miércoles, 23 de mayo de 2012

Lo último sobre el fallo ZANOTTI

Lo último sobre fallo ZANOTTI. Estimados clientes: Informo que un grupo de Colegas que representan efectivos de FFAA y FFSS (entre los que estuvo presente mi socio de Bs As) producto de la audiencia solicitada al efecto tuvieron un encuentro con miembros de la CORTE SUPREMA. El resultado de la reunión arrojó resultado positivo, ya que la CSJN reconoció que el Fallo ZANOTTI no es lo suficientemente claro y deja lugar a muchas interpretaciones que perjudican considerablemente a los cuadros en cuanto a la forma de implementación de las liquidaciones, por lo que expresaron que en las próximas semanas saldría un nuevo Fallo que aclararía la situación planteada, con dicha aclaratoria beneficiaria la situación del personal en actividad fueron los mas perjudicados con el fallo ZANOTTI. Que va a pasar con las liquidaciones, aun no esta definido, lo mas probable es que quienes cobren Sentencia Definitivas y/o cautelares verán sus haberes disminuidos de alguna manera porque los números nunca llegan a lo que era antes. Los que aun no tienen haberes regularizados, verán las mejoras al ganar el juicio quienes lo hayan iniciados (salvo aumentos anuales fijados por el Estado, con el posible % 21 en 2 cuotas). Para el personal retirado el fallo es beneficioso, generando un incremento de entre un 40% y 50% sobre los haberes actuales sin blanqueos. Cuando el mencionado Fallo salga estaré aclarando como así también cuando las Contadurías definan la metodología definitiva de liquidaciones. Atte. Dr. Jorge MELGAREJO

martes, 15 de mayo de 2012

Publicado en La Nación

Domingo 13 de mayo de 2012 | Publicado en edición impresa Editorial I Valioso debate por la verdad completa y la concordia Reconocer los errores y crímenes cometidos por los sectores en lucha durante el Proceso contribuirá a superar odios y divisiones Convocados por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, participaron el lunes pasado de un panel seis personas con actuaciones antagónicas o diferentes, relacionadas con la violencia de la década del setenta. En la mesa se sentaron dos ex guerrilleros, uno del ERP, Jorge Masetti; otro de Montoneros, Luis Labraña; dos militares que participaron en la lucha antisubversiva, Emilio Nanni y Rodolfo Ritcher; una hija de desaparecidos, Eva Donda, y otra de un militar secuestrado durante el copamiento del cuartel de Azul y muerto por el ERP, Silvia Ibárzabal. El debate fue seguido por más de 600 asistentes en la sala Borges de la Feria del Libro. Hubo opinión coincidente entre los panelistas así como entre los asistentes de que el debate fue un aporte positivo al reconocimiento de la verdad, y de los errores y crímenes cometidos de ambos lados. Todos coincidieron en que así se contribuye a encontrar los espacios para la concordia y para superar odios y divisiones que atan a un pasado y que impiden el esfuerzo común que el futuro reclama. Los dos ex guerrilleros expresaron con franqueza que habían tomado las armas para matar o morir y que su objetivo era llevar la revolución al poder. Les era indistinto tanto enfrentar a un gobierno de facto como a uno constitucional. En su momento, ellos justificaron la violencia contra las personas y las instituciones en pos de instaurar una dictadura marxista en la Argentina. El modelo cubano estaba en la conducción y en el propósito de aquella lucha. De hecho, Masetti, hijo de un famoso guerrillero de los sesenta, había sido criado en Cuba y desde los servicios de inteligencia de Fidel Castro planificaba y daba apoyo a los movimientos guerrilleros latinoamericanos. Desde allí participó en el apoyo militar a la guerra angoleña y también desde allí fue enviado al ERP en la Argentina. Sus palabras no dejaron lugar a dudas del carácter de aquella guerra revolucionaria, con ejércitos organizados y apoyados desde el exterior que atacaron al Estado argentino. Los militares del panel mostraban sobre sus propios cuerpos el saldo de su participación en la lucha. En ambos casos fueron heridos en enfrentamientos abiertos, uno en la selva tucumana, el otro en la defensa de La Tablada. Por esos hechos deben enorgullecerse y así lo expresaron; no obstante, asumieron en sus reflexiones los crímenes de la guerra en el otro frente: el de la clandestinidad y el de las desapariciones. Así como el ejército argentino se enfrentó valientemente respetando las reglas de la guerra cuando el oponente tomó la forma de la guerrilla rural o atacó unidades militares, también se encontró con un conflicto diametralmente distinto frente al terrorismo urbano. Fue el desborde de las organizaciones armadas en este tipo de teatro de operaciones lo que llevó al extremo su desafío en contra del Estado y de la sociedad. Esto motivó en 1975 la convocatoria de un presidente constitucional a las Fuerzas Armadas para asumir la defensa que esa sociedad reclamaba. Pero el método elegido para responder a aquel clamor no fue el que correspondía. La represión fuera de la ley no puede justificarse alegando su legitimidad porque se actuó en defensa de las instituciones, ni por la efectividad y rapidez buscada en los resultados, ni por el carácter clandestino del atacante. Tampoco alcanza la excusa del antecedente fallido de la Cámara Federal en lo Penal, desmantelada por un gobierno constitucional asociado a la guerrilla y con el lamentable acompañamiento de buena parte de la clase política. La acción del Estado y sus fuerzas armadas nunca debió apartarse de la ley, o en su caso de los códigos de justicia militar. Las recientes revelaciones de Jorge Rafael Videla sobre la metodología aplicada y sus razones sólo dejan espacio para el más absoluto rechazo, aunque tal vez puedan contribuir a que toda la verdad emerja a la superficie y a partir de allí ambos bandos hagan reconocimiento pleno de sus culpas, y se avance hacia la concordia. Los militares participantes en el panel defendieron con fundamento la acción de las Fuerzas Armadas, aunque también reconocieron los errores cometidos y se lamentaron por ellos. Quedó claro para todos los panelistas que no cabe la aplicación de la justicia a sólo uno de los bandos de aquella guerra. Se dijo que esto suena a venganza más que a justicia y que de esta destructiva confrontación no se sale con una justicia asimétrica, apoyada en la declaración de imprescriptibilidad y de lesa humanidad sólo para los crímenes de la represión. Las exposiciones de Masetti y de Labraña dejaron en claro el carácter internacional y organizado de las fuerzas irregulares atacantes a las que pertenecían. Esto deja fuera de toda duda, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, que les alcanza también la tipificación de crímenes de lesa humanidad. Las alternativas hacia adelante son: darle la simetría faltante a la persecución judicial extendiéndola a los ex guerrilleros y de esa forma seguir revisando el pasado, o superarlo y mirar hacia adelante. El camino sugerido por los panelistas fue el de la superación. Las palabras finales de Labraña fueron: "O trabajamos todos juntos o desaparecemos como sociedad".. -- Donde no hay justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría. (Quevedo)

miércoles, 9 de mayo de 2012

Malestar militar

partir de un fallo de la Corte Suprema, el personal militar y de las fuerzas de seguridad podría tener que devolver parte de los aumentos salariales cobrados en los últimos siete años, al disponer el tribunal que se modifique el cálculo de las actualizaciones de los haberes en el ámbito castrense. La resolución judicial, que afecta principalmente a los oficiales y suboficiales retirados, no fue todavía aplicada, pero ya comenzó a generar malestar e incertidumbre. Desde 2005, los aumentos otorgados al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad se aplicaron como "suplementos no remunerativos ni bonificables", a través de distintos plus por vivienda, vestimenta y estudio, entre otros conceptos, que no se computan en el cálculo de los haberes del personal retirado. Fuentes castrenses revelaron que esos suplementos no remunerativos constituyen hoy casi el 70% del sueldo de los 73.000 militares en actividad, lo que amplía la distancia salarial respecto del personal retirado (unos 50.000), cuyos haberes representan el 38% de los que están en servicio. Un general de división, por ejemplo, cobra $ 22.000 en actividad y pasa a recibir $ 8000 al jubilarse. MALESTAR MILITAR Ello provocó en los últimos años una avalancha de juicios, por parte de militares y oficiales de seguridad que lograron medidas cautelares favorables para que se les reconozcan los conceptos no abonados. "Los amparos y las recomposiciones salariales dispuestas en sede judicial produjeron un desequilibrio gigantesco en la escala de remuneraciones, con oficiales que multiplicaron sus haberes en forma desproporcionada", explicó ayer a La Nacion un vocero de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que recurrió a la Corte "para evitar que siguieran extendiéndose las medidas cautelares sin resolver la cuestión de fondo". Ahora, al pronunciarse en el caso Zanotti, la Corte dispuso que los aumentos "deben calcularse no sobre el sueldo bruto, sino sobre el haber mensual", que no incluye ni adicionales ni antigüedad. Y afirmó que no corresponde aplicar el cálculo sobre el aumento acumulado de cada año, sino sobre el sueldo de 2005, para "evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados". El tribunal revirtió, de ese modo, un criterio que la propia Corte había establecido en marzo de 2011, en la causa Salas. Cerca de Garré celebraron el fallo, al señalar que "la política salarial del Estado no puede ser fijada por los jueces". Y revelaron que muchos agentes y oficiales "van a tener que devolver parte de los aumentos que habían recibido". "El fallo aumenta la sensación de desamparo entre los uniformados", replicaron en el ámbito castrense, donde se lamentaba "la falta de reacción de los altos mandos". Mientras la fórmula aplicada en el caso Salas permitía un ajuste cercano al 100%, la fórmula del caso Zanotti reduce el aumento a casi un 40 por ciento. En las fuerzas sostienen que los más perjudicados son los efectivos de grados más bajos, pero el problema se extiende a todas las escalas salariales. Con la colaboración de Adrián Ventura .

viernes, 4 de mayo de 2012

Palabras del Dip LUIS BUSSI en la Cámara

El Líder de la Oposición al kirchnerismo Tucumano, brindó una exposición que desató ocho horas de debate y polémicas en el Congreso de la Provincia. Sres. Diputados: Una vez más, nos toca hacer mención al 24 de marzo de 1976, fecha en la que se llevó adelante el último golpe de estado. Llego a este recinto imbuido del mayor de los respetos por el dolor de quienes todavía sufren la pérdida de un ser querido, sea este familiar directo, correligionario o compañero. El dolor, dolor es, … y no reconoce ideologías ni mezquindades de ninguna especie. Yo mismo siento el dolor por la pérdida de un ser querido, mi padre se fue definitivamente hace 4 meses y no se cuándo voy a dejar de llorarlo y extrañarlo. El dolor es desgarrador, angustiante y movilizante, por eso no puedo menos que solidarizarme con todos lo que aún lo sienten producto de la barbarie, los atropellos y la incultura en que llevaron al país quienes tenían la responsabilidad de conducirlo en la década del 70. Dicho esto, Sr. Presidente, déjeme reclamarle a la Cámara que no tome un capítulo de nuestra historia, como si fuera una porción de torta que se la puede extraer de su conjunto, … La historia, Sr. Presidente, no puede ser juzgada de manera parcial, antojadiza y arbitraria, ni sus sucesos pueden ser descontextualizados como acá se pretende. Para juzgar hechos del pasado, tenemos que remitirnos necesariamente a las vivencias de entonces, recabando información acerca de lo que sostenían y defendían sus protagonistas, sus actores, y los medios de comunicación del momento. Hay que analizar la historia con la lógica de aquel momento. Lo contrario es intentar reescribir los sucesos del pasado de acuerdo a intereses coyunturales, y eso, no ayuda a comprender el drama de los argentinos. Si sacamos un pedazo de nuestra historia descontextualizándola y trayéndola al presente para juzgarla con nuestros valores actuales, no estaremos analizando la historia, sino buscando justificativos que permitan explicar posiciones políticas actuales. Porque con ese criterio corremos el riesgo de condenar todo el accionar humano anterior a nosotros, porque los que nos han precedido no tenían nuestros valores, nuestras convicciones, y nuestros intereses, entonces resulta que los de antes serán adúlteros, violadores y asesinos, … o podríamos juzgar a Juan Manuel de Rosas como un verdadero asesino porque fusilaba a los unitarios, y esto Sr. Presidente es un gran barbarazo. La historia es una ciencia que estudia fenómenos del hombre concatenados, engarzados entre si, es irracional pretender juzgar un capitulo de nuestra historia desprovisto de los valores y las necesidades del momento como si se tratara de una experiencia de laboratorio. Siguiendo con esta línea, permítaseme señalar lo que ocurría en la Argentina en la última parte del siglo pasado: El primer grupo subversivo que apareció en la Argentina fue LOS UTURUNCOS, en el 59, y luego el EJERCITO GUERRILLERO DEL PUEBLO en el 64, unos combatían a Frondizi, y los otros al gobierno del presidente Illia. Ya en el año 68 apareció el EJERCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO, y más tarde las FAP, FAL y MONTONEROS. Según el historiador y ex guerrillero Pablo Pozzi, en los años 70, en la Argentina actuaban 17 grupos guerrilleros, pero los que alcanzaron alcance nacional fueron sólo 5: FAP, FAL, FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS, ERP Y MONTONEROS. El 11 de Marzo de 1973, gana las elecciones el FREJULI CON LA FÓRMULA Cámpora-Solano Lima , el primero de ellos fuertemente cercado por el “entrìsmo” de Montoneros. La nueva gestión asumió el 25 de mayo de ese mismo año, y la presión de los grupos armados le arrancaron al presidente un decreto de indulto por el cual 2.000 guerrilleros que habían sido juzgados y condenados por la Cámara Federal Penal , serian liberados en todo el país.   Al día siguiente, una ley del nuevo Congreso declaraba la amnistía por los delitos cometidos por grupos guerrilleros, disolviendo la Cámara Federal Penal. Me refiero a las leyes 20.509 y 20.510 que entre otras cosas hicieron excarcelables los delitos de tenencia de armas de guerra, falsificación de documentos de identidad, amenazas extorsivas entre otras actividades propias de la actividad guerrillera. Perón, entre tanto, veía con suma desconfianza el paso del nuevo gobierno constitucional, y anticipaba una guerra interna del propio peronismo, entre los sectores más conservadores y los llamados “entristas”. Dicho conflicto terminó por desatarse en ocasión de un acto verdaderamente multitudinario del 20 de Junio del 73, donde cerca de 2.000.000 de personas fueron a esperar al Gral. Perón a Ezeiza. La pelea por la proximidad al palco desató una balacera impresionante que dejó centenares de heridos y muertos. La consecuencia institucional de aquella matanza fue el inmediato desplazamiento de Cámpora, cuyo mandato duró solamente 49 días. Asumió la presidencia el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Raúl Lastiri, quien llamó a elecciones de inmediato y Perón, acompañado por María Estela Martínez de Perón, ganó cómodamente con el 61 % de los sufragios. Apenas dos días después de los festejos cae asesinado por Montoneros, el Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci, amigo de Perón Dicho asesinato decidió al ahora Presidente Perón a combatir frontalmente a la guerrilla y a depurar el movimiento por él fundado del “entrìsmo” marxista. Me permito en este espacio, leer una declaración que muchos recordarán del propio Perón: “NINGUNA SIMULACIÓN O ENCUBRIMIENTO, POR INGENIOSO QUE SEA, PODRÁ ENGAÑARME. POR ESO, DESEO ADVERTIR A LOS QUE TRATAN DE INFILTRARSE QUE, POR ESE CAMINO VAN MAL… A LOS ENEMIGOS EMBOZADOS, ENCUBIERTOS O DISIMULADOS, LES ACONSEJO QUE CESEN DE SUS INTENTOS, QUE CUANDO LOS PUEBLOS AGOTAN SU PACIENCIA, SUELEN HACER TRONAR EL ESCARMIENTO”. Con esta clara y precisa declaración, Perón marcaba su diferencia con Cámpora … no permitiría que grupos de izquierda se infiltren en las estructuras del PJ y del Gobierno. Mientras tanto el ERP atacaba discrecionalmente cuarteles militares, y entraba al monte tucumano. En tales circunstancias, y con el auspicio del gobierno peronista, nace la TRIPLE A ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTINA, que no era otra cosa que una organización violenta compuesta por peronistas ortodoxos, que tenían por misión enfrentar de manera irregular a la guerrilla marxista, principalmente a los infiltrados en el peronismo. Perón, les declaraba la guerra a los Montoneros, y el momento de mayor tensión se vivió el 1 de Mayo del 74, en un acto multitudinario en Plaza de Mayo con motivo del día del trabajador, donde Montoneros a voz en cuello reclamaba a Perón: “VEA VEA VEA, QUE MANGA DE BOLUDOS, VOTAMOS UNA MUERTA, UNA PUTA Y UN CORNUDO”, y “QUE PASA, QUE PASA GENERAL, QUE ESTÁ LLENO DE GORILAS EL GOBIERNO POPULAR”, a lo que Perón respondió desde su balcón: NO ME EQUIVOQUE NI EN LA APRECIACION DE LOS DIAS QUE VENDRIAN, NI EN LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÒN SINDICAL QUE SE MANTUVO A TRAVÉS DE 20 AÑOS, PESE A ESTOS ESTÚPIDOS QUE GRITAN … HOY RESULTA QUE ALGUNOS IMBERBES PRETENDEN TENER MAS MÉRITO QUE LOS QUE LUCHARON DURANTE 20 AÑOS”. Los Montoneros se fueron de la plaza, y la relación que había sido alimentada por unos y otros, pasó a ser historia. Con la guerra interna desarrollándose a todo vapor, el 1 de julio de 1974 muere Perón y lo sucede su esposa, Isabelita, asesorada principalmente por LÓPEZ REGA, mentor e ideólogo de la TRIPLE A. La situación del país no podía ser peor. En Marzo del 75 Santucho y el ERP, ya había echado las bases en el monte tucumano. El gobierno intentó reaccionar enviando 500 efectivos policiales ametralladora en mano a desactivar la guerrilla, pero el esfuerzo fue en vano. Según el diario LA OPINION conducido por Jacobo Timermann, padre de nuestro actual canciller, “PARA EL MES DE AGOSTO DEL 75, EN EL PAÍS OCURRÍA UNA MUERTE POR RAZONES POLITICAS CADA 48 HS, MIENTRAS QUE, EN OCTUBRE DEL MISMO AÑO SUCEDÌA LO MÌSMO, PERO CADA 19 HS”. Pero el gobierno todavía podía reaccionar. Así fue que en febrero del 75 ordena a las FFAA a través del decreto secreto 261 a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. Dicho documento fue firmado por la presidente Isabel y la totalidad de sus ministros. Había nacido el OPERATIVO INDEPENDENCIA. La argentina vivía momentos de zozobra, el temor y la inseguridad eran asuntos cotidianos: … tanto es así que en Junio del 75, los medios informaban que desde el advenimiento de la democracia el 25 de mayo del 73, hasta ese momento, se habían producido 5.097 hechos terroristas”. Para peor, en ese mismo mes estalló lo que se conoció como el Rodrigazo, que no fue otra cosa que una revuelta popular como reacción al aumento masivo de precios de los bienes y servicios, donde sin lugar a dudas actuaron grupos revolucionarios infiltrados entre el estudiantado cordobés. Los terroristas sintieron estar más cerca que nunca del poder, e intensificaron su accionar, y MONTONEROS, emulando al ERP, inició actividades de guerrilla rural, pero en lugar de Tucumán, fue Formosa la provincia elegida. El gobierno por fin entendió que ya no alcanzaba con la TRIPLE A , ni con los policías, ni siquiera con el Ejército en Tucumán, había que declarar la guerra en la totalidad del territorio Argentino, así fue como apareció un segundo decreto, esta vez firmado por Luder, Ruckauf y Cafiero, en ejercicio de la presidencia de la Nación, porque Isabel estaba de licencia por estrés, apareció el decreto 2772 que establecía: “las FFAA, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país”. Cabe mencionar que en la guerra desatada entre la TRIPLE A y las organizaciones subversivas, la técnica de desaparición de personas era moneda común. Ahora, yo me pregunto, ¿podemos hoy incurrir en el facilismo demagógico de tomar esta fecha con liviandad e irresponsabilidad, usando el aniversario presente para demonizar eternamente a las Fuerzas Armadas, mientras minimizamos u ocultamos lo que significó la barbarie del terrorismo subversivo, olvidando lo que fue la Triple A y omitiendo cualquier autocrítica en torno al papel de los partidos políticos tradicionales?. La fecha que hoy nos convoca resulta emblemática, dado que por entonces la Argentina era un escenario de violencia extrema, puesto que, según datos textuales arrojados por el Tribunal presidido por León Arslanián en los considerandos de la Causa 13 que juzgó a la Junta Militar en 1985, el país vivía una “guerra interna y revolucionaria” desatada por el terrorismo del ERP y Montoneros (que contaban con 25 mil integrantes según la sentencia), en cuyo actuar sendas bandas cometieron entre 1969 y 1979, 21.665 atentados, entre los que se contabilizan 1.748 secuestros, 1.501 homicidios y 5.052 colocaciones de explosivos entre otras felonías.   Antes de la fecha que hoy evocamos, vale subrayar que el país estaba siendo gobernado por el Partido Justicialista, a la sazón comandado por Isabel Perón, Celestino Rodrigo y López Rega entre otros personajes de triste memoria. El desconcierto económico y el inmanejable accionar del terrorismo acechaban al país ante un Estado ineficiente e indefenso. La organización peronista Triple A, la organización peronista, Montoneros y la banda marxista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) ya se habían cobrado las vidas de cerca de 2.000 compatriotas inocentes durante el lapso democrático obrante entre mayo de 1973 y marzo de 1976. ¿Cuál fue la respuesta de la clase política y la sociedad civil al respecto? No otra que incentivar a los militares a que tomen el poder del Estado. Sé que esto que estoy diciendo es incómodo para muchos de mis colegas, dado que sus respectivos partidos no sólo fogonearon la rebelión militar sino que colaboraron y cogobernaron en lo que luego dio en llamarse el Proceso de Reorganización Nacional. Vamos por partes: El radicalismo, por entonces llevaba a cabo denodados esfuerzos para derrocar a Isabel, y el 27 de febrero, el Comité Nacional de la U.C.R publicó la siguiente solicitada en el diario La Opinión: “El país vive una grave emergencia nacional. Advertimos hoy, ante la evidente ineptitud del Poder Ejecutivo para gobernar. Toda la Nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite”. Nótese en el comunicado la nada sutil queja radical por la “incomprensible dilación” de la continuidad en el gobierno de Isabelita. Dos semanas antes del 24 de marzo, la clase política expresamente se declaraba incompetente e imposibilitada en forma total para dar respuesta al caos terrorista e institucional. En las Sesiones legislativas del 10 de marzo, se emitían las siguientes declaraciones: Senador Angeloz: Debo confesar que en el día de hoy he golpeado todas las puertas: la del señor Ministro del Interior, la de la Policía Federal , la de algunos hombres del Ejército. Y el silencio es toda la respuesta que he encontrado [...] desde esta banca aparezco impotente para proteger la vida de los habitantes. Los senadores de la Nación tenemos las manos atadas y no encontramos solución para asegurarles la vida Senador De la Rúa: El señor senador ha aludido a la perspectiva de guerra civil. Diría señor Presidente que estamos al borde de un abismo (…) mueren policías a diario. Caen soldados. La violencia y la inseguridad están en la calle¨; Senador Oscar Allende:En mi ciudad (Córdoba) hay miedo. Las calles al atardecer comienzan a estar desiertas. Senador Bravo: en nuestro país hay un vacío de poder y no hay conducción de gobierno (…) este gobierno está en una pendiente inclinada y viene cayendo. Si no lo recogemos entre todos y ponemos orden, alguien va a tomar la conducción del país. Ningún país queda un día sin gobierno Declaración del Partido Comunista del el 12 de marzo “reiteramos nuestra propuesta de formar un gabinete cívico-militar”. Ricardo Balbín, presidente de la UCR, el 16 de marzo declaró: “traigo nada más que una invitación. Conozco todos los rumores. Sé todas las inquietudes. Se conjugan los movimientos de las Fuerzas Armadas Argentinas, las que soportaron todo. Las que enterraban a sus muertos y hablaban de las instituciones del país” Entre los crímenes masivos y la acefalía virtual, los días 17 y 18 de marzo (una semana antes del 24) los legisladores reconocían y ratificaban nuevamente la total incapacidad de resolución de ellos mismos. Para no aburrir y abrumar con datos redundantes, transcribiremos solamente unos párrafos que daban cuenta del desbarajuste: el Presidente de la Cámara de Diputados Sánchez Toranzo (peronista) afirmó: “Doloroso es el precio que pagan los hombres de armas, en el cumplimiento de los deberes que la hora les impuso. Que este sacrificio no sea en vano por la renuencia de la civilidad”;   Senador Brizuela: “Se matan militares, policías, gendarmes y civiles. Se matan padres e hijos. Se mata a familias enteras mientras las FF.AA. atacadas arteramente llevan adelante una campaña de lucha total (17/03/76)”;   Diputado Moyano: ¨No es posible que el aparato estatal de Seguridad no haya descubierto los centenares, miles, innumerables casos de violencia subversiva [...] es así imputarle al Poder Ejecutivo en los dos años y medio últimos, ineficiencia, ineptitud e incapacidad para esclarecer la verdad de los hechos de la violencia subversiva”;   La Diputada camporista Nilda Garré por entonces lamentaba: “Las cotidianas desapariciones y tantos otros hechos similares vienen formando un siniestro rosario de crímenes miserables que se suceden sin que un solo culpable sea identificado”, la misma diputada proseguía reconociendo la total incapacidad para solucionar (según sus textuales palabras) “esta guerra boba en la que todos parecemos atrapados, impotentes y atados de pies y manos”;   El Senador radical Eduardo Angeloz, con esa imprecisión propia de la idiosincrasia de su partido expresó: “Alguien tiene que dar la orden…alguien tiene que decir basta de sangre en la República Argentina ”;   El Diputado peronista Alberto Stecco solicitando mano dura con desesperación, manifestó: “Pero que no ocurra, cuando llegue la hora de apretar para asegurar la vida de los ciudadanos, que les tiemble la mano”;   Ante el caos, quién si llevó adelante una acción concreta, fue el Diputado peronista Luis Sobrino Aranda, quien ese mismo 17 de marzo se escapó de la situación renunciando a su banca y declaró: “El proceso político argentino está agotado”   Pero en ese histórico debate, la expresión más clara y sintética de lo que sucedía y de lo que la clase política podía dar, la manifestó el Diputado radical Molinari Romero:   “¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta”.   Por esas horas no había nadie en el gobierno que se hiciera cargo de nada, a los peronistas y opositores el poder les quemaba entre las manos y era mucho más fuerte el ánimo de fugarse que de solucionar el inmanejable drama. Tal es así que por esas horas el iconográfico lider de la C.G.T, el dirigente peronista Casildo Herrera se escapó al Uruguay y desde Montevideo hizo pública su rememorada frase: ¨yo me borro¨.   Estaba visto que el oficialismo, en lugar de dar respuestas, tenía ganas de “borrarse”. En una República normal, la expectativa de una solución debería depositarse en la oposición. Pero en Argentina, el líder máximo opositor, el Dr. Ricardo Balbín, Presidente de la U.C.R, 48 horas antes del 24 de marzo afirmó públicamente: ¨Hay soluciones, pero yo no las tengo¨.   ¿Había chances de una salida política?, si la había la clase política la desestimó.   Nadie quería una salida política dado que ya habían pasado ininterrumpidamente por la Presidencia de la Nación cinco presidentes de ¨jure¨ distintos (Cámpora, Lastiri, Perón, Isabelita y tras su “licencia”, Luder), sin que ninguno pudiera efectuar siquiera una condena a ningún guerrillero. Por el contrario, fueron amnistiados en mayo de 1973 por irresponsabilidad de Cámpora, y los jueces que enjuiciaron a los terroristas que luego fueran indultados, padecieron persecuciones y asesinatos, como el Juez Quiroga, asesinado por la espalda.   Resulta que hoy, los que reivindican a Cámpora cuestionan a los militares por haber combatido a la guerrilla sin jueces y sin leyes, pero nada dicen acerca de que fue justamente Cámpora quien en mayo de 1973 derogó las leyes y las tres Cámaras Federales que fueron creadas en 1970 para juzgar con la ley y las instituciones al terrorismo.   ¿Cómo me explican esa contradicción?. Insisto Señores Diputados, al 24 de marzo no se llegó de la nada, sino por una serie de actos de notable irresponsabilidad política que no pueden soslayarse de la historia. Algunos además, con bastante desconocimiento de lo sucedido, apelan a un gastado fetiche, que dice que los militares intervinieron de gusto, dado que existía una cercanía con las elecciones (recordemos que ante el caos se había adelantado la fecha fijándose el mes de octubre de ese año). Seguidamente preguntamos:   ¿Quiénes eran los candidatos de los principales partidos?, ¿qué candidato tenía el P.J?, ¿qué candidato la U.C.R?, ¿quiénes estaban en campaña?, ¿en qué fechas se efectuaban las internas partidarias?, ¿dónde se inscribían los fiscales?, ¿qué días se reunía la Junta Electoral para organizar los comicios?, ¿a quién beneficiaban las encuestas?, ¿estaba confeccionado el padrón electoral?, ¿cuáles eran los afiches proselitistas? ¿dónde se efectuaban los actos partidarios?, ¿qué propuestas se esbozaban en las plataformas electorales?. Todas estas preguntas no tienen ninguna respuesta, porque no había candidatos, ni campaña, ni junta electoral ni nada de nada, y esta es otra prueba acabada de la ausencia total de interés y voluntad por parte de la clase política en proseguir por la vía institucional. Como vemos, los militares fueron un instrumento de la clase política, la cual le fue a golpear las puertas de los cuarteles para que ellos les saquen las “papas del fuego”, y una vez hecho esto, fue la misma clase política cuartelera la que al retomar al poder institucional, comenzó a enjuiciar y demonizar a quienes oportunamente llamaron con desesperación para entregarles en bandeja el poder del Estado. ¿No habrá algo de hipócrita en este tipo de celebraciones del calendario?   La realidad, es que en forma virtualmente unánime, oficialismo, oposición, ricos, pobres, izquierdas, centro y derechas querían una urgente intervención militar. Al respecto, es interesante mencionar lo que se preguntaba Oscar Camilión (futuro Ministro de Menem) en su libro “Memorias Políticas”:   “¿Por qué no se trabajó en la sucesión de Isabel? Yo creo que en un momento dado era imposible. Faltaba para terminar el mandato de Isabel un año y la situación económica se había hecho inmanejable. La experiencia de la hiperinflación en las condiciones internacionales sumadas al problema de la violencia terrorista hacían muy difícil la hipótesis de que pudiera mantenerse un año más.” (…), “lo único que dio estabilidad al último ciclo de Isabel, quiero decir, que demoró el golpe, era la renuencia militar. Es decir, los militares no querían hacerse cargo del gobierno.”   ¿Cuál fue el papel del terrorismo subversivo hasta el 23 de marzo?   Esta respuesta nos la concede el diario de Timerman, quien desde las páginas de La Opinión titulaba: “Una Argentina inerme ante la Matanza” (tapa – 23 de marzo de 1976) y repasando el accionar subversivo informaba: “El terrorismo ha causado 1358 muertes desde el 25 de mayo de 1973, así desglosadas: 66 militares, 136 miembros de las Policías provinciales, 34 de la Policía Federal , 677 civiles y 445 subversivos”. En cuanto a lo que Tucumán concierne, la periodista y ex miembro del ERP María Seoane confirma que el líder de su organización, Mario Roberto Santucho, en 1975 contaba con 500 combatientes sólo para instalarse en la selva. El 8 de enero, el diario La Opinión, bajo el título “Once meses de operaciones” informaba: “desde la iniciación del Operativo Independencia en la zona de Faimallá, el 9 de febrero de 1975, se produjeron alrededor de 500 enfrentamientos armados entre tropas del ejército y grupos subversivos”.   REPASEMOS ALGUNOS DIARIOS DE LOS DÍAS PREVIOS AL 24 DE MARZO:   El emblemático diario de los Timerman La Opinión, informaba: “Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres” (Tapa – 19 de marzo de 1976), “De jueves a jueves (entre el 11 y el 18 de marzo) 38 personas fueron asesinadas en todo el país sin que se produjera ninguna detención ni se diese cuenta de ninguna pista. En el mismo período, 51 bombas estallaron en diferentes sitios”. Respecto del grado de adhesión popular que tenía la posibilidad de un gobierno “cívico-militar”, el 20 de marzo el diario La Opinión informaba: “Prácticamente un noventa por ciento de los argentinos habla hoy de la proximidad de un Golpe de Estado”. Ese mismo día, el dirigente justicialista Jorge Antonio manifestó: “si las Fuerzas Armadas vienen para poner orden y estabilidad, bienvenidas sean”. Francisco “Paco” Manrique, Presidente del Partido Federal (por entonces la tercera fuerza electoral) afirmó: “Estamos asistiendo al sepelio de un gobierno muerto, al desalojo de una pandilla”. Los Diputados voluntariamente abandonaban sus puestos, y el 21 de marzo Clarín informaba: “Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias” y agregaba: “y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas”. El mismo día, el diario La Razón completaba: “Hay tranquila resignación en el Congreso frente a los inevitables acontecimientos que se avecinan”. También el 21 de marzo, el diario La Prensa detallaba en sus titulares: “Hubo 1358 muertos desde 1973 por acciones terroristas”. El diario La Nación, por su parte, informaba el 21 de marzo: “Doce personas asesinadas en el interior”.   Al día siguiente, el 22 de marzo, el Senador radical Fernando De la Rúa arremetió: “Es increíble que la Presidente, que proclama su afición a los látigos, ni siquiera desmienta que su ex ministro y principal consejero, López Rega, siga alojado en su quinta madrileña, convertida en aguantadero de un prófugo de la justicia”. El mismo día, procediendo de igual modo que los Diputados que se escapaban de sus funciones, el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el peronista José Embrioni presentó su renuncia.   Tapa de los diarios del 23 de marzo:   el diario LA RAZON titulaba: “Es Inminente el Final Todo Está Dicho”. Al mismo tiempo, el diario La Nación informaba: “Aguárdanse decisiones en un clima de tensión” y en otro pasaje agregaba: “Éxodo sindical ante hechos imprevisibles”; por su parte, el diario La Prensa titulaba: “Diez Extremistas Muertos en La Plata”.   Llegamos en este contexto al 24 de marzo y nos vemos obligados a hacer la siguiente pregunta:   ¿Ese día se quebró el Estado de Derecho en la Argentina?.   Antes del 24 de marzo, durante los tres años de gobierno peronista se padeció: 500 muertos por la AAA (conducida desde un Ministerio gubernamental), 1358 personas fueron asesinadas por la subversión (Montoneros y ERP), 6500 atentados subversivos sin condena se llevaron a cabo entre mayo del 73 y marzo del 76`, escandalosas cifras a las que cabe sumar 908 desaparecidos en democracia por responsabilidad del Estado peronista.   ¿Saben cuántas sentencias condenatorias hubo en ese lapso tanto a miembros de la AAA como de la subversión por tamaña masacre durante esos tres años?: NI UNA SOLA. Eso sí, Cámpora amnistió a más de 2000 terroristas en mayo de 1973.   ¿Puede decirse seriamente que antes de la fecha que hoy recordamos existía el Estado de derecho?. Y si el Estado de Derecho fue destruido desde antes: ¿porque no recordamos las fechas precedentes también?. Con este tipo de rememoriaciones que promueve el gobierno nacional en donde demoniza a unos y disculpa a otros: ¿estamos contribuyendo a la verdad histórica o a su deformación? Quizás es por todo lo señalado, que el mismo 24 de marzo, el diario vespertino La Tarde, dirigido por el actual Canciller de la República Héctor Timerman sin ocultar su alegría nos informaba: “Esta madrugada culminó la dramática crisis en que, ante el vacío de poder político, estaba sumida la Nación. Las FF.AA ., agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, asumieron la conducción del Estado”.   Como vemos, a diferencias de otros golpes ocurridos en la Argentina que fueron más bien de tipo sectorial (como el llevado a cabo por los conservadores en los años 30` o el protagonizado por Perón y todos los simpatizantes del Eje en 1943`), el del 24 de marzo de 1976, quiérase o no tuvo un consenso masivo en la dirigencia y la opinión pública sin mayores contrastes ni discriminaciones ideológicas.   Vayamos a cuentas:   Una vez ocurrido el golpe Ricardo Balbín afirmó: “nunca fue tan fácil como en este momento para las fuerzas armadas tomar la Casa de Gobierno: Porque no hay nadie en ella”.   El gobernador del Chaco y Vicepresidente Primero del Justicialismo, Felipe Bittel (compañero de fórmula de Luder en 1983) al enterarse del nuevo gobierno le gritó a Osvaldo Papaleo (Secretario de Prensa de la Presidencia): “Chau…papá, hasta mañana…Esto hay que festejarlo con champaña. Todo se ha disipado”.   Una de las voces más representativas de peronismo, Jorge Paladino (ex secretario general del P.J. y delegado personal de Juan Domingo Perón) describió la realidad manifestando: “las Fuerzas Armadas no hicieron más que aceptar un pedido general, tácito y/o expreso de la ciudadanía para encarar, con su intervención, una crisis de supervivencia de la Nación que las instituciones formales y las organizaciones civiles demostraron ser incapaces e impotentes de resolver”.   A partir del día siguiente de la destitución de Isabelita, se produjo una avalancha de apoyos provenientes de todos los sectores del periodismo gráfico, radial y televisivo:   El diario La Nación, el 25 de marzo de 1976 decía: ¨Lo que termina y lo que comienza. En la madrugada de ayer concluyó el desmoronamiento de un gobierno cuya única fortaleza consistía, en los últimos seis meses, en el empeño que para sostenerlo pusieron quienes no compartían sus propósitos. Nunca hubo en la Argentina un gobierno más sostenido por sus opositores [...] La crisis ha culminado. No hay sorpresa en la Nación ante la caída de un gobierno que estaba muerto mucho antes de su eliminación por vía de un cambio como el que se ha operado. En lugar de aquella sorpresa hay una enorme expectación. Hay un país que tiene valiosas reservas de confianza, pero también hay un terrorismo que acecha.”   Ese mismo día, el diario Clarín en su esperanzado editorial titulado “Un final inevitable”, afirmaba: “Se abre ahora una nueva etapa, con renacidas esperanzas”.   El 25, el diario La Prensa publicaba: “Orden, seguridad, confianza [...] En dos horas, sin el asomo de una sola falla, al cabo de una operación impecable, precisa, sin estridencias vanas y sin disparar un solo tiro, las Fuerzas Armadas de la Constitución pusieron término al desempeño ilegítimo del gobierno instaurado el 25 de mayo de 1973. Lo hicieron para salvar “un tremendo vacío de poder” [...] La revolución del 24 de marzo no sólo ha puesto fin a una época de ignominia y a un régimen corrupto y corruptor, sino que ha abierto el cauce por el cual podrá ir derramándose un nuevo modo del comportamiento colectivo” y respecto al clima social agregaba “Basta recorrer la ciudad, terciar en la conversación del grupo callejero, prestar oídos a la tertulia del café, de la sobremesa, anotar los comentarios en el ámbito del trabajo o de la familia, para percibir en todos una sensación de alivio”   El 27, el diario de izquierda La Opinión, en una nota firmada por Jacobo Timerman esgrimía: “Si los argentinos, como se advierte en todos los sectores – aun dentro del ex oficialismo-, agradecen al Gobierno Militar el haber puesto fin a un vasto caos que anunciaba la disolución del país, no menos cierto es que también le agradecen la sobriedad con que actúan”.   Como vemos, no había sector social ni ideológico que no avalara la intervención militar. Tanto es así, que hasta el mismísimo Partido Comunista emitió una extensa proclama de apoyo al “golpe” al día siguiente de producido el mismo que se titulaba:   ”Ayer, 24 de Marzo, las FF.AA. depusieron a la presidenta María E. Martínez, reemplazándola por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. No fue un suceso inesperado .La situación había llegado a un límite extremo que agravia a la Nación y compromete su futuro” [...]”La movilización de tropas del 24 de Marzo había sido precedida de una intensa campaña que reclamaba “rectificar el rumbo”. Efectivamente, era necesario y urgente cambiar el rumbo”[...]”En víspera de los dramáticos sucesos del 24, bandas fascistas impunes asolaron con sus crímenes el país. La muerte rondaba las calles y caminos, fabricas, universidades, hospitales; penetraba en la intimidad de los hogares. Nunca se había visto en nuestro país nada tan cruel.”[...]“Entre los objetivos expuestos por la Junta Militar está el de combatir la corrupción que pudre donde penetra; y en nuestro país ha penetrado hondo en ciertos medios” [...] ”También expuso su propósito de poner fin a la subversión…El P.C. considera auspicioso que la Junta Militar haya desechado una solución “Pinochetista”. Pero el apoyo de todos los sectores y partidos tradicionales al gobierno militar no se limita a lo declamativo sino a la colaboración activa. Al cumplirse tres años de gobierno del Presidente Videla, el día 25 de marzo de 1979, el diario La Nación publicaba la nómina de los 1697 intendentes en pleno ejercicio de sus funciones.   Solamente el 10% de los municipios eran comandados por miembros de las FF.AA., el 90% restante por civiles repartidos del siguiente modo:   El 38% de los intendentes estaba conformado por personalidades civiles de reconocida trayectoria en sus respectivas jurisdicciones y comunas, y el 52% restante era directamente comandado por los partidos políticos tradicionales. ¿Y quién encabezada la lista?, por supuesto que:   “ la Unión Cívica Radical con 310 Intendentes en el país, secundada por el PJ (partido presuntamente “derrocado” con 192 intendentes), en tercer lugar se encontraban los Demócratas. Progresistas con 109, el MID con 94, Fuerza Federalista Popular con 78, los Demócratas Cristianos con 16 y el izquierdista “Partido Intransigente” con 4” .   Sin duda alguna, en este cogobierno cívico-militar fue la U.C.R la más entusiasta colaboradora. Es llamativo el error que cometieron los militares al rodearse tanto de un partido caracterizado por la recurrente ineficacia en ejercicio del poder: el radical “Ricardo Yofre fue subsecretario general de la Presidencia […] el último embajador del “Proceso” en Washington fue el radical alfonsinista Lucio García del Solar” Además: ¨fueron designados embajadores: en Venezuela, el radical Héctor Hidalgo Solá; Rubén Blanco en el Vaticano; Tomás de Anchorena en Francia; el demócrata progresista Rafael Martinez Raymonda en Italia; el futuro Ministro peronista Oscar Camilión en Brasil (futuro Ministro de Menem), el demócrata mendocino Francisco Moyano en Colombia y el socialista Américo Ghioldi en Portugal¨. De igual modo se conservaron excelentes vínculos con los sectores sindicales del peronismo, y también con la Comisión Nacional del Trabajo, liderada por Jorge Triacca, quien junto al Ministro de Trabajo de Videla asistía a la Asamblea Anual de la O.I.T.   Todo este extenso comentario no lo hice para abrumar sino para esclarecer, no hay dato que no tenga la fuente correspondiente para quien lo quiera chequear o corroborar. Los años 70` fueron parte de un drama del que todos los sectores y actores sociales tuvieron alta responsabilidad, resulta fácil ahora cargar tintas y demonizar gratuitamente a los militares, pero yo acá no vine a tratar de vender memoria sino de hacer historia con los datos en la mano y teniendo en cuenta de que no se puede entender lo que ocurrió con explicaciones simplonas y maniqueas, sino que todos los tristes episodios vividos formaron parte del principio de acción y reacción.   Es decir:   1)    No hubiese habido represión de Estado si antes no hubiese habido agresión guerrillera, 2)    No hubiese habido represión ilegal si Cámpora no derogaba la legislación antisubversiva, ni la Cámara Federal ni amnistiaba a los terroristas en 1973. 3)    No hubiese habido Triple A sin la anuencia de Perón. 4)    No hubiese habido desaparecidos sin la anuencia de Isabel 5)    no hubiese habido golpe militar sin el apoyo de la civilidad ni la dirigencia política.   Hagamos hoy no el día de la hipocresía y la demagogia, sino un día para que cada sector asuma la responsabilidad que le toca, efectuando una autocrítica integral sin incurrir en demonizaciones facilistas. Sólo contando las cosas como son y distribuyendo las responsabilidades de modo justo y desapasionado podremos aprovechar un 24 de marzo para crecer como sociedad, y no usar esta fecha para adelante propaganda demagógica y aprovecharla como feriado ocioso tal como el gobierno la proclamó en los nuevos calendarios.   Cerraré mi exposición citando a un escritor emblemático para el tema que hoy nos ocupa, Ernesto Sábato, y digo emblemático porque Sábato fue nada más y nada menos que presidente de la Conadep, alfonsinista y redactor del promocionado best seller financiado por el Estado, llamado “Nunca Más”, el cual hoy se usa como lema y bandera. ¿Qué decía el “alma mater” de este libro y este slogan en 1978 respecto del 24 de marzo?:   “La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. Desgraciadamente ocurrió que el desorden general, el crimen y el desastre eran tan grandes que los nuevos mandatarios no alcanzaban ya a superarlos con los medios de un estado de derecho…los extremistas de izquierda habían llevado a cabo los más infames secuestros y los crímenes monstruosos más repugnantes” y haciendo un balance de la gestión en curso de Videla, remató: “Sin duda alguna, en los últimos meses, muchas cosas han mejorado en nuestro país; las bandas terroristas han sido puestas en gran parte bajo control. La democracia tiene que aprender su lección de la historia y debe saber que con los viejos métodos liberales heredados de tiempos menos problemáticos, no se pueden dominar los delirios del presente”. Esto decía en 1978 el redactor del libro Nunca Más y Presidente de la Conadep en una revista alemana llamada GEO, y fueron reproducidas en el libro de Juan Josè Sebreli llamado “CRITICA A LAS IDEAS POLITICAS ARGENTINAS”, publicado en el 2003 por la editorial Sudamericana. Y ¿resulta que ahora desde el oficialismo kirchnerista nos piden que tengamos memoria?.   Fue una época de sangre y fuego, en donde todos los sectores padecieron amigos o familiares muertos, desaparecidos o afectados por la violencia multilateral. Lo cual es lamentable y hay que guardar respeto para todos quienes padecieron estos episodios. Sin embargo, vale subrayar que no todos sufrieron tanto sino que algunos sacaron provecho de esas circunstancias, tal el caso del matrimonio Kirchner, que entre 1977 y 1982 compraron 22 propiedades en Santa Cruz, gracias a la Circular 1050 de Martínez de Hoz. Esto también hay que traerlo a la memoria, para que nos sean los vivos, los usureros o los oportunistas los que nos impongan los feriados, los relatos, los ángeles, los demonios y los slogans maniqueos.   Muchas gracias ------ Fin del mensaje reenviado

miércoles, 2 de mayo de 2012

Informe de interés del Estudio VILLEGAS

Información de interés general estudio VILLEGAS Ante las numerosas consultas que se han recibido, como consecuencia del reciente fallo “ZANOTTI” de la Corte Suprema, deseo hacer llegar unas primeras reflexiones a mis clientes. Considero en primer lugar, que el error de la Corte fue haber dictado sentencia estableciendo que al personal militar en actividad también se le aplicara el fallo “SALAS”, cuando la problemática era distinta, atento que el militar en retiro tiene solo dos suplementos y el personal en actividad nunca menos de cinco. Cuando el Gobierno empezó a recibir las primeras liquidaciones, no queriendo abonar los montos que surgían de las mismas, elaboró “directivas” para reducir los guarismos, con resoluciones totalmente arbitrarias, pero lamentablemente, esos criterios fueron recepcionados por la Corte Suprema. A mi entender la presión sobre los miembros de la misma es evidente. . Los mas perjudicados con este fallo son: el personal militar en actividad, que en muchos casos no percibirán aumento alguno, y aquellos que obtuvieron medidas cautelares, porque la mayoría de ellos deberán devolver partes sustanciales de los montos percibidos. Les recuerdo que en su momento, ante numerosas consultas indiqué con relación las medidas cautelares, entre otras cosas, la posibilidad latente de tener que devolver dinero si la Corte fallaba distinto. Tenemos como antecedente las liquidaciones por las demandas de “Códigos”, donde el fallo “FRANCO” señaló que las sumas reclamadas debían ir 100% a Sueldo, y luego la Corte en el fallo “FREITAS” redujo el monto a solo un 40% a Sueldo. Aquí también, a mi entender, hubo presión del Poder Ejecutivo. Por eso, no me extrañó el fallo “ZANOTTI”. Tenía la certeza que el Gobierno no iba a permitir que el haber del personal militar en actividad se triplicara o cuadruplicara, teniendo que abonar grandes sumas en concepto de retroactivos. Y menos lo iba a permitir con relación al personal militar en retiro. En un Gobierno del porte ideológico como el presente, se torna impensable, entre otras cosas, que el mismo aceptara que un militar en actividad cobre igual que un Juez de la Nación. Han empezado a circular ofrecimientos de abogados que proponen ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual exigen un poder y una suma determinada de dinero. Debe tomarse esta decisión con mucha meditación. Considero, en primer lugar, que deberían hacerla miles de militares, en lo posible en actividad. Unos pocos no tendrían éxito. En segundo lugar, se debe buscar un Estudio Jurídico especialista en derecho internacional y en este tipo de denuncias, y por supuesto, concordar los honorarios, que son altos. Dicho Estudio Jurídico, deberá también trabajar en coordinación con abogados especialistas en Derecho Militar. En tercer lugar, la denuncia debe estar muy bien argumentada. La simple invocación que la Corte varió de criterio no abre las puertas de la Comisión Interamericana. La violación a los derechos patrimoniales de los militares comenzó hace mucho, cuando se los “desenganchó” de los haberes de los Jueces. Luego, se retiró dinero de la Caja del IAF, para finalmente intervenirlo y pasar a estar manejado por civiles. Siguió en perjuicio de los retirados cuando en el año 1985 se dictó el Dto. 1897/85. Mas tarde continuó con el dictado de distintos decretos, que dieron lugar a varios pronunciamientos de la Corte Suprema hasta arribar al citado fallo “FRANCO”. Pero nuevamente se violaron los derechos de los militares cuando se redujeron el monto de lo otorgado en un 60% en el posterior fallo “FREITAS”. En ninguna de esas ocasiones, ni institucionalmente, ni personalmente, se acudió a organismos internacionales. Por eso ahora, se debería ir, si se aspira a tener éxito, o al menos ser escuchado, con muy buenos y elaborados argumentos. No obstante, no debe perderse de vista el incumplimiento de nuestro País, entre otros, a fallos arbitrales recientes que le impusieron sanciones económicas millonarias frente a reclamos de dos grupos económicos Norteamericanos. Las consecuencias del fallo “ZANOTTI”, para el personal militar en retiro, es que se percibirá como Sueldo un 50% aproximadamente menos que con el fallo “SALAS”. Se deberán hacer las liquidaciones de la misma forma que indicamos con anterioridad, pero los cálculos deberán hacerse sobre el concepto Sueldo y no sobre el concepto Haber Bruto (Sueldo + TMC +SAS). Para el personal en actividad el porcentaje en su perjuicio es mayor. Las liquidaciones las seguiremos haciendo conforme el fallo “SALAS”, y esperaremos hasta conocer cuál será la postura del Ministerio de Defensa al respecto. Hasta ahora, hay solo conjeturas. Luego resolveremos conforme lo que mas convenga a nuestros clientes. Tenemos plena conciencia que esta es una nueva burla al personal militar. Pero también sabemos que hay muchos clientes que no pueden embarcarse en luchas contra molinos de vientos. Quieren y necesitan con urgencia una mejora salarial ya. No obstante todo ello, seguiremos luchando, como lo hacemos desde 1985, por la defensa de los derechos patrimoniales del personal militar y de seguridad. Nunca nos daremos por vencidos, mientras nuestros clientes nos acompañen. A medida que se produzcan novedades se las haremos conocer. Ante cualquier duda sobre este tema, no dude en consultarnos. FLORENCIA VILLEGAS Abogada

La Política Oficial de los Derechos Humanos

La política oficial de derechos humanos Por Alberto Solanet | Para LA NACION Los derechos humanos como política de Estado. Este concepto ha sido enunciado más de una vez por el presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti, y es impulsado por el Gobierno a partir de 2003 en relación con la violencia desatada en el país durante los años 70. La decisión oficial ha consistido en delegarle toda la responsabilidad y las consecuencias de su ejecución al Poder Judicial. El resultado es que la política de derechos humanos ha sustituido al derecho, y consecuentemente se ha minado el Estado de Derecho que debiera regir en la Argentina, y en especial en la administración de la justicia federal en todo el territorio de la Nación. La nueva mayoría de la Corte instalada a partir de 2003 se encargó de "remover los obstáculos" que se presentaban para la concreción de esta política, y a partir de allí poder juzgar hechos ocurridos hace 35 años. Para ello arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- aplicando con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos. Empleó además retroactivamente, en perjuicio de los imputados, leyes más gravosas; desconoció el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende revisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los cometidos en escenarios políticos. La "política de Estado" fijada en la era Kirchner es aplicada sólo a sus enemigos, una de las partes de aquella violencia, tomando el cariz de venganza, sin justicia. No se justifica de ninguna manera el remanido alegato de que en su momento, en el plano de una guerra revolucionaria, quienes son ahora juzgados omitieran respetar las garantías de la defensa en juicio. La sociedad fue atacada sin contemplaciones, con prescindencia de cual fuera el carácter del gobierno de turno, constitucional o de facto. Si la derrota militar del ataque terrorista hizo posible que finalmente rija la Constitución y el estado de derecho, es obligación de quienes hoy gobiernan asegurarlo plenamente. Los precedentes judiciales resueltos por la Corte, útiles para esta llamada "política de Estado", abrieron las puertas para la persecución ilimitada de los opositores. Así es como estableció una sinuosa jurisprudencia, mediante la cual sólo los actos protagonizados por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad constituirían delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles e imperdonables. No así los cometidos por los terroristas del ERP, Montoneros, ETA, cualquiera fuera la aberración de sus acciones; sólo éstos fueron prescriptibles y perdonados. Esta "política de Estado" está encaminada no sólo a encarcelar a cientos de oficiales, suboficiales y hasta soldados y policías, sino también a civiles que formaron parte del gobierno militar. Por ello se abrieron causas sobre quienes actuaron como gobernadores, ministros o secretarios de Estado, aunque jamás hayan participado de la lucha antiterrorista, únicamente por haber formado parte de aquel gobierno. La amenaza se ha extendido al mundo laboral y a la Iglesia. Sindicalistas fueron acusados de pertenecer en su juventud a la Triple A, mientras obispos y sacerdotes desfilan en los Tribunales como imputados o testigos para responder preguntas incriminantes, como presuntos colaboradores o encubridores. Todas estas personas representan hoy una minoría vulnerable y discriminada a la cual no sólo se la ha privado de las garantías elementales que asegura la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Código Penal de la Nación, sino que se los juzga con un proceso hecho a su medida y en su perjuicio. Así, se les niega la detención domiciliaria a quienes tienen más de 70 años. Se los mantiene sine die , por cuatro, cinco y hasta nueve años en prisión preventiva sin condena. Se los juzga y pena no por su actuación sino simplemente por el destino que revistaban en sus legajos, es decir la supuesta función cumplida en su puesto sin importar si tenían o no el dominio de los hechos. Se condena a guardiacárceles y agentes de policía por cumplir órdenes de custodia hace 35 años. Se mantiene en la cárcel o en proceso a personas discapacitadas, mental y físicamente, de 80 y más años de edad. Muchos de ellos padecen cáncer, o siendo cardíacos se los lleva a juicio con oxígeno o con suero. Ya se elevan a 147 los presos en estas condiciones que han muerto en cautiverio sin haber recibido condena. Se impide que quienes ya cumplieron sobradamente los requisitos obtengan la libertad condicional, sometiéndolos a nuevos procesos constantemente, máxime si se trata de presos "emblemáticos". Ellos saben que con esta justicia están condenados a morir en la cárcel. La llamada "política de Estado" se ha extendido inevitablemente a la prensa. A la permanente amenaza que sufrió la señora Ernestina Herrera de Noble se agregaron las denuncias y pedidos de detención para los titulares de los medios más importantes del país, por hechos acaecidos aún antes del golpe militar. Tal es el caso Papel Prensa, en el cual algunos jueces han evitado la disparatada calificación de delito de lesa humanidad, resistiendo las presiones con la mínima independencia que les queda. Toda esta tarea requirió disciplinar a la magistratura federal, acusando, apartando y relegando de ascensos y nombramientos a jueces que no garantizaran la continuidad de esta "política de Estado". Mientras tanto, la Justicia Federal, responsable en todo el territorio de investigar -entre otros graves delitos- la corrupción de los funcionarios nacionales y perseguir el narcotráfico que se enseñorea impunemente en nuestra sociedad, se encuentra ocupada casi en su totalidad por audiencias que duran y continuarán durando años enteros para juzgar hechos ocurridos hace 35 años. No ha surgido entre nosotros un Adenauer, ni un Mandela, ni senadores y diputados como los que celebraron el Pacto de la Moncloa. Ellos les dieron a sus países un punto de apoyo desde donde comenzar la convivencia pacífica posible, la reconciliación, la concordia verdadera, la amistad política, como legado para los hijos y nietos que no vivieron el odio, el enfrentamiento y la violencia. El resultado de la ausencia del principio de legalidad es que todos los ciudadanos estamos en libertad condicional, sujetos al arbitrio del poder de turno. Urge que se ponga fin a esta iniquidad mediante una solución política y jurídica adecuada a la magnitud de los daños que ya ha producido y seguirá produciendo. La superación de los hechos de los ?70 exige una solución política inmediata. © La Nacion.