más publicado en los años 80´ contabilizó 8.961 desaparecidos, cifra artificialmente inflada que luego hubo que morigerar, en efecto, andando los años y ante los evidentes errores obrantes en el listado primigenio, durante la el régimen kirchnerista la nómina fue “revisada” y “depurada” por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a la sazón manejada por Eduardo Luís Duhalde y Rodolfo Mattarollo, ambos ex integrantes en los años 70´ de la organización infanticida ERP (Ejército revolucionario del Pueblo) y miembros a fines de los 80´ del Movimiento Todos por la Patria, banda de asesinos liderada por el homicida Enrique Gorriarán Merlo que atentara contra el cuartel de La Tablada en 1989. Prontuarios al margen, lo cierto es que el nuevo listado que se pulió en el año 2006 contabilizó un total de 7.158 desaparecidos (los correspondientes al gobierno militar son 6.447 y el resto pertenece al período anterior gobernado por el Partido Justicialista). Empero, numerosas irregularidades continuaban abultando los guarismos; a modo de ejemplo, hay 873 casos en los que tan sólo figura un nombre, sin indicar siquiera el correspondiente número de documento de identidad y muchas decenas más se corresponden con guerrilleros no desaparecidos sino muertos en combate o asesinados por las propias organizaciones terroristas mediante “juicios revolucionarios”: la casuística de errores voluntarios e involuntarios es tan extensa que no podemos detallarla aquí, pero que tanto en el libro La Mentira Oficial como en otras publicaciones posteriores se supieron desenmascarar categóricamente. Vale consignar que no sólo la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación han ejecutado informes al efecto, sino que otras entidades (todas de extrema izquierda y por ende insospechadas de simpatizar con los militares) también efectuaron sus propios listados y de los mismos nos encontramos con un denominador común: ninguno de los listados publicados se acerca siquiera al 30% del fetiche numérico de los 30.000. En los años `80 la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía datos sobre 6000 desaparecidos. Amnistía Internacional por su parte sostenía que la cantidad no superaba los 4000. La OEA no reconocía más que 5000 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó recoger la cifra de 5.580. A estos datos deberíamos adicionar los revelados recientemente por la ex miembro de la CONADEP y madre de un terrorista desaparecido Graciela Fernández Meijide, quien tras confirmar que los desaparecidos fueron la quinta parte de lo que dice la propaganda hegemónica esta se preguntó: “¿Con qué derecho [se habla de 30.000 desaparecidos] ¿Porque es un símbolo? Están los mitos, pero quien hace historia tiene responsabilidad política. Debe decir la verdad”. Una fuente no menor para continuar probando la falsedad del mito de los 30.000 la constituye el REDEFA (Registro de Fallecidos de la ley 24.411). Allí se manejó no sólo el listado de desaparecidos sino además la nómina de los terroristas abatidos en combate por las fuerzas legales, cuyos familiares de los delincuentes accedieron a la desvergonzada indemnización estatal: hasta abril de 2010, el premio de marras fue otorgado a los herederos de 7.500 desaparecidos y guerrilleros muertos en combate. Empero, la cifra de 7.500 tampoco sería del todo acertada, ya que engloba tanto a desaparecidos como a muertos en combate, que claramente no son lo mismo. ¿Una discusión necesaria o improductiva? La discusión sobre si los desaparecidos fueron 30 mil o 6000 lejos de ser una polémica estéril nos parece esencial: afirmar la cifra primero supone que los militares salieron a “matar a cualquiera”. En cambio sostener lo segundo (que se acerca a la cifra verdadera) nos confirmaría que, salvo excepciones muy aisladas, durante la guerra antisubversiva los militares sólo se limitaron a matar a los integrantes de las estructuras terroristas, algo que además fue no pocas veces confesado por los propios integrantes de las organizaciones terroristas y sus aliados colaterales: “Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver pero la inmensa mayoría eran militantes y la inmensa mayoría eran montoneros . Yo sé como vivieron ellos. A mí me hubiera molestado muchísimo que mi muerte fuera utilizada en el sentido de que un pobrecito dirigente fue llevado a la muerte” confirmó ante el periodista español Jesús Quinteros Mario Firmennich, cabeza de Montoneros (reportaje publicado el 17 de marzo de 1.991 en el diario Página/12). En cuanto al margen de error que eventualmente pudo haber existido (propio e inherente a toda guerra), advertimos que si bien es imposible suponer que en diez años de guerra civil no haya existido tal cosa, queda claro que los mismos fueron sumamente exiguos, meramente aislados y muy inferiores a los guarismos normalmente existentes en guerras tanto civiles como tradicionales. ¿Qué el método empleado fue “cruel”?. Esa es una discusión aparte, en la cual los buenistas van a decir que se debió proceder de otro modo y en cambio los realistas, dirán que no había otras alternativas al respecto. Pero polémicas colaterales al margen, lo objetivamente cierto es que Darío Lopérfido sólo dijo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y justamente por aferrarse a ella fue amonestado de un cargo que, haya sido ejercido con idoneidad o no, fue expulsado por no sumarse a la mentira impuesta por el establishment derechohumanista ¿No es hora de que el nuevo gobierno deje de temerle al catecismo fabricado por los amigos de los guerrilleros y empiece a defender a sus funcionarios toda vez que éstos osen contradecir la farsa historietística del pasado?. ¿No se había prometido acabar con el “curro de los derechos humanos”?. Interesa la pregunta por qué el mentado “curro” no sólo consiste en robar (tal como Hebe de Bonafano nos puede dar testimonio) sino también en mentir, y no sumarse a la mentira no puede ser motivo alguno para expulsar a un funcionario de su cargo sino todo lo contrario: habría que expulsar a todo aquel que mienta, o sea que en el tema que nos ocupa habría que destituir a todo aquel que afirme que hubo 30 mil desaparecidos. Finalmente, incurriríamos en un acto de injusticia si más allá de las diferencias aclaradas “ut supra” respecto de Lopérfido, no culmináramos estas líneas manifestando no sólo nuestra solidaridad para con él (dada la injusta situación que acaba de padecer), sino nuestro reconocimiento por no haberse sometido a la comodidad de repetir acríticamente el relato de la corporación de progresistas mentirosos que no sólo nos quiere imponer un pasado ficcionario sino que encima pretende condicionar el presente. Nicolás Márquez

¿En los 70 hubo una guerra?

Vuelve el debate sobre los 70, en realidad, nunca se fue: sencillamente, el cambio de gobierno ahora anima a nuevas voces a discrepar respecto de la “historia oficial” que construyó el kirchnerismo como parte de su relato político. Algunos son —o fueron— miembros del partido gobernante, Lopérfido primero, Gómez Centurión después. Muy bien no les fue: cuestionar dogmas jamás ha sido cosa simple. Y mucho menos si el cuestionamiento proviene de hombres del Estado: he aquí la novedad del caso. Al margen del trasfondo político y la suerte de los detractores del historietismo setentista, la sociedad parece estar interesada en rediscutir algunas cuestiones sobre los años 70 que empiezan a plasmarse con fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación, una de ellas es: ¿vivimos los argentinos una guerra en la década del 70? Se discutió tal tópico precisamente en la pantalla del programa Intratables, el Dr. Ricardo Gil Lavedra contestaba la pregunta con una determinante negativa, alegando que “no hubo guerra porque no se cumplieron las normas de la guerra”. Llama la atención la debilidad del argumento: de estar la guerra definida por la contemplación del derecho previsto para los conflictos armados, entonces no podríamos calificar como “guerra” ningún episodio de la historia humana. ¿En qué guerra se han respetado a rajatabla tales normativas? Pero llama también la atención el cinismo del caso, en la medida en que Gil Lavedra integró el tribunal del histórico Juicio a las Juntas Militares en 1985, en cuya sentencia se concluyó que en la Argentina de los ’70 “el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria (…) no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra” y que “debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado”. Negarse a enmarcar el drama de los ’70 como una guerra tiene un propósito político evidente: ocultar responsabilidades históricas, en efecto, asumir la existencia de una guerra implica reparar en múltiples partes y, por lo tanto, en diversas responsabilidades. Nos obliga a preguntarnos también por los otros muertos y, naturalmente, por sus victimarios, esto colisiona con el hegemónico relato de “jóvenes idealistas” vs “genocidas”, que bien podríamos llamar “teoría del demonio único”: más reduccionista que su dual predecesora. La historia no se juzga con los parámetros del presente, y, es por ello que interesa determinar cómo vivió la sociedad de ese momento lo que estaba ocurriendo, nos concentremos en cuatro partes: la sociedad política, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y las organizaciones terroristas. Respecto de los primeros, en 1964 aparece por primera vez en el gobierno una referencia a la guerra: “Hay una guerra revolucionaria declarada” decía el canciller Zavala Ortiz. En 1973, el diputado Antonio Trócoli se refería al asesinato de Rucci como “parte de una guerra sorda, de una guerra subterránea”. El 26 de septiembre de 1974, el senador Leopoldo Bravo solicitaba desde su bancada “detener esto que constituye ya realmente una guerra civil”. El senador Culasso Mattei respaldaba: “la Argentina no soporta más esta guerra no declarada”. La visión del propio Perón había sido idéntica, cuando tiempo antes, desde Madrid, les escribiera a Montoneros que “han de comprender los que realizan la guerra revolucionaria que en esa guerra todo es lícito”. Los medios de comunicación lo interpretaban de idéntica manera, nada menos que el Buenos Aires Herald, el 12 de febrero de 1975, tras iniciarse el Operativo Independencia en Tucumán, informaba: “Este nuevo giro contra la guerrilla tiene apariencia inicial de una guerra abierta, algo que si dura llegar como un alivio”. Ese mismo año, la revista Cuestionario —dirigida a la sazón por Rodolfo Terragno— titulaba su tapa de diciembre “La guerra en el país”, mientras que el número del 25 de julio de ese año de la revista Gente publicaba un extenso editorial titulado “Para ganar esta guerra”. En el número del 16 de octubre se decía “Ahora todos saben que están metidos en esta guerra”. Tras el atentado montonero contra un regimiento formoseño el 5 de octubre de 1975, el diario La Opinión de Jacobo Timerman (padre del ex canciller K) lanzaba una editorial que concluía: “Si algo faltaba para corroborarlo, el ataque de Formosa lo ha demostrado: el país está en guerra; todo el país, a lo largo y a lo ancho de su territorio”. Vamos más adelante: Clarín del 16 de agosto de 1979 opinaba “que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social, son hechos unánimemente reconocidos”, mientras La Nación del 19 de septiembre de 1979 decía “la Argentina está en orden. Pero ese orden se ha pagado el alto, altísimo precio de una guerra”. Respecto de las Fuerzas Armadas, sus miembros reconocieron plenamente el estado de guerra fundamentalmente a través de los decretos de aniquilamiento, el primero de ellos firmado el 5 de febrero de 1975 por el gobierno constitucional de Isabel Perón: Decreto Secreto 261, ordenaba a las Fuerzas Armadas “aniquilar” a las organizaciones terroristas que actuaban en Tucumán. El segundo, del 8 de octubre del mismo año, Decreto 2.772, ordenaba el “aniquilamiento en todo el país”, es lógico que tales órdenes hayan sido interpretadas por los militares argentinos como virtuales declaraciones de guerra: aniquilar, después de todo, es sencillamente “reducir a la nada”, y adquiere un sentido bien concreto cuando se aplica como comando a las Fuerzas Armadas. Finalmente, para las organizaciones terroristas como Montoneros y ERP tampoco cabía duda que lo que estaban llevando adelante era una verdadera guerra, en el V Congreso del PRT-ERP por ejemplo, en 1970, se concluía que “en el proceso de guerra revolucionaria iniciado en nuestro país, nuestro partido ha comenzado a combatir con el objeto de desorganizar a las Fuerzas Armadas del régimen”. En el número de abril de 1971 de la revista Estrella Roja, del ERP, se leía: “El Ejército Revolucionario del Pueblo está combatiendo en forma organizada, asumiendo la responsabilidad militar en el proceso de guerra revolucionaria que ha comenzado a vivir nuestro pueblo”. En febrero de 1975, desde la revista El Combatiente, de la misma organización, el líder “erpiano” Santucho llamaba a la “generalización de una guerra civil (…) extendiendo la guerra a todo el país”. Montoneros, por su parte, en carta a Perón tras el asesinato de Aramburu, anotaban: “El único camino posible para que el pueblo tome el poder para instaurar el socialismo nacional es la guerra revolucionaria total”. Desde su revista Militancia, en el primer número de 1973, afirmaban: “Nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral”. En su otra revista, Evita Montonera, número correspondiente a septiembre de 1975, decían: “Esta guerra, como toda guerra, se rige por un principio básico y elemental: proteger las propias fuerzas y eliminar las del enemigo”. Los reportajes de la revista española Cambio 16 al Jefe del Ejército Montonero, Horacio Mendizabal, son llamativos: en 1977 esgrimía que “se realizaron más de 600 operaciones militares”; a mediados de 1978 declaraba que “la Junta Militar no ha ganado la guerra. Ha comenzado a perderla”, contaba que su “ejército” contaba por entonces con “4.000 granadas de mano, 1.500 granadas de fusil, elaboró 1.500 kilogramos de explosivos de potencia media y 850 de plástico C-2 de gran potencia. Además inventó un modelo de fusil lanzagranadas del que fabricó 250 ejemplares y posee, asimismo, un considerable arsenal de armas ligeras”. Finalmente concluía que “en sus próximas etapas de lucha y ya ahora, nuestro Ejército tiende a ir abandonando el uso de explosivos y a extender un tipo de guerra de infantería con armas ligeras, fusiles lanzagranadas y bazookas”. Estaba alardeando, en concreto, de los atentados con bazookas RPG-7 contra la Casa Rosada que hacía pocos días se habían perpetrado. ¿Hubo entonces una guerra en los años 70? Sus protagonistas, mientras los hechos transcurrían, así lo vivieron y así lo informaron. Los hechos, por su parte, lo confirmaron: se trató de una “guerra asimétrica” o “irregular”, caracterizada precisamente por la existencia de una parte débil que busca compensar su debilidad con arreglo a la irregularidad militar: terrorismo urbano y guerra de guerrillas, fundamentalmente. Y aceptar la realidad de la guerra, como dijimos, implica dejar atrás el relato de los “jóvenes idealistas” que el kirchnerismo impuso para ocultar la verdad sobre el terrorismo subversivo en la Argentina. Agustín Laje.